RECURSOS HUMANOS: CAPACIDAD Y ORIENTACIÓN

Si en 1990 se encontraban en las instituciones de educación superior poco más de un millón de alumnos, en la actualidad suman casi tres millones de jóvenes. Un crecimiento notable de las últimas dos décadas. Sin embargo, el esfuerzo no solamente ha sido insuficiente, puesto que hoy solamente tres cada diez jóvenes del grupo de edad logran un lugar en las aulas universitarias, al parecer la orientación y formación ofrecida también ha sido limitada.

Desde mediados de los años noventa, una buena parte de las energías del Estado mexicano para ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes, se ha concentrado en la creación de opciones tecnológicas. Los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, politécnicas e interculturales han crecido exponencialmente, aunque la matrícula no ha seguido la misma tendencia.

La idea general tras el impulso a la oferta de estudios tecnológicos era que al país le sobraban profesionistas liberales y le faltaban técnicos e ingenieros que ocuparan puestos de trabajo y se encargaran del progreso del país. Efectivamente, a mediados de los años noventa, a nivel licenciatura, de la diez carreras más pobladas, cuatro concentraban casi dos terceras partes de la matrícula: contaduría, derecho, administración y medicina (en orden descendente). Después estaba ingeniería industrial y en décimo lugar ingeniería civil; en el resto de carreras, las ciencias naturales y exactas tenían un volumen muy modesto.

Al concluir la administración anterior, la concentración de la matrícula persistía más o menos en las mismas cuatro profesiones, aunque derecho había saltado al primer lugar y en lugar de medicina apareció psicología. En el conjunto de las diez carreras más pobladas, ingeniería industrial conservó su quinto lugar, pero se agregaron ingeniería en sistemas computacionales, informática, educación y ciencias de la comunicación.

En 1990 la matrícula de licenciatura sumaba 1 millón 295 alumnos y de ese total, el 62 por ciento cursaba estudios universitarios y el 38 por ciento restante educación tecnológica. La estimación para el ciclo escolar más reciente indica que la matrícula es de 2 millones 795 alumnos y los porcentajes de educación universitaria y tecnológica se conservan casi de la misma forma (63 y 37 por ciento, respectivamente). Es decir, en general se incrementó la matrícula, pero la participación relativa por sector no se modificó.

Hace algunas semanas, en este espacio y a propósito de la primera generación de ingenieros egresados de las universidades tecnológicas, comentamos sobre la matrícula de estas instituciones (CampusMilenio No. 427). En particular, aludimos al equívoco del secretario de Educación Pública e incluso del mismo ejecutivo federal de confundirse con los datos para destacar el mayor volumen de técnicos superiores y de ingenieros.

En el reciente Quinto Informe de Gobierno, ya con cifras precisas, se destaca que en el último año se crearon una veintena de instituciones: 8 institutos tecnológicos; 6 universidades tecnológicas; cinco universidades politécnicas y dos universidades interculturales (p. 464). Además, puntualiza que a lo largo de esta administración se han creado 96 nuevas instituciones de educación superior y otros 50 campus de universidades ya existentes.

Sobre la matrícula de las universidades tecnológicas, el mismo Informe anota que son 131 mil 182 alumnos inscritos en estas instituciones. De ese total, poco más de 100 mil cursan carreras de técnico superior universitario y los otros 31 mil han optado por cursar estudios de licenciatura o ingeniería (cerca de 15 mil). Esto es, si se compara con los alrededor de 500 estudiantes que tenían estas instituciones cuando iniciaron funciones, es claro su incremento, aunque también su modesta proporción frente a la matrícula total y a la de ingeniería en particular.

Además, recientemente, la fundación IDEA dio a conocer un estudio encargado por la Secretaría de Economía para explorar las necesidades de capital humano (Estudio de la oferta de recursos humanos críticos para el desarrollo de sectores prioritarios para la economía de México: Hallazgos Generales).

En el reporte se pone en tela de juicio si existe o no a la cantidad suficiente de técnicos e ingenieros en México, puesto que señala el número de egresados de ingenierías como porcentaje de la población es comparable al de países más avanzados. No obstante, anota que una “gran parte trabaja en ocupaciones donde su nivel de preparación parece tener poca relevancia y su remuneración es menor de lo que podrían recibir en ocupaciones o puestos más relacionados con su educación”. Lo cual, señala el documento, podría “sugerir la presencia de un número excesivo de egresados de carreras de ingeniería en el país con respecto a las necesidades de la economía, y/o una falta de técnicos adecuadamente capacitados”.

