Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 820. Octubre 10, 2019. Pág. 5)
La primera
Constitución Política de la Ciudad de México, a pesar de las puntualizaciones
críticas sobre su redacción y técnica jurídica, fue notable por la garantía de
derechos que estableció. En febrero de 2017, cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial local, todavía no se vislumbraban
los resultados de las elecciones federales del año pasado, tampoco que habría
una nueva reforma del artículo 3º constitucional, menos que sería desterrado el
término calidad del vocabulario legislativo y todavía menos que, finalmente, el
gobierno capitalino podría tener la responsabilidad de prestar los servicios
educativos.
Ahora, sin
embargo, algunos de los cambios que anticipó la constitución local también
forman parte de la carta magna. Además, la descentralización de los servicios
educativos en la CDMX podría tener lugar en el corto plazo y su actual
administración fusionó la secretaría de educación y la de ciencia en una sola:
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti).
En la Constitución de la CDMX, en su extenso artículo 8,
quedaron consignados los derechos a la educación, la ciencia, la cultura y el
deporte. En la primera fracción del apartado A (Derecho a la educación) quedó
establecido que en la ciudad capital todas las personas tienen derecho a la educación en todos los
niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. También asumió la garantía
sobre el derecho universal a la educación y precisó que “toda la educación
pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad”.
Lo relevante es que la
misma Constitución local incluye la exigibilidad y justiciabilidad de los
derechos, lo que significa que se podrá denunciar la violación de derechos
individuales y colectivos amparados por el ordenamiento y exigir su
restitución. O bien, exigir no solamente el ejercicio de un derecho, también
que ese derecho cumpla con las características que debería.
Algo similar ocurre con el derecho a la ciencia y la innovación
tecnológica, cuya garantía de libre acceso, uso y desarrollo también incluye la
Constitución de la CDMX. Además, en esta última también quedó estipulado el
derecho de toda persona “a disfrutar de sus beneficios y desarrollar libremente
los procesos científicos de conformidad con la ley” (apartado C del artículo 8).
Una redacción relativamente similar a la que ahora tiene el artículo 3°
constitucional.
No obstante,
persiste una diferencia notable en lo concerniente al financiamiento. La
Constitución local dice que: “En el presupuesto de la
Ciudad de México, se considerará una partida específica para el desarrollo de
la ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del
Presupuesto de la Ciudad” (Artículo 8, apartado C, fracción 6).
En cambio, el
artículo 3° constitucional dice que se proveerán los recursos y estímulos
suficientes para la investigación. A su vez, la recientemente aprobada Ley
General de Educación (LGE) anota que el financiamiento para la educación
pública no será menor al equivalente del 8 por ciento del PIB y de esa
proporción, al menos el 1 por ciento será para educación superior y para
investigación científica y humanística en las instituciones públicas de
educación superior.
Entonces ¿qué
ocurrió con el financiamiento para la actividad científica y tecnológica en la
CDMX? La Constitución local no previó ningún artículo transitorio –sí lo hizo
para la descentralización de los servicios educativos--, así que asignar el dos
por ciento de su presupuesto total debió entrar en operación en este año.
Según el
decreto de presupuesto de egresos local para 2019, el gasto neto total para el
sector público fue de poco más de 234 mil millones de pesos. En la función por
gasto, la asignación presupuestal para el rubro de ciencia, tecnología e
innovación fue de 359 millones de pesos. En la erogación por dependencias, la
Seciti –dado que están fusionados educación y ciencia-- recibió 1 mil 844
millones de pesos. Si se hubiera aplicado la norma, el volumen solamente para
ciencia habría sido cercano a los 5 mil millones de pesos y más del doble si se
añade educación.
Después de
casi tres décadas, la descentralización de los servicios educativos en la CDMX
sigue pendiente. El cuarto transitorio de la LGE anterior decía que sería
conforme un acuerdo con la organización sindical y nunca lo fue. Ahora, otro
transitorio de la reciente LGE dice que será hasta que se celebre un acuerdo
entre la federación y el gobierno local, lo cual se ve más probable y cercano,
aunque queda un largo camino normativo por recorrer.
El reciente
informe del gobierno local permite un acercamiento a la valoración que tiene
tanto del sector educativo como del científico. Aquí lo veremos.
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