Ciencia y Tecnología. ¿Información oportuna y transparente?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISEU/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 960. Agosto 18, 2022. Pág. 4)

 

Algo de ironía tiene lo que ocurre con los datos y los informes oficiales en el sector científico y tecnológico. Porque cuanto más se reiteran unos y se presentan otros, menos claro es el verdadero estado que guarda el sector.

 

Una y otra vez, desde el inicio del actual periodo de gobierno hasta hoy en día, las autoridades han hablado de acciones indebidas de las administraciones anteriores y en especial en el sexenio previo. Quién no recuerda esa tronante primera declaración de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, en enero de 2019, afirmando que en la administración de Peña Nieto se habían hecho transferencias directas, “muchas de ellas líquidas”, de recursos públicos a empresas por alrededor de 50 mil millones de pesos (17.01.2019).

 

Luego, en el primer informe de gobierno, la cantidad varió a poco más de 38 mil millones de pesos en el periodo 2013-2018. Ahora, tanto en el encuentro que sostuvo la directora del Conacyt con legisladores el pasado 4 de agosto como en la presentación que hizo en la conferencia de prensa con el presidente López Obrador la semana pasada, resulta que las transferencias son más bien de poco más de 45 mil millones de pesos, pero el periodo se extendió de 2001 a 2018.

 

Si los números han sido cambiantes en todo este tiempo, lo menos que cabría esperar es un informe detallado y preciso de cómo fueron esas operaciones, el volumen exacto, fechas consistentes y los delitos que se cometieron. Pero no, no tenemos nada de eso y lo único que sí hay son acusaciones fallidas ante la Fiscalía General de la República que ni avanzan ni se desehechan.

 

El resultado es que no hay ninguna certeza sobre las cantidades y manejo de esas transferencias, lo mismo con los fideicomisos o el número de becas. Pero no obsta para reiterar que antes se abandonó a la ciencia y poco se respaldó al sector público. La sorpresa es que, comparado con el 2018, durante los tres años anteriores, en términos corrientes, el presupuesto del Conacyt disminuyó. Apenas en este año, respecto del inicio del periodo, tuvo un ligero incremento (pasó de 27 a 29 mil millones de pesos).

 

El panorama es peor si consideramos el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) como proporción del PIB. El GIDE es el principal indicador internacional para medir el esfuerzo presupuestal que realiza una nación para generar nuevo conocimiento y con ese parámetro, pasamos de 0.47 por ciento en el 2018 a 0.31 por ciento en el año pasado.

 

Además, los datos o los informes llegan fuera de tiempo. El ejecutivo federal debe presentar su 4to informe de gobierno en dos semanas más, pero apenas conocimos algunos detalles del informe previo porque solo recientemente la titular del Conacyt, acudió con legisladores e intervino en una de las conferencias matutinas del ejecutivo federal para los pormenores de los avances de mitad del periodo. Precisamente cuando ya está por concluir el segundo tercio.

 

Otro tanto ocurre con el reporte que año con año debe presentar el Conacyt. Aquí, en este Acelerador de Partículas, lo recordamos cada tanto, el organismo está obligado por la ley a emitir anualmente un informe general del sector (artículo 6 fracciónV). No obstante, el más reciente es del 2019. El documento es básico porque contiene toda la información del sector, permite la comparación a lo largo del tiempo y constituye el punto de referencia para constatar los avances y los retrocesos.  

 

Ni hablar de los dos años de retraso que tuvo el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). Se supone que ese programa es el documento rector de la política sectorial, pero apenas fue publicado al final del año pasado. Aunque, la verdad, como si fuera inexistente.

 

La gestión tampoco se distingue por su rapidez y oportunidad. Lo saben bien los aspirantes a obtener una beca al extranjero que nunca llega o aquellos que ya tienen asignado el apoyo pero tarda meses en materializarse. Lo mismo ocurre con los investigadores que esperaban y siguen esperando la siguiente ministración del proyecto, la oficina jurídica que se declaró en moratoria o el trámite que tiene meses en la oficilia de partes. O bien, el retraso de más de medio año para publicar la actual convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores.

 

El problema es que a estas alturas, cuando ya transcurrieron dos tercios del periodo gubernamental, ya no es la curva de aprendizaje la explicación de la ineficiencia y las dificultades. Seguramente no solo gravita el personal estilo de dirigir, también pesa, y mucho, la austeridad republicana que ya está dejando ver las costuras en el quehacer de la administración pública, lo mismo que la alta rotación de personal en los mandos medios y superiores.

 

Pero, sobre todo, pasa que políticamente da lo mismo lo que ocurra o no en el sector. Y pues sí, ni certeza ni transparencia.

