Modelo educativo: los medios de las iniciativas del gobierno federal

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

 

El inicio de la reciente consulta para revisar el modelo educativo ha provocado reacciones encontradas. Unos piensan que se trata de un déjà vu, por lo cual no tiene sentido esperar que salga nada nuevo de algo que ya se ha ensayado. En otro extremo están los convencidos de la ventana de oportunidad que se abre, la importancia de aprovecharla y cambiar la educación que hoy nos tiene insatisfechos. Otros más, tal vez una inquietante mayoría, simplemente permanece indiferente.

Por ahora, la dimensión que podría alcanzar la consulta parece insondable, pero la medida suena fuerte. Nada menos: revisar el modelo del sistema educativo mexicano. Es decir, cambiar el punto de referencia, las bases, el esquema o proyecto del proceso de enseñanza y aprendizaje de la educación básica, media y normal. No es uno u otro componente. Ahora es todo; el modelo incluye prácticamente todo.

 Al terminar el proceso consulta, y con las conclusiones en papel, otra será la historia. Podremos tener una perspectiva más clara del desarrollo y utilidad de la consulta. Sin embargo, por lo pronto, vale la pena notar cierto cambio en los mecanismos que utiliza el gobierno federal para impulsar sus iniciativas.

 La consulta no es un proceso novedoso. Al inicio de los años ochenta, cuando el tema del desarrollo parecía un mero asunto de programas y planificar los detalles, quedó instaurado el sistema de planeación democrática. Desde entonces, en el tercer párrafo del artículo 26 constitucional quedó consignada la facultad del ejecutivo federal para establecer procedimientos de participación y consulta popular.

 Tampoco es una novedad la participación de expertos en mecanismos de consulta, tanto en foros abiertos como en espacios cerrados de elaboración de políticas. El Conalte a mediados del siglo pasado es un ejemplo. El tema es inveterado y tiene muchos ángulos, pero en el pasado reciente, desde los años noventa, apareció con mayor vigor. El antecedente más formal quedó expresado en la instalación del Consejo Consultivo de Ciencias mediante acuerdo presidencial en 1989. El organismo persiste, aunque su relevancia se agotó junto con el sexenio en el que fue creado.

Luego, con el proceso de descentralización y la promulgación de una nueva legislación educativa en 1993, la apertura del sistema educativo continuó y el tema de la participación social mereció un capítulo en la ley. Ahí se estableció la creación de una voluminosa estructura de Consejos de Participación Social que iría de cada escuela al municipio correspondiente, luego a la entidad federativa y después a un gran Consejo a nivel nacional. Después de dos décadas, la cadena prevista de participación social simplemente no ha funcionado. El mecanismo queda descartado para la revisión del modelo educativo.

Los años 2000 trajeron la novedad de la alternancia y el involucramiento de numerosas personas expertas. Por ejemplo, en el documento de “Bases para el programa sectorial” participaron más de tres centenares de personas, aunque una docena coordinó el trabajo.

Pero quizás lo más sobresaliente del periodo fue la creación de tres diferentes organismos intermedios entre el gobierno federal y las escuelas: el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el mismo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Consejo de Especialistas para la Educación. El primero está en funciones, pero imposible que se pudiera hacer cargo de revisar el modelo educativo; el segundo, ahora autónomo, tiene suficiente con las responsabilidades asignadas y el tercero, otra vez, simplemente ya es inexistente.

En el actual periodo, las autoridades federales, aparte de los mecanismos ya conocidos de participación y el funcionamiento de los organismos intermedios, más bien han optado por privilegiar la interlocución, presión y negociación directa con los jugadores centrales o con poder de veto en todos los sectores. Así fue con las tres principales fuerzas políticas para la firma del Pacto por México, la defenestración de la lideresa sindical del SNTE o la aprobación de las reformas constitucionales.

En el terreno educativo, el Congreso no solamente aprobó con celeridad la reforma constitucional y las leyes secundarias, el Senado quedó como responsable del nombramiento de la junta de gobierno del INEE. Incluso, según dijo el mismo secretario, las ternas de candidatos que presentó, fueron el resultado de una consulta a alrededor de 400 investigadores educativos y estos últimos mencionaron a cerca de 10 mil candidatos.

Ahora, para una tarea que se advierte todavía más complicada, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, instaló un Consejo Asesor. El comunicado de la SEP dice que son: “15 expertos en educación, quienes por su calidad académica participan a título personal y sin remuneración alguna; sus miembros tendrán facultades para elaborar las conclusiones de la Consulta con base en las ponencias recibidas” (Comunicado 021). Otro medio. Muy interesantes serán esas conclusiones. ¿O no?

 

(Publicado en Campus Milenio No. 547. Febrero 13,  2014, p.4)