Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No.
762. Julio 12, 2018. Pág. 5)
La primera vez que apareció el
“Programa de descentralización de las dependencias federales” solamente logró levantar
algunas cejas y mirarlo con cierto desdén. El programa formaba parte del
apartado de infraestructura de ese voluminoso, apresurado y relativamente
desordenado Proyecto de Nación 2018 -2024 de Morena. Era noviembre de 2017 y
todavía quedaban muy lejanos los resultados de las elecciones federales.
Incluso, al inicio de junio de
este año, cuando ya se había realizado el tercer debate presidencial y ahí
mismo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer el nombre de la persona
que tenía pensada para ocupar la titularidad de Conacyt --María Elena
Álvarez-Buylla--, tampoco se le veía con seriedad. Un eventual gabinete tomaba
forma, las tendencias en las preferencias electorales se sostenían, pero las
propuestas y los votos en las urnas aún tenían esa dosis de incertidumbre e
irrealidad.
En el cierre de campaña de AMLO,
en el norte de la República, hacia el final de junio, le dijo a la audiencia
reunida para escucharlo: “Ya tomé la decisión de que aquí en La Paz va a estar
el Conacyt. En la descentralización (que hará de las instituciones públicas),
el Consejo para la Ciencia y la Tecnología va a tener como sede La Paz, Baja
California Sur” (El Financiero
19.06.2018). Ya no parecía tomársele a la ligera.
Ahora, una vez conocido el
desenlace de la contienda electoral y cuando la transición ya está en marcha, una
buena parte de las propuestas de entonces serán parte de las acciones del
futuro gobierno a partir del próximo primero de diciembre. Seguramente la
descentralización de las dependencias federales formarán parte de la
estrategia.
En realidad, en sentido estricto,
no sería una descentralización, en todo caso, si se llevara cabo, sería una
“desconcentración”, porque se transferirían dependencias o funciones
administrativas hacia otras entidades, pero el ejecutivo federal seguiría
manteniendo el control y sus capacidades de decisión. ¿No? Por el contrario,
una descentralización significaría delegar funciones, recursos y capacidades a
otros niveles.
De cualquier forma, la
desconcentración es una medida audaz, compleja, lenta y riesgosa. Aunque, sin
duda, vale la pena intentarla. Sí, México no se termina en el periférico de la
Ciudad de México (Cdmx), como frecuentemente espetan los habitantes de otras
entidades federativas, ante la soberbia, los privilegios o la miopía de los
habitantes de la Ciudad capital.
Lo que contiene el documento del
Proyecto de Nación 2018-2024 sobre la descentralización de las dependencias
federales es apenas un esbozo. En cuatro páginas está el diagnóstico, objetivo,
metas, acciones y costos. Por ejemplo, destaca el exacerbado centralismo de
México: “El gran generador de ésta
histórica concentración ha sido el sistema político mexicano, que desde hace
siglos ha hecho que la mayoría de las decisiones del poder graviten en torno al
centro político de la nación...” (p. 276). También menciona cifras: alrededor
del 80 por ciento de los casi tres millones de personas que trabajan para el
gobierno federal (en 18 secretarías y 299 entidades de gobierno) se concentran
en la Ciudad de México.
En consecuencia, el objetivo es descentralizar el gobierno para empezar
el “proceso de desconcentración de la megalópolis mexicana de forma
planificada”. Un proceso que, se plantea, contribuiría a la reactivación económica,
la generación de empleo, bienestar de las comunidades y eficiencia en los
trámites administrativos. Por lo pronto, de forma preliminar ahí se anotaron
casi una treintena de dependencias de la administración pública que se
trasladarían a otras entidades federativas. No, no están las secretarías de
mayores capacidades políticas: Gobernación; Hacienda; Defensa Nacional; Marina;
o Relaciones Exteriores. Sí están las otras 13 secretarías y organismos como
Conacyt.
No obstante, las líneas de acción consideran la realización de estudios
para decidir el destino de las reubicaciones, el traslado parcial o total de
las dependencias, así como la conciliación sindical y la problemática social y
política asociada al traslado laboral. Tal vez la movilidad de los trabajadores
sea uno de los puntos más sensibles y complejos para llevar a cabo la desconcentración
de la administración pública. No es menor, nada menor, aunque seguramente
dependerá de la estructura de incentivos que se diseñe.
Tampoco lo son los recursos financieros que estarían implicados y ese
puede ser otro punto de naufragio para las buenas intenciones. Sobre todo si le
sumamos la gran cantidad de iniciativas que están comprometidas. En las
previsiones presupuestarias, en el Proyecto de Nación, se considera que la
inversión anual para la desconcentración sería de alrededor de 21 mil millones
de pesos, el total sumaría aproximadamente 125 mil millones de pesos durante el
sexenio y solamente el primer año sería de presupuesto público, el resto sería
por otros instrumentos de financiamiento. Nada sencillo de resolver.
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