Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio. Núm. 823.
Octubre 31, 2019. Pág. 5)
En 15 días más
los diputados aprobarán el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para
el 2020 y ahí se podrá advertir con mayor claridad qué planes llegarán a la
realidad real y cuáles quedarán para un impredecible mejor momento. Sería un
verdadero desatino incumplir lo que prácticamente se acaba de añadir a la
Constitución y las promesas de respaldo a la educación y a la actividad
científica y tecnológica.
El presupuesto
de este año tal vez no reflejó del todo la responsabilidad de la actual
administración, porque si bien el diseño del presupuesto corrió por cuenta del
equipo de transición, todavía no tenía todos los hilos de la Hacienda Pública
en la mano y tal vez tampoco los cálculos finos para fondear los programas, ni
la dimensión de las demandas presupuestarias o el precario equilibrio de las
finanzas públicas. El año así se fue.
Ahora, la
responsabilidad es completa para este gobierno. El pasado 8 de septiembre el
secretario de Hacienda Pública entregó el paquete económico al Congreso y desde
entonces ya estaban los atisbos de la distribución de los recursos. Las
noticias no fueron las mejores para educación y tampoco para ciencia y tecnología.
El proyecto de presupuesto para el año próximo consideraba un ligero incremento
para la primera (menos de un punto porcentual) y ninguno para Conacyt.
No obstante,
como es el Congreso el que decide sobre el ingreso y gasto públicos, queda la
sensibilidad de los legisladores para posibles modificaciones al paquete
económico enviado por el ejecutivo federal. La Ley de Ingresos de la Federación
(LIF) quedó aprobada por los diputados el día 18 de este mes y luego ratificada
por los senadores con ligeros cambios el viernes de la semana pasada. En
general, a los ingresos calculados por Hacienda los legisladores le añadieron 6
mil millones de pesos más (El Financiero
18.10.2019).
Frente a los
6.104 billones de pesos que corresponde al volumen total de ingresos calculados
ya con incremento, el aumento de los 6 mil millones ya no se escucha fuerte. La
LIF es importante porque guarda equilibrio con el PEF: es el techo al que se atiene
el gasto público. ¿Todavía es posible modificar ese techo? Sí, es probable, el
punto final será la aprobación del PEF que tiene como límite el próximo 15 de
noviembre.
La legislatura
que aprobó el paquete económico del 2019 es la misma que aprobará el del año
próximo. No obstante, ahora existen factores que no estaban presentes en la
aprobación anterior. En primer lugar, el responsable de armar y presentar el
paquete económico es diferente. La renuncia de Carlos Urzúa, según anunció en
carta pública el pasado mes de julio, fue motivada porque se habían tomado
decisiones de política pública sin el debido sustento y porque la política
económica debía estar basada en evidencia; lo reemplazó Arturo Herrera. Ha sido
el cambio más importante en el equipo de primer nivel del gabinete.
En segundo lugar,
los anuncios y medidas de austeridad que se pusieron en marcha en este año, a
través de mecanismos atípicos e informales, fueron ajustados a rango de norma
(la Ley Federal de Austeridad Republicana y las adecuaciones a las leyes
General de Responsabilidades Administrativas, y Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria).
En tercer
lugar, y quizás más importante, la actual legislatura es responsable de la más
reciente reforma al artículo 3º constitucional y las consecuentes leyes
reglamentarias. Las modificaciones al marco normativo tienen claras
implicaciones presupuestarias en la educación, como el de la formación de
profesores, el desarrollo profesional docente, la garantía y obligatoriedad en
los extremos del sistema educativo (educación inicial y superior) o en el
financiamiento para ciencia y tecnología.
Otro ejemplo, el
artículo Décimo Quinto transitorio de la reciente reforma del artículo 3º
constitucional, señala que: Para dar
cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se
incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades
federativas y de los municipios, en términos de las fracciones VIII y X del
artículo 3o. de esta Constitución; adicionalmente, se establecerá un fondo
federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios
para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este
artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura.
Sin
embargo, en el proyecto que entregó Hacienda no previó ningún fondo adicional,
tampoco los recursos financieros para las otras garantías que mandata la
Constitución. Así que ahora la responsabilidad y la expectativa están del lado
de los diputados.
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