jueves, 24 de marzo de 2011

AMÉRICA LATINA Y EUA

La reciente visita del presidente estadounidense Barack Obama a tres países de la región latinoamericana generó variadas reacciones: hubo desde quienes desestimaron su presencia hasta aquellos que creen que podría abrirse un nuevo capítulo en la cooperación regional.

Es demasiado pronto para valorar si estamos ante un cambio en el tipo de relaciones que siempre han sido asimétricas, difíciles y heterogéneas, y es muy poco consistente emitir un juicio solamente por lo que se aprecia en una visita. No obstante, ante la ausencia de grandes iniciativas que tuvieron lugar en el pasado --como la Alianza para el Progreso de inicio de los sesenta o los Tratados de Libre Comercio más recientes— tal vez valdría la pena notar algunos de los cambios de la última década en el terreno de la economía y el comercio en la región.

Uno de los datos más sobresalientes es la disminución de la participación de Estados Unidos en el comercio exterior del área. Según los datos de la Cepal (The United States and Latin America and the Caribbean: highlights of economics and trade, 2011), en la última década, las exportaciones estadounidenses a los países de la región descendieron 20 puntos porcentuales (pasaron de 60 a 40 por ciento). Por el contrario, las exportaciones de la Unión Europea se incrementaron unos tres puntos porcentuales: pasaron de 11 a 14 por ciento. Pero más importante fueron las exportaciones de China a la región: en el año 2000 prácticamente no tenía ningún intercambio con América Latina; en el 2010 sus productos alcanzaron 8 por ciento.

De hecho, en la última década, Estados Unidos abandonó su posición privilegiada como la principal nación exportadora de bienes en el mundo, si en el año 2000 era responsable del 12 por ciento del total, en el 2009 disminuyó su participación a 8 por ciento y fue superada por Alemania con 9 por ciento y China con10 por ciento. No obstante, Estados Unidos con un 12 por ciento del total, sigue ocupando la primera posición en la exportación de servicios, seguida del Reino Unido con 7 por ciento y Alemania con 6 por ciento.

Los datos de la Cepal, señalan que las tendencias para el 2020 indican que las exportaciones estadounidenses a la región seguirán en descenso hasta alcanzar 28 por ciento, las de la Unión Europea se mantendrán alrededor del 13 o 14 por ciento y las de China serán del orden del 19 por ciento. Es decir, por lo menos hasta el final de la década actual, Estados Unidos todavía será el principal socio comercial en la región, América Latina continuará como mercado atractivo, pero con una creciente presencia de China.

En el rubro de las importaciones la disminución es relativamente similar al comportamiento de las exportaciones. En el periodo, las importaciones de Estados Unidos pasaron de 52 por ciento a 33 por ciento; las de la Unión Europea se mantuvieron entre el 12 y 14 por ciento; y las de China pasaron del 2 al 10 por ciento.

Sin embargo, el principal socio comercial de Estados Unidos en América Latina es México. Este último país, concentra el 66 por ciento de las importaciones de Estados Unidos en la región (alrededor de dos terceras partes), mientras que los países de Mercosur, los más cercanos, alcanzan solamente el 11 por ciento del total. Obviamente, como fue claro en la crisis económica más reciente, los países con la mayor dependencia del mercado estadounidense también fueron los que experimentaron la mayor caída de su producto interno bruto y la más lenta recuperación.

En la reciente visita a Barack Obama a Brasil, se reportó que el país carioca recibió un reconocimiento y trato similar al que se le ha dispensado a China e India. No es de extrañar, las tres naciones junto con Rusia –aunque a ésta se le ve cada vez más improbable --, integran el bloque denominado BRIC, el conjunto de países que ahora son emergentes pero que en el futuro próximo ocuparán un lugar relevante en las principales economías desarrolladas. Para algunos, la visita como un intento de superar los ríspidos desencuentros de administraciones anteriores y restaurar relaciones comerciales entre ambos países (O Globo. 20.03.2011).

