Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No.
733. Noviembre 30, 2017. Pág. 5)
Hace 15 años, una de las
novedades de la reforma a la ley sectorial, entre muchas otras, fue la creación
de la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CNCTI). No, no se trataba de poner en marcha y
celebrar un encuentro de naturaleza académica de un grupo de expertos. Fue la
instauración de una instancia de coordinación entre Conacyt y las entidades
federativas para impulsar la descentralización.
En el 2002, cuando se aprobó la
ley correspondiente, la concentración regional e institucional de las
actividades científicas y tecnológicas era mayor a la que hoy se sigue
apreciando. Además, en esa fecha no todas las entidades federativas contaban
con un organismo similar al Conacyt y a escala de su territorio. Así que
parecía una buena idea crear un organismo para acelerar la descentralización.
Según la ley, la Conferencia es
una instancia permanente de “coordinación institucional entre el Conacyt y las
dependencias o entidades de los gobiernos de las entidades federativas
competentes en materia de fomento a la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y la innovación” (artículo 31). Claro, la pertenencia era solamente
si acepaban la invitación de Conacyt.
Las funciones reservadas a la
CNCTI eran sobre todo para la definición de políticas y programas. Por ejemplo,
para la elaboración del programa sectorial y muy especialmente para respaldar
la “descentralización territorial e institucional de los instrumentos de apoyo
a las actividades científicas y tecnológicas”, el tipo de funciones en las
cuales los gobiernos estatales podían colaborar operativamente e incluso
propuestas de modificación normativa.
Desde el comienzo, la ley otorgó
la responsabilidad al director del Conacyt de proponer al pleno de la
Conferencia las bases de su funcionamiento. Adicionalmente, la misma norma
estableció la periodicidad con la que debía sesionar: “por lo menos cada seis meses
en la entidad federativa que para cada sesión se determine”.
Sin embargo, como ocurrió con
otras instancias, una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que sucede con la
gestión de los asuntos públicos. Al comienzo, la CNCTI funcionó relativamente apegada
a su encomienda y a lo que marcaba la ley. Fue un instrumento relevante para
lograr que todas las entidades federativas contaran con un consejo estatal, o
instancia equivalente, responsable de las actividades científicas y
tecnológicas.
También desempeñó una labor de
asesoría importante para que los estados contaran con una normatividad para
regular las actividades científicas y tecnológicas, por eso se puede apreciar
cierta similitud en lo que establece el marco normativo de los organismos de un
buen número de entidades federativas. Otro tanto hizo para que los asuntos del
sector también formaran parte de las discusiones y acuerdos de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago). Ahí se creó la comisión de ciencia y
tecnología.
No obstante, tal parece que con
los logros anteriores, completados al comienzo de la década actual, la
actividad de la Conferencia llegó a su punto de inflexión y desde entonces se
ha convertido en un organismo prescindible. Entonces: ¿quiere decir que ya tenemos
un sistema más homogéneo y equilibrado?
La concentración regional e
institucional de las actividades ya no es tan alta, como lo era hace dos o tres
décadas. Pero definitivamente todavía tenemos un sistema muy desigual en sus
capacidades y desarrollo, con grandes asimetrías y problemas muy diferentes
según las regiones.
Sin embargo, ni antes ni ahora,
la Conferencia ha funcionado conforme lo previsto. Las sesiones que debía
celebrar no las realiza completamente y el propósito a cumplir parece que solamente
necesita de su mínima intervención. En esta administración, sí fue consultada
la Conferencia para la elaboración del programa sectorial, ocurrió en su
primera sesión del 2013.
Luego, vino lo que pareció lo más
sobresaliente: la elaboración de las Agendas Estatales y Regionales de
Innovación. Un documento relativamente breve para cada una de las 32 entidades que,
se supone, les facilitaría la definición de sus prioridades sectoriales, en
función de sus capacidades específicas y sus inclinaciones y vocaciones
económicas. Al parecer, solamente en algunos estados tuvo utilidad y una buena
recepción.
Después, la CNCTI, en su sesión
del 2015, solamente habló la importancia de las oportunidades de colaboración
entre los consejos estatales y otras instituciones de educación
internacionales. Por último, vinieron algunas sesiones de la comisión de
ciencia y tecnología de la Conago. Y nada más.
El programa sectorial de esta
administración reconoció la importancia de una mayor descentralización de las
actividades científicas y tecnológicas. De hecho, uno de sus objetivos fue
impulsar “el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para
fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente”.
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