 

Pie de página: Nada sorpresivo el nuevo reglamento del SNI y la marcha atrás de algunos de sus inaceptables criterios específicos de evaluación. Y esto apenas comienza.

Las UBBJG: vine a Armería porque me dijeron que estaba el presidente

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 959. Agosto 11, 2022)

 

 

El programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) ha sido polémico desde que inició. Hace cuatro años, el entonces presidente electo, López Obrador, anunciaba así el programa: “La rectora de este programa de universidades es la maestra Raquel Sosa. Es un plan de 100 universidades del país” (29.09.2018).

 

La cifra resultaba desmesurada frente a la complejidad de instaurar un solo proyecto universitario. El problema no solamente está en los recursos financieros para conseguir la ubicación apropiada, edificar el plantel y dotarlo de la infraestructura necesaria; no es lo de menos, pero tampoco es lo único.

 

Multiplicado por cien había que planear las opciones formativas, diseñar planes y programas, definir las líneas de gestión y organización académica, precisar la identidad institucional, el perfil de egreso de los estudiantes, las demandas del mercado laboral, entre otros asuntos a resolver. Además, el componente imprescindible: una sólida y estable planta de personal académico para garantizar su viabilidad.

 

Así que la iniciativa de crear 100 universidades, aunque necesaria para ampliar las oportunidades educativas para un mayor número de jóvenes de los sectores menos favorecidos, no parecía realista. Después quedó claro que, más bien, era una sola universidad, pero tendría un centenar de sedes. La profesora Raquel Sosa tenía experiencia en el asunto, porque había ocupado la secretaria de Desarrollo Social de la Cdmx del año 2000 al 2005, cuando el hoy presidente fue jefe de gobierno.

 

Después, en el 2015, la misma profesora Sosa se encargó de poner en funcionamiento media docena de escuelas de educación superior de Morena. El proyecto estaba financiado con recursos de militantes de Morena que desempeñaban una responsabilidad pública. Aunque los planteles no solamente tenían instalaciones precarias e improvisadas, los estudios que ofrecían pendían de alfileres y no tenían reconocimiento de validez oficial.

 

Pero el panorama fue otro al inicio del actual sexenio: Morena se convirtió en el partido en el poder y obtuvo mayoría calificada en el Congreso. AMLO anunció la iniciativa de la UBBJG, le asignó un presupuesto de mil millones de pesos para el primer año y le cedió las instalaciones del Centro de Cooperación Regional de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), en Pátzcuaro, Michoacán. A mediados del 2019 el presidente emitió el decreto de creación del organismo coordinador.

 

Sin embargo, el dinero y la administración no apagaron la polémica. La controversia sobre el proyecto ha continuado, tanto por la improvisación material de algunos planteles, como por la arbitrariedad para decidir la localización de las sedes, la accidentada gestión en los planteles, la precariedad de las condiciones laborales de los profesores, el número de docentes por carrera y plantel, los trámites de validez oficial de los estudios o la opaca información sobre el estado del programa.

 

La reciente visita del presidente López Obrador a una de las sedes de la UBBJG, en el estado de Colima, retrata el proyecto mismo. Veamos. La gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, abrió la ceremonia y solamente tuvo palabras de agradecimientos para el ejecutivo federal, principalmente por cumplir, por edificar la sede y por las becas. Luego siguió la profesora Raquel Sosa, la coordinadora del programa, e inició su discurso repitiendo las palabras con las que comienza la primera novela de Juan Rulfo de 1955: “Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo” (06.08.2022).

 

No era Comala, pero sí Armería, Colima, y estaba el presidente. La profesora Sosa desgranó unas líneas de la historia del municipio y dio algunos datos que, a su juicio, expresan logros del programa. Por ejemplo, dijo que la población había demandado el plantel y la carrera de “ingeniería en acuacultura y piscicultura”. Tiene 180 estudiantes.

 

Sobre el programa, en general, puntualizó que, en todo el país, ya suman 145 planteles y hay “cerca de 600 estudiantes esperando que el presidente los visite para entregar sus títulos profesionales”. También añadió que suman 64 mil estudiantes en todos los planteles, una planta de profesores de mil 733 y llegarán a 2 mil 300 en este ciclo escolar.

 

Sobre el presupuesto dijo que de los 13 millones que costó la sede de Armería, “63 por ciento del presupuesto del programa se le entrega a los padres y madres de familia organizados en comisiones de administración y de supervisión para que sean ellos mismos los que administren el recurso de las escuelas”.