Entonces, parece que después de dos décadas nuestro sistema creció mucho en términos absolutos, pero poco para los jóvenes demandantes y mal para las necesidades de la economía.

(Publicado en Campus Milenio No. 432. Septiembre 22, 2011)

¿SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA?

Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ingresaron la semana pasada una iniciativa de ley para crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Todavía está lejana una eventual aprobación de la propuesta de reforma, incluso lo más probable es que quede como un pendiente más de la actual legislatura. Pero, a diferencia de intentos anteriores, ahora quienes impulsan la medida son los propios legisladores.

El pasado 8 de septiembre, los senadores Francisco Javier Castellón y Carlos Navarrete, presentaron un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). El senador Castellón es presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara y ha sido promotor de algunos temas sectoriales, como las reuniones en ciertas entidades federativas, algunas de las reformas a la ley de ciencia, las telecomunicaciones y el de la agencia espacial en México. Por su parte, el senador Navarrete es el coordinador del grupo parlamentario del PRD e integrante de la junta de coordinación política del órgano legislativo.

La LOAPF, como se sabe, regula las bases de organización de la administración pública y en su artículo 26 menciona el número de secretarías de Estado que integran la estructura centralizada. Actualmente son 19 dependencias (18 secretarías y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal). Uno de los cambios que proponen los senadores perredistas es añadir un párrafo más al mismo artículo para agregar otra secretaría: la “Secretaría de Ciencia y Tecnología”.

Otro cambio es añadir el artículo 38 Bis a la misma ley, el cual describiría las funciones de la nueva estructura encargada del sector científico y tecnológico. El conjunto de funciones es coincidente con las responsabilidades de cualquier secretaría en su respectivo sector y también con lo que ya realiza Conacyt.

La serie de funciones incluyen: la formulación y conducción de las políticas nacionales en el sector; apoyar la investigación científica básica y aplicada, así como la formación y consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento; “Formular, actualizar y coordinar la ejecución del Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación”; responsabilidad sobre los criterios de asignación del gasto público para ciencia y tecnología; o aprobar la creación o extinción de los Centros Públicos de Investigación, entre otros.

En la exposición de motivos para justificar su iniciativa, los legisladores Castellón y Navarrete destacan que Conacyt carece de la personalidad jurídico-institucional para coordinar el sector. Esto es, indican que la desectorización de Conacyt “no ha funcionado plenamente” porque el organismo no es un sector administrativo en sí mismo; tampoco ha funcionado su Consejo General –el máximo órgano de gobierno— y que la existencia de un ramo de gasto independiente (el ramo 38), ha sido una medida positiva pero insuficiente.

La idea de crear una secretaría para ciencia y tecnología no es nueva. En tiempos relativamente recientes la planteó la Academia Mexicana de Ciencias, en igual sentido se pronunció en 2006 el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, precisamente en su serie de propuestas para la elaboración del plan sectorial de esta administración. (Aunque el Foro sugirió crear una Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, esto es, conjuntar dos sectores en una estructura).

En el 2008, la OCDE, en su revisión de la política de innovación en México, propuso mejorar las estructuras de gobernanza del sector. En particular, en la publicación definitiva de su examen, como parte de sus recomendaciones indicó que la creación de una secretaría de ciencia y tecnología era una práctica común en los países de esa organización y que Conacyt aspiraba legítimamente a cumplir tal función, pero que no había tenido los medios ni tampoco la posición institucional para lograrlo.

No obstante, la misma OCDE puntualizó: La creación de una nueva secretaría parece poco realista en la actualidad […] aunque permanece como opción válida para el futuro. En el corto plazo, la opción más factible es un consejo inter-secretarial, encabezado por el presidente (de la República) y con participación de secretarios con injerencia en la gestión y presupuesto de ciencia y tecnología. (OCDE, 2009: 24). Sin embargo, la propuesta tampoco funcionó.

