Alejandro
Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter:
@canalesa99
(Publicado
en Campus Milenio No. 787. Enero 24, 2019. Pág. 4)
“Para
mí, como científica, no es aceptable”. Las palabras sonaron fuerte porque las
estaba diciendo María Elena Álvarez Buylla, la actual titular del organismo rector
de las políticas científicas y tecnológicas en México. Las dijo el pasado 17 de
enero, en la ceremonia de cambio de la coordinación general del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico. Ahí concluía el doble periodo de José Franco como
responsable del Foro y Julia Tagüeña asumió como nueva titular.
¿Qué
es inaceptable para Álvarez Buylla? Básicamente, las voluminosas transferencias
de recursos públicos hacia el sector empresarial. Por ejemplo, dijo la titular
del Consejo: “No entiendo cómo es que durante seis años se hicieron aportes que,
si juntamos toda la batería de fondos, de becas, de catedráticos, etcétera,
está rondando los 50 mil millones de pesos de transferencias, muchas líquidas y
otras igualmente importantes, del sector público de este raquítico prespuesto
de ciencia y tecnología a empresas, muchas de ellas grandes empresas, muchas de
ellas empresas transnacionales”.
Los
cálculos de la directora de Conacyt son preliminares, pero son sumamente
inquietantes. El monto de los 50 mil millones de pesos (mmdp) para las empresas,
dice Álvarez Buylla, es aproximado porque tiene un margen de error de más menos
15 mmdp debido a que apenas están reuniendo todos los datos. De todas formas,
aún restando el margen de error, la cantidad es relevante.
Sin
embargo, también consideremos que los 50 mmdp son de todo el sexenio. Esto es,
si hubieran sido distribuidos en el periodo, tocarían poco más de 8 mmdp anualmente
(entre un nueve y 12 por ciento del presupuesto total del sector en cada año). Claro,
la suma de los 50 mmdp, si lo comparamos con el presupuesto de un año, sí
representa una proporción altamente significativa. Por ejemplo, para este año
sería el 56 por ciento del presupuesto total para el sector.
Otro
cálculo mencionado por la titular de Conacyt también es muy importante. Según
sus cifras, el raquítico gasto nacional en ciencia y tecnología ni siquiera
llega al 0.4 por ciento del PIB, dijo que “va por ahí del 0.33” por ciento. La
expresión no tiene el rigor ni la precisión de un indicador; no obstante, es un
dato revelador porque contradice lo que informó la administración anterior. Los
anexos estadísticos del último informe de gobierno de Peña Nieto reportan que
en 2018 la proporción fue de 0.48 por ciento respecto al PIB (p. 262). La
diferencia puede significar muchos miles de millones de pesos, así que hacen
falta las aclaraciones correspondientes.
Un
problema más, y tal vez de mayor relevancia, es para qué propósitos se transfirieron
recursos públicos al sector empresarial y si fue indebido o no. Tal vez
tendríamos que esperar las cifras consolidadas y el informe detallado de la
actual administración. No obstante, la referencia de Álvarez Buylla a una
bateria de “fondos, becas, catedráticos” para el sector privado en el sexenio
anterior, expresa que podríamos estar ante un golpe de timón en la conducción
de Conacyt. Un punto de inflexión en la distribución de recursos financieros
del organismo rector de las políticas.
En
la instauración de Conacyt, hace ya casi medio siglo, las iniciativas de apoyo
se dirigieron principalmente al sector público, en buena medida porque la
investigación se concentraba casi exclusivamente en las instituciones de educación
superior públicas y también porque en esos años comenzó el agotamiento del
modelo de sustitución de importaciones.
Sin
embargo, al paso del tiempo, con el fortalecimiento del sistema nacional de
ciencia y tecnología, la apertura de la economía, el crecimiento del sector
privado, la economía política adoptada y las dificultades en el mercado
laboral, fue operando un cambio en el respaldo de las iniciativas, las cuales se
dirigieron tanto al sector público como al privado.
Pensemos,
por ejemplo, en la modificación del reglamento de las becas de posgrado que
otorga Conacyt. Al comienzo era un crédito y se condonaba si el estudiante, una
vez formado, trabajaba (de forma remunerada) en una institución pública al
menos la mitad del tiempo que recibió la beca. Ahora, solamente son apoyos y no
importa en qué lugar se desempeñe.
Algo
similar ocurrió con el Sistema Nacional de Investigadores. Al inicio solamente
se dirigió al personal del sector público, luego se amplió a los del sector
privado, pero a ellos Conacyt solamente les otorgaba el reconocimiento, los
incentivos corrían por cuenta de sus propias instituciones. Después, Conacyt
aportaba una tercera parte del pago de incentivos y más recientemente absorbió
todo el pago.
Los
cambios han sido en diferentes rubros a lo largo del tiempo, pero se
profundizaron al final de los años noventa. El caso más emblemático ha sido el
de los incentivos fiscales para las empresas y en la próxima entrega
examinaremos los datos. Por ahora, solamente anotemos que está por resolverse si
los intereses empresariales han capturado los intereses públicos o no. La
fracción IX del primer artículo de la ley de ciencia y tecnología dice que su
objeto es “fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas
nacionales que desarrollen sus actividades en territorio nacional”.
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