Las prioridades en ciencia y tecnológica

La actual administración ya estableció agenda y prioridades en el terreno de la ciencia y la tecnología. Otros actores relevantes, como la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), la UNAM y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), también han indicado cuáles podrían ser algunos de los temas prioritarios. Sin embargo, en los últimos 30 años ni el ejercicio de unos ni de otros ha funcionado.

Hace 30 años, en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-1988, se establecieron, por primera vez, once programas de investigación y desarrollo tecnológico para atender lo que se consideraron prioridades nacionales.

Los programas que se mencionaron entonces fueron: investigación sobre la naturaleza y la sociedad nacionales; nutrición y salud; uso de recursos naturales renovables; uso de recursos naturales no renovables; los desarrollos  tecnológicos industriales de la agroindustria, la electrónica, la químico-farmacéutica, petroquímica, la metal-mecánica, la construcción; y de investigación de excelencia en otros temas.

Una idea de agrupar y encauzar programas de investigación mediante la identificación de prioridades. Alrededor de 80 temas se consideraron como prioritarios y todavía, por si el conjunto de temas no era suficiente, en el último programa (“investigación de excelencia en otros temas”) se dejó espacio para otros proyectos o líneas no considerados.

Difícilmente se puede pensar en prioridades con un centenar de temas. También está por demás señalar que al finalizar el periodo de los años ochenta, cuando el programa sectorial tendría que haberse cumplido, quedó en el olvido lo anotado y, por supuesto, no se llevó a efecto.

Los programas sectoriales siguientes también formularon grandes objetivos y aunque moderaron las expectativas, unos más y otros menos, al disminuir el número de temas prioritarios, de todas formas no alcanzaron lo que se propusieron.

La justificación más frecuente para el incumplimiento de planes y programas es que factores externos o internos, como las crisis, el cambio de prioridades o el entorno internacional, han impedido llevar a efecto lo que meticulosa, pero infructuosamente, se había pensado.

A lo largo de las tres décadas anteriores no se han establecido con claridad, ni consistentemente, las prioridades en el terreno de la ciencia y la tecnología. Las iniciativas han sido intermitentes, inerciales u oscilatorias entre el apoyo a la capacidad de investigación o el impulso al desarrollo tecnológico.

En septiembre del año pasado, cuando todavía no tomaba posesión el ahora ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, le entregaron la propuesta “Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación”. Una propuesta coordinada por la UNAM, en la que participaron más de 60 organizaciones y en el cual se destacó que “La  pobre definición de grandes objetivos ha ocasionado una dispersión de recursos en proyectos cuyo impacto en el desarrollo del país ha sido limitado” (p. 9).

En el documento se anotaron una veintena de rubros estratégicos para el desarrollo nacional y se plantearon numerosas propuestas. Algunas de las más sobresalientes fueron cumplir lo que dice la ley en materia de inversión en ciencia y tecnología en los próximos seis años, el restablecimiento del programa de incentivos fiscales o la ya desechada idea de crear la secretaría del sector.

La AMC, como lo comentamos en este espacio la semana pasada, impulsó entre el fin de año pasado y el inicio del actual, lo que denominó “Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Un ejercicio para seleccionar los retos que deben ser afrontados desde el campo de la ciencia y la tecnología. Los temas que resultaron fueron: educación; abasto de agua; y medio ambiente.

Por su parte, el FCCyT realizó el pasado 23 de mayo un foro peculiar: interaCTIv@. Reunió a más de una treintena de representantes del sector (académicos, tecnólogos, empresarios, exdirectores de Conacyt, entre otros) para discutir la “identificación de prioridades nacionales y regionales para el desarrollo de la CTI”. Un foro relativamente amplio (la mayoría presencial y unos pocos virtualmente), pero poco fructífero para los propósitos que se planteó.

En fin, hasta ahora la propuesta más clara es el nivel de inversión en el sector. Pero no es la primera vez que se formula; tampoco puede ser la prioridad. En todo caso es un instrumento o un medio para alcanzar las prioridades. ¿Una vez más seguiremos sin establecer prioridades efectivas? Pronto lo sabremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 513. Junio 6, 2013, p. 9) 

Agenda CTI. Acuerdos, discrepancia o fisura

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 759. Junio 21, 2018. Pág. 5)

Todavía hay espacio para las sorpresas en el tema de la ciencia y la tecnología. La semana pasada, antes del tercer debate, dijimos que en esta materia, las propuestas de los candidatos presidenciales estaban relativamente claras. La incertidumbre solamente estaría en cómo resolver las diferencias entre los partidos coaligados sobre temas específicos. Ahora, la discrepancia o fisura, sin embargo, puede ser mayúscula. Al menos podría ser el caso en el equipo puntero en las encuestas y en un tema crucial: alimentos genéticamente modificados.

