El paraíso educativo de la Ciudad de México

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

La mayor parte de la ciudadanía solamente registró el cambio de nombre en la actual reforma política del Distrito Federal: el lugar donde vive ya no se llamará igual, ahora será la Ciudad de México. Por si hiciera falta, ahí está el despliegue cromático del rosa mexicano, junto con las siglas CDMX, reverberando en las pupilas y desplazándose en flotillas de taxis y espectaculares. La educación no apareció en el horizonte ni formó parte del contenido de la reforma. Pero se está movilizando rápidamente y todavía lo puede hacer más. 

Fuente: blogbestday.com.mx

Una reforma, como es usual en cualquier propuesta de naturaleza política, es vista de diferente manera por los principales implicados. En este caso, una buena parte de los habitantes la ve distante e ignora las motivaciones del cambio, tal vez solamente concentró su atención en reservarse el mejor gentilicio, no sin una dosis letal de picardía. Otra parte, la menor, entiende que habrá una nueva Constitución Política, la modificación en los órganos de representación popular y las capacidades como entidad federativa.

Fuente: www.razon.com.mx

Por su parte, la clase política, siempre pendiente del bien común --claro, el común de su clase-- ya tensó las negociaciones hasta donde fue posible y acordó los contenidos. Ahora hace los cálculos apropiados para obtener la mayor parte de posiciones que estarán en disputa y sacó la caja registradora para ver cuánto del presupuesto se incrementará y qué volumen podría estar a su disposición.

Los servicios educativos, al igual que los de salud, no son parte de la reforma. En la sesión del Senado, cuando se aprobó la reforma (15.12.2015), quedó de manifiesto la inconformidad de algunos legisladores del norte de la República con la concentración del presupuesto en la ciudad capital. La entidad ahora tendría autonomía pero el financiamiento para educación y salud siguen bajo la responsabilidad del gobierno federal. 

Al comienzo de los 90, los años de la “modernización educativa”, cuando todavía eran días de gloria del sindicato magisterial, se aprobó la actual Ley General de Educación (LGE) y el artículo cuarto transitorio especificó que el gobierno del DF se haría cargo  de la prestación del servicio educativo, “en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical”. La descentralización en la entidad quedó atada a la negociación con el sindicato. Hoy, más de dos décadas después, el artículo transitorio es permanente.

Fuente: www.puntorevista.com

En la SEP, en los días de la modernización, se creó la Coordinación General de Servicios Educativos para el Distrito Federal, luego se convirtió en Subsecretaría y en el penúltimo año de Vicente Fox cambió a órgano desconcentrado: la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Parecía un paso inminente hacia la descentralización. Pero no lo fue.

Fuente: www.uacm.edu.mx

El gobierno federal siguió a cargo del servicio en la capital, aunque la autoridad local impulsó algunas acciones en educación básica, también en el año 2000 puso en marcha el Instituto de Educación Media Superior del DF y al año siguiente la Universidad de la Ciudad de México –la institución universitaria pública más reciente-- que luego alcanzó su autonomía.

Fuente:sites.google.com

Ahora, con la reforma en curso no solamente se podría revisar nuevamente el asunto de la descentralización, también están en curso dos acciones más y podrían sumarse otras. Una de ellas es la expedición de reconocimientos de validez oficial de estudios (RVOE). En diciembre del año pasado, el gobierno local añadió un artículo al código fiscal de este año, con lo que quedó habilitado el cobro por servicios de RVOE de la Secretaría de Educación del todavía DF (Gaceta Oficial del Distrito Federal 30.12.2015).

No es un asunto novedoso. Desde el 2004, la fracción IV del artículo 14 de la LGE facultaba a los estados, de forma concurrente con la autoridad educativa federal, para “otorgar, negar y retirar” RVOE. Aunque, el gobierno capitalino no había hecho uso de esa atribución.

