¿Vinculación y posibilidad de regalías para investigadores?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx

Twitter: @canalesa99

Es un cambio normativo fuerte, profundo y amplio en la relación entre academia y sector productivo y de servicios. No es repentino. Desde fines de los años noventa, paulatinamente se ha ido modificado y ajustando la relación.

La primera vez que el cambio quedó asentado en la ley del sector fue con la reforma de 1999. En aquella ocasión se añadieron cuatro artículos a un nuevo capítulo VI, denominado “De la vinculación con el sector productivo, innovación y desarrollo tecnológico”. El énfasis se colocó en el desarrollo tecnológico y apenas quedó anunciado que las entidades de la administración pública, así como las instituciones de educación superior (IES), promoverían “la modernización, la innovación y el desarrollo tecnológico” (artículo 27). No fue suficiente.

En el 2009, una década después, vendría un ajuste mayor. En el mismo capítulo de vinculación, se facultó a las IES y a los Centros Públicos de Investigación para crear Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento, bajo la figura jurídica de su conveniencia, así como la posibilidad de contratar a personal de la misma institución para esas mismas unidades (artículo 40 Bis).

La estructura de incentivos tampoco fue suficiente para que el cambio se reflejara claramente en la organización del sistema científico y tecnológico ni en la actividad cotidiana de las universidades. Tampoco en el flujo de recursos económicos en las instituciones ni en las estadísticas oficiales. Al parecer, el problema seguía siendo quién o cómo se beneficiaría de tal actividad.

Así que vino una vuelta de tuerca más a la estructura de incentivos. Tal vez, estimado lector lectora, recuerde que en diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley de ciencia y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP). Lo comentamos aquí mismo (Campus Milenio No. 590).

La iniciativa de los diputados planteó que la facultad de establecer Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento no solamente fuera de las IES y los Centros Públicos de Investigación, sino que también incluyera a las “entidades de la administración pública federal” que tienen por objeto y realizan actividades de investigación científica y tecnológica. Por ejemplo, los institutos (Mexicano del Petróleo o los de salud) o dependencias sectorizadas a diferentes secretarías.

Más importante: la iniciativa de los diputados también propuso modificar la fraccion XII del artículo 8 de la LFRASP para permitir que los servidores públicos de las IES, los Centros Públicos de Investigación y las entidades de la Administración Pública Federal, pudieran realizar actividades de vinculación como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro.

La iniciativa pasó a la Cámara de Senadores, fue dictaminada y la aprobaron el pasado 16 de abril. Pero la modificaron. Lo que hicieron fue ampliar y generalizar el sentido de la vinculación. Esto es, proponen que en lugar de restringirse a las IES, en la ley se refiera a “instituciones de educación” porque argumentan que una innovación y la vinculación puede surgir en cualquier modalidad de institución educativa.

También sugieren eliminar de la redacción la restricción de que solamente se incluyen las dependencias gubernamentales que tienen por “objeto predominante” la realización de actividades científicas y tecnológicas, dicen que es suficiente con que realmente las realicen, no se necesita una declaración de objetos. Igualmente, añade y precisa las características y modalidades que podría adoptar la vinculación.

Por último, proponen que el párrafo de la fracción XII del artículo 8 de la LFRASP indique que los servidores públicos solamente “incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables a la Institución”.

Debido a los cambios realizados por los Senadores, ahora la minuta regresará a los diputados (la cámara de origen), aunque seguramente será aprobada en el actual periodo de sesiones sin mayor trámite y luego entrará en vigor.

El asunto tiene múltiples ángulos. Por lo pronto vale la pena notar que, en contra de lo que en ocasiones se piensa, los ajustes normativos se han dado siguiendo una misma trayectoria e independientemente del partido en el gobierno, la composición de las comisiones legislativas y las estructuras intermedias de gobierno y sistema científico y tecnológico. Nada menos.

(Publicado en Campus Milenio No. 604. Abril 23, 2015, p.5)