CyT: La tributación y las capacidades en América Latina y el Caribe

Las reticencias de los ciudadanos hacia el pago de impuestos en México –y en diferentes partes del mundo— son múltiples. Sea porque el sistema de tributación es oneroso, abigarrado, variable o inequitativo. Pero también porque no se perciben con claridad los beneficios de las contribuciones fiscales. O bien, por cierta opacidad, fallas de gestión o falta de escrúpulo en el manejo los recursos recaudados.

La fracción IV del artículo 31 constitucional señala como obligación de los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

No obstante, como tantos otros deberes y derechos constitucionales, se sabe que no se cumplirán para todos o no de la misma forma. En materia de impuestos, algunos ciudadanos o empresas simple y llanamente evaden su responsabilidad; otros, principalmente los grandes contribuyentes, buscan afanosamente, legal o ilegalmente, la disminución o condonación del cobro; y unos más, lamentan el pésimo servicio público que reciben a cambio de los impuestos que pagan.

Resulta contraproducente la exigencia de un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales cuando líderes sindicales, legisladores, funcionarios gubernamentales, de todos los niveles y partidos, dilapidan los recursos públicos en gastos extravagantes, insultantes, suntuosos o los desvían para beneficio personal. Los ejemplos sobran y nada parece remediarlos.

Una y otra vez ha sido difícil convencer a la ciudadanía de las bondades de las reformas fiscales. Tanto más complicado porque ni las responsabilidades básicas en materia de seguridad pública, desarrollo nacional o servicios mejoran; tampoco la distribución de los ingresos o la reducción de la pobreza.

Ahora, en el marco del Pacto por México, nuevamente está en el horizonte una probable reforma fiscal. Seguramente volverá a llamarse la atención sobre la necesidad de ampliar la base fiscal, limitar los regímenes especiales, eliminar algunos impuestos, generalizar otros. Pero lo que debiera ocupar buena parte del debate es para qué la eventual reforma y qué se hará con los recursos.

El pasado 12 de junio, aunque pasó relativamente desapercibido, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, junto con la OCDE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organizó el “Seminario Internacional Política Tributaria: Desafíos y Tendencias”, en el cual se destacó la importancia de aprovechar la reforma para impulsar el desarrollo, el crecimiento económico y la distribución del ingreso.

Un principio compartido por varios de los participantes en el seminario, repetido en múltiples ocasiones, pero que no acaba de ponerse en práctica al intentar poner en marcha las políticas en este terreno o que se extravía a la hora de conducir las iniciativas.

El asunto, como lo señaló la secretaría ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, es que la política tributaria no solamente debe servir como motor del crecimiento, también podría contribuir al desarrollo de objetivos sociales como combatir la pobreza, evitar la exclusión social y generar una mayor igualdad de oportunidades.

El caso es más apremiante para México porque, según las cifras de la Cepal, todos los países en la región incrementaron sus niveles de gasto social al comparar los quinquenios de 1990-1995 y 2005-2010. Sin embargo, Cuba es el país que más recursos destina en este ámbito, con 36.6 por ciento del PIB en 2005-2010, seguido de Brasil (24.5 por ciento), Argentina (23 por ciento), Uruguay (21.4 por ciento), Costa Rica (19.3 por ciento) y Bolivia (17.5 por ciento). Los que tienen la proporción más baja son Chile (13.9 por ciento) y México (10.1 por ciento), en el mismo periodo.

Además, como también lo mencionó la funcionaria de la Cepal, una de las vías para el crecimiento, el bienestar social y la mejora en el nivel de recaudación tributaria es precisamente la inversión en educación, ciencia y tecnología e infraestructura.

En esta área, como en repetidas ocasiones lo hemos reiterado en este espacio, no tenemos buenas cuentas. La semana próxima revisaremos con mayor detalle las recientes cifras de inversión en ciencia y la tecnología en la región, pero en la última década, mientras que los diferentes países han incrementado su participación relativa en la región, México se ha mantenido constante.

(Publicado en Campus Milenio No. 515. Junio 20, 2013. p. 6)