Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus
Milenio No. 824. Noviembre 7, 2019. Pág. 4)
La
responsabilidad nacional sobre las políticas científicas y tecnológicas, según
lo establece el marco normativo vigente, la tiene el Consejo General
de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI). Sin
embargo, no es nada menor el papel reservado para los legisladores y su
probable influencia en las decisiones.
Hasta ahora, el Consejo General es el máximo
órgano de política y coordinación del sector, presidido por el ejecutivo
federal y en el que participan secretarios de Estado, representantes del sector
académico, social y productivo.
A su vez, el Consejo General tiene una secretaría
ejecutiva que es asumida por quien ocupa la titularidad del Conacyt, así que
este último ejecuta y se encarga de implementar lo que decide el primero.
Algunas decisiones incluyen el diseño del programa sectorial, el anteproyecto
de presupuesto consolidado o los informes periódicos.
Esto es, el gobierno federal tiene la
principal responsabilidad en el diseño y puesta en marcha de la política
científica y tecnológica. Sin embargo, no es el único. Además de los
representantes de instituciones académicas, sociales y productivas que
participan en el Consejo General, el Congreso de la Unión también tiene una
responsabilidad.
La Cámara de Diputados es el poder que
aprueba o no el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Sí, ese documento que en el
primer año de cada sexenio debe precisar los objetivos nacionales, las estrategias
y las prioridades del desarrollo, tanto como la previsión de recursos y las
responsabilidades para su ejecución.
¿Usted recuerda el PND publicado el pasado
mes de julio? Es el documento de planeación de carácter histórico porque
“marcará el fin de los planes neoliberales” y un deslinde del “lenguaje oscuro
y tecnocrático”, se anotó. Ahí también quedó registrado que el desarrollo
económico alcanzará una tasa de crecimiento para el final del sexenio de 6 por
ciento, como también el anuncio de que promovería la investigación científica y
tecnológica. Pero, ciertamente, no incluyó propiamente objetivos, ni indicadores,
menos programación de metas.
El PND, ese documento que aprobaron los
diputados, también formó parte del desencuentro que llevó a la renuncia de
Carlos Urzúa, el primer secretario de Hacienda de esta administración, porque,
dijo el ahora exfuncionario “no se puede escribir a vuela pluma un Plan Nacional
de Desarrollo” y, en su opinión, lo que ahora tenemos no es un plan.
Los diputados tienen atribución para
verificar que el PND incluya los fines contenidos en la Constitución e incluso
regresar el documento al ejecutivo federal para que realice las adecuaciones y
lo presente de nueva cuenta (tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Planeación).
Los legisladores son los primeros responsables
del diseño o modificaciones al marco normativo de la educación y la ciencia y
la tecnología. El caso más reciente es la reforma del artículo 3º
constitucional y la promulgación de las correspondientes leyes reglamentarias.
Nada más.
Además, no menos importante, son los
diputados los que, año con año, ratifican o no el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación que les remite ejecutivo federal. Las decisiones que
toman los diputados sobre el volumen y la distribución de los recursos
públicos, marca el derrotero de miles de programas y de millones de
beneficiarios. Por cierto, al final de la semana próxima deberán estar listo el
presupuesto del año 2020.
Otra función y responsabilidad del Congreso se
ha hecho más evidente en esta legislatura: los puntos de acuerdo para conminar
al ejecutivo federal sobre algunos asuntos de interés público. Las expresiones
no tienen un carácter vinculante, pero tal vez continuarán multiplicándose,
quedarán en el registro de la opinión pública y sus efectos podrían expandirse.
Legisladores de oposición han presentado a
lo largo de este año más de una veintena de propuestas de puntos de acuerdo
para hacer exhortos al Conacyt en diferentes asuntos. Por ejemplo, para que el
organismo no suspendiera ninguna convocatoria de las que estaban en marcha,
para realizar asignaciones extraordinarias para compensar los recortes a las
becas de posgrado, para el pago de becarios en el extranjero, para apoyar a los
equipos de las olimpiadas de física y matemáticas y para habilitar los recursos
financieros que le corresponden al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. O
bien para que se otorguen más recursos al sector de ciencia y tecnología, entre
otras.
No todos los puntos de acuerdo tuvieron
respaldo en el pleno y varios fueron desechados. Sin embargo, todos tuvieron
visibilidad pública. Incluso, ahora, el Congreso de la Ciudad de México se ha
sumado a los exhortos. En su sesión del pasado 31 de octubre fue aprobado un
punto de acuerdo para solicitar a los titulares de Conacyt y del SNI un informe
en donde se “expongan detalladamente las razones que dieron lugar a la
destitución del Dr. Antonio Lazcano” (Gaceta
Parlamentaria. No. 245. 31.10.2019)
No obstante, la confianza de los ciudadanos
en los legisladores es muy baja. Tal vez les llegó la hora de intentar revertir
su imagen y adquirir mayor relevancia.
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