 

El otro trazo del programa fueron los dos anuncios del presidente López Obrador en su turno a la palabra. Primero, dijo que se edificarán 55 sedes más, habrá presupuesto para ello, y se llegarán a 200 universidades, pero las nuevas, “que se procure que sean de Medicina y de Enfermería, porque nos faltan médicos en el país”. Segundo, el título profesional de los egresados lo firmará el presidente y además les firmará una plaza en el gobierno. Los asistentes batieron palmas y estallaron en júbilo

 

Entonces, lo de menos es la complicada relación entre educación superior y mercado laboral, la proporción de las UBBJG frente al sistema de educación superior, la calidad de los estudios, los criterios para edificar nuevas sedes, las sumas y restas del presupuesto global, el RVOE, los contratos del personal académico, como tantos otros aspectos de una nueva universidad.  

 

Lo importante es que estuvo y esté el presidente. Él mismo lo dijo: “porque mientras nosotros estemos no va a haber ningún problema”.

 

Pie de página: Ahora resulta que el dictamen de la Conamer sobre el nuevo reglamento del SNI estaba desde el 25 de julio y apenas, mágicamente, apareció este 8 de agosto. Un verdadero quiebre de las normas. // Ahí viene la convocatoria del SNI.

Legisladores y Conacyt: ¿ni rendición de cuentas ni negociación legislativa?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 958. Agosto 4, 2022. Pág. 4)

 

Si la información difundida la semana pasada por el Congreso es correcta, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, debe comparecer este día, 4 de agosto, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. El encuentro podría llevarse a cabo o tal vez no, porque las relaciones entre las autoridades del sector y los legisladores han sido, por decir lo menos, ásperas y accidentadas.

 

Seguramente el escaso entendimiento de unas y otros explica por qué, tras año y medio de retraso, todavía no hay una ley general del sector. La reforma del artículo 3° constitucional de 2019, en artículo transitorio, estableció que a más tardar en diciembre del 2020 debían expedirse las leyes generales de Educación Superior y de Ciencia y Tecnología. No fue así para el sector.

 

Sobre la Ley General de Educación Superior se tendieron puentes de discusión y entendimiento entre autoridades, comunidad y legisladores; sin mayores dificultades quedó aprobada por consenso. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en el caso del sector científico; ni entonces ni ahora se aproximaron las posiciones y a la fecha no hay ley. La norma anterior no se respeta y las acciones presentes no tienen un marco normativo estable.

 

Ya sabemos que los legisladores, al menos una mayoría, no tienen buena prensa. Tampoco ayudan sus excesos, sus quebradizos principios o su manifiesta promoción personal por encima del interés público. No es nada fortuito que, en las mediciones de confianza de los ciudadanos, los senadores, sindicatos, diputados y partidos políticos, siempre aparecen en la posición más baja.

 

La Constitución dice que el ejercicio del supremo poder se divide en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Además, también añade que no se pueden reunir dos o más de estos poderes en una persona o corporación (artículo 49). O sea, un poder puede y debe examinar las acciones del otro, porque está normada la separación, las atribuciones de cada uno y las relaciones entre sí.

 

La composición de fuerzas políticas en el Congreso y la relación con el ejecutivo federal son variables a considerar en la división de poderes. Pero, en cualquier caso, la misma Constitución prevé que cada año el ejecutivo federal debe rendir al Congreso un informe sobre el estado general que guarda la administración pública del país.

 

A diferencia de lo que ocurrió con el Plan Nacional de Desarrollo y algunos programas sectoriales, los informes de gobierno han estado puntualmente cada primero de septiembre. No ha sido el mismo caso con las comparecencias o la solicitud de mayores datos a algunas dependencias, como la Sep y el Conacyt.

 

Aquí mismo hemos hecho notar las ocasiones en que la titular del Conacyt, Álvarez Buylla, ha declinado la invitación de comisiones de diputados y senadores (Campus Milenio No. 950). Nada menos, en mayo pasado, el senador Ricardo Monreal, declaró públicamente que no aceptarían un desaire de funcionarios de la administración pública.

 

Después de aquella declaración, la directora del Conacyt se ha reunido con algunas fracciones parlamentarias, pero no en el Congreso ni en comisiones. Todavía al final del mes pasado, la diputada Olga Luz Espinosa Morales y el diputado Juan Carlos Romero Hicks, promovieron un punto de acuerdo para manifestar un extrañamiento a la doctora Álvarez Buylla (Gaceta del Senado 20.07.2022).

 

La semana pasada, finalmente, el diputado Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, informó que Álvarez Buylla sí se presentará este 4 de agosto (BoletínNo. 2242. 28.07.2022). No está claro el formato y los temas que se abordarán, pero el mismo boletín recoge algunas expresiones de los legisladores y al parecer el interés está en precisar algunos casos de corrupción en el sector y el estatus legal que tienen.

 

Hoy mismo sabremos si la comparecencia tuvo lugar o no. Lo sorprendente es que persista el desencuentro con los legisladores, no solamente para informar sobre lo que se ha hecho o dejado de hacer en el sector, sino también para acordar los términos de lo que será la nueva ley general de ciencia.