Fuente: integra927.com

La otra iniciativa son las cinco escuelas universitarias impulsadas por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ubicadas en las delegaciones que gobierna (Cuauhtémoc, Tláhuac, Azcapotzalco, Tlalpan y Xochimilco). La coordinadora del proyecto, Raquel Sosa, ha dicho que el proyecto cuenta con 11 millones de pesos anuales y tiene 600 alumnos; en esta semana iniciaron sus cursos propedéuticos. Todavía no obtienen el RVOE y pueden acudir a la autoridad federal o local.

Otra posibilidad educativa más, con la reforma política del DF, me comentó una colega que analiza el desarrollo de las universidades tecnológicas (Estela Ruiz), es que se podría allanar el camino para la creación de esas instituciones locales en la entidad. No hay ninguna.

La Ciudad de México tiene algunos de los mejores indicadores (los revisaremos en próxima entrega) y la reforma apenas arranca. Pero tal vez no será un paraíso educativo.

(Publicado en Campus Milenio No. 645 Febrero 18, 2016, p.5)

La reglamentación de la SEP

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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La SEP tiene un nuevo reglamento interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación este 8 de febrero. El nuevo ordenamiento muestra algunos cambios notables, pero en su mayoría son modificaciones que ya operan en la estructura administrativa de la Secretaría. Seguramente todavía no es la reestructuración que anunció el secretario Aurelio Nuño hace unas semanas, pero probablemente anticipan el ajuste mayor. 

Fuente: www.dgb.sep.gob.mx

La SEP es una de las estructuras administrativas más voluminosa y compleja de la administración pública. Tiene a su cargo el desarrollo del Sistema Educativo Nacional, lo que incluye más de 250 mil escuelas oficiales, reconocidas e incorporadas, así como los más de 36 millones de alumnos.

El artículo 38 de la ley orgánica de la administración pública federal le reserva a la SEP una veintena de funciones que tienen que ver con la organización, vigilancia y desarrollo de todo el sistema, los niveles y modalidades educativas, incluyendo el sistema de compensaciones y estímulos al profesorado, el otorgamiento de becas a los estudiantes y la revalidación de estudios y títulos, entre muchas otras.

Según la misma normatividad de la administración pública, la forma de organizarse para cumplir con las funciones encomendadas y delimitar las atribuciones que le corresponden, debe ser a través de lo que establezca en su reglamento interior.

El reglamento interior es expedido por el ejecutivo federal y en la práctica ha sido la forma de ajustar la estructura de la SEP a nuevas nomenclaturas administrativas, a los planes de gestión que cada administración le reserva o para añadir o eliminar instancias en el complejo mundo de la burocracia educativa.

Fuente: pulsoslp.com.mx

En los últimos 15 años, al menos se ha modificado una decena de veces el reglamento interior de la SEP. En el periodo de Vicente Fox tuvo cambios relevantes en el segundo y en el penúltimo año de su gestión, cuando creó tres coordinaciones generales (la de Educación Intercultural, la de Media Superior y la de Atención Ciudadana), la Unidad de Enlace con el Congreso y después el reordenamiento de las subsecretarias –incluyendo la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas-- y de sus direcciones generales. 

En el periodo de Felipe Calderón el reglamento se reformó en cinco ocasiones, principalmente para precisar, ampliar o restringir algunas facultades de sus diferentes unidades, coordinaciones (universidades tecnológicas), direcciones generales o la Universidad abierta y a distancia de México. Aunque no se modificó de forma sustantiva la estructura general de la Secretaría. 

Fuente:www.vanguardia.com.mx

Hace tres años, la actual administración, en enero y octubre del 2013, modificó de nueva cuenta el reglamento. Los cambios básicos fueron el nombramiento como subsecretaría a la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas --a la cual le añadió algunas funciones, como la de suplir en ausencia al titular de la SEP--; también precisó atribuciones a la Coordinación General de Delegaciones Federales de la Secretaría de Educación Pública.