En las plataformas electorales, el mayor acuerdo está en elevar el nivel de inversión en ciencia y tecnología. La coalición “Juntos haremos historia” (Morena, PT y PES), en su  Proyecto de Nación 2018-2024, destaca la intención de cumplir con el objetivo de alcanzar un nivel de inversión nacional (pública y privada) de uno por ciento del PIB en el sector (pág. 94).

Incluso, Esteban Moctezuma Barragán, designado como secretario de Educación Pública si gana Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo, en diálogo sostenido con investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que la inversión se llevaría al 1.5 por ciento del PIB y se lograría a través de incentivos fiscales “esto es, créditos fiscales que no existen ahora” (13.06.2018). En realidad, los créditos sí existen y no se ha logrado alcanzar el limitado nivel de inversión, así que menos probable será si se incrementa.

Por su parte, la coalición “Por México al Frente” (PAN, PRD y MC) señala la necesidad de una política de Estado y también coincide en que se debe incrementar la inversión, pero se refiere al presupuesto público y no indica en qué proporción (pág. 34). Por último, la coalición ”Todos por México  (PRI, PVEM y Panal) sostiene que se debe fortalecer el sistema sectorial y estimular la inversión pública, privada y social para superar el uno por ciento del PIB (pág. 37). Incluso, el candidato José Antonio Mead, en la reunión que sostuvo con la ANUIES destacó que incrementaría el presupuesto para ciencia y tecnología de 0.5 a 1.5 por ciento del PIB (0.4.05.2018)

Las fuerzas políticas comparten la necesidad de incrementar la inversión y las diferencias están en el volumen de incremento, así como la participación relativa de gasto público o privado. No obstante, se asoma lo que podría ser una diferencia mayor. En el tercer y último debate, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció, en un eventual triunfo de su candidatura, el nombre de la persona que se haría cargo de dirigir el Conacyt.

El nombramiento es para la reconocida biotecnóloga María Elena Álvarez-Buylla, distinguida con el premio nacional de ciencias 2017, pero sobre todo conocida por su activismo en defensa del maíz y su oposición a los transgénicos. El dato fue registrado en la comunidad científica. También, seguramente, algo de sorpresa les causaría a Víctor Villalobos, la persona que AMLO designó para hacerce cargo de la Sagarpa y a Alfonso Romo Garza, el coordinador de su Proyecto de Nación 2018-2024.

Si pertenecen al mismo equipo ¿por qué habrían de sorprenderse? Esencialmente porque representan posiciones antogónicas a la que desempeñaría la responsable de dirigir el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas y sobre un tema que está en discusión desde hace más de dos décadas, precisamente cuando se introdujo en el mercado el primer alimento genéticamente modificado (OGM). La polémica perdura hasta hoy.

En un extremo están los detractores que señalan los daños potenciales que podría infligir la utilización de los OGM, incluye a personalidades de la ciencia, como María Elena Álvarez-Buylla, pero principalmente a organizaciones ambientalistas y de defensa de los derechos de los consumidores. En el lado apologético están quienes destacan las bondades de estos productos para la alimentación y el desabasto –como Alfonso Romo y Víctor Villalobos--, aunque también incluye a científicos, como Francisco Bolívar Zapata, así como a la industria biotecnológica.

El empesario Alfonso Romo, el coordinador del Proyecto de Nación, como se expone en la página electrónica de AMLO, actualmente es inversionista fundador de Synthetic Genomics y activo en otra empresa, Nature Source Improved Plants, “es líder en la aplicación de las más avanzadas tecnologías para el mejoramiento genético” (https://goo.gl/cxPhNE). En el ámbito educativo también es dueño de la Universidad Metropolitana de Monterrey.

Por su parte, Víctor Villalobos, el eventual encargado de la Sagarpa si gana las elecciones AMLO, ha promovido la desarrollo de la biotecnología agrícola y se ha desempeñado en la academia y en la función pública como subsecretario. Sin embargo, cuando se annció su nombramiento, la organización Greenpeace, denunció que Villalobos tenía  “una marcada tendencia a favorecer los intereses de la industria biotecnológica” (https://goo.gl/9b4GXu).

En fin, la pregunta sigue siendo cómo se conciliaran los intereses y las posiciones antagónicas en un posible gabinete, porque no solamente son decisiones basadas en el conocimiento, están implicados aspectos de orden ecónomico, ético y político.