El presidente estadounidense firmó los convenios correspondientes con Brasil en materia educativa, científica y tecnológica --particularmente sobre biocombustibles—y en los esperados de comercio. Sin embargo, el acento de los medios fue en lo que no logró la mandataria Brasileña, Dilma Rousseff: el respaldo de Barack Obama para un asiento para Brasil en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En Chile y El Salvador los discursos de Obama también se refirieron a la importancia de la región para el comercio, la cooperación en materia de seguridad y el complicado tema de la inmigración.

Los datos de la última década muestran que las relaciones comerciales y la cooperación de Estados Unidos con la región van en descenso, aunque aquel todavía se sostiene como el principal socio comercial. Las visitas y los discursos propios de los encuentros entre mandatarios son necesarios para lograr acuerdos, pero ¿hacia dónde debe dirigirse América Latina?
(Publicado en Campus Milenio No. 408. Marzo 24 de 2011)

viernes, 18 de marzo de 2011

REFORMA DEL 9 BIS ¿MÁS RECURSOS PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA?

Los diputados añadieron un párrafo al artículo relativo al financiamiento de la ciencia y la tecnología en su sesión del pasado 8 de marzo. La iniciativa parece anunciar que los diputados no solamente tomarán el camino de los incentivos fiscales para incrementar los recursos, como comenté aquí la semana pasada, sino probablemente un aumento directo al gasto en este rubro. Tal vez se afianza la responsabilidad de los legisladores en la conducción del sistema, particularmente frente a la inestabilidad y abulia de las autoridades de Conacyt.

El artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología, vigente a partir de septiembre del 2004, solamente indicaba que el monto anual destinado al sector “deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley”.

En realidad, el artículo 9 bis se incorporó para que estuviera en concordancia con lo que desde el 2002 señalaba la ley general de educación. La norma educativa, en su artículo 25, establece que el gasto en educación pública no debe ser menor al 8 por ciento del PIB y de ese monto se debe destinar, al menos, el 1 por ciento para ciencia y tecnología.

No obstante, a pesar de lo que dice la ley desde hace más de un quinquenio, hasta hoy permanecen incumplidos los niveles de gasto educativo y científico; tampoco se han exigido. Además, como lo hemos reiterado en este mismo espacio, existe una diferencia fundamental en ambas leyes sobre el gasto para ciencia y tecnología: una se refiere al gasto público y otra al gasto nacional (público y privado). No es una diferencia trivial, son varios miles de millones de pesos los involucrados.

En estos términos, resultó sorprendente que a pesar de la discordancia persistente en ambas leyes, ahora los diputados añadieron un párrafo al artículo 9 bis y lo hicieron velozmente. El párrafo dice que los diputados realizarán las “previsiones presupuestales correspondientes para que el monto anual que el estado-federación, entidades federativas, destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, no sea inferior a uno por ciento del producto interno bruto del país, de conformidad con lo establecido en la presente ley, sujeto a la disponibilidad de cada ejercicio fiscal”.

La iniciativa de reforma fue presentada en septiembre del año pasado por el diputado Pedro Jiménez León de la fracción de Convergencia en la cámara, el dictamen se realizó en febrero de este año y presentado al pleno el pasado 8 de marzo. Un proceso legislativo de alrededor de medio año; todo un logro para los ritmos de la cámara.

En el pleno, la adición al artículo 9 bis quedó aprobada por 356 votos a favor, uno en contra (PRI) y tres abstenciones (una del PAN y dos del PT). De hecho, en tribuna, solamente argumentaron en contra dos diputados del PT, Juan enrique Ibarra Pedroza y Jaime Cárdenas Gracia, quienes indicaron que se estaba aprobando una norma que quedará “en letra muerta” porque en los hechos no se aplicará. O bien, que la iniciativa no especificaba cuál sería la participación relativa de la federación y de las entidades federativas al incrementar el gasto, tampoco si se canalizarían recursos del ramo 33 ni cómo se fiscalizaría su aplicación.

La reforma todavía deberá ser ratificada o rectificada por el Senado, pero seguramente será aprobada. En primer lugar, porque el análisis y aprobación del presupuesto es facultad exclusiva de los diputados; los senadores solamente intervienen en la aprobación de la ley de ingresos. En segundo lugar, porque los diputados se estarían ordenando a sí mismos ejercer su capacidad de previsión presupuestal. Los senadores no tendrían anda que objetar.

