La norma del SNI en las instituciones particulares:
¿incremento al GIDE?
Alejandro
Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx
Twitter: @canalesa99
El titular del
Conacyt, Enrique Cabrero, anunció la firma de un convenio con instituciones
particulares de educación superior, mediante el cual el organismo asumirá la
responsabilidad de otorgar los incentivos económicos al personal de
instituciones particulares que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores
(Comunicado 02/14).
La reforma agregó
una fracción II al artículo 2 del Acuerdo para permitir que “los investigadores
de las instituciones de educación superior y de investigación del sector
privado”, con las modalidades y convenios correspondientes pudieran ingresar al
SNI y sujetarse a las mismas bases y normas (Diario Oficial de la Federación. 24.03.1988).
En aquellos
años, casi el final de la década perdida y también de la presidencia de Miguel
de la Madrid, pero todavía con las huellas de las crisis recurrentes y la
estrechez de los recursos financieros, fue la primera vez que se cuestionó la
participación de investigadores del sector privado en el SNI.
Sin embargo, seguramente en previsión del contexto y de los recursos escasos, un párrafo en la misma fracción II de aquella reforma, precisaba que las instituciones y organismos particulares: “deberán proporcionar los recursos económicos para financiar el desarrollo de las investigaciones que realicen sus investigadores y la entrega de estímulos económicos a los mismos”.
Al menos durante la siguiente década
(1988-1999), el Acuerdo Presidencial sobre el SNI conservó el mismo párrafo que
obligaba a las instituciones particulares a aportar los recursos para su
personal de investigación. Solamente recibían, por parte de Conacyt, la distinción de Investigadores Nacionales.
La reforma al Acuerdo de abril de 1999 dejó vigente el párrafo.
No obstante, tal parece que al final de la década pasada el asunto cambió sin que se modificara el Acuerdo de creación: no cambió el Acuerdo, solamente el reglamento. Según indica el propio Conacyt, el organismo desde el 2008 aceptó contribuir con el 30 por ciento del incentivo económico que se otorga a los investigadores de instituciones particulares, aunque el convenio no se conoció públicamente.
En una cálculo muy simple, la aportación de
Conacyt a las instituciones particulares, en el arreglo anterior del 30 por
ciento, era de alrededor de 36 millones de pesos. Ahora, con el nuevo convenio,
el volumen será de aproximadamente 120 millones de pesos. Una cantidad más o
menos modesta.
Sin embargo, como lo hemos reiterado en diferentes oportunidades, la actual administración se ha propuesto alcanzar el uno por ciento del PIB en gasto para investigación y desarrollo experimental (GIDE) en el 2018, lo cual implicará más que duplicar el volumen actual en ese rubro.
Desde la estrategia programática del actual
Presupuesto de Egresos de la Federación, en el gasto para ciencia y tecnología
(ramo 38), se planteó que Conacyt reorganizaría su gasto para impactar el
indicador del GIDE y destinaría alrededor del 70 por ciento del gasto de su
ramo para ello.
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