Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 768.
Agosto 30, 2018. Pág. 5)
El presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, como lo mencionamos aquí la semana pasada,
anunció 50 lineamientos para acabar con la corrupción e instaurar un régimen de
austeridad en la Administración Pública Federal (APF). En el número 18 quedó
anotado: “Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro
mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la
transparencia”.
El lineamiento
anunciado por AMLO tomado literalmente, comenzaría por cancelar todos los
fideicomisos vigentes en la APF. Y sí, el número de programas atados a fideicomisos
es muy voluminoso. La organización Fundar ha documentado que suman casi cuatro
centenares de fideicomisos e involucran poco más de 800 mil millones de pesos (“Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”,
2018). Alrededor de un tercio de ese total de fideicomisos escapan a la
rendición de cuentas, porque se constituyen con recursos públicos en la banca
privada y están protegidos por la confidencialidad.
En general, sin
considerar los fideicomisos privados que involucran recursos públicos, se
consideran otros dos tipos de fideicomiso: los que son entidad paraestatal (los
maneja la estructura administrativa de la propia entidad) y los que no tienen
estructura orgánica (no son entidad paraestatal). Los paraestatales, como siguen
su propia estructura, no debieran presentar problema de fiscalización y
rendición de cuentas. Actualmente, según los datos de Fundar, este tipo de
fideicomisos son 19, su total de ingresos es de 343 mil millones de pesos y el
monto final de disponibilidad sería de 49 mil millones de pesos en cifras
redondas.
Por su parte,
los segundos, los fideicomisos sin estructura orgánica, no siempre rinden
cuentas, aunque normativamente están obligados a informar sobre los recursos
que manejan (rendimientos, egresos e ingresos), actos jurídicos los denominan. En
el 2018, también conforme los datos de Fundar, estos fideicomisos son mayoría:
suman 337 fideicomisos y su total de ingresos es de 772 mil millones de pesos.
En el caso de
Conacyt, solamente tiene dos fideicomisos entidad paraestatal, es decir que los
maneja directamente: uno de 816 millones de pesos con el Centro de
Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación y
otro por 227 millones de pesos del Fondo para el desarrollo de recursos
humanos. En cambio, fideicomisos sin estructura orgánica, al 31 de junio de
este año, son 65 fondos: 4 institucionales; 35 mixtos; 25 sectoriales; y 1 de Fidetec.
El saldo bancario total sumaba 26 mil 274 millones de pesos, en cifras
redondas.
Los fondos
sectoriales concentran la mayor proporción del total del saldo: casi 17 mil
millones de pesos (64 por ciento del total). Estos fondos comenzaron a operar
al comienzo de los años 2000 y se crean mediante convenios entre Conacyt y
otras dependencias de la APF o entidades del sector (Inee, Sep, Inmujeres,
etc.) con la idea de alentar la investigación de ese mismo sector. Además,
según los datos de propio Conacyt, a junio de este año, la mayor cantidad de
recursos de este tipo de fondos fue para Hidrocarburos –tal vez firmado con la
Sener- y concentró 59 por ciento de los 17 mil millones de pesos. Nada
irrelevante.
En lo que
concierne a los fondos mixtos, los que firma Conacyt con gobiernos estatales y
municipales para fomentar la investigación en determinada área, todas las
entidades federativas tienen firmado al menos un convenio. La cantidad de
recursos que manejan es poco menos de una tercera parte de lo que tienen los
fondos sectoriales y el Edomex (383 mdp), la Cdmx (374 mdp) y Guanajuato (346
mdp) son las entidades que tienen los montos más altos. Las diferencias pueden
o no tener explicación en las capacidades instaladas, aunque los fondos estaban
precisamente para alentar el desarrollo regional.
En fin, el
tema de los fideicomisos tiene muchas aristas y vale la pena examinarlas antes
de decretar su cancelación. Esta etapa de transición es y será irrepetible. No
solamente porque son otros los personajes de hoy o incluso porque las
transformaciones a registrarse pudieran o no ser profundas, lo es porque será
la última vez que se verifique un episodio tan largo. Sumará cinco meses: desde
el 1 de julio, cuando se realizaron las elecciones, al próximo 1 de diciembre,
cuando tomará posesión Andrés Manuel López Obrador. La reforma al artículo 83
constitucional que dice que el mandato comenzará el primero de octubre, no
aplicará para esta toma de posesión, será para las elecciones del 2024 (DOF. 10.02.2014: 29).
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