La adición al artículo 9 bis no es menor. La estimación del gasto público para ciencia y tecnología del 2008 (las últimas cifras oficialmente disponibles) era de un total de 47 mil millones de pesos (incluyendo gasto de las IES), lo que representa 0.53 del PIB. Es decir, a precios del 2008, casi habría que duplicar la cifra para alcanzar el 1 por ciento del PIB.

Por el contrario, si se considera el gasto nacional (público y privado), la estimación para el 2008 era de 89 mil millones de pesos (el gasto privado tiene una participación relativa del 47 por ciento), lo que representaba 0.84 por ciento del PIB. Esto es, si se añadieran unos 17 mil millones de pesos, prácticamente se alcanzaría la meta el 1 por ciento.

Las diferencias, como se puede apreciar son notables, pero en todo caso los diputados tendrán la última palabra el próximo 15 de noviembre, al aprobar el gasto para el 2012. Claro, el párrafo aprobado permite la salvedad de un incremento “sujeto a la disponibilidad de cada ejercicio fiscal tienen”. ¿Qué harán los legisladores? Ya veremos.

Posdata.
Los rumores sobre el cambio de titular en Conacyt fueron una constante, en septiembre de 2010 parecía inminente, pero se confirmaron en este mes. Tarde, muy tarde el reemplazo.
(Publicado en Campus Milenio. No. 407. Marzo 17, 2011)

jueves, 10 de marzo de 2011

AGENDA LEGISLATIVA PARA LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Tal vez en este año, o el próximo, podría retornar el tema de los incentivos fiscales como mecanismo para alentar la inversión en ciencia y tecnología. Es uno de los puntos de la agenda formal de los legisladores en el actual periodo de sesiones. Los legisladores, frente a una conducción opaca, inestable y errática en la dirección de Conacyt, parecen adquirir mayor responsabilidad y presencia en la orientación del sector.

Es el penúltimo año de ejercicio de la actual LXI legislatura y si bien los asuntos del sector científico y tecnológico no han sido ni por asomo prioritarios en la actividad parlamentaria, como en repetidas ocasiones lo hemos mencionado aquí, lo cierto es que tienen tiempo para la formulación de iniciativas.

El programa de trabajo de la comisión de ciencia y tecnología de los diputados, al inicio de la actual legislatura, no preveía el impulso a grandes reformas, aunque sí algunas acciones específicas. Según su programa 2009-2012, se proponía como eje central de sus actividades: “promover que los esfuerzos realizados en materia de ciencia y tecnología, adquieran el rango de una política de Estado”.

Algunos de los objetivos generales planteados, incluían dar seguimiento a la aplicación de la ley de ciencia y tecnología, consolidar la federalización, promover la vinculación con el sector productivo, o bien, proponer mecanismos de financiamiento para alcanzar el 1 por ciento del PIB que dice la ley en materia de inversión en el sector.

La iniciativa más reciente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de enero, se relacionó con lo idea de políticas de Estado para la ciencia y la tecnología. Se trató de la modificación de los artículos 20 y 21 de la ley de ciencia y tecnología para precisar que el programa sectorial deberá incluir una proyección a 25 años del área, con actualizaciones cada tres años, así como la definición de áreas prioritarias de conocimiento.

Otras modificaciones se impulsaron en los años anteriores, particularmente sobre el tema de la innovación y la búsqueda del vínculo con el sector productivo. Sin embargo, poco o nada se había intentado respecto a los mecanismos de financiamiento para lograr el 1 por ciento del PIB para ciencia y tecnología que dice la ley desde 2004.

Lo sobresaliente es que, al parecer, la vía que se tomará para cumplir con el nivel de inversión será el de los incentivos fiscales. El pasado 1 de marzo, los presidentes de las comisiones de ciencia y tecnología de las dos cámaras, en reunión de trabajo con el todavía director de Conacyt, presentaron la agenda legislativa para este año del sector.

El primer punto de la agenda incluye reformas a los artículos 3 y 25 de la constitución, y a otras cuatro leyes (Boletín Conacyt). Aunque, en realidad, no se indica el sentido de la modificación constitucional que pretenden impulsar.