 

Todavía en marzo de este año, diputados y senadores anunciaron que trabajarían en conferencia –una labor a la par de ambas cámaras, en vez de secuenciada-- para sacar por consenso la ley general. Incluso dieron a conocer la constitución de cinco grupos de trabajo y programa de reuniones que debieron concluir al final del mes pasado.

 

Hoy, sin embargo, no tenemos una cuenta clara de lo que se ha hecho en el sector, tampoco un camino de negociación para la ley general y mucho menos los visos de un consenso para aprobarla. El mes próximo comienza el periodo de sesiones en el Congreso y lo peor sería aprobar sin más cualquier proyecto de ley. Aunque no sería nada extraño que eso ocurriera. Total, seguiríamos sin rendición de cuentas y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones se profundizará.

 

Pie de página: El Conacyt dice que su propuesta de nuevo reglamento del SNI tiene un impacto regulatorio moderado y se lo hizo saber a la Conamer el pasado 25 de julio. Todavía el 1 de agosto la Conamer no emitía su dictamen, pero seguramente lo aprobará y luego vendrá la convocatoria del programa. Atentos con la actuación del organismo regulador.

Becas al extranjero: el espejo de la ventana

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 957. Julio 21, 2022)

 

El Banco Mundial, a mediados de los años noventa, publicó un influyente documento sobre la crisis y los retos de la educación superior en los países en desarrollo (Higher Education: Lessons from Experience). Una sugerencia ahí anotada fue que el crecimiento de la educación superior debía lograrse con un mínimo de gasto público, porque según sus cálculos producía mayores rendimientos sociales la inversión en la educación elemental.

 

La necesidad de ampliar las oportunidades escolares para una mayoría y la escasez de recursos públicos parecía indicar que, efectivamente, lo sensato era dirigir el esfuerzo gubernamental a lo básico y dejar que pagaran por su educación los que aspiraban a niveles superiores.

 

No obstante, al inicio de los años 2000, el mismo organismo internacional, en colaboración con UNESCO, rectificó la posición. Admitió que había sido limitado el argumento acerca de que la educación superior tenía menores tasas de retorno, reconoció las aportaciones de este nivel educativo y su impacto en el desarrollo económico y social (Peril and Promise: Higher Education in Developing Countries).

 

Las tendencias demográficas han cambiado, los sistemas educativos se han expandido y el contexto actual es muy otro. Sin embargo, lo ocurrido hace más de dos décadas puede ofrecer una lección a la idea actual de restringir o eliminar los estudios de posgrado en el extranjero. Porque muestra que debe meditarse dos veces antes de tomar decisiones apresuradas o de seguir razonamientos económicos limitados en política pública.

 

Veamos. El Conacyt, por fin, emitió el pasado 7 de julio su convocatoria de becas para realizar estudios de doctorado en el extranjero. Un programa que existe desde la fundación misma del Conacyt y que ha sido una gran oportunidad, prácticamente la única, de formación de alto nivel para una buena parte de jóvenes. El volumen de ese apoyo, también desde siempre, ha fluctuado conforme la salud de las finanzas públicas.

 

La actual administración, sin embargo, ha expresado claramente su reticencia a la formación en el extranjero y no parece que sea una decisión motivada por el presupuesto o empujada por las restricciones de la contingencia sanitaria. Desde los primeros meses de ejercicio, cuando todavía no se imponía la austeridad en la administración pública ni el Covid-19 limitaba el flujo de personas, la titular del Conacyt manifestó claramente su posición y preferencias ideológicas.

 

La doctora María Elena Álvarez Buylla, en febrero del 2019, le dijo en entrevista a Ana Francisca Vega que en el sector buscaría “generar un círculo virtuoso y dejar de estar regalando este gran valor en forma de talentos, de gente formada que se va y ya no regresa en forma de esta capacidad de desarrollo tecnológico en las grandes empresas que vienen aquí a instalarse y es el país de jauja para ellos” (El Universal 12.02.2019).

 

Incluso, en la misma entrevista precisó que: “Hay becarios que podrían estar formándose mejor acá y costándole al erario público mucho menos”. Más aún, para ese 2019 añadió: “Estamos decidiendo, de hecho, si va a haber nueva convocatoria para becas al extranjero”. La convocatoria salió en ese y en los años siguientes, pero la intención ahí quedó.

 

Si el presupuesto del sector es escaso y se puede adquirir una buena formación en México, parecía sensato ahorrar recursos públicos y concentrarse en el ámbito nacional. Incluso, la misma instauración de un padrón de posgrados de calidad, seguía el principio de alentar y darle prioridad a una buena formación nacional.

