El aniversario del Foro
Alejandro
Canales
UNAM-IISUE/SES
La
coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT),
Gabriela Dutrénit, en un amplio y concurrido encuentro, encabezó la
presentación del informe de actividades del año pasado, algunas líneas de
acción para éste y un libro conmemorativo.
Tal vez el
conjunto de intervenciones en el encuentro, más de una docena, durante casi
tres horas, sea una elocuente muestra, aunque incompleta, pequeña y acotada, de
la diversidad de sectores y voces del sistema científico y tecnológico. También
quizás ese sea el principal reto del FCCyT: cómo aglutinar y representar a la
comunidad científica y qué tipo de interlocución sostener con la administración
pública.
La reforma a
la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 incluyó cambios importantes al conjunto
de instituciones que integran el sistema. Uno de ellos fue la creación del
FCCyT, el cual sustituyó al Foro Permanente de Ciencia y Tecnología. Este
último se planteó, por primera vez, como un “órgano autónomo de consulta del Poder
ejecutivo” y solamente estuvo vigente entre el 2000 y el 2002.
El FCCyT,
según establecen sus estatutos, está constituido como asociación civil desde el
2003. En la entonces nueva Ley de Ciencia y Tecnología del 2002, en el artículo
36 del capítulo de “participación”, quedó definido como “órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo,
del Consejo General y de la Junta de Gobierno del Conacyt”. Es decir, respecto
del órgano que sustituyó, amplió las fuentes de consulta y el tipo de
interlocución.
Actualmente,
como consta en la norma, su principal objeto es “promover la expresión de la
comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la
formulación de propuestas en materia de políticas y programas”. Esto es, un
órgano de elaboración de propuestas, necesariamente diversas y plurales.
El Foro se integra formalmente por una mesa
directiva de 20 personas: 17 miembros permanentes, titulares o representantes
de instituciones científicas, empresariales y educativas; y tres miembros designados
del Sistema Nacional de Investigadores de tres diferentes áreas del
conocimiento. Los propios integrantes de la mesa
directiva designan quien preside la coordinación general del Foro y, Conacyt,
según dice la ley, debe otorgar los apoyo y recursos para el funcionamiento del
Foro (artículo 38).
La
norma estipula que la presidencia del Foro debe renovarse cada dos años y los
estatutos del organismo, modificados en el 2010, precisan que la coordinación
general, al término de su primer periodo puede reelegirse para un segundo
periodo por mayoría simple. De hecho, salvo el primer titular que solamente
estuvo dos años en el cargo, los dos subsecuentes, Luis Fernández Zayas y Juan
Pedro Laclette, lo hicieron por cuatro años. El periodo de la actual
coordinadora inició en junio de 2012.
Al
Foro se le reservan media docena de funciones básicas y relevantes. Por
ejemplo, algunas de las más sobresalientes son: proponer y opinar sobre las
políticas nacionales, los programas sectoriales y especiales; también sugerir
áreas y acciones prioritarias y de gasto. O bien, “opinar y valorar la eficacia
y el impacto del programa especial y los programas anuales prioritarios”.
Por la
misma razón, los principales productos del Foro en estos casi 12 años de
existencia han sido múltiples y muy variados documentos de propuestas,
diagnósticos y cifras sobre el sistema científico y tecnológico, lo mismo que
reuniones, convenios y declaraciones. Pero ¿qué tanto ha logrado expresar la
diversidad de opiniones y qué tanta responsabilidad e influencia se le puede
atribuir en la dirección de las políticas sectoriales?
Difícil
establecer una relación simple de causa y efecto, tanto por la organización
y funcionamiento del sistema científico
y tecnológico como por la dinámica de la administración pública. Ciertamente, es
innegable la participación del organismo en las instancias de decisión, su
condición de interlocutor y su insistencia en algunas propuestas de política
pública. Por ejemplo, su intervención en las reformas a la ley sectorial, la
idea de crear una secretaría de Estado para atender los asuntos correspondientes
o su demanda permanente de cumplir lo que dice la ley en materia de
financiamiento.
En el
reciente informe se presentaron los principales resultados de media docena de
documentos que contienen propuestas para el diseño del Programa Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación para los próximos 25 años. ¿Cuántas y cómo se
convertirán en líneas estratégicas o acciones de esta administración? Pronto lo
averiguaremos; también la influencia y responsabilidad.
(Publicado en Campus
Milenio No. 544. Enero 23, 2014, p.4)
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