La intención de la agenda que sí parece estar clara es el restablecimiento del artículo 219 de la ley de impuesto sobre la renta (ISR). Este artículo fue añadido en 2002 para permitir el otorgamiento de estímulos fiscales a los contribuyentes que realizaran gastos en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Sin embargo, como seguramente lo debe recordar, estimado lector, los principales beneficiarios de los incentivos fiscales, de forma sistemática, fueron grandes corporativos y empresas transnacionales, no las pequeñas o medianas empresas, lo que generó variadas protestas.

En diciembre de 2009 el artículo 219 de la ley ISR fue derogado. Las autoridades de Conacyt aceptaron las distorsiones del programa de incentivos y lo sustituyeron por tres programas de apoyo directo. No obstante, como se anuncia en la actual agenda legislativa del sector, tal parece que se intentará restablecer el artículo y poner en marcha nuevamente el programa de estímulos fiscales.

El diputado Reyes Tamez Guerra, presidente de la comisión de ciencia y tecnología de la cámara baja, indicó que si el programa se pone en marcha, se facilitará al gobierno federal la meta de alcanzar el 1 por ciento del PIB en inversión para el sector. Lo sorprendente es que cuando estaba en operación el incentivo fiscal y se contabilizaba en las estadísticas, al parecer tendía a sobrestimar el gasto privado y el nivel de inversión general.

La agenda incluye otras iniciativas importantes, como la creación de una ley orgánica para el Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación o modificaciones a los artículos 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 56 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para permitir al personal de los centros públicos de investigación participar de las regalías que generan sus desarrollos.

Nada garantiza que la agenda se lleve a efecto, pero a la vista de los constantes rumores e inestabilidad en la dirección de Conacyt, tal parece que los legisladores serán quienes asuman la mayor responsabilidad en los trazos del sector.
(Publicado en Campus Milenio No. 406. Marzo 10, 2011)

viernes, 4 de marzo de 2011

QUERÉTARO

En términos territoriales, con sus poco más de 11 mil km cuadrados en la zona centro del país, Querétaro ocupa el lugar 27 a nivel nacional. No está densamente poblada, concentra menos del 2 por ciento de la población, lo que la ubica en la posición 23. Pero sus números en el terreno de las actividades científicas y tecnológicas la colocan en el primer tercio de entidades y parecen ir en ascenso.

Querétaro fue el segundo estado –el primero fue Puebla-- en crear un organismo responsable del sector científico: el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro (CONCyTEQ). El organismo quedó instaurado en diciembre de 1986, casi en la última parte del sexenio de Miguel de la Madrid y al inicio de la gestión de Mariano Palacios Alcocer, entonces gobernador del estado. La cresta de la crisis económica de la década no estaba en lo más alto, aunque todavía era palpable; también la idea de la planeación global.

En el decreto de creación del CONCyTEQ, casi de forma idéntica a lo indicado para Conacyt 15 años antes, se le encomendó la tarea de fomentar y coordinar las actividades científicas y tecnológicas en el estado, lo mismo que ser órgano asesor del ejecutivo estatal y de consulta obligatoria sectorial para todas las dependencias estatales (artículo 2).

Obviamente, al igual que para el caso de Conacyt y siguiendo el principio de jerarquía para las decisiones, el máximo órgano del CONCyTEQ se integró por una junta directiva presidida por el ejecutivo estatal y como vicepresidente el secretario de cultura y bienestar social (después cambió al secretario de educación). También se integraron los titulares de otras cuatro secretarías y los rectores de las principales instituciones de educación superior del estado.

Al inicio de los años noventa, sus números en el ámbito de la ciencia y la tecnología todavía eran relativamente modestos, aunque superiores a varias entidades. Por ejemplo, tenía una docena de centros de investigación –cuando algunos estados no contaban con ninguno-- y medio centenar de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, una buena parte de ellos concentrados en la Universidad Autónoma de Querétaro.

El asunto es que el estado, a pesar de la antigüedad de su consejo, no contaba con un programa sectorial para el impulso de las actividades científicas y tecnológicas. En general, las directrices y líneas de apoyo solamente eran incorporadas en el Plan Estatal de Desarrollo. Apenas en enero del año pasado emitió su Ley para el Fomento de la Investigación Científica, Tecnológica e Innovación del Estado de Querétaro.