Tal vez en el horizonte de elecciones federales para el año próximo, la discusión sobre el diseño institucional y organizacional de la administración pública vuelva formar parte de la agenda nacional y en ese contexto tome vigencia el de una nueva estructura para el sector científico y tecnológico.

Por lo pronto, la propuesta de los senadores perredistas fue remitida a comisiones y seguramente no saldrá de ahí en lo que resta de esta legislatura. No obstante, a la par de una preocupación por el diseño institucional, quizás debiéramos acordar el punto de llegada de nuestro sistema científico y tecnológico en el mediano plazo y las coordenadas en las que se movilizará. Es una discusión necesaria y previa a las estructuras que lo conducirán, pero que parece extraviarse en los laberintos organizacionales.

(Publicado en Campus Milenio. No. 431. Septiembre 15, 2011)

RESPALDO A LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Las cuentas del Quinto Informe de Gobierno en materia científica y tecnológica no son buenas, sostuvimos aquí la semana anterior. Sin embargo, también indicamos que la excepción podría estar en dos líneas, una de ellas es el respaldo a la formación de recursos humanos. Veamos con mayor detalle las cifras.

En el Informe, en el apartado sobre “economía competitiva y generadora de empleo”, se destaca el persistente apoyo a los estudiantes mexicanos a través del programa de becas para estudios de posgrado. Efectivamente, lo hemos reconocido en este espacio en numerosas ocasiones, el programa de becas de Conacyt es una de las iniciativas más benevolentes y de mayor continuidad en el conjunto de políticas de las últimas cuatro décadas.

A pesar de que el programa de becas ha tenido sus vaivenes según los ritmos de las recurrentes crisis –el más reciente en el 2009 cuando se intentó diferenciar el monto de beca según la clasificación del programa cursado--, lo mismo que equívocos que no siempre han sido corregidos con la debida celeridad y una base de datos desordenada que apenas en la última década comenzó a tener certeza de sus números. Pero también ha permitido la formación de numerosas generaciones de recursos humanos de alto nivel. Hoy la mayoría de los graduados se desempeñan en las instituciones de educación superior.

De acuerdo a las cifras del reciente Informe, para el cierre del mes de diciembre de este año espera otorgar 54 mil 566 becas para estudios de posgrado; casi una cuarta parte del total de la matrícula nacional de este nivel. La matrícula para este nivel en el ciclo escolar 2010-2011 sumaba 208 mil alumnos, de los cuales 144 mil eran de maestría, 23 mil de doctorado y el resto de especializaciones.

Uno de los aspectos más sobresalientes de la matrícula nacional de posgrado es el notable avance en las últimas dos décadas de los alumnos en instituciones particulares, más que en cualquier otro nivel. Al inicio de los años noventa, la participación relativa de la matrícula particular era de 20 por ciento, en el reciente ciclo escolar que concluyó la participación ya era de 51 por ciento.

Esto es, la matrícula del posgrado de instituciones particulares pasó de 9 mil en 1990 a 105 mil en este año. Tomemos como referencia que para el mismo periodo, a nivel licenciatura, la matrícula particular pasó de 198 mil a 804 mil alumnos. En el primer caso la matrícula se multiplicó por 12, mientras que en el segundo se cuadruplicó.

El requisito de elevar el nivel de calificación escolar del personal que se desempeña en las instituciones de educación superior, también impulsó la demanda de estudios de posgrado y una parte ha sido captada por las instituciones particulares. Por la misma razón se expandió la oferta de programas de posgrado.

Las cifras del Informe señalan que actualmente existen 7 mil 720 programas de posgrado registrados –y seguramente habrá otros más que no lo están--. Del total de programas registrados, 1 mil 305 programas pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Es decir, solamente alrededor del 17 por ciento del total programas están dentro del Padrón. Desafortunadamente, las cifras del Informe no precisan el volumen de matrícula, según condición de pertenencia del programa al PNPC.

Otro de los datos que reporta el Quinto Informe de Gobierno es que Conacyt estima sostener 39 mil 342 becas en este año. De ese total, 36 mil 422 son becas nacionales y el resto para estudios en el extranjero. Esto es, solamente una de cada diez becas son para estudiar fuera de México. Hace una década eran dos de cada diez.