 

El problema es que la actual administración ha reducido sin más las becas para estudios en el extranjero y acaba de anunciar la eliminación del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad y la instauración del Sistema Nacional de Posgrado. Esto último es otro tema, pero anotemos que no se conocen sus bases de integración, tampoco cómo se regulará la oferta de miles de programas ni cómo garantizar su calidad. Lo único que ha dicho la autoridad es que las propias instituciones se encargarán de la calidad de sus estudios y la SEP tendrá la atribución de reconocer la validez o no. No es poco, pero es insuficiente.

 

La información sobre la reducción de becas no es precisa, entre otras cosas porque el Conacyt debe publicar anualmente el “Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, pero no la ha hecho y el más reciente es del 2019. Las cifras que existen sobre nuevas becas para el extranjero provienen de los informes de gobierno de López Obrador y ahí se puede advertir que en 2019 se otorgaron 1,128 y el año pasado 742.

 

Los datos en los informes de gobierno están agregados. O sea, no sabemos si las becas nuevas fueron para cursar una maestría o un doctorado o cuántas fueron para una estancia de movilidad de unos meses, para un posdoc o para un sabático. No son nada equiparables.

 

En fin, aunque la información es restringida se advierte la disminución al límite de los estudios en el extranjero. Ya no es una ventana, se convierte en espejo y nos devuelve una imagen que ya hemos visto antes.

 

Pie de página: La Sociedad de Estudiantes Mexicanos en el Reino Unido le hace saber al Conacyt su preocupación por el retraso y condiciones de la convocatoria para estudios de posgrado en el exterior.// Aquí nos encontramos en dos semanas.

Posgrado: ¿Transitará de una evaluación punitiva a una autoevaluación formativa?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 956. Julio 14, 2022. Pág. 4)

 

La valoración de los estudios de posgrado no será más una responsabilidad del Conacyt, ahora las propias instituciones estarán a cargo de la calidad de sus programas y la Subsecretaría de Educación Superior decidirá cuáles tienen o no validez. Eso dijeron, al final del mes pasado, María Elena Álvarez y Luciano Concheiro, titulares de las mencionadas entidades, respectivamente, cuando anunciaron la creación del Sistema Nacional de Posgrado (SNP).

 

Sin embargo, desde hace un año los mismos protagonistas dieron por instaurado el SNP. ¿Usted se acuerda? Fue en ocasión del 3er foro nacional sobre posgrado, realizado en julio del año pasado. Ahí Álvarez Buylla y Concheiro Bórquez presentaron lo que llamaron un nuevo SNP y mencionaron que sustituiría al vigente Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

 

La principal razón para suprimir el PNPC era que ese programa, como otras iniciativas neoliberales, dijo Álvarez Buylla, “priorizó la visión productivista y la competencia; el centralismo y la evaluación cuantitativa de los programas, además de que se desvincularon los posgrados de las prioridades de investigación en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que necesita el país” (Comunicado 226/2021 04.07.2021).

 

Además, añadió Álvarez Buylla, en la actual administración “el SNP está alineado con el proceso de transformación estructural que vive el país y se complementa con los planteamientos sustantivos de la política científica del Conacyt”. No obstante, en ese entonces la sustitución fue una realidad virtual; nada cambió, la distribución de las becas y la organización del posgrado siguieron operando de la misma forma.

 

Luego, al inicio de este año, vino el revuelo mediático con un nuevo reglamento de becas del Conacyt, una de cuyas novedades era que se suspenderían las becas a mujeres embarazadas. En realidad no había tal, fue un error de redacción del reglamento, lo que sí incluyó fueron dos cambios importantes: las becas de posgrado serían entregadas directamente a los estudiantes y tendrían carácter universal.

 

El nuevo reglamento suscitó más interrogantes que certezas, pero como el inicio del ciclo escolar todavía estaba lejos, no causó mayores inquietudes. Ahora, con el próximo retorno a clases, volvió a cobrar fuerza el tema de las becas y la organización del posgrado. Y otra vez, de nueva cuenta, se dio por instaurado el SNP y también llegaron algunas explicaciones adicionales.

 

Una de las modificaciones importantes es que el PNPC queda definitivamente eliminado y serán “las universidades, las IES y los Centros Públicos de Investigación quienes asuman la calidad de sus programas y aseguren su excelencia académica” (Comunicado No. 12. 28.06.2022). Es decir, el Conacyt ya no tendrá la responsabilidad de evaluar la calidad de los posgrados, la tarea estará a cargo de las propias instituciones.