El cuerpo de la ley estatal también siguió la estructura, principios y orientación de la legislación federal en la materia. Así que también incluyó como responsabilidad del CONCyTEQ la elaboración, por primera vez, del programa sectorial correspondiente (artículo 7), el cual fue presentado al final del año pasado en el estado y sólo recientemente se conoció a nivel nacional.

El programa 2010-2015 incluye seis objetivos estratégicos relativamente modestos. Por ejemplo, el segundo objetivo se plantea: “Promover la formación de capital humano de alto nivel, a través de programas de posgrado de excelencia, nacionales e internacionales”, pero los indicadores que darán cuenta de tal objetivo son a) estudiantes por año que serán apoyados bajo el programa de nuevos talentos, y b) estancias de profesores y estudiantes en la industria y en centros de investigación. Las metas anualizadas de este objetivo para el primer indicador son un centenar de estudiantes en el programa de talentos; para el segundo indicador entre 14 y 16 estudiantes en estancias de investigación.

Sin embargo, la entidad federativa ya cuenta con una base importante de recursos humanos y también de centros de investigación. Actualmente suman más de 300 becas vigentes otorgadas por Conacyt, no es el mayor volumen, pero si está entre las 14 entidades con los mayores beneficiarios. Tiene 22 programas de posgrados reconocidos en el padrón de Conacyt (13 de ellos consolidados) y siete instituciones de educación superior que ofrecen programas de doctorado. El total de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores son 422 y se distribuyen entre los más de 40 centros de investigación. También figura en las entidades con una productividad importante y solicitud de patentes.

Un elemento que conviene advertir es que Querétaro, por su ubicación, oportunidades e infraestructura, logró atraer a empresas transnacionales e industrias importantes, aunque carecía de un programa sectorial específico. Actualmente tiene una veintena de parques industriales y una concentración importante de empresas de alta tecnología, así como de alimentos, aeronáutica y electrónica. De hecho, empresas como Mabe, Kellog’s, General Electric y otra decena más, tienen sus propios centros de investigación.

Entonces ¿qué tan importante será el programa sectorial en la entidad? A eso volveremos en entrega próxima.
(Publicado en Campus Milenio. No. 405. Marzo 3, 2011)

jueves, 24 de febrero de 2011

LA FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

La Auditoria Superior de la Federación (ASF), como parte del examen de la cuenta pública 2009, fiscalizó algunas de las actividades del sector científico y tecnológico. A este respecto, dio a conocer cinco dictámenes: tres de ellos fueron negativos, otro fue emitido con “salvedad” y solamente uno fue clasificado como “limpio”. En conjunto reflejan, con su matiz administrativo, el desempeño del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La ASF es un órgano técnico de los diputados, aunque tiene autonomía técnica y de gestión. El objetivo principal de la Auditoria es fiscalizar la utilización de los recursos públicos por parte del gobierno federal, pero también de los mismos legisladores, del poder judicial y de cualquier entidad o particular que ejerza recursos públicos.

Básicamente, el análisis que realiza la ASF se concentra en constatar el cumplimiento o no de los objetivos de las políticas y programas gubernamentales, así como el desempeño de las entidades encargadas de llevarlas a efecto y, muy especialmente, el manejo de los recursos públicos.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, como se denomina su reporte, debe ser entregado, por normatividad, a más tardar el 20 de febrero de cada ejercicio. Sin embargo, por la complejidad de la fiscalización, la programación de las auditorias sobre gastos ya efectuados y el volumen de datos, los informes generalmente aparecen con cierto retraso. El informe que se presentó la semana pasada se refiere a la cuenta pública del 2009.

La información reportada es relevante, se trata del primer ejercicio que realiza plenamente el actual auditor, Juan Manuel Portal, pues apenas asumió el cargo hace poco más de un año. Más importante, incluyó el sector científico y tecnológico y, por primera vez, la información se presenta de forma individualizada, por sector y programa auditado, lo que facilita su consulta.

