Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio. No. 769.
Septiembre 6, 2018. Pág. 5)
No aparece en
las más de 700 páginas del último informe de gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto, el que entregó el secretario de gobernación al Congreso el pasado
sábado 1 de septiembre. Tampoco está en el casi millar de páginas de los anexos
estadísticos del mismo informe. Nada sobre la Coordinación de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia (CCTIOP). Ni una
palabra sobre lo que hizo o dejó de hacer esa instancia. No fue el caso de
otras coordinaciones de la misma oficina.
¿Usted
recuerda qué era o porqué se creó esa Coordinación? En la campaña electoral del
2012, la agrupación de rectores universitarios y un grupo de científicos, relativamente
más reducido, se pronunciaron por la creación de una nueva secretaría. Una que
incluyera a la educación superior pero también a la ciencia y a la tecnología.
La posición sobre los rasgos que podía adoptar esa nueva entidad
administrativa, sin embargo, no era clara ni unánime; ni en unos ni en otros.
Sobre todo porque no se preveía el convencimiento de una coexistencia armónica
entre las dos partes.
Quizás porque
los desacuerdos se alcanzaron a entrever, el entonces candidato Peña Nieto
pidió tiempo para pensar la conveniencia de crear o no la nueva secretaría. Una
vez pasadas las elecciones de aquel periodo, ya como presidente en funciones, la
conclusión fue negativa. El argumento básico fue que no había necesidad de
crear una nueva estructura administrativa, porque el ejecutivo federal ya
presidía el máximo órgano de coordinación y política sectorial. Además, también
se añadía que el secretario de Hacienda –en ese entonces Luis Videgaray-- sería
el presidente de la junta de gobierno de Conacyt.
Y sí,
efectivamente, según lo mandata el artículo 5 de la ley de ciencia, el
presidente de la República debe encabezar el Consejo General de Ciencia,
Tecnología e Innovación. Un órgano que se encarga de establecer las políticas
nacionales, aprobar el programa sectorial y definir prioridades de gasto. Claro,
como en estas mismas páginas hemos reiterado, el problema es que el Consejo es
de tan alto nivel –suman una veintena de personalidades y entre ellos nueve
secretarios de Estado- que pocas veces ha logrado reunirse dos veces por año y
funcionar conforme está previsto en la norma.
En fin, el
asunto es que en lugar de crear una nueva secretaría, el presidente Peña
propuso crear una CCTIOP para que lo apoyara en los esfuerzos de coordinar
mejor el sector. El nombre como se podrá advertir no incluía a la educación
superior. El mecanismo fue relativamente simple: emitir un nuevo decreto del
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República en el Diario Oficial
y listo. Así fue. El decreto apareció publicado el 2 de abril de 2013.
Una decena de
funciones le fueron asignadas, la mayor parte intrascendentes o de
responsabilidad limitada, porque eran de apoyo o trabajo conjunto con otras
instancias –principalmente con Conacyt, para la elaboración de diagnósticos,
modificaciones normativas o solicitudes de información. Nada vinculante ni
decisivo. Al comienzo, la Coordinación estaba adscrita a la jefatura de la
oficina de la presidencia, por ese entonces encabezada por Aurelio Nuño.
Después, en
octubre de 2015, una nueva modificación al decreto del reglamento de la oficina
de la presidencia, cambió de adscripción a la Coordinación: dejó la oficina
de la jefatura y pasó a la “Coordinación
de política y gobierno”. Un descenso de nivel, si es que alguna vez lo tuvo, lo
cual ocurrió precisamente cuando su primer titular, Francisco Bolívar había
dejado el cargo, un mes antes. El lugar quedó vacante hasta abril de 2016,
cuando el ejecutivo federal nombró a Elías Micha como siguiente y actual coordinador.
En este
escenario, tal vez por eso no resulta sorprendente lo que dijo el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 22 de agosto. Fue en la
ceremonia en la que el rector Enrique Graue le entregó, en el Palacio de
Mineria, el documento: “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas
públicas en ciencia, tecnología e innovación”. Una vez que escuchó la larga
lista de oradores y casi al final de su discurso dijo: “Pero hoy di a conocer
quiénes van a estar en las coordinaciones (de la presidencia), y ya no va a
estar esa coordinación (CCTIOP). Va a ser la directora del Conacyt la que nos
va a ayudar, María Elena Álvarez, ella es a la que le tenemos toda la confianza”.
Simple: anunció
la desaparición de la Coordinación. Pocos o nadie la extrañarán. Seguramente
así será: todas las capacidades y funciones quedarán concentradas en Conacyt. La
instauración de la instancia fue irrelevante para el propósito que pretendía
cumplir: eficiencia para la coordinación del sistema y mayores recursos
presupuestales para el sector.
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