 

¿La autoridad federal ya no tendrá ninguna injerencia en la valoración de los posgrados? Algo parecido, pero no exactamente. Porque la validez de esos programas seguirá bajo la responsabilidad de la SEP y específicamente bajo el escrutinio de la Dirección General de Profesiones. Esta última entidad certifica la validez de un programa de posgrado y una vez validado, las instituciones lo pueden registrar en la plataforma del SNP habilitada por el Conacyt y los estudiantes matriculados podrán recibir, según criterios de prelación, la beca correspondiente.

 

O sea, ni el Conacyt ni la SEP evaluarán la calidad de los programas de posgrado, aunque la SEP conserva la atribución para decidir qué programas tendrán o no validez oficial. Según lo dijo Luciano Concheiro, el subsecretario de educación superior, el gobierno federal reemprenderá “los planteamientos conceptuales y procedimentales para generar un tránsito de la evaluación punitiva, mercantilizada y competitiva, que genera diferencias y segmentación entre las instituciones de Educación Superior, hacia procesos de autoevaluación y evaluación con fines diagnósticos, formativos e integrales”.

 

La idea no suena mal. La literatura sobre el tema ha mostrado la importancia de la evaluación formativa para algunas actividades, por la imprescindible retroalimentación que provee y la mejora del quehacer que produce, en comparación con la evaluación sumativa que solamente califica un desempeño para decidir si se aprueba, se recompensa o no (de ahí que le digan punitiva). Sin embargo, utilizar una u otra depende de la finalidad que se busque, porque será inevitable la evaluación sumativa de la SEP al rechazar o validar un programa.

 

También es correcto retornar a la confianza en las propias instituciones para el aseguramiento de la calidad de sus estudios, como ocurría antes de los padrones de excelencia o de calidad. El problema es que hoy las condiciones son distintas y muy otro el escenario. Actualmente existen alrededor de 11 mil programas de posgrado y solo el 20 por ciento de ese total forma parte del PNPC. Quizás el supuesto es que ese 20 por ciento o el doble no tendrá problema en afiliarse al nuevo SNP y asegurar una formación de alto nivel.

 

Pero ¿qué ocurrirá con el 80 o el 60 por ciento de programas restantes y los cientos de miles de alumnos matriculados? Tómese en cuenta que alrededor de la mitad son del sistema público, Seguramente no tendrán ninguna posibilidad ni condición para transitar a una evaluación formativa. ¿Usted ha intentado regresar la pasta dental al tubo que la contenía? Muy difícil. Y lo mismo podría ocurrir con la regulación del posgrado. O tal vez el camino inverso sí es posible, pero lo más probable es que el resultado no dejará satisfecho a nadie.

 

Pie de página: La joven organización ProCienciaMx enfrenta un conflicto interno y ha tenido una disociación; conserva el nombre y logo, pero existen dos perfiles en redes sociales.// El INAI ordenó al INSABI dar a conocer la información relativa a los ventiladores mecánicos que recibió del Conacyt. Atentos.

SNI: modificación profunda

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 955. Julio 7, 2022. Pág. 4)

 

El plazo se venció y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) no dijo si autorizaba o no la exención de análisis de impacto regulatorio (AIR) a la propuesta de nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). La Comisión recibió la solicitud el 23 de junio, debió resolver el pasado jueves 30 de junio, pero todavía este 4 de julio no emitía ningun pronunciamiento al respecto.

 

La convocatoria de este año del SNI no saldrá hasta que se resuelva el tema normativo, una presión adicional para otorgar o no la exención. La aceptación llevaría a la aplicación imediata del reglamento y un rechazo prolongaría la espera alrededor de un mes. El problema es que la propuesta sí tiene un impacto regulatorio y es de alto voltaje. La eliminación del apoyo económico del SNI a los investigadores de instituciones particulares está en el cálculo y tal vez es uno de los principales motivos de la demora de la Conamer.

 

Sin embargo, la exclusión de particulares no es nueva. Desde abril del año pasado la Conamer aprobó sin mayores reparos la reforma que eliminó el beneficio de los incentivos económicos para investigadores del sector privado (DOF. 20.04.2021). Aunque los perjudicados no se quedaron cruzados de brazos, interpusieron amparos y actualmente el asunto se dirime en los tribunales. El conflicto no es sencillo de resolver.

 

Pero la norma propuesta tiene otro impacto regulatorio importante: valorará no solamente un periodo de productividad para otorgar el incentivo, ahora dice que privilegiará toda la trayectoria y, todavía más importante, propone alargar la permanencia en un nivel, al menos por dos periodos, antes de que un miembro del SNI pueda ser ascendido al siguiente nivel.

 

El SNI, como se sabe, distribuye sus distinciones en tres categorías: a) candidato; b) investigador nacional con nivel I, II o III; y c) investigador emérito. La distinción se conserva por un periodo que va de los tres a los cinco años, según categoría y nivel, y en cada caso le corresponde un determinado monto de incentivo económico. Al término de ese periodo, todas las categorías, pero en mayor volumen para los investigadores que están en los niveles I y II, previa evaluación, pueden ascender, descender o salir del programa.