En lo que se refiere a los dictámenes negativos del sector, el más extenso y detallado es el que se refiere al Sistema Nacional de Investigadores (SIN). La ASF sostiene que en 2009 el Conacyt no cumplió con los objetivos básicos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Los factores que destaca la ASF es que las reglas de operación del SNI en el 2009, incluyen elementos adicionales a los establecidos en su decreto de creación y a su reglamento, pero que tales reglas no especifican su operacionalización y por tanto los indicadores para valorar el cumplimiento de sus fines. Tal vez se trata de un argumento burocrático, pero finalmente expresa las variaciones e inconsistencias de planeación del programa.

En lo que corresponde a la eficiencia del programa, destaca que del total de investigadores de nuevo ingreso entre 1984 y 2008, solamente el 16.9 por ciento (2 mil 631) siguieron una trayectoria esperada de ascenso y consolidación. Por tanto, dice la ASF, de cada 6 investigadores vigentes en el 2009, solamente uno ascendió por las categorías y niveles del SNI. Esto es, el programa no ha contribuido mayormente a la consolidación de investigadores. Un rasgo que se ha reiterado en diferentes análisis.

Sobre la eficacia, entre otros aspectos, el examen determinó que la productividad de los investigadores se concentró en un 99.1 por ciento en la publicación de artículos, libros y capítulos de libros, y el 0.9 por ciento restante en patentes. O bien, que la mayoría de los investigadores se concentran en entidades federativas con los índices más bajos de pobreza. Ambos casos nada sorprendentes, dado el origen del SNI, la estructura de incentivos y el desigual desarrollo en el país.

Otro dictamen negativo fue sobre la operación del programa "Innovación Tecnológica para la Competitividad de las Empresas". En este caso, se refiere a recursos por 130 millones de pesos del Fondo Institucional (Foins) que permanecieron sin utilizarse, al igual que montos transferidos al año siguiente, así como una ausencia de metas de cumplimiento de los programas auditados.

El tercer dictamen negativo concierne a la operación del Programa de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación. También se trata de apoyos financieros por alrededor del 35 por ciento del total del programa que no se comprometieron en proyectos de investigación. O bien, montos que se retiraron sin justificación o apoyos para investigaciones que ya contaban con soporte de otros fondos de Conacyt.

En lo que corresponde al dictamen con salvedad, se refiere al cumplimiento normativo sobre el fondo sectorial de investigación para la educación. Esto es, está dentro de la norma pero no completamente, las excepciones son una inconsistencia en su saldo real, y cierta falta de transparencia en el proceso de evaluación, dado que “19 proyectos, por 29,737.5 miles de pesos, fueron revisados por 105 evaluadores de los cuales 48 pertenecen a la institución que propuso los proyectos”.

El único programa que recibió un dictamen “limpio”, fue el de los recursos destinados a compensar el impacto del IETU sobre la aplicación de los estímulos fiscales a la investigación y desarrollo tecnológico.

Uno de cinco. Sí, como la gestión de Conacyt.
(Publicado en Campus Milenio. No. 404. Febrero 24, 2011)

viernes, 18 de febrero de 2011

NAYARIT Y LA DESCENTRALIZACIÓN

A propósito de la ceremonia del “Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Edición Bicentenario”, en Tepic, Nayarit, entregado a investigadores del estado el pasado 10 de febrero, el gobernador de la entidad destacó algunos de sus logros en el sector. Sin embargo, aunque se han registrado avances, al igual que en la mayoría de entidades, los resultados van a la zaga de la proyección y anuncios que se realizan.


Nayarit, lo hemos dicho en este mismo espacio (Campus Milenio No. 369), no es una entidad con los mejores indicadores de actividades científicas y tecnológicas. Por el contrario, en lo que se refiere a formación de recursos humanos, es una de las tres entidades de la República que solamente tiene una insitución de educación superior con programa de doctorado, aunque suman más de una veintena las instituciones de este nivel; en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad únicamente tiene registrados tres programas y al parecer sumó una más en el último año. Una veintena de becas para estudios de posgrado también es ilustrativa del volumen de formación; solamente supera a Campeche y Quintana Roo.