La disminución de becas al extranjero tuvo un primer punto de inflexión en el 2001, año en el que comenzaron a disminuir los apoyos paulatinamente hasta el 2006 (la baja fue de poco más de 500 becas). En el 2007 tuvo un ligero repunte, pero al año siguiente otra vez volvieron a disminuir. Actualmente la estimación es de poco menos de 3000 becas, cifra que todavía no alcanza las que había en el 2001.

El volumen de becas para estudiar en el extranjero es importante, pero relativamente modesto si se toma como punto de referencia el total de becas otorgadas. Sin embargo, quizás lo más importante es si la orientación en uno u otro sentido responde a una decisión deliberada por la confianza en los programas nacionales, como en algún momento se ha dicho. O bien, es una medida obligada por el constreñimiento de los recursos financieros. Las evidencias indican que más bien se trata de lo segundo.

Hace un par de semanas, a propósito de la internacionalización educativa, comentamos en este espacio la medida anunciada por el gobierno brasileño de otorgar 75 mil nuevas becas para que sus estudiantes se formen en el extranjero (Campus Milenio No. 428). Sin embargo, la mayoría de esas becas son para estancias de un año, no para cursar el grado completo.

Los datos del Informe no desagregan la información, no se sabe cuántas de las becas reportadas son nuevas becas y si es el caso que están contabilizadas como becas los apoyos para estancias cortas en el extranjero, modalidad que recientemente se ha impulsado.

El apoyo a la formación de recursos humanos es sostenido, pero como se puede apreciar tiene sus bemoles.

(Publicado en Campus Milenio No. 430. Septiembre 8, 2010)

CyT: EL PENÚLTIMO AÑO

El quinto informe de gobierno no ofrece buenas cuentas en materia de ciencia y tecnología. Lo más lamentable es que tal parece que lo que no se ha realizado, ya no se hará en lo que resta de este periodo.

La agenda nacional y la preocupación gubernamental se volcaron al complicado tema de la seguridad pública. Ahí colocó el gobierno federal su prioridad y el resto de áreas simplemente siguieron las líneas de acción que ya estaban curso o que ya se habían ensayado.

Además, el actual sexenio se ha caracterizado por la inestabilidad de los titulares en las diferentes secretarías. El sector de ciencia y tecnología no ha sido la excepción. Las direcciones adjuntas de Conacyt, la segunda línea de mando en el organismo, casi desde el comienzo del periodo han estado en un permanente movimiento. Los directivos han cambiado una y otra vez, la última ocasión en el segundo trimestre de este año; solamente dos de las ocho direcciones adjuntas han conservado el mismo titular a lo largo del actual ejercicio.

En marzo de este año, en el último tercio de esta administración, también se registró el cambio en la dirección general de Conacyt, después de múltiples especulaciones sobre la remoción del anterior titular del organismo. Además, las secretarías de Economía y de Educación Pública, sectores que tienen mayor vinculación con el sistema científico y tecnológico, también han cambiado de responsable en el periodo. La primera ha experimentado con tres secretarios y la segunda con dos. Tantos cambios no son un síntoma positivo, pese a la preservación de las estructuras organizacionales y líneas de acción.

El 9 de marzo de este año, al tomar posesión el actual director de Conacyt, Enrique Villa Rivera, destacó que daría continuidad a los programas que habían mostrado resultados positivos, lo mismo que emprendería algunas acciones para fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico, así como el fomento a la formación de capital humano de alto nivel. La idea era mejorar el nivel de bienestar de la nación e impulsar la productividad y la competitividad de la economía, como se había indicado el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio.

Sin embargo, de acuerdo al Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 (Peciti), una de las metas de esta administración era mejorar la posición de México en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial: pasar del lugar 58 en el que se encontraba en el 2006, al lugar número 30 en el 2012. Pero no, en lugar de escalar posiciones más bien ha descendido.

Si bien en el 2007-2008 México ocupó el lugar 48, de un total de 131 economías en el mundo, en el índice de competitividad, esto es, escaló diez lugares respecto del año previo. Después solamente ha ido a la baja. En el 2009-2010 descendió a la posición 60 y en el 2010-2011 al lugar 66. La semana próxima el Foro Económico Mundial dará a conocer las mediciones más recientes de su indicador y lo más probable es que México no mejore su posición competitiva.