El asunto es que la estructura administrativa de la SEP, como la mayoría de burocracias, ha crecido a un ritmo mayor, en comparación con los beneficiarios de sus servicios o la población atendida. Por la misma razón, casi siempre genera oposición e inconformidades los cambios en la administración pública.

Seguramente la SEP, anticipándose a las críticas, aclara que la reforma  más reciente a su estructura no tendrá un impacto presupuestal. Los cambios más relevantes son, otra vez, el nombre de instancias ya existentes. Por ejemplo, la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas ahora será Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación de Políticas; la anterior Unidad de Coordinación Ejecutiva pasará a ser Jefatura de Oficina de la Secretaría y se le añade la función de coordinar los órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales sectorizadas.

Otros cambios tienen que ver con la ampliación y precisión de funciones de algunas coordinaciones y direcciones generales. Es el caso de la Dirección General de Evaluación de Políticas, a la cual se le asignan ocho funciones que tienen estrecha relación con el trabajo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). 

Fuente:www.educacionyculturaaz.com

Por ejemplo, esa Dirección podrá proponerle al INEE:  “criterios de contextualización que orienten el diseño y la interpretación de las evaluaciones competencia de la Secretaría, y hacer recomendaciones técnicas a dicho Instituto sobre los instrumentos de evaluación, su aplicación y el uso de sus resultados”. 

El secretario de Educación Pública ha dicho que para junio de este año habrá una propuesta de reforma administrativa de la SEP y tal vez ahí se apreciará con mayor claridad si la expansión de la dependencia llegó a su punto de inflexión y también si avanza, retrocede o coexiste pacíficamente con organismos como el INEE. Por lo pronto, fue un adelanto.

(Publicado en Campus Milenio No. 644 Febrero 11, 2016, p.5)

Una marca registrada: El Chapo en París

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Fuente:www.yomedecidi.org

 

No es ninguna burla, efectivamente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial autorizó la marca “El Chapo” para cuatro diferentes clases de productos y servicios a favor de Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, hija del recapturado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera (Milenio Diario 27.01.2016).



Una marca, según la ley de la propiedad industrial, es “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado” (artículo 88). Así que, con salvedades y restricciones que se establecen en la misma ley, pueden constituirse como marca las denominaciones  (nombres) y figuras visibles (un logo), las formas tridimensionales (p.e. un empaque o un envase) o el nombre propio o apelativo de una persona física, siempre y cuando haya dado su consentimiento.  

 

Fuente: www.info7.mx

La imagen, el nombre o la marca distintiva es lo que llega y conoce el consumidor final, el ciudadano común. Se supone que atrás de los productos o servicios amparados en esos nombres y marcas está una actividad inventiva que resolvió un problema existente y por ello se le reconoce y concede autorización para utilizarla y explotarla. Claro, como ahora, también podría estar el aprovechamiento de una aviesa “popularidad” del personaje que despierta insondables reacciones en la gente.

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la propiedad intelectual se divide en dos ramas: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos.

 

Fuente:fsfe.org

En México, como país afiliado a la OMPI, también se reconocen las dos ramas de la propiedad intelectual. La autoridad encargada del registro y protección de la propiedad industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el encargado de los derechos de autor es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, este último dependiente de la SEP.

 

El IMPI es un organismo público descentralizado, creado en diciembre de1993, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de propiedad industrial y seguridad jurídica para su aprovechamiento. La propiedad industrial es el derecho exclusivo que el Estado otorga a los creadores de nuevos productos, procedimientos o diseño para ofertarlos en el mercado, la autorización es para la explotación industrial o comercial en forma exclusiva por un periodo determinado (10 años y prorrogables por periodos sucesivos).

 

Fuente:www.espais.com.uy

En general, son dos las figuras que reconoce el IMPI: las invenciones, como las patentes, los modelos de utilidad o los diseños industriales; y los signos distintivos, en los que se incluyen las marcas, los avisos comerciales y las denominaciones de origen (el nombre de una región geográfica que sirve para designar a un producto originario de la misma, como el tequila, el café o el mezcal).