La entidad también carece de investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en tres áreas de conocimiento: fisíco-matemáticas, en ingenierías y en humanidades y ciencias de la conducta. De hecho, al menos en el 2009 (la última cifra oficial disponible), con sus entonces 17 investigadores en el SNI, ocupaba el último lugar a nivel nacional; Guerrero, la entidad que le seguía, duplicaba el número de investigadores. Aunque, al parecer, actualmente Nayarit ya tiene alrededor de medio centenar de investigadores.

En buena medida por el tamaño de sus indicadores tampoco era una sorpresa que ocupara los últimos lugares en productividad científica. Nayarit, junto con Guerrero, con menos de 90 artículos en un quinquenio, fueron las entidades con la menor aportación de artículos científicos en el país.

En estos términos, las iniciativas para fomentar las actividades científicas y tecnológicas en Nayarit, resultaban importantes y necesarias. En noviembre del 2001, con la promulgación de la ley correspondiente, se dieron los primeros pasos. Después vino la instalación de su Consejo Estatal de Ciencia y la Tecnología y apenas hace cinco años, su primer programa sectorial.

El programa estatal de ciencia y tecnología 2005-2011 se planteó líneas de acción básicas. Por ejemplo, “aumentar al 1 por ciento del PIB, por lo menos, el Gasto Estatal en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE)” (p. 33). O bien, “impulsar la creación y fortalecimiento de posgrados locales a fin de lograr su incorporación en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad” (p. 34).

También se planteó cinco proyectos estratégicos, como la edificación de un centro de investigación y tecnología en alimentos, un centro interactivo de ciencia y tecnología, un sistema de información sectorial o un centro de innovación y desarrollo tecnológico en turismo para la salud.

Quizás en el desdoblamiento de las intenciones a las acciones, el proyecto de centro interactivo mudó a la idea de un Museo de Ciencias e Innovación, lo mismo que la edificación de centros de investigación a la de una “sociedad del conocimiento”. Al menos, el impulso a estas dos iniciativas que no estaban consideradas como tales en el programa sectorial, han captado la energía y los recursos financieros de la entidad en el último trienio.

En la reciente entrega de los premios, el director de Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, presente en la ceremonia, destacó que: “en los años previos se han invertido 15 millones de pesos en este aspecto (sociedad del conocimiento); en la etapa más reciente, la inversión será de 604 millones de pesos; es un incremento de 3 mil 876 por ciento, y no hay nadie en el país que tenga estos números”.

Además, según el mismo reporte de Conacyt, en la ciudad del conocimiento, a la construcción del museo y los dos centros de investigación de la Universidad Autónoma de Nayarit, se sumaran subsedes de tres centros de investigación (CIAD, CIBNOR y CICESE).

A su vez, el gobernador de Nayarit, Ney González, afirmó que: “La gran mayoría de la gente de Nayarit tardará en darse cuenta de lo que es la Ciudad del Conocimiento; mi verdadero orgullo es la Ciudad del Conocimiento. En 20 años posiblemente habrá alguien que cambie la historia de este planeta para bien, quizá antes o después, esa es mi apuesta, apostarle a algo que los nayaritas queremos y podemos, poner nuestra huella en la investigación científica y el desarrollo tecnológico”.

Efectivamente, hasta ahora solamente son proyectos en marcha (la construcción del museo inició en mayo del año pasado y los centros de investigación solamente son un anuncio), ni siquiera se mencionaron en el informe de gobierno de diciembre pasado. También es el último año de ejercicio estatal. Sí, los indicadores han cambiado, pero muy lenta y gradualmente; habrá que ver si cambian las tendencias.

(Publicado en Campus Milenio No. 403. Febrero 17, 2011)

viernes, 11 de febrero de 2011

LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA Y LAS NORMAS

Quizás, estimado lector, recordará que el pasado mes de diciembre, en este espacio, le comentaba que fueron modificados los artículos 20 y 21 de la ley de ciencia y tecnología (Campus Milenio No. 397). Así es. Los diputados reformaron la ley para establecer que el programa sectorial deberá incluir, explícitamente, una proyección a 25 años del área. Es la idea de poner en práctica las políticas de largo plazo. Finalmente, el decreto de ley apareció publicado este 28 de enero en el Diario Oficial de la Federación.

