Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 822. Octubre
17, 2019. Pág. 5)
La ciudad
capital no tiene un marco normativo acorde con la reciente reforma del artículo
3º constitucional, tiene hasta mayo del año próximo para armonizar sus leyes al
respecto, conforme lo ordenó la misma reforma. Sin embargo, lo sorprendente es
que su Constitución local estipuló que debía elaborar una ley de educación y no
lo ha hecho.
El artículo
décimo cuarto transitorio de la Constitución Política de la CDMX dispuso: “El
Congreso tendrá un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta
Constitución para expedir la ley de educación de la Ciudad de México y demás ordenamientos”.
La
vigencia de la Constitución capitalina comenzó el 17 de septiembre de 2018. Si
se hubiera acatado lo que ahí se dispone, la nueva ley de educación local y
demás ordenamientos debieron estar listos el pasado mes de marzo. No estuvieron.
El
mismo artículo transitorio estableció que otros 180 días posteriores a la
entrada en vigor de la legislación en materia de educación, se debía
implementar el sistema educativo. Además, el gobierno local tendría que presentar:
la propuesta educativa correspondiente a
los servicios de educación inicial, comunitaria, técnica, profesional,
educación especial y complementaria o de extensión académica, y de atención a
la diversidad étnica o cultural, en un plazo que no exceda los dieciocho meses
a partir de la entrada en vigor de las leyes en la materia. Un extenso horizonte.
Por lo
pronto, todavía siguen vigentes la Ley de Educación
del Distrito Federal y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito
Federal, a pesar de que, desde diciembre del año pasado, la actual administración
fusionó ambos sectores en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación (Seciti).
Al parecer, la
administración local sabe lo que está mal en la educación de la CDMX y lo que
habría que hacer para remediarlo, eso sugieren las afirmaciones que están en su
primer informe de gobierno. No deja de ser revelador su apunte acerca de que el
estancamiento de la educación en la Ciudad profundizó el problema de la calidad
en la educación básica e inicial, así como el abandono escolar y el ingreso a
la educación media superior y superior.
A pesar de que
el documento no es propiamente un diagnóstico de la educación en la CDMX, ahí destaca
que lo anotado solamente son “algunos de los problemas cuya magnitud se ocultó bajo el
velo de los datos de cobertura, en los que la ciudad alcanzaba niveles
superiores a 100 por ciento” (p. 21). Sí, la ciudad capital ocupa las primeras
posiciones en los indicadores de cobertura en todos los niveles educativos y la
primera posición en promedio de escolaridad de sus habitantes (tiene 11.3
grados y en la punta opuesta está Chipas con 7.8 grados de escolaridad).
Pero, ¿el promedio de
escolaridad y la cobertura han opacado graves problemas educativos? Los
promedios, como se sabe, esconden grandes diferencias. Todavía más revelador
resulta la afirmación del informe acerca de que “La Ciudad de México es la
cuarta entidad con mayor desigualdad en materia educativa”. Desde luego no es en
el acceso porque exhibe altas tasas de cobertura y tampoco en analfabetismo o rezago.
Las cifras más recientes muestran
que la CDMX tiene casi 70 mil personas que no saben leer ni escribir (1 por
ciento de la población), por lo que es, según la cifra relativa, la entidad con
la menor proporción de población analfabeta del total de entidades federativas.
Prácticamente todos sus habitantes mayores de 15 años cuentan con educación primaria
concluida (solamente 5 por ciento no tiene esa condición) y tiene el menor
porcentaje de población de toda la República en situación de rezago educativo (personas
mayores de 15 años que no saben leer o escribir o no han concluido la primaria
o secundaria).
El informe no indica explícitamente
a qué indicadores se refiere cuando señala que la CDMX es la cuarta entidad con
mayor desigualdad en educación. Sin embargo, cuando dice que por esa condición
se han puesto en marcha acciones dirigidas a elevar la calidad en educación básica
y media superior, particularmente en zonas de alta marginación, se puede entender
la importancia de la evidencia y que el problema fundamental no solamente es el
de cubrir la demanda, también es, y muy importante, la calidad educativa que
reciben niños y jóvenes.
El
año pasado, el Coneval presentó su “Estudio Diagnóstico del Derecho a la
Educación 2018”, basado en tres dimensiones: disponibilidad, accesibilidad y calidad.
Posteriormente lo veremos en detalle, pero es un reporte que se suma a la imprescindible
serie de evidencias y datos acumulados por diferentes instituciones (exINEE, INEGI,
por ejemplo) que
permiten tomar decisiones informadas. ¿Haremos de cuenta que son innecesarios? Ojalá
no.
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