Alejandro
Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter:
@canalesa99
(Publicado
en Campus Milenio No. 772. Septiembre 27, 2018. Pág. 5)
Las
expectativas y los desencuentros sobre la Constitución Política de la Ciudad de
México fueron mayores cuando apenas se proyectaba su redacción. Hoy, cuando la
norma ya entró en vigor, a partir de este 17 de septiembre, conforme lo marca
su primer artículo transitorio, pasa desapercibida. Ciertamente, el contexto
actual es otro y pocos lo anticiparon; también será otro el próximo periodo
gubernamental. Sin embargo, los derechos y las garantías que establece la carta
magna local no son nada menores, incluyendo tanto educación como ciencia y tecnología.
La
situación entre el nivel nacional y la Ciudad de México (CdMx) es relativamente
contrastante. Mientras la ciudad capital apenas estrena Constitución, el
Congreso de la Unión se dispone a modificar, una vez más, ordenamientos que siguieron
a las llamadas reformas estructurales, entre ellos los cambios al artículo
tercero constitucional. Al menos, por las declaraciones, las escaramuzas
legislativas y las promesas, es el escenario más probable. La Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema y priva sobre
cualquier otro ordenamiento.
También
será diferente la estructura administrativa del gobierno federal y local en el
terreno educativo y científico. El gobierno electo de Andrés Manuel López
Obrador, al designar a la próxima titular de Conacyt, María Elena
Álvarez-Buylla, dijo explícitamente que no fusionaría ese organismo con
Educación Superior (Campus Milenio No. 759). Por el contrario, la
próxima jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al presentar su respectivo
gabinete, anunció su integración en la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación. Dijo que no era solamente un asunto de austeridad,
“sino principalmente porque consideramos que la educación no puede estar
separada de la ciencia y la tecnología” (Reforma
23.07.2018). Una perspectiva opuesta a la del gobierno federal electo.
Pero
quizás, más que la norma y la estructura administrativa, la mayor diferencia,
en este periodo de transición, ha sido el talante de los titulares electos y de
sus respectivos gabinetes. El equipo federal ha sido altamente propenso a las
declaraciones. Todas ellas han terminado en las primeras planas de los diarios
y marcado la agenda mediática, pero todavía no en un programa claro de
gobierno. Aunque, al paso del tiempo, han matizado promesas y las acciones que
piensan poner en marcha, especialmente algunas de las más polémicas, como el
alcance de programas o la descentralización de la administración pública
federal.
Por
el contrario, el gabinete local, salvo algunas declaraciones en torno a las
fotomultas, los pendientes derivados del sismo de 2017 y la descentralización
educativa, han guardado más o menos un prudente silencio en torno a las
acciones que piensan poner en marcha. Ni siquiera ha trascendido el terciopelo
o la aspereza de la transición en el proceso de entrega – recepción de la
administración.
En
particular, sobre la prestación del servicio educativo en la ciudad, hasta
ahora dependiente del gobierno federal y que no se resolvió cuando se elaboró
la Constitución capitalina, la próxima titular de la Secretaría de Educación,
Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz Gutiérrez, anunció: “Esa es la idea. El
titular de la Secretaría de Educación Pública, que será Esteban Moctezuma, y el
próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han acordado
ya con Claudia Sheinbaum que la enseñanza básica va a ser responsabilidad del
gobierno de la ciudad” (La Jornada 08.08.2018: 32).
Las
garantías que establece la Constitución local serán el referente insoslayable. En
su artículo 8 (Ciudad educadora y del conocimiento) están cuatro derechos
fundamentales: a la educación; a la ciencia e innovación tecnología; a la cultura;
y al deporte. En el primer caso, no solamente se garantiza el derecho universal
a la educación obligatoria en la ciudad, también se anota: “Toda la educación
pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de
calidad”. Nada más.
La
norma de la ciudad también garantiza “el libre acceso, uso y desarrollo de la
ciencia, la tecnología y la innovación”, así como el disfrute de sus
beneficios. Además, indica que el acceso a internet será gratuito, de manera
progresiva, en todos los espacios públicos, incluyendo escuelas, edificios
gubernamentales y recintos culturales. Más todavía: establece que el monto
destinado al desarrollo de la ciencia y la tecnología no podrá ser menor al
“dos por ciento del presupuesto de la ciudad”.
La
misma Constitución prevé un sistema de indicadores que permitirán valorar la
garantía en el cumplimiento progresivo de los derechos de los capitalinos. Un
sistema que estará bajo la responsabilidad del Instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Lo más importante es que el
mismo ordenamiento destaca que: “Toda persona, grupo o comunidad podrá
denunciar la violación a los derechos individuales y colectivos reconocidos por
esta Constitución, mediante las vías judiciales y administrativas para su
exigibilidad y justiciabilidad” (artículo 5, sección “B”).
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