 

El IMPI divide en 45 clases los rubros para conceder autorización (34 para productos y 11 para servicios). A la hija del Chapo Guzmán le concedió la marca “El Chapo” en 4 diferentes clases, en la que se incluyen: juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte, adornos para árboles de navidad; cuero e imitación de cuero, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, entre otros.

 

En la página web del IMPI están los expedientes con las autorizaciones concedidas y rechazadas. Las solicitudes aprobadas se formularon en septiembre de 2010, fueron concedidas en marzo de 2011 y su vigencia es hasta septiembre de 2020.

 

Según se puede apreciar en uno de los expedientes, el argumento para rechazar la veintena de solicitudes que buscaba registrar la marca “Joaquín El Chapo Guzmán” o alguna variación del apelativo, fue su contravención al orden público, la moral y las buenas costumbres, previsto en el artículo 4 de la ley de propiedad industrial. El abogado representante impugnó el argumento, citando la definición de la Real Academia de “Chapo”, lo común que era el apellido Guzmán en México e indicando que no se buscaba hacer apología del delito sino un plan de negocio. No fue concedida.

 

Fuente: www.ciudadpoder.mx

No está claro cómo fue o por qué se autorizaron unas solicitudes y se rechazaron otras; las autoridades vigentes tampoco lo han expuesto. Sin embargo, resulta inquietante el éxito en ventas del modelo de camisa que exhibió el narcotraficante en un video y, todavía más, la máscara con su imagen en una pasarela de moda en París. La promoción, el lucro y el derecho aparecen como principal motivación para la búsqueda del registro de marca. Entonces: ¿estuvo garantizada la protección de derechos de propiedad de Gisselle Guzmán Salazar en París?

 

(Publicado en Campus Milenio No. 643 Febrero 4, 2016, p.5)

¿Nuevo periodo para el Consejo Consultivo de Ciencias?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

 

 

El nombre del Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) es relativamente lejano y prácticamente ausente en la nomenclatura del sector científico y tecnológico. Otros fueron sus días a la cabeza de consultas y diseño de las políticas para la ciencia. Hoy, solamente se da a notar cuando cambia la titularidad de su coordinación  general --como ocurrió la semana pasada-- o cuando se entrega el Premio México de Ciencia y Tecnología que tiene a su cargo.



Fuente:www.solucionpolitica.net

Quizás, estimado lector, recordará que el CCC se creó en enero de 1989, un par de meses después de que comenzó el periodo de Carlos Salinas de Gortari. En sus memorias el ex presidente narra que por esos día invitó a Palacio Nacional a una treintena de destacados científicos, todos ellos ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes.

 

Dijo Salinas de Gortari: “Durante la comida los invité a formar parte de un nuevo Consejo Consultivo de Ciencias cuyo propósito sería asesorar al Presidente de la República en materia de ciencia y tecnología. Aceptaron y agradecí su entusiasta colaboración. Se abrió así un canal de comunicación entre la comunidad científica y el presidente” (México. Un paso difícil a la modernidad, p. 647)

 

Salinas de Gortari añade que al día siguiente de la comida publicó el acuerdo presidencial e invitó como primer coordinador del entonces nuevo organismo a Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de la UNAM y también ex secretario de Salud.

 

Soslayando si el CCC, tras las cuestionadas elecciones de 1988, fue un canal de comunicación o un puente en busca de legitimidad, como sucedió con muchos otros grupos sociales, en realidad lo que apareció como acuerdo presidencial fue la creación de la “secretaría ejecutiva” del Consejo Consultivo de Ciencias. Esto es, la base operativa, a la cual se le adjudicó la función de “unidad de asesoría y apoyo técnico del Ejecutivo Federal”. Seguramente porque la designación del titular de la secretaría era y es responsabilidad del mismo presidente de la República, tanto como su respaldo presupuestal.