Tampoco se cumplirá con la meta de número de solicitudes de patentes realizada por mexicanos en un año. La línea base estaba en 574 solicitudes en el 2006 y se preveía elevar el número a 796 para el año próximo. Aunque en el 2008 ya se había superado la meta, al registrar 822 solicitudes, el indicador comenzó a descender después, el año pasado registro 475 solicitudes y en lo que va de este año las cifras no son mejores.

Las cifras son peores si se remite al número de patentes concedidas a mexicanos. En tal caso, de un total de 8 mil 479 solicitudes realizadas el año pasado (nacionales y extranjeras), se concedieron 4 mil 708 y de estas últimas 124 fueron para nacionales (el 2.6 por ciento). Una proporción que casi ha permanecido intacta en los últimos diez años.

El número de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ha seguido una tendencia creciente, pasó de 12 mil 096 integrantes en el 2006 a 16 mil 600. Esto es, ha añadido casi mil nuevos integrantes anualmente durante los últimos cuatro años. No obstante, con tal tendencia probablemente tampoco alcanzará la meta de llegar a los casi 20 mil que tenía previsto para el año próximo. Es el mismo caso de la inversión en investigación y desarrollo, la cual ha permanecido alrededor del 0.45 del PIB en los últimos cuatro años y no se ve que pueda alcanzar el 1.2 por ciento respecto del PIB que se había planeado.

Quizás los mayores logros de Conacyt se localizan en dos líneas. Por un lado, en la continuidad de las iniciativas descentralizadoras, tanto en lo que se refiere a la instauración de los fondos competitivos en las entidades federativas, como en el fomento a los consejos y programas sectoriales estatales. Por otro, el respaldo en materia de recursos humanos, particularmente en la ampliación de miembros del SNI y en su benigna política de becas nacionales (las becas al extranjero han disminuido a partir del 2007).

Como se podrá advertir, casi al cierre del ejercicio, las cuentas del sector no son las mejores.

(Publicado en Campus MIlenio No. 429. Septiembre 1, 2011)

BRASIL: ¿BECAS SIN FRONTERAS?

La noticia, como la reprodujeron los medios internacionales y como en estas mismas páginas la recuperó Armando Alcántara, fue un tanto sorprendente: Brasil otorgaría 75 mil nuevas becas para que sus estudiantes se formaran en el extranjero y la inversión sería de alrededor de 2 mil millones de dólares. Una cantidad importante de recursos humanos formados fuera de las fronteras brasileñas y un volumen considerable de recursos financieros implicado, ni duda cabe. El asunto es que la idea va conforme a las presiones de internacionalización de la educación superior y parece ir a contracorriente del fortalecimiento de sus programas nacionales de posgrado.

La iniciativa se denomina “ciencia sin fronteras” y es básicamente un programa de movilidad internacional en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Según los objetivos que planteó el ministro del ramo en Brasil, Aloizio Mercadante, intentan fortalecer su sistema sectorial y su competitividad industrial a través de una expansión de la movilidad internacional (presentación oficial de julio del 2011).

El mayor número de becas será para estudiantes de licenciatura (27 mil 100) y de doctorado (24 mil 600); 69 por ciento del total de apoyos. El resto de becas, en orden de importancia serán: 9 mil 790 para doctorados de cuatro años; 8 mil 900 para postdoctorado de uno o dos años; 2 mil 660 para estancias cortas de medio año; 700 para formación especializada empresarial en el extranjero; 860 becas de tres años para jóvenes científicos de gran talento; y 390 becas para investigadores visitantes en Brasil. Es decir, el énfasis está puesto en la formación pregrado y doctoral, pero en ambos casos se trata de apoyos para estancias de un año, no el financiamiento para el programa completo.

La intención del programa es que los becarios obtengan su formación en “las mejores instituciones disponibles, prioritariamente entre las 50 mejor clasificadas en los rankings del Times Higher Education o en el QS World University Ranking”. Al parecer ya tienen seleccionadas 64 universidades en el área de la salud; otras 88 universidades en biología; y 86 más en ingeniería y tecnología. Un total de 238 universidades --en su mayoría estadounidenses-- y más de una treintena de cursos de las ciencias naturales y exactas. Las ciencias sociales y las humanidades no figuran.

