Más o menos
una década para admitir que colocar al ejecutivo federal al frente de un órgano
para dirigir el sistema científico y tecnológico no fue buena idea. No
funcionó, aunque la ley decía otra cosa. Otro año, o un poco más, para cambiar
la norma y encontrarle suplentes a la situación.
La reforma a
la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) del 2002 creó diferentes órganos para
darle mayor capacidad de maniobra y relevancia al sector científico y
tecnológico. Uno de ellos, y acaso el de mayor orgullo para los reformadores de
entonces, fue el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico (CGICyDT).
El Consejo, se
dijo, sería el órgano de decisiones clave para conducir el sistema, lo mismo
que para coordinar los esfuerzos de los diferentes sectores de la
administración pública que de una u otra forma tenía que ver con las
actividades científicas y tecnológicas.
No solamente
importaba que las decisiones del Consejo fueran estratégicas, sino también que se
tomaran al más alto nivel para asegurar su cumplimiento. Quién más que el
ejecutivo federal para tal posición. El régimen todavía fuertemente
presidencialista, no se resignaba a perder la esperanza en el poder del caudillo.
La ley
estableció que el CGICyDT debía ser presidido por el ejecutivo federal y como otros
integrantes: nueve secretarios de Estado; tres empresarios; el director de
Conacyt; el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; el coordinador del
Foro Consultivo; el secretario general de Anuies; y un representante de la
Conferencia Nacional, otro de los Centros Públicos y dos de los investigadores.
En total: 21 miembros.
Al Consejo se
le reservaron una decena de atribuciones clave para dirigir el sistema
científico. Por ejemplo, entre otras funciones, quedó bajo su responsabilidad
la aprobación del programa sectorial, definir las prioridades y criterios para
la asignación del gasto público federal en la materia, lo mismo que el proyecto
de presupuesto sectorial.
En la ley
también quedó establecido que el CGICyDT debía sesionar por lo menos dos veces
al año de forma ordinaria y de forma extraordinaria tantas veces como lo
decidiera su presidente.
Sin embargo,
pese a lo que marca la ley, el CGICyDT simplemente no logró convocar a sus
integrantes de alto nivel y no se ha reunido más allá de tres o cuatro veces en
una década.
La situación
fue más grave en la administración de Felipe Calderón: el programa sectorial no
se presentó en los plazos normativos porque el presidente no lograba hacerse un
espacio para convocar al Consejo y aprobar el programa. De hecho, los premios
de la Academia Mexicana de Ciencias, los Premios Nacionales y el Premio México,
tuvieron graves retrasos.
Cada vez fue
más evidente que el CGICyDT no se podía sostener en los mismos términos. En
febrero del 2012, la diputada de Nueva Alianza (Panal), Cora Cecilia Pinedo
Alonso, presentó una iniciativa para modificar la LCyT.
La modificación
consistía en añadir un párrafo al artículo 5 para precisar que: “Tratándose del presidente de la República y de los titulares de
las secretarías mencionadas en la fracción II, podrán designar a un suplente, quien
deberá tener al menos el nivel de subsecretario o equivalente”.
En las consideraciones de la iniciativa se justificó que se trata
de una “suplencia por ausencia” y no una “delegación de funciones”. En la
primera, el suplente actúa en representación de aquel; en la segunda, lo hace
en nombre propio y toma sus propias decisiones. En el caso del CGICyDT, parece que sigue vigente la
confianza en la omnipresencia del más
alto nivel.
Los diputados aprobaron la propuesta el pasado 19 de febrero. En
el pleno, todos se pronunciaron a favor, ninguno en contra. Ahora la iniciativa
está en la Cámara de Senadores; seguramente se llevará un par de meses, o más,
para entrar en vigor, pero estará lista antes del plazo para presentar el
programa sectorial.
(Publicado en Campus Milenio No. 501. Marzo 7, 2013)
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