Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 732. Noviembre 23, 2017. Pág.
4)
En México, las cosas han mutado
relativamente rápido desde la víspera de los años 2000. Actualmente, en tiempos
electorales, las propuestas de una persona o una institución no son las más
visibles ni las más atendidas, son más bien aquellas que logran articular las
demandas de un sector o precisar su problema público más importante. La agenda
de ciencia y tecnología es ilustrativa. Sin embargo, posterior a las
elecciones, si logran aparecer en la agenda de gobierno, no son las que tienen
los resultados más favorables.
Hasta antes de los años 2000, en
meses previos a las elecciones, o incluso posteriores, las solicitudes de los
gobernados se formulaban principalmente en un encuentro entre élites. De un
lado, los titulares de un sector, del otro lado, el casi seguro candidato
electo o sus representantes. Ahí se producían las desilusiones o se confiaba en
lo por venir de las promesas. De todas formas, después, siempre quedaba la
alternativa de participar en la elaboración del programa de gobierno.
Las campañas electorales eran
fundamentalmente un conjunto de actos masivos, de reuniones de cuerpo presente
entre el candidato y diferentes sectores. El éxito de la operación se medía por
el número de encuentros en toda la geografía del territorio nacional y por el
volumen de asistentes; también por el ruido ensordecedor que provocaban los
simpatizantes, la resonancia (o ausencia) de la oratoria del candidato y las
infaltables promesas de campaña.
Después de la alternancia en el
gobierno federal y el grado de incertidumbre que se ha introducido en las
elecciones, los encuentros entre élites se siguen y se seguirán produciendo,
pero su peso relativo para encauzar las solicitudes de los gobernados, aparentemente,
ya no es el mismo. Hoy precisan de ampliar el espectro de sectores e incorporar
a un mayor número de participantes.
El encuentro presencial de los
actos de campaña sigue teniendo su importancia, pero ha sido desplazado
creciente y de forma decisiva por lo que dicen o lo que tiene resonancia en los
medios de comunicación y en las redes sociales. No es suficiente llenar con
miles la plazas públicas. No son para nada fortuitas las dificultades para
regular la presencia de líderes en los medios y el abultado presupuesto para
difusión. Las elecciones se ganan o se pierden en las pantallas, dicen.
Si el proceso de elaboración del
programa de gobierno se ha cerrado en las últimas dos administraciones, la
oportunidad de influir en la composición de la agenda de gobierno se ha
trasladado al periodo previo a las elecciones. Y, precisamente, en ese lapso
estamos. Así que en los meses próximos, hasta poco antes de las elecciones, se
intensificaran las voces y la deliberación pública para demandar soluciones a
los problemas sectoriales.
Lo inquietante es que los
partidos políticos, organismos de interés público que debieran promover la
participación ciudadana, se han revelado como entidades incapaces o
insuficientes para canalizar o representar las demandas de los ciudadanos. En
estas circunstancias, cada vez ha sido más evidente la formulación directa de
propuestas por parte de instituciones y sectores.
No solamente múltiples propuestas
corren por fuera de los partidos políticos, lo hacen de forma colectiva. De
hecho, cada vez menos, las instituciones buscan actuar de forma independiente.
Por el contrario, se articulan en bloques y en organización de organizaciones
para mayor presión y efectividad. Así ocurrió en el sector educativo y en el de
ciencia y tecnología.
Tal vez usted recordará que en
las elecciones del 2012, el entonces rector de la UNAM, José Narro Robles, hoy
secretario de Salud, en conjunto con otras instituciones convocó a la
elaboración de una “Agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación”.
Participaron más de medio centenar de instituciones, entre ellas, centros de
investigación, asociaciones, universidades, academias, organizaciones
empresariales e incluso dependencias gubernamentales.
Al final, elaboraron un documento conjunto (Hacia una Agenda Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación), cuyo principal objetivo estratégico era: “Hacer
del conocimiento y la innovación una palanca fundamental para el crecimiento
económico sustentable de México...”
En el
documento se plasmaron lo que debían ser las líneas para una política de
Estado, lo que incluía, entre otros aspectos, considerar a la ciencia como
prioridad nacional, atender los problemas nacionales, expandir el sistema
nacional de ciencia y tecnología, así como asegurar la gobernanza del sistema y
cumplir lo que dice la ley en materia de financiamiento. Y sí, la mayoría de
esos puntos quedaron en el programa de gobierno. Un avance sustantivo. Pero al
día de hoy, con los resultados a la vista, parece que no fue suficiente.
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