 

El CCC funciona a través de la secretaría ejecutiva que tiene el encargo de invitar a formar parte del organismo a todas las personas que reciban el Premio Nacional de Ciencias y Artes, lo mismo que llevar la agenda de las reuniones y también proponer a los integrantes del Consejo que, “de entre ellos, se designe a un Coordinador General que dure en su cargo tres años y pueda ser reelecto una sola vez” (fracción V del Artículo Quinto).

 

Fuente:www.ccc.gob.mx

La secretaría ejecutiva es la posición que apoya el funcionamiento y administra los recursos del organismo. Es una de las posiciones más permanentes, el actual secretario, Jaime de la Garza fue nombrado en el 2006. Los miembros del CCC y la coordinación general son nombramientos honorarios.

 

La primera y principal función que se le asignó al CCC fue la de opinar ante el titular del poder ejecutivo federal sobre las políticas de Ciencia y Tecnología, así como proponer acciones para el cumplimiento de las mismas. Una actividad que cumplió centralmente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero después perdió relevancia. Incluso, desde el comienzo utilizó las siglas CCCP, para indicar que era el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia. Después, ya no. Ahora prescinde de la “P”.

 

En el entramado institucional del sector tampoco conservó un lugar preponderante. A pesar de que la creación del Foro Permanente en 1999 consideró en su órgano directivo al CCC, cuando fue sustituido por el actual Foro Consultivo en el 2002, el representante del CCC ya no fue requerido. La capacidad de interlocución se trasladó principalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT).

 

Todavía más. En la actual administración, en el 2013, se creó la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación (CCTI) como una subunidad de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República, la que entonces encabezaba Aurelio Nuño, el actual secretario de Educación Pública. En esa posición fue nombrado Francisco Bolivar; ahí tampoco figuró el CCC o su entonces coordinador general.

 

Actualmente el CCC cuenta con 114 miembros y el martes 19 de enero fue electo Arturo Menchaca como nuevo coordinador general del CCC para el periodo 2016-2019, con 52 votos a favor y tres en contra. El nuevo coordinador dice que buscará un mayor vínculo con la Oficina de la Presidencia, con los tres órdenes de gobierno y un fuerte impulso a la relación internacional del Consejo. Ya veremos.

Fuente:www.dgcs.unam.mx

Lo cierto es que el diseño institucional del sector ha perseguido de forma contumaz acercarse al ejecutivo federal, como el camino más rápido hacia la toma de decisiones. Pero no. Ya suman tres diferentes instancias (el CCC, el FCCT y la CCTI) y mucha influencia no parecen tener.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 642 Enero 28, 2016, p.5)

El eclipse de la reforma educativa

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

 

En el sector educativo parece que solamente existe un sólo tema: la reforma. Bueno, casi a la par, coexiste con los discursos mediáticos del titular de la dependencia. Ni siquiera. Si se juzgara por lo que tiene mayor visibilidad pública, únicamente aparece el complicado asunto de la evaluación docente y las imágenes del secretario de Educación, Aurelio Nuño, en sus visitas a diferentes escuelas primarias. ¿Ahí termina la agenda educativa? No debiera.

 

Fuente:www.gob.mx

 

La reforma educativa, no hay duda, es un asunto central de la actual administración. Desde el comienzo de su periodo, la declaración de intenciones fijó como primer punto de agenda el impulso a una reforma legal y administrativa para elevar la calidad de la educación básica y recuperar la rectoría en el sector. Una que estaría centrada en la puesta en marcha de un Servicio Profesional Docente, la creación de un Sistema Nacional de Evaluación, la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la creación de un Sistema de Información y Gestión, entre otras acciones.

Al comienzo, aunque no parecía sencillo, convertir las declaraciones en leyes y reglamentos, fue lo más fácil. Después vino y viene lo más complicado: ingresar los cambios en las aulas; modificar el sistema de ingreso, promoción  y permanencia del servicio docente; realizar evaluaciones justas; mejorar efectivamente las prácticas docentes y los aprendizajes de los alumnos; o alcanzar la prometida calidad de la educación. Nada menos.

