Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 786. Enero 17, 2019. Pág.
5)
Difícil que el
presupuesto 2019 para la Ciudad de México (CDMX) cumpliera lo que le mandata su
primera Constitución Política. También era poco probable que la principal norma
de regulación de la administración local se planteara la posibilidad de
establecer un Instituto desconcertado
de una Secretaría. Así fue.
La
Constitución Política de la CDMX apenas entró en vigor en septiembre del año
pasado y, entre otros derechos y garantías, establece que toda la educación
pública local “será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de
calidad”. En el mismo artículo 8, en diferente apartado, considera que habrá una
partida para ciencia y tecnología que no puede ser inferior al dos por ciento
del presupuesto de la Ciudad.
Por lo pronto,
en 2019, el presupuesto para educación no registra variación respecto de los
años previos (alrededor del 3.5 por ciento del presupuesto total de la Ciudad).
Seguramente porque el apartado B de la Constitución local nada mencionó sobre descentralizar
la educación y porque la prestación del servicio educativo (inicial, básica e
indígena) sigue siendo una responsabilidad del gobierno federal. Así seguirá
mientras no se acuerde lo que dice el artículo cuarto transitorio de la Ley
general de educación (por cierto, un tránsito que lleva 25 años, y sumando).
El presupuesto
para el sector de ciencia y tecnología tuvo una variación, pero no exactamente
en el sentido marcado por la norma constitucional. En realidad es algo
paradójico. El primer año que pudo llevarse a efecto o aproximarse a lo que dispone
la Constitución en la materia, fue cuando dejó de existir la Secretaría que se
encargaba del sector.
El dictamen de
comisiones unidas de los diputados locales dice que la fusión de las dos
secretarías en una sola (Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación), no solamente es un asunto de austeridad y racionalidad en el gasto
público, se debe principalmente a la indisoluble relación entre ambas.
Además, dice
el mismo dictamen, llegaron a la conclusión de que muchas de las actividades
que realizaba la Secretaría de Ciencia, “las puede retomar la Secretaría de
Educación de la Ciudad de México, a través de una Subsecretaría” (Gaceta Parlamentaria. Año 1. No. 41.
13.12.2018). Puede ser, la existencia de una dependencia administrativa no
garantiza, necesariamente, la efectividad y relevancia del sector que coordina,
depende de sus capacidades y el programa de trabajo que desarrolle.
Sin
embargo, en cualquiera de los casos, la fusión de secretarías no exime de
cumplir lo que prevé la Constitución actual en materia de financiamiento: “En el presupuesto de la Ciudad de México, se considerará una
partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no
podrá ser inferior al dos por ciento del Presupuesto de la Ciudad” (numeral 6
del Apartado C del artículo 8 de la Constitución de la CDMX).
En el año 2015, el presupuesto para CDMX
fue de 169 mil millones de pesos y al sector de ciencia y tecnología le
asignaron 344 millones de pesos. En 2018 las cifras ya registraban un
incremento (26 y 14 por ciento, respectivamente). En este año, el total de
gasto para la Ciudad es de 234 mil millones de pesos y el destinado para
ciencia y tecnología es de 359 millones de pesos.
Lo inquietante es que, en todos los años,
la participación relativa del gasto para ciencia y tecnología, respecto del
gasto total, viene disminuyendo: en 2015 representó el 0.20 por ciento; en 2018
el 0.18 por ciento; y en este año el 0.15 por ciento. El porcentaje, como es
evidente, se ha deslizado hacia abajo y se aleja cada vez más de lo que le
marca la Constitución.
El ajuste en
la estructura de la administración pública local fue relativamente amplio y profundo
(fusionó las secretarías de Educación y Ciencia; el Instituto de la Mujer se
transformó en Secretaría; la Secretaría de Desarrollo Rural se transformó en la
Secretaría de Pueblos Indígenas; la de Desarrollo Social cambió a Inclusión y
Bienestar Social, por ejemplo).
Todos estos
cambios quedaron registrados en la recientemente aprobada “Ley orgánica del
poder ejecutivo y de la administración pública de la Ciudad de México”. Lo
sorprendente es que un artículo transitorio de esa misma ley dice que el gobierno
capitalino: “procurará una vez evaluados elementos de austeridad y eficiencia
del gasto la creación de un Instituto que de manera desconcertada (sic) a la Secretaría de Educación,
Ciencia y Tecnología e Innovación realice de manera coordinada al (sic) programación, ejecución, evaluación
y verificación de aquellas acciones, proyectos, programas y políticas públicas
en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación” (Gaceta oficial de CDMX. No. 471 Bis. 13.12.2018: 65)
¿Una
coordinación desconcertada? Vaya, probablemente se trata de un error. Si no lo
es, será un retorno a la génesis de lo que fue la hoy inexistente Secretaría.
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