La semana anterior, el ministro de ciencia y tecnología anunció que ya están listas las primeras 2 mil becas para los estudiantes de licenciatura que hayan obtenido 600 puntos en el examen nacional de enseñanza media y tengan entre el 40 y 80 por ciento de los créditos de licenciatura. También indicó que el monto de las becas será de 870 dólares para las universidades estadounidenses y de 870 euros para las europeas (cienciasemfronteiras.cnpq.br).

Sin embargo, la Red de Ciencia y Desarrollo (SciDev.Net), un proyecto de difusión de la revista Nature en cuatro diferentes idiomas, reportó que, según algunos críticos, el amplio programa de movilidad de recursos humanos que se pretende impulsar, “entra en conflicto con sus políticas adoptadas de las últimas décadas”, centradas en el impulso a los programas nacionales de maestría y doctorado y en la ampliación del acceso a los cursos de posgrado en el país. Los programas de posgrado de Brasil provienen desde los años sesenta y de los más desarrollados.

En opinión del presidente de la Sociedad Brasileña de Físicos, Celso Pinto de Mello, no es necesario un programa que propicie la fuga de cerebros, como sería el de “ciencia sin fronteras”. Sin embargo, quizás la principal inconformidad de algunos académicos es que no fueron consultados, como lo expresó el mismo Mello: el sector científico y sus asociaciones no tenían conocimiento alguno de la existencia de la medida y tampoco fue una línea que se hubiera planteado en su Cuarta Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología celebrada el año pasado (un mecanismo de contacto y acuerdo entre científicos y gobierno).

El ministro de ciencia y tecnología del Brasil no parece preocupado por un eventual agravamiento de la fuga de cerebros. De hecho, según lo reportado por la Red de Ciencia y Desarrollo, el funcionario desestimó tal posibilidad e indicó que los estudiantes regresarían y que, incluso, por la localización de las dificultades económicas mundiales era posible que los puestos académicos serían “más difíciles de encontrar en los Estados Unidos y Europa”. Es decir, los estudiantes regresarían por el atractivo del país, más que por el diseño del programa que a la mayoría de becarios solamente les financiará un año.

Sin demasiadas reticencias se ha considerado que la internacionalización de la educación superior es positiva per se. Particularmente la estructura de incentivos ha alentado la internacionalización a través de la movilidad de estudiantes y profesores; un fenómeno en ascenso y con múltiples implicaciones. No obstante, no es claro quiénes son los principales beneficiarios de la internacionalización, si alienta o no la fuga de cerebros, qué modelo universitario se propaga o cuáles consecuencias positivas se esperan y cuáles los resultados negativos asociados.

(Publicado en Campus Milenio No. 428. Agosto 25, 2011)

LOS TÉCNICOS Y LOS LICENCIADOS

En una ceremonia protocolaria que tuvo lugar la semana pasada, el presidente Felipe Calderón entregó diplomas a la primera generación de ingenieros de las Universidades Tecnológicas (UTs). Sin duda, un logro para los jóvenes egresados y sus familias, aunque las cifras aportadas por las autoridades no cuadran del todo y siguen siendo modestas.

Hace dos décadas, bajo el modelo francés de los institutos universitarios de tecnología, con la idea de impulsar estudios cortos a nivel superior y de alentar los estudios técnicos más que los propiamente universitarios, se instauraron las primeras UTs en el país (Neza, Aguascalientes y Tula-Tepeji)

Al inicio, las UTs solamente impartían programas de dos años de duración, los cuales corresponden al nivel 5B2 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de UNESCO; la formación conducía a la obtención del título de técnico superior universitario.

Las instituciones de tipo tecnológico buscaron acercarse a regiones que carecían de oferta educativa de nivel superior, a través de una veintena de carreras técnicas y con una orientación curricular de tipo práctico (un tercio del currículo era teórico). El diseño de las instituciones estaba pensado para albergar entre 2 mil y 4 mil estudiantes. Sin embargo, a la fecha, no logran utilizar su capacidad instalada.

El volumen de estudiantes ha crecido poco a poco: de medio millar a alrededor de 100 mil, pero todavía sin alcanzar los grandes números. Al concluir el sexenio anterior, existían 60 instituciones de este tipo, diseminadas en 26 entidades federativas; la matrícula era de casi 63 mil alumnos. En ese entonces, representaba el 2.5 por ciento de la matrícula total.