 

Ahora, la nueva norma propone que los periodos para todos sean de cinco años (excepto para los candidatos) y para pasar del nivel I al II, el investigador debe permanecer al menos en dos ocasiones en el primer nivel antes de aspirar a un ascenso y el mismo caso sería para pasar del II al III. O sea, esperar al menos 10 años en un nivel para pasar al siguiente y alrededor de 24 años para pasar de candidato a investigador nivel III.

 

La exclusión de investigadores de instituciones particulares y el alargamiento de plazo para alcanzar el máximo nivel han suscitado las mayores críticas. La primera incoformidad proviene de algunos de los cerca de 2 mil investigadores de ese sector (alrededor del 6 por ciento del total de miembros del SNI) que no recibirían el correspondiente incentivo económico; la segunda deriva del pujante número de jóvenes que ve cómo se aleja el trayecto para alcanzar los niveles máximos del sistema. Una muestra de comentarios se pueden leer en la plataforma de la Conamer.

 

En estas circuntancias, es claro que la propuesta de nuevo reglamento sí tiene un impacto regulatorio y tal vez por eso la Conamer no se ha pronunciado al respecto. Pero hay otras modificaciones. Lo dijimos aquí mismo la semana pasada: estamos ante un cambio en la finalidad del programa, ya no será evaluada la calidad de los investigación a secas, ahora se le añade cumplir con ciertas condiciones para recibir la distinción.

 

La actual administración modificó los objetivos del SNI y los cambió desde la reforma al reglamento de abril del año pasado. No lo hizo en la actual propuesta, como erróneamente dije aquí en la entrega anterior y me lo hicieron notar. La diferencia es que, antes, el cambio de finalidad estaba pero no tenía dientes, permanecía en el terreno de las intenciones porque no estaba acompañada de los instrumentos para hacerla efectiva.

 

Ahora no solamente se alargan los plazos de evaluación, también cambia la selección, organización y funcionamiento de las comisiones dictaminadoras. Estas últimas son el instrumento clave en la valoración del desempeño y cada una eligirá sus criterios.

 

Ya suman cinco reformas al reglamento y si los principales vectores del cambio se han añadido de forma improvisada y sin un plan, como la exclusión de investigadores de establecimientos particulares, el alargamiento de periodos para ascender en el programa y condiciones adicionales para recibir el reconocimiento, tal vez de lo que estamos hablando son de diques para contener la expansión y el presupuesto del programa.

 

No se puede tener un programa de la dimensión del total de investigadores y menos uno como el SNI. O, como decía Borges, un mapa del imperio que tiene el tamaño del imperio. El cambio profundo y el punto de inflexión al extendido crecimiento del SNI llegó por el lado de la limitación de recursos financieros.

 

Pie de página: La huida de personal académico del CIDE sigue en aumento, una lástima por la institución y por los centros públicos de investigación.

SNI: ¿llegó el punto de inflexión?

 Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en la página electrónica de Campus Milenio No. 954. Junio 30, 2022)

 

En el pasado se intentó una reforma mayor al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y se buscó a través de diferentes mecanismos, como foros de debate, encuestas a investigadores, congresos, modificaciones a la norma, entre otros. Al final, sin embargo, las posibilidades de llevarla a cabo se tornaban complejas y difíciles porque el programa es un engrane clave en el funcionamiento e impulso de la maquinaria del sistema científico y tecnológico.

 

Una alteración profunda del SNI implicaba la posible dislocación de la maquinaria, porque múltiples rutinas, indicadores, lineamientos y prácticas institucionales dependen del programa. Una eliminación definitiva tampoco se veía ni se ve probable, dado que supone incorporar al salario base los incentivos económicos que otorga el SNI y la autoridad siempre se ha asegurado de precisar que se trata de una beca y por tanto no forma parte de las prestaciones y derechos laborales.

 

A lo largo de casi cuatro décadas el programa ha registrado cambios importantes: un notable crecimiento, aunque sigue siendo pequeño para el tamaño de la economía y el volumen de investigadores en el país; una desconcentración institucional y regional que distribuyó a sus integrantes en la geografía nacional (pública y privada); una ampliación de sus comisiones dictaminadoras; adecuaciones a sus instancias organizacionales; ajustes técnicos en sus formas y mecanismos de evaluación, entre otros. Pero siempre conservó la función esencial que todavía dice en su actual reglamento: “reconocer, como resultado de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica que se producen en el país o por mexicanos en el extranjero” (artículo 3).

 

No obstante, parece que ahora estamos ante un cambio de sentido del programa, no camina por ninguna de las vías que se habían experimentado en el pasado y tampoco es una modificación repentina. Simple y llanamente propone un nuevo reglamento, o sea, un cambio en su función.