La iniciativa de reforma era relativamente sencilla, solamente incluía tres modificaciones básicas. Una, precisar que será facultad del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico establecer las políticas nacionales en el programa sectorial, así como aprobarlo y actualizarlo (artículo 6 de la ley de ciencia y tecnología). Vale la pena recordar que el Consejo General es el máximo órgano de política y coordinación, encabezado por el presidente de la República y secretarios de Estado, entre otros integrantes.

La segunda modificación, añadirle un párrafo a las características definitorias que deberá presentar el programa sectorial: “El Programa incluirá una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años en los términos de esta Ley y de las disposiciones que deriven de la misma. El Programa será actualizado cada tres años” (artículo 20).

Por último, la tercera modificación, estableció que entre los contenidos que deberá incluir el programa sectorial están: “Las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica, así como los proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación por sectores y regiones” (fracción III Bis artículo 21).

En conjunto, las tres modificaciones, como también ya lo habíamos hecho notar, buscan elevar a rango de ley la idea de políticas de largo plazo para la actividad científica y tecnológica. Una práctica que comenzó a ponerse en operación al inicio de la década pasada, específicamente en el programa sectorial de la administración de Vicente Fox.

El caso es que la más reciente modificación a la normatividad científica y tecnológica era una iniciativa relativamente sencilla, en la que no parecía haber mayor desacuerdo. De hecho, en la sesión de la cámara de diputados en la que se aprobó, en diciembre pasado, no hubo oradores a favor ni en contra, simplemente se presentó el dictamen, 302 diputados votaron a favor y quedó aprobada (02/12/2010).

Sin embargo, a pesar de que se trataba de una reforma sencilla, el recorrido completo del trabajo legislativo llevó prácticamente dos años. Desde que fue presentada en febrero del 2009 en el Senado, como cámara de origen, hasta que fue aprobada en diciembre pasado.

En esta ocasión, la publicación del decreto fue relativamente rápida, casi un par de meses, aunque, en realidad, la rapidez o demora son responsabilidad del ejecutivo federal, no de los diputados. La importancia del decreto es que indica la entrada en vigor del ordenamiento legal, así que mientras no se publique una reforma será como si no existiera.

Por ejemplo, la adición del artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología en el 2004 demoró casi medio año para que se publicara. Esta reforma fue la que mandató destinar uno por ciento respecto al PIB para el sector. Lo notable del caso es que el anuncio de su entrada en vigor tampoco asegura nada, porque el decreto del 2004 apareció en el Diario Oficial y de todas formas ni antes ni ahora se ha cumplido.

Entonces, si las reformas que no ameritan mayor debate ni desencuentros entre las fracciones parlamentarias tienen un dilatado proceso legislativo para su aprobación y luego, una vez entradas en vigor, nada asegura que se cumplan, todo resulta más bien frustrante y poco promisorio.

Ni hablar de las grandes reformas, del interés de los legisladores por el desarrollo del país o de su capacidad de anticipación. Seguramente, existen legisladores responsables, eficientes y preocupados por desempeñar bien su trabajo, pero la imagen del conjunto es francamente deplorable. Desde hace años, en el Congreso se busca instaurar medidas internas para controlar lo elemental de su actividad: su asistencia, su permanencia en la sesión y la emisión de su voto. Pero no, ni siquiera eso. No se diga documentarse, debatir, subir a tribuna y cumplir satisfactoriamente con sus responsabilidades.

Es la misma historia cada fin de periodo o de legislatura: inasistencias injustificadas, dispendio de recursos financieros, rezago de dictámenes, acumulación de iniciativas, o informes fallidos, episodios pendencieros. Y también el cuento de inicio de periodo: reuniones en lugares paradisíacos para formular una improbable agenda legislativa, impulso a las mejores iniciativas, acuerdos por “el México que queremos”, etcétera. Ajá. Lo grave es que los encargados de elaborar la norma son los primeros en quebrantarla.

No es gratuito que, año tras año, los diputados y los partidos políticos ocupen el lugar más bajo en lo que a confianza de los ciudadanos se refiere. Un merecido e inmejorable lugar.
(Publicado en Campus Milenio No. 402. Febrero 10, 2011)