La actual administración decidió ampliar la formación a nivel licenciatura en las UTs, sobre todo por la presión contenida de los egresados de las UTs que deseaban continuar su formación una vez concluidos sus estudios de técnico superior y en cuyas opciones no figuraban las universidades politécnicas o institutos tecnológicos.

En el ciclo escolar 2009-2010, por primera vez una buena parte del total de las UTs ofrecieron alrededor de 30 nuevas carreras a nivel licenciatura, principalmente en el campo de las ingenierías. A partir de esa fecha, los técnicos egresados que cursan 5 cuatrimestres más, obtienen su título de licenciatura.

De acuerdo a la información proporcionada en la ceremonia de graduación por el secretario de Educación, Alonso Lujambio, el 45 por ciento de los técnicos superiores que egresaron en el 2009 –más algunos de generaciones anteriores-- decidieron optar por la nueva modalidad de continuar sus estudios de licenciatura.

Esto es, casi la mitad de los egresados de las UTs optaron por seguir estudiando, es una proporción muy significativa que ilustra cierta necesidad y demanda de los estudiantes de estas instituciones. Desde luego, debe celebrarse el ánimo y la capacidad de superación de los jóvenes, pero también se puede advertir que quizás el título de técnico superior todavía resulta insuficiente para un elusivo mercado laboral; o bien, la necesidad de una prolongación de la escolaridad ante las dificultades de encontrar empleo, lo mismo que un alto aprecio por el título de licenciado, en comparación con el de técnico, sea por razones culturales o por las que sean.

En la ceremonia, el titular de la SEP señaló que: “considerando a esta Primera Generación de Ingenieros de las Universidades Tecnológicas, en el ciclo 2010-2011, egresaron alrededor de 116 mil nuevos ingenieros y técnicos superiores universitarios, 101 mil 500 ingenieros (sic) y 14 mil 500 técnicos superiores en áreas de tecnología” (versión estenográfica).

Seguramente, por la emotividad del acto y para resaltar el alto volumen de estudiantes en el área tecnológica, así como la importancia de los estudios de ingeniería en las UTs, el secretario de Educación, cometió el equívoco de invertir denominaciones y las proporciones entre técnicos e ingenieros. Tal vez las cifras de la autoridad educativa se refieran a que, en total, en el reciente ciclo escolar estaban matriculados 116 mil jóvenes en las UTs y de ellos 101 mil estaban inscritos a nivel de técnico superior y el resto como ingenieros (no al revés). Además, obviamente no se trata de 116 mil egresados de las universidades tecnológicas --ojalá lo fueran--, si no de inscritos. La matrícula incluye los de primer ingreso y reingreso; los egresados representan alrededor de una cuarta parte del total.

Desafortunadamente las estadísticas más generales de las universidades tecnológicas no están actualizadas ni públicamente disponibles; ni pensar en indicadores más desagregados. Las estadísticas de ANUIES indican que la matrícula total de técnicos superiores universitarios en el ciclo 2008-2009, era de 91 mil 530 alumnos (la matrícula en las UTs en el mismo ciclo era de 79 mil 841). La participación relativa de los técnicos superiores en la matrícula nacional avanzó un punto porcentual respecto del final del sexenio anterior. Todavía poco y ahora con tendencia a obtener la licenciatura.

(Publicado en Campus Milenio No. 427. Agosto 18, 2011)

LAS TURBULENCIAS Y EL GASTO EN INVESTIGACIÓN

La semana anterior especulamos sobre un eventual y sustantivo incremento del gasto público para actividades científicas en el presupuesto para el año próximo, particularmente por lo capacidad normativa para dirigir algunos acontecimientos. Una de las razones que respaldaban la posibilidad del incremento fue la idea de volver a instaurar los incentivos fiscales por parte de los legisladores, lo mismo que la discusión sobre la factibilidad de los presupuestos plurianuales para educación superior —lo cual tendría implicaciones sectoriales—, pero el factor principal fue la aprobación parcial de una reforma que intenta cumplir con los niveles de inversión sectorial que marca la ley.