 

Hasta ahora lo evidente han sido algunas complicaciones derivadas de la aplicación de la evaluación docente a gran escala: ausencia de consenso; ferreas resistencias; delimitación de responsabilidades entre autoridades educativas; la validez técnica de las pruebas; una costosa logística (literalmente) para su práctica; errores en la valoración; entre otros aspectos.

Fuente: cbtelevision.com.mx

 

 

Y todavía falta lo más importante que, anuncio tras anuncio, se ha venido posponiendo desde el año pasado: el modelo educativo. Entonces, la actuación de las autoridades educativas y la discusión pública ha estado centrada en un aspecto de la reforma, ni siquiera en todos sus componentes.

 

 

Tal vez la insostenible relación con la anterior dirigencia sindical y la morfología del sistema educativo nacional resultaron atractivos para colocar la reforma educativa como único punto de agenda. Los grandes números del sistema educativo nacional se localizan en el nivel básico. Por ejemplo, de los más de 36 millones de alumnos que existen actualmente, siete de cada diez se concentran en educación básica; de las más de dos millones de plazas docentes, seis de cada diez son para ese mismo nivel; y más o menos se conserva esa misma relación en la participación del gasto nacional en el sector.

Pero los problemas del sistema educativo van más allá del nivel elemental y la reforma en marcha. En el mismo programa sectorial de la actual administración se recuperó un diagnóstico y se plantearon seis grandes objetivos, en donde la cobertura, pertinencia, inclusión y equidad en la media superior y superior eran parte de las metas a alcanzar al final del periodo.

 

Fuente: impacto.mx

La reducción de la agenda no es especulación. Hace dos semanas, anotamos cómo se desinfló la campaña de atención al rezago educativo y las dificultades que se advierten para cumplir las metas comprometidas (Campus Milenio No. 638). En estas mismas páginas, las plumas de los colegas han llamado la atención sobre el recorte a las universidades, la posibilidad de que no se alcancen las metas de cobertura o la aparente omisión sobre la reforma de las escuelas normales.

 

Desde el final del año anterior, aunque con mayor precisión en éste, el secretario de Educación, ha delineado la agenda que tiene prevista para el sector. Es una descripción de siete prioridades para llevar a “buen puerto la reforma” en el primer semestre de este año (está en la página web de la Secretaría).

Iniciará la semana próxima con la presentación del “plan de la nueva escuela mexicana”. Seguirá en febrero con la estrategia de mejora de infraestructura escolar y en el mismo mes se publicaran los resultados de la evaluación docente. Luego, dice el secretario, en marzo-abril se presentará el modelo educativo para básica y media superior; después, las acciones en favor de la equidad; en mayo, las acciones para estrechar la vinculación entre el sistema educativo y el mercado laboral. Finalmente, culminará en junio con una propuesta de reforma administrativa de la SEP.

 

Nuevamente, las prioridades se concentran en la reforma, aunque parcialmente se incluye la media superior y la vinculación entre sistema educativo y mercado laboral. La reforma no es todo el sistema educativo. Sí, mediática y momentáneamente lo puede eclipsar, pero los problemas no desaparecerán y los riesgos son mayúsculos.

(Publicado en Campus Milenio No. 641 Enero 21, 2016, p.5)

La evaluación del desempeño del programa de becas

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

A partir del 2005, con la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), comenzaron una serie de serie de nuevos lineamientos para la medición de la pobreza y también criterios especiales para la evaluación de programas y acciones de desarrollo social.

En la Ley General de Desarrollo Social quedó especificado que el Coneval sería el encargado de evaluar la política de desarrollo social y “para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto” (Artículo 74). Además, en el mismo artículo se anotó que las dependencias gubernamentales (federales, estatales o municipales) tenían que proporcionar toda la información y facilidades para tales efectos.

Entonces, las dependencias gubernamentales que operan programas sociales deben realizar evaluaciones anuales (de mayo a abril), o multianuales, de los objetivos, metas y acciones que se plantearon y observar los criterios que establece el Coneval.

