Contra la centralización ¿Innovación en las entidades federativas?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx; twitter: @canalesa99

En enero de 1994 estalló el conflicto en Chiapas que obligó a la nación entera a mirar el rezago y la miseria de la entidad. En ese entonces, precisamente, entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y México estaba por ingresar al grupo de la OCDE; el discurso de la “modernidad” parecía transformarse en realidad. Sin embargo, el marco de modernidad no alcanzaba para el conjunto.

En los años siguientes Chiapas se volvió objeto de múltiples estudios, un centro de atracción de lo más variados experimentos sociales y recibió miles de millones de pesos de inversión. Los indicadores económicos y sociales de la entidad mejoraron, pero no son ningún ejemplo de mejora ni de bienestar.

La aportación del PIB de Chiapas, respecto del PIB nacional, sigue siendo relativamente modesta (menos del 2 por ciento) y per cápita es menos de la mitad del registrado a nivel nacional. Las últimas cifras disponibles muestran que es la entidad con la mayor proporción de personas mayores de 15 años que se encuentran en rezago educativo (54.4 por ciento de su población).

El promedio de escolaridad de Chiapas está dos grados abajo del promedio nacional y tiene poco más de medio millón de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. El número de analfabetas representan el 14.4 por ciento de su población y con ese porcentaje ocupa el segundo lugar a nivel nacional, solamente superado por Oaxaca que tiene un volumen de 15.8 por ciento.

Ahora, dos décadas después, otra vez, por motivos diferentes y similares, la atención pública se dirige a un mayor número de entidades: Michoacán, Guerrero, Oaxaca e incluso más al norte. La historia parece repetirse, sólo que a mayor escala y también con problemas agravados.

Los antecedentes y la situación es diferente en cada entidad, pero no es fortuito que compartan indicadores similares de atraso. Las tres entidades mencionadas tienen la mitad o un poco más de su población mayor de 15 años en situación de rezago educativo. Igualmente, en las tres se aprecia una preocupante condición de ingobernabilidad en vastas porciones de sus territorios.

En el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración gubernamental, así como en los programas sectoriales y estatales, se han planteado diferentes iniciativas para tratar de hacerle frente a las disparidades regionales. No obstante, las acciones hasta ahora han sido insuficientes.

La compleja situación del caso de Michoacán, especialmente en el terreno de la seguridad pública y la gobernabilidad, es ilustrativa de las dificultades que se enfrentan. El gobierno federal no solamente ensayó una nueva figura de autoridad con el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo, también instruyó a los miembros de su gabinete a visitar continuamente la entidad, a focalizar estrategias regionalmente y a poner en marcha acciones específicas.

Así, especialmente en el último año, un número importante de funcionarios y de secretarios de Estado han aparecido regularmente en el territorio michoacano. Sin embargo, no se ha logrado revertir el clima de inseguridad e inestabilidad de la entidad; tampoco mejorar sustancialmente sus indicadores.

Los problemas en las entidades federativas son estructurales y no se resolverán de un día para otro. El asunto es si las acciones emprendidas se ocupan más de los reflectores de los medios --en lugar de atender las dificultades—, tanto como de resolver solamente lo más inmediato, o bien, sientan las bases para disminuir el grave problema de la desigualdad nacional, las disparidades en las regiones y alentar el desarrollo.

A pesar del amplio movimiento descentralizador que operó con particular énfasis desde las últimas décadas del siglo pasado, el ritmo de impulso regional no ha sido homogéneo ni sostenido. En general, a escala, se reproducen los centros regionales de gravitación de recursos y decisiones.

Difícilmente, se puede pensar en entidades federativas innovadoras, competentes o basadas en el conocimiento, cuando carecen de una institucionalidad mínima en su funcionamiento o cuando más de la mitad de su población no ha concluido satisfactoriamente su educación básica.

Por supuesto, se puede repetir la idea de concentrar las acciones en una porción de la población muy localizada o en regiones perfectamente acotadas. Sin embargo, como también ha sido claro, las disparidades solamente se profundizarán. Entonces ¿cuál innovación?

 

(Publicado en Campus Milenio No. 592. Enero 22, 2015, p.5)