Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
@canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 1054. Agosto 8, 2024. Pág. 4)
En el pasado, los consejos estatales de ciencia han seguido la impronta de diseño normativo marcado por el entonces Conacyt. ¿Ahora también ocurrirá? Probablemente. Pero ¿por qué, a la fecha, solamente dos estados han ajustado sus normas a la nueva ley general de ciencia?
El anuncio de que el Conahcyt cambiará de rango y se convertirá en la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) fue sorpresivo. Lo dijo la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, el pasado 20 de junio. Fue su primera propuesta sobre la reorganización de la administración pública y además fue bien recibida por la comunidad científica y tecnológica.
También el 20 de junio, como se recordará, Claudia Sheinbaum, presentó el primer bloque de nombramientos para el próximo sexenio. En general, al menos cinco de las seis personas designadas, incluida la que será responsable de la nueva secretaría, Rosaura Ruiz, causaron buena impresión pública. El efecto fue doble y las expectativas sobre lo que cabría esperar en el próximo periodo se elevaron.
Después, a los pocos días, las expectativas se moderaron, sobre todo cuando la próxima presidenta indicó que todavía no estaba el diseño institucional de la nueva secretaría. Al parecer está por verse qué rama administrativa incorporará de la educación superior. Las expectativas se atemperaron todavía más cuando la próxima presidenta dijo que seguirá la austeridad republicana y la creación de la secretaría no implicaba destinar mayores recursos financieros. El horizonte comenzó a nublarse.
Sin embargo, con todo, vale la pena preguntarse si la iniciativa de una nueva secretaría podría tener consecuencias positivas en las entidades federativas. La respuesta es afirmativa, sin duda. Aunque los efectos no serían directos ni inmediatos. Algo adicional: falta la resolución de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad de la vigente ley general de ciencia.
La resolución de la Corte no llegará pronto. El tribunal constitucional tiene un listado de más de tres centenares de controversias constitucionales y no está a la vista el turno del expediente de la ley general de ciencia. Además, la reforma judicial en marcha, puede tener efectos notables en los procedimientos y en los turnos de la Corte.
No obstante, en algún punto quedará asentada la constitucionalidad de la nueva ley y ahí vendrá la adecuación normativa en las entidades federativas. Según el artículo transitorio de la ley general de ciencia de mayo de 2023, los estados tenían un año para armonizar su marco jurídico y regular las atribuciones de las autoridades locales.
El plazo venció el pasado mes de mayo y solamente, como aquí lo hicimos notar, Quintana Roo promulgó una nueva norma (Campus No. 1034). Otra entidad se sumará pronto. La cuenta en redes sociales del Congreso del estado de Hidalgo, informó que el mes pasado quedó aprobada la nueva ley sectorial (Sesión del 18.07.2024). Sin embargo, el legislativo no ha publicado el dictamen correspondiente, no tiene disponible la versión estenográfica de la sesión y no es una ley vigente porque a la fecha no se ha publicado en el Diario Oficial del estado.
¿Por qué la mayoría de entidades federativas no armonizaron su normatividad? Seguramente porque la ley general vigente no es la que prevalecerá. De hecho, no lo es porque en unos meses más ya no habrá Conahcyt y su lugar lo ocupará una secretaría. ¿Los estados seguirán la misma pauta de gestión? Sí, es altamente probable por la distribución política de las gubernaturas. Pero tal vez la instauración de una nueva secretaría no sea la mejor opción para todos los sistemas estatales de ciencia y tecnología.
Hay zonas geográficas con sistemas acotados y otras que son pujantes y tienen dificultades para administrar los esfuerzos científicos y tecnológicos. En estos casos, al menos una o dos entidades en todas las regiones del país, podría experimentar con una nueva secretaría para coordinar e impulsar el trabajo conjunto.
En el actual periodo de gobierno, los instrumentos de coordinación con las entidades federativas, como la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología o los fondos mixtos, dejaron de operar. La primera era una instancia de gobernanza entre la federación y los consejos estatales; los segundos eran fideicomisos de respaldo a la investigación en los estados y las aportaciones eran concurrentes.
La nueva ley general, a pesar de que debía equilibrar las competencias y responsabilidades entre la federación y los estados, su corte fue más bien de una norma federal. La concentración de actividades retornó al sector. Quizás una iniciativa con nuevas bases de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno sería lo deseable.
Entonces, la reforma a la ley general, la armonización de las leyes estatales y un nuevo diseño institucional para la administración, podrían arrojar mejores resultados. Sin embargo, queda por resolver cuál sería ese diseño y el inescapable tema de los recursos financieros.
Pie de página: La primera reunión del equipo de transición con directivos del Conahcyt, celebrada el 30 de julio del 2024, está grabada y se puede ver en la siguiente dirección: t.ly/aPwV6
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