A diferencia de las evaluaciones que realiza la Auditoria Superior de la Federación, centradas en la fiscalización de los recursos públicos conforme a los objetivos de las políticas y programas, las evaluaciones del Coneval se dirigen más bien a valorar el cumplimiento social de los programas.

Las evaluaciones específicas del desempeño, conforme la norma de Desarrollo Social, suponen un reporte con base en: a) los resultados que muestra el programa (“avance en la atención del problema o necesidad para el que fue creado”); b) los productos que generó (entrega de bienes y servicios); c) cambios en su presupuesto, d) la cobertura que alcanza (población potencial, objetivo y atendida); y e) seguimiento de aspectos susceptibles de mejora.

En el periodo 2014-2015 se evaluaron más de un centenar de programas de alrededor de 15 dependencias gubernamentales. En el caso de Conacyt, se evaluaron nueve programas, como el de becas, el SNI, el fortalecimiento en las entidades federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, o el de apoyo a la consolidación institucional, entre otros.

La evaluación del desempeño del programa de becas, realizada por Valora Consultoría, presenta información relativamente conocida, como el volumen de becas nuevas y vigentes que se han otorgado en el periodo, la mayor proporción para ciencias sociales e ingenierías, así como el monto de recursos que se destinan o la desconcentración paulatina en el otorgamiento de becas.

 

Pero también incluye datos menos conocidos. Por ejemplo, señala que las tasas de ocupación de los ex becarios son altas, en empleos acordes a su formación: “El 60 por ciento de los ex becarios se ocupan en los sectores de educación superior e investigación. El 16 por ciento se ocupa en el sector privado”. Sin embargo, no especifica qué ocurre con el porcentaje restante, el cual representa casi una cuarta parte del total. ¿No se gradúan y/o se emplean en sectores que no corresponden a su formación?  

Otro dato relevante es la cobertura del programa. Los datos para este indicador muestran que en 2008 la población potencial u objetivo (estudiantes de posgrado que fueron propuestos para recibir una beca) sumaba 29 mil 502 personas, mientras que la población atendida (a la que le otorgaron la beca) sumaron 26 mil 918. Para el año 2014, la población potencial sumaba 57 mil 861 y fueron atendidos 54 mil 658.

Es decir, por una parte, en el periodo de referencia, la población potencial y atendida se duplicó. Por otra parte, disminuyó ligeramente la tasa de rechazo entre los solicitantes y la población atendida. Este segundo aspecto es importante porque tal vez en este margen está la operación de las becas al extranjero y la distribución en el posgrado nacional.

Esto es, se supone que en el caso del posgrado nacional, los aspirantes a becarios son propuestos por instituciones con programas reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y uno de sus beneficios es que respaldan con becas a sus estudiantes, así que inscribirse en un programa de ese tipo, salvo que el alumno decida no estudiar de tiempo completo, trabaje parcialmente o no requiera de beca, tiene asegurado el apoyo. Por otra parte, las nuevas becas al extranjero han disminuido, como ha sido notorio en las estadísticas oficiales, aunque las cifras no están en la evaluación que comentamos.

En fin, vale la pena examinar en detalle los documentos con las evaluaciones específicas de desempeño que se encuentran en la página web del Coneval y en las dependencias gubernamentales que corresponden, en donde el lector podrá juzgar su utilidad y su contribución a la rendición de cuentas.

(Publicado en Campus Milenio No. 640 Enero 14, 2016, p.5)

Punto de agenda: rezago educativo

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

 

La agenda educativa del año que comienza tiene muchos pendientes, un tiempo limitado y un panorama económico poco alentador. Ya estamos en la segunda mitad del periodo de esta administración y aunque la reforma educativa –especialmente la evaluación docente— tiene acaparada la atención pública, vale la pena recordar que está irresuelto el asunto del rezago educativo.