Sin embargo, es posible que el optimismo no alcance para confeccionar el diseño del presupuesto ni para depositar confianza en el cumplimiento de las normas que tal vez se aprobarán. Hoy, las turbulencias financieras internacionales parecen anunciar un nuevo periodo de incertidumbre e inestabilidad.

El epicentro de las dificultades financieras, a diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, no está localizado en el seno de México y existe cierta confianza gubernamental en los instrumentos domésticos para enfrentar estos problemas. No obstante, sea por causas internas o externas, parece haber una permanente incapacidad nacional para lograr un crecimiento sostenido y hacer planes a mediano plazo.

La crisis financiera mundial de 2008 provocó una disminución generalizada del PIB en las naciones latinoamericanas. Los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mostraron que, en la región, el efecto fue muy grave y situaron la caída del PIB per cápita en 2.8 por ciento en 2009.

Desafortunadamente, según el mismo organismo internacional, México —pese a que el origen de la crisis no fue interno—, con un crecimiento negativo de -6.7 por ciento del PIB, tuvo el peor desempeño en la región.

En estas circunstancias, es difícil anticipar qué ocurrirá con el paquete económico para 2012, que entregará el gobierno federal al Congreso en unas semanas más, pero sí resalta la responsabilidad gubernamental en el manejo de las crisis y la incapacidad para sostener los planes de crecimiento. No solamente se trata del monto de los recursos, sino a dónde deben dirigirse.

Hace unas semanas, el Instituto de Estadística de la UNESCO dio a conocer, por primera vez, el gasto de 67 países en investigación y desarrollo por tipo de actividad. Esto es, el nivel de inversión en investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental.

Los datos de la UNESCO confirman lo que ya se había identificado: las universidades y los centros de investigación tienden a concentrarse en investigación básica, en tanto que las firmas privadas se inclinan a una mayor inversión en desarrollo experimental para llevar nuevos productos al mercado.

De hecho, como el mismo organismo internacional lo había identificado: en diferentes economías en desarrollo, incluso las llamadas emergentes, el sector de empresas genera menos investigación y desarrollo, en comparación con el sector gubernamental y el de educación superior pública.

Esto es particularmente cierto en el campo de la investigación agrícola y el medio ambiente. Aunque el caso contrario se presenta en el sector salud, donde varias empresas muestran interés.

El asunto —y lo sorprendente de los recientes datos de la UNESCO que muestran los niveles de inversión por país y por tipo de investigación— es que China es el país que destina la mayor proporción de su inversión a desarrollo experimental.

Esto es, del total de su gasto en investigación y desarrollo distribuye 82.8 por ciento a desarrollo experimental, 12.5 por ciento a investigación básica y 4.8 por ciento a investigación aplicada. Le seguirían en orden descendente: Israel (81.6, 3.2 y 15.2, respectivamente); Corea (64.3, 19.6 y 16.1, respectivamente) y Japón (62.6, 21.7 y 11.4, respectivamente).

En general, como señala la UNESCO, se suponía que los países más ricos y con los sectores privados más robustos destinaban la mayor proporción de gasto al desarrollo experimental. Pero no. Estados Unidos aparece en la sexta posición con las siguientes proporciones: 60.3 para desarrollo experimental; 22.3 para investigación aplicada y 17.4 para investigación básica.

Aunque los datos se conocen recientemente, para la mayor parte de los países las cifras son de 2008 o 2009. No obstante, como en el caso de México, la información que aparece es de 2003 y, según lo que se reporta, destina 43.6 por ciento a desarrollo experimental. Una proporción mayor que la de Argentina (27.8 por ciento) o que la de Chile (15.3 por ciento). Brasil no aparece en la lista.

Sin embargo, el gasto en investigación y desarrollo en México, como proporción del PIB, no se ha incrementado consistentemente. En la década pasada pasó de 0.37 a 0.43 por ciento. China ha sido uno de los pocos países que han experimentado un crecimiento sostenido de nivel de inversión en este sector: en 1991 fue de 0.73 por ciento del PIB y para 2008 el indicador fue de 1.5 por ciento.

Entonces, no solamente necesitamos más recursos, también discutir dónde localizarlos.

(Publicado en Campus Milenio. No. 426. Agosto 11, 2011)