¿Y los (otros) datos oficiales?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 825. Noviembre 14, 2019.Pág. 5)

“Todo el presupuesto se lo llevaban para el sector privado y no se destinaba presupuesto para investigación a universidades públicas; todo era subsidio para el sector privado, no se hacía investigación”, dijo el presidente López Obrador la semana pasada. La afirmación fue pronunciada en su conferencia de prensa del 7 de noviembre.

Sí, en ese ejercicio de comunicación cotidiano que se autoimpuso el presidente, con alta resonancia pública porque marca la agenda política y estructura los comportamientos de apologistas y detractores. Lo inquietante del caso es que las aseveraciones y contenidos, con relativa frecuencia, están sustituyendo la precisión y la rigurosidad de los reportes por escrito o los informes documentados.

No es la primera vez que el tema de la transferencia de recursos públicos hacia el sector privado sale a relucir. El señalamiento crítico sobre la administración anterior ha sido reiterado desde enero de este año, tanto en las conferencias presidenciales como en las comunicaciones del sector científico y tecnológico. Aquí mismo lo hemos mencionado en su oportunidad una y otra vez, pero todavía hoy no está claro la dimensión de esas transferencias y, principalmente, si fueron irregulares.

Ahora, el tema escala todavía más, porque el presidente López Obrador atribuye un retroceso del sistema científico y tecnológico a las transferencias realizadas. O sea que no solamente pudo ser algo indebido, también es el origen de un deficiente desempeño del sistema. Nada menos.

Veamos con mayor detalle qué y cómo lo dijo el presidente. A diferencia de otras ocasiones, la pregunta en la conferencia de prensa no fue sobre las transferencias de recursos públicos al sector privado, ni siquiera acerca de lo que ocurre en el Conacyt, el cuestionamiento se dirigió a los problemas que podrían derivarse del paso del programa “Seguro Popular” a lo que ahora ofrecerá el seguro del bienestar (Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi).

El ejecutivo federal, pausadamente, explicó los componentes del nuevo programa, para reafirmar que todo seguiría de la misma forma. Rectificó: “pero sin corrupción y todo será mejor”. Añadió que salud recibirá 40 mil millones de pesos adicionales porque el propósito último es “tener un sistema de salud como el que tienen en Canadá o Dinamarca”.

Enseguida, el presidente, preguntándose a sí mismo dijo: “¿Saben qué pasó con esto del Seguro Popular?” Y se respondió: “creció más el número de trabajadores administrativos que el número de médicos; una desproporción completa”. Eso se está atendiendo, añadió. Explicó: hay entre seis mil y ocho mil administrativos más, pero hay carencia de médicos.

Los datos son alarmantes, no hay duda. Sin embargo, ¿las cifras son precisas? Es difícil saberlo porque los datos oficiales no están públicamente disponibles; tampoco lo estuvieron cuando Germán Martínez renunció en mayo pasado a su posición de director general del IMSS.

El presidente considera que el desconcierto y la inconformidad en el sector salud se debe a la solución y ajuste que su administración está realizando. Y equiparando la situación continuó: “es lo que pasa como en otras cosas. Es lo que pasa en el Conacyt. El presupuesto se lo llevaban para el sector privado. Incluso se bajó de nivel en los últimos años, en vez de avanzar en materia de ciencia y tecnología, retrocedimos (y eso fue) por la corrupción. Por eso, la campaña en contra de la directora del Conacyt”.

Tal vez los encuentros matutinos no sean el mejor lugar para revisar el detalle de los datos, pero ¿la información sobre transferencias y desempeño es exacta y públicamente disponible? Las únicas cifras que se conocen son las del primer informe de gobierno. Ahí se anota que el sector privado, en el sexenio anterior, solamente contribuyó con el 19 por ciento del Gasto en Investigación y Desarollo Experimental (GIDE) y, en cambio, en el mismo periodo recibió alrededor del 50 por ciento de los recursos de los fideicomisos (35 mmdp) del Conacyt (pág. 300).

Ciertamente, los fideicomisos han sido una forma de desaparecer el dinero público, como lo ha documentado Fundar, pero si fue el caso en el Conacyt, debería procederse legalmente y la información debería ser completa, pulcra y transparente. No lo es. Los datos son del mismo periodo, pero no son comparables los rubros, tampoco las cifras absolutas y relativas. Una cosa es el GIDE, otra son los fideicomisos. En otra oportunidad veremos el detalle las cifras.

El mismo primer informe de gobierno tampoco muestra un retroceso en materia de ciencia y tecnología. Ninguno de los indicadores (becas, investigadores, proyectos, personal, gasto, convenios) refleja una disminución en el periodo. Sin embargo, sí hay una excepción: el GIDE como proporción del PIB, pasó de 0.47 en 2018 a 0.31 en este año. Nótese que no es el periodo, es de un año a otro. Raro e incompleto.

En 2018 no se publicó el informe del sector y en este año todavía no aparece. Pues sí, necesitamos los otros datos oficiales.

Pie de página: Este viernes habrá punto final en las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020, ahí se reflejará el margen de maniobra de los diputados.