 

El pasado 23 de junio el Conacyt remitió un proyecto de nuevo ordenamiento del SNI a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y está en el sitio web de la Comisión. Esta última es la entidad gubernamental encargada de asegurar que las regulaciones administrativas sean transparentes, más simples y de menor costo para los ciudadanos.

 

Todos los proyectos de cambio normativo deben ser acompañados por un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y la Conamer, en función de la documentación recibida, valora si procede o no. Sin embargo, también es posible solicitarle a la Conamer una exención de AIR, porque se puede argumentar que la modificación normativa no tendrá ninguna carga adicional para el ciudadano.

 

La solicitud del Conacyt a la Conamer es, precisamente, una exención de AIR a su nuevo reglamento. El organismo dice que la norma actual tiene una veintena de artículos derogados y otros tantos reformados, por lo cual “considera pertinente que en vez de una reforma se emita un nuevo Reglamento, con el propósito de tener un texto ordenado y limpio, que facilite su lectura y aplicación”.

 

Además, precisa que el nuevo ordenamiento no añade trámites adicionales a los ya existentes y, por tanto, no será de mayor carga administrativa para la población objetivo. Aunque acepta que sí reduce o restringe prestaciones o derechos para los particulares, puesto que conserva la intención de que los investigadores de instituciones particulares no reciban los incentivos económicos del SNI.

 

¿Procederá la exención? La Conamer tiene cinco días para resolver al respecto. La ley no dice si son días hábiles o naturales, este texto lo escribí antes de que se venciera ese plazo, todavía no estaba la respuesta, pero sí una treintena de comentarios en el portal de la Conamer. Las opiniones ahí expresadas son variadas, unas a favor y otras en contra. El asunto es importante porque se supone que la Comisión toma en consideración esos pronunciamientos para emitir su resolución y si decide exentarlo entrará en vigor sin más, una vez publicado en el Diario Oficial, el nuevo reglamento.

 

¿Qué tan profundos son los cambios en el proyecto de nuevo reglamento? El resumen de la propia autoridad destaca cinco modificaciones que, a su juicio, son las más relevantes. No obstante, antes de examinarlas, vale la pena registrar el giro en la finalidad del programa y que puede ser decisivo para su orientación y funcionamiento.

 

El objetivo que está en el reglamento vigente lo citamos al comienzo de este texto, ahora se propone ponderar el reconocimiento y distinción que otorga el programa bajo ciertos requisitos. Por ejemplo, dice el proyecto: El objetivo general del SNI es desarrollar y fortalecer la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con rigor epistemológico, en favor de la libertad de investigación y de cátedra, así como de la autonomía de las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley, mediante la distinción y, en su caso, apoyo a las investigadoras y los investigadores que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de la comunidad humanística, científica, tecnológica y de innovación, y al acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales, así como al avance del conocimiento universal mediante el impulso a la investigación de frontera y la ciencia básica en alguna de las áreas del conocimiento, al desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta para la transformación social, o a la atención de problemas nacionales, preferentemente en el marco de los Programas Nacionales Estratégicos que impulsa el Conacyt para promover el ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia, en particular el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales (artículo 3).

 

A pesar de que parece un ejercicio retórico, en realidad puede tener amplias repercusiones para la organización y funcionamiento del programa: la distinción y el apoyo, previa evaluación, ya no es a la calidad de la investigación. Incluso el proyecto añade el asunto de la trayectoria como primer objetivo particular del SNI: Reconocer públicamente el mérito de investigadoras e investigadores que cuenten con una destacada trayectoria docente, académica y profesional en el fortalecimiento y consolidación de la comunidad humanística, científica, tecnológica y de innovación, y el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales, así como en el avance del conocimiento universal mediante el impulso a la investigación de frontera y la ciencia básica en alguna de las áreas del conocimiento, el desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta para la transformación social, o la atención de problemas nacionales, preferentemente en el marco de los Programas Nacionales Estratégicos que impulsa el Conacyt.

 

Tal vez cuando aparezca este texto ya se sabrá si la Conamer autorizó o no la exención de AIR del proyecto. Si la respuesta fuera negativa, tomará alrededor de un mes contar con un nuevo reglamento, pero sin duda el ordenamiento estará. La próxima entrega examinaremos los cambios restantes de la propuesta, pero tomemos nota de que estamos ante una reforma mayor, una que marcará un punto de inflexión del SNI e ingresa por un cambio de reglamento.

 

Pie de página: También un cambio profundo se registrará en la organización y funcionamiento del posgrado. // No es un acta oficial el documento que se divulgó como acta de designación del director del CIDE. Atentos.