Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio. No. 757.
Junio7, 2018. Pág. 5)
Al final del
mes anterior, en San Luis Potosí, un foro académico internacional que tenía
como objetivo deslumbrar con el intercambio y las relaciones académicas entre
Francia y México, localmente cumplió otro propósito: darle visibilidad nacional
al conflicto en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
(Ipicyt). La posterior renuncia del titular es un desenlace parcial, pero es
aleccionador lo que ha ocurrido.
El conflicto,
de acuerdo con el portal de noticias local laorquesta.mx, no es reciente, tiene
poco más de un año. Todo comenzó en abril de 2017. En esa fecha les recortaron los
incentivos económicos a prácticamente la totalidad del personal del Ipicyt.
Solamente el personal directivo quedó a salvo de la disminución que fue del 30
al 50 por ciento del salario que regularmente percibían (https://goo.gl/dyqH8U).
El Ipicyt es relativamente
reciente (se fundó al final del año 2000) y es parte del sistema de Centros
Públicos de Investigación (CPI) del Conacyt. Estos centros son esa veintena de
instituciones que se distribuyen en casi toda la geografía nacional, realizan enseñanza
–principalmente de posgrado— e investigación; el año pasado cumplieron 25 años
de que se integraron. Tienen diferentes especialidades y se agrupan en tres
áreas de conocimiento: ciencias sociales y humanidades; naturales y exactas; y
desarrollo tecnológico.
La
especialidades del Ipicyt son la biología molecular, materiales avanzados,
matemáticas aplicadas, ciencias ambientales y geociencias aplicadas. Tiene
programas de posgrado (maestría y doctorado) en cada una de ellas. El personal
que labora ahí suma poco más de un centenar: 13 directivos; 62 investigadores y
29 técnicos; en los dos últimas categorías se concentró el recorte de salario.
Los incentivos
económicos en las instituciones de educación superior en México es esa política
que se instaló a partir de los años noventa en el subsistema: una compensación
al salario base conforme una evaluación del rendimiento individual. Las
condiciones de aplicación son muy variadas en el heterogéneo conjunto de
instituciones, pero en casi todos los casos, y para una buena parte del
personal académico, representan una proporción significativa de las
percepciones económicas (puede ir de un tercio a más del doble del salario
base). Si de buenas a primeras los incentivos son retirados, resulta
comprensible la afectación.
El caso de los
CPI es todavía más peculiar porque la reforma a la normatividad científica de
fines de los años noventa los colocó en una administración conforme convenios
de desempeño y luego a través de Convenios de Administración por Resultados. En
esta situación, una porción importante del sostenimiento financiero de estos
centros (40 por ciento o más) proviene de ingresos propios.
Las
expresiones de inconformidad del personal del Ipicyt fueron en aumento a lo
largo del año pasado y del actual. En el Tercer Foro Académico Franco-Mexicano
de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado en San Luis Potosí el 29 y 30 de
mayo, con la participación del gobernador de la entidad, personal diplomático
de Francia y el titular de Conacyt, Enrique Cabrero, los investigadores y
técnicos del instituto irrumpieron en el acto. Posteriormente, como lo reportó
el periódico El Universal (SLP), el ahora exdirector del Ipicyt, Alejandro
Femat, renunció al cargo “con el fin de abrir espacios de reconciliación” (https://goo.gl/9Vxekt).
Después de un
año, el hecho confirma que lo importante es que haga crisis la situación y que
se haga presente, ampliamente, la manifestación pública del problema. Antes de
eso, ni pensar en tener la atención y menos una respuesta de los directivos. Un
sendero que sigue cualquier muestra de inconformidad en México que busca ser
efectiva (como bloquear las avenidas o tomar las instalaciones) y que expresa
la baja institucionalidad que nos rige, así como el talante de las autoridades.
También
muestra lo sensible que puede ser cualquier cambio en el tema de los incentivos
económicos y en el salario base. Después de todo, son casi tres décadas de
funcionar bajo un esquema de compensación de alto porcentaje que será muy
difícil remover, sin generar irritación. Igualmente, es notable la relevancia
de la participación federal para mantener el equilibrio presupuestal en las
instituciones académicas.
Por último, el caso del Ipicyt es
un reflejo a escala de la normatividad que rige a los CPI y del posible cambio
que se les avecina. En la propuesta de ley del gobierno federal, ese proyecto
que llegó al cuarto para las doce al Congreso y que no se discutirá en la
actual legislatura, se considera un capítulo de amplia reforma de esos centros.
Incluye un nuevo esquema de gobierno, gestión, control interno y evaluación
externa, así como la eliminación de los Convenios de Administración por Resultados
y la adopción de programas institucionales de planeación.
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