NEGATIVA A CREAR UNA NUEVA ESTRUCTURA PARA LA CyT… EN PERÚ

El actual presidente de Perú, Ollanta Humala Tasso, cumple un año en funciones este 28 de julio. También llegó la hora para algunos de los compromisos y propuestas que formuló en su búsqueda por la presidencia. Uno de ellos había sido la creación de un nuevo ministerio para la ciencia y la tecnología. El mes anterior resolvió que solamente cambiaría la ubicación de su actual instancia en el organigrama gubernamental.

Las propuestas que formuló Ollanta Humala en campaña fueron relativamente controvertidas. Al menos las de su programa de gobierno inicial, con el cual compitió en la primera vuelta electoral, incluía medidas para modificar la Constitución Política y sobre medios. Un programa juzgado como estatizante e intervencionista.

Sin embargo, para la segunda vuelta y por las coaliciones que realizó, el ahora presidente suscribió un tercer programa, denominado “Lineamientos centrales de política económica y social para un gobierno de concertación nacional”. En el entonces nuevo documento (disponible en la página web presidencial), desaparecieron las medidas polémicas e incluyó variadas acciones agrupadas en siete áreas.

En lo que concierne a la actividad científica y tecnológica, como lo consignó oportunamente la Red de Ciencia y Desarrollo (scidev.net), el ahora presidente peruano también prometió crear el ministerio correspondiente y llevar el presupuesto del actual 0.1 por ciento del PIB a por lo menos 0.7 por ciento para el final de su periodo.

No obstante, como recientemente lo señaló la misma Red, los integrantes de la propia comunidad académica peruana no lograron ponerse de acuerdo en las características que debía tener el nuevo ministerio. En tal circunstancia, en noviembre del año pasado, el mandatario peruano resolvió nombrar una comisión de expertos para formular un plan estratégico de políticas públicas para el sector.

A través de un decreto del 20 de octubre de 2011 se creó la “Comisión Consultiva para Ciencia, Tecnología e Innovación”, dependiente del ministerio de educación. Dicha comisión, según estableció el mismo decreto, estaría integrada por seis miembros y debía entregar su informe en enero de este año. (Por cierto, uno de los integrantes fue Francisco Sagasti, uno de los expertos peruanos en políticas científicas y tecnológicas).

El informe de la comisión (“Nueva política e institucionalidad para dinamizar la CTI peruana”), en medio centenar de páginas, destaca un diagnóstico crudo y establecen los lineamientos de política que se podrían adoptar, las áreas prioritarias de investigación en las que debieran concentrarse y los instrumentos de cada una.

En el diagnóstico, relativamente breve y somero, se pone de relieve el escaso nivel, relevancia y peso de la ciencia peruana, así como la exigua inversión que recibe, “una de las más bajas del mundo (0.1 del PIB). En la parte de propuestas, recupera la idea de llevar el nivel del financiamiento al 0.7 del PIB para el 2016.

Quizás entre los lineamientos más sobresalientes del informe, están cuatro alternativas para modificar la institucionalidad y gobernanza del sistema de CTI. La comisión, sin embargo, optó por sugerir la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. O bien, sucesivamente, la creación de una Secretaría Técnica de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Presidencia del Consejo de Ministros.

El gobierno de Humala se inclinó, más o menos, por la segunda alternativa. Un decreto del 16 de junio, trasladó de lugar al ya existente Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica; lo pasó del Ministerio de Educación a la Presidencia del Consejo de Ministros (Una especie de Secretaría de Gobernación).

Es de notar el camino que tomó el gobierno peruano en lo concerniente a la institucionalidad de su sistema científico y tecnológico: la misma estructura, pero más cerca de la toma de decisiones. Sobre todo es notable considerando la fragilidad y el papel marginal que desempeña su sistema. Aunque, quizás, esas mismas características son parte de la explicación. Otro parte son el resto de compromisos presidenciales que se asumieron, las presiones por resolver otras áreas en un contexto de recursos escasos y el asunto de la eficacia.

También es inevitable recordar la solicitud de los legisladores y comisión del caso chileno que buscan crear un nuevo ministerio, pero que siguen sin obtener respuesta alguna. Y, claro, la agenda pendiente de México.


(Publicado en Campus Milenio No. 471. Julio 19, 2012)

Elecciones en EU. México no tendrá “cooperación subordinada”

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 874. Noviembre 5, 2020. Pág. 4)

 

A partir de los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos se redefinirá, seguramente, la política y la cooperación internacional en esta tercera década del siglo XXI. En el caso de México ¿sostendrá el mismo vínculo en materia científica y tecnológica con Estados Unidos o se modificará notablemente?