 

Al inicio de la actual administración, de forma correcta y recuperando el diagnóstico de la UNAM (“Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional”), se dijo que habría que ocuparse de atender a la población adulta en condición de rezago educativo. En general, como se sabe, el rezago se refiere a las personas mayores de 15 años que son analfabetas o que no han concluido su educación básica.

 

 

En los primeros meses del 2013 se habló de una campaña sin precedentes para abatir el rezago, una que haría eco de algunas de las experiencias más notables en materia de alfabetización. En ella, se dijo, participarían egresados universitarios, grupos de la sociedad civil, maestros y cualquier persona interesada en colaborar, todo con la idea de disminuir en 60 por ciento el rezago educativo para el final del sexenio (El Universal 12.03.2013).

 

Fuente: www.elsemanario.com.mx

Después, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) la idea se plasmó con números y acciones. Por ejemplo, se anotaron las cifras del rezago educativo: “Alrededor de 32.3 millones de adultos no han completado la educación básica, lo que equivale al 38.5 por ciento de la población mayor de 15 años. En esta cifra se incluyen poco más de 5.1 millones de personas analfabetas…” (p. 61).

 

También, en el mismo PND, el asunto de disminuir el rezago quedó enmarcado en el objetivo de garantizar la inclusión y equidad en el sistema educativo. A su vez, la idea de la campaña a favor de la alfabetización tomó forma en las acciones de ese mismo objetivo, considerando que se establecerían alianzas con instituciones de educación superior y organizaciones sociales.

 

La enunciación de una estrategia más clara sobre el tema del rezago apareció en el programa sectorial en diciembre de 2013. Ahí se anotó que se intensificarían y diversificarían los programas para la educación de las personas adultas y se anotaron una decena de acciones, entre las que estaba la realización de campañas, desarrollo de modelos de atención y uso de tecnologías para favorecer el acceso de las personas adultas a la educación.

 

Incluso, todavía más, en mayo de 2014, medio año después de que se publicó el programa sectorial, la preocupación por el rezago educativo volvió a cobrar relevancia porque apareció un programa institucional específico para esos efectos: “El Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018” aprobado por el mismo Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

 

Tal vez uno de los aspectos más sobresalientes del programa institucional fue la precisión de que su población objeto serían 3.8 millones de personas analfabetas. Esto es, a los 5.4 millones de personas que no sabían leer y escribir en ese entonces, le restó 1.6 millones de personas que “ya no se podían incorporar a un proceso de aprendizaje”, ya fuera por limitaciones (físicas y/o mentales) o por contar con más de ochenta años, y de la cifra resultante estimó que alfabetizaría en el periodo a 2 millones 225 mil personas.

 

Así, según los cálculos de INEA, el índice de analfabetismo disminuiría de 6.0 a 3.4 por ciento entre el 2013 y el 2018. También estimó que el índice de rezago educativo pasaría de 37.6 a 32.9 por ciento en el mismo periodo. Esas fueron y son sus metas.

 

Es decir, en promedio y de acuerdo a las cifras del propio INEA, cada año, entre el 2014 y el 2018, deberían alfabetizarse alrededor de 550 mil personas para cumplir con lo planeado en el programa institucional. Pero no. Por lo menos todavía no se aprecia una disminución de esa magnitud.

 

Según los datos de los anexos estadísticos del 3er Informe de gobierno, en el año 2013 el número de personas alfabetizadas sumaron 112 mil, en el 2014 fueron 182 mil y estima que en el año actual serán 392 mil (p.261). Es decir, en los últimos tres años, desde que comenzó la campaña, se han alfabetizado poco más de 680 mil personas. Un ritmo que no alcanzará la disminución proyectada en el tiempo previsto.

 

La tarea se complica todavía más si se considera que el abandono escolar alimenta e incrementa la cifra del rezago. Además, habría que contar el ya conocido volumen global de personas que no han concluido su educación primaria (casi 10 millones) o secundaria (17 millones). Sin duda, el rezago educativo debe figurara como primer punto de agenda.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 637 Enero 7, 2016, p.5)