 

La relación cambiará, pero poco o nada tiene que ver con el desenlace electoral del país vecino, es una decisión anticipada.

 

Tal vez cuando usted lea este texto ya conozca el saldo de la contienda electoral, lo escribo en las vísperas de los comicios, cuando las encuestas marcan claras diferencias a favor del candidato demócrata Joseph R. Biden, respecto del republicano y todavía presidente Donald J. Trump.

 

Sin embargo, por el sistema de elección indirecta estadounidense y como fue claro en la contienda de 2016, las encuestas no necesariamente muestran lo que al final ocurrirá. En cualquiera de los casos, el resultado de las elecciones estadounidenses marcará una diferencia para el mundo, sea porque se profundizarán inconcebibles iniciativas en marcha del actual mandatario o porque intentarán girar 180 grados si gana Joe Biden.

 

No todo está por definirse en el marco nacional. La relación comercial de Estados Unidos, Canadá y México, desde fines del año pasado, quedó acotada en las renegociaciones de su tratado comercial. En este año ya fue debidamente publicado el Diario Oficial de la Federación el decreto de sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el T-Mec (DOF. 29.06.2020).

 

Otro tanto ocurre con el siempre complicado tema migratorio, las medidas que la administración Trump ha puesto en marcha, como la construcción de su ominoso e inacabable muro en su frontera sur o las condiciones de sus centros de deportación. O bien, la posición de México ante las caravanas de migrantes que públicamente intentan cruzar el territorio nacional y llegar a Estados Unidos.

 

No obstante, menos claro es lo que ocurrirá con la cooperación académica, el retorno de migrantes, las restricciones de visas académicas o tal vez un nuevo intento de deportación masiva de los “Dreamers”. En este año el intento fue bloqueado por una resolución de la Corte Suprema estadounidense porque la administración Trump no observó la ley, pero podría intentarlo de nueva cuenta.

 

El gobierno mexicano, sin embargo, tiene la intención de dar un giro a sus lazos de cooperación. Al menos Conacyt, el organismo rector de la política científica y tecnológica nacional, ha planteado su convicción de que había subordinación anteriormente y ahora piensa extender su cooperación a otras regiones.

 

En el Programa Institucional 2020-2024 del organismo, como parte de su análisis de la situación actual, dice: “El Conacyt privilegió un modelo de cooperación subordinada con los países de la Unión Europea y con los Estados Unidos de América. En este nuevo régimen se promoverán vínculos concretos con países del entorno latinoamericano y de El Caribe, así como con países de Asia y del este de Europa con avances indudables en CTI” (DOF. 23.06.2020: 21).

 

Es una posición del Conacyt, se dirá. Y sí, es del organismo, pero es la cabeza del sector y como lo hemos reiterado en múltiples oportunidades, no existe y, por lo que se advierte, no habrá un Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti) en este periodo. O sea, no esperemos convergencia de presupuesto y coordinación de las diferentes secretarías en materia científica y tecnológica.

 

Tampoco olvidemos que el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Foncid), fue otro de los fideicomisos eliminados por el Senado mexicano el 21 de octubre. El Foncid, en el momento de su extinción, tenía 38.6 millones de pesos y fue la base financiera que permitía radicar recursos externos y también transferir recursos a otras secretarías para conducir la cooperación internacional. Ahora la asignación, si hay presupuesto, será decida de forma directa por el Conacyt.

 

La agenda gira hacia América Latina. El pasado 30 de octubre, la directora del organismo, Elena Álvarez Buylla, informó a través de su cuenta personal de twitter que había co-presidido la Reunión de Altos Funcionarios de la Iniciativa Conjunta de Investigación entre la Comisión Europea de Innovación y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Una reunión en la que también participó el secretario de Relaciones Exteriores.

 

Posteriormente examinaremos, cuando se firme, la “Hoja de Ruta Estratégica 2021-2023” de esa reunión. Por lo pronto, vale la pena notar que no está mal, nada mal, que México extienda sus redes de cooperación científica hacia otras regiones y más con América Latina. Sin embargo, ¿eso supondría cortar lazos de colaboración ya establecidos con polos dominantes de generación de conocimiento? Esperemos que no, sería otro grave error. Lo importante será diversificar y expandir la colaboración; no restringir y autoexcluirse.

 

Pie de página: Gloria Soberón Chávez ganó el juicio de amparo indirecto para ser reconocida como integrante de la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. ¿Qué hará Conacyt? Pendientes. Y sí, crece el respaldo a miembros del SNI que laboran en instituciones particulares.