CyT: ¿HOJA DE RUTA?

El nuevo director de Conacyt, Enrique Cabrero, en su discurso de toma de posesión, el pasado 3 de enero, en breves y contundentes palabras, identificó lo que considera el mayor problema de la ciencia y tecnología en México, la solución y qué hará al respecto. En la misma ceremonia, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó al nuevo funcionario a realizar cinco acciones.

Todo un plan en marcha. Sin embargo, tal vez se trata de un dispositivo demasiado sencillo, como a menudo ocurre, para cruzar la prueba de la realidad y el laberinto organizacional del sistema científico y tecnológico. Incluso, las referencias sobre la eventual Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Presidencia fueron crípticas.

Enrique Cabrero reconoce la escasa consistencia de la política sectorial: “Un diagnóstico objetivo nos lleva a reconocer que México ha llegado tarde a su integración en la llamada sociedad del conocimiento. Es un hecho que, por muy distintas razones, nos hemos quedado atrás en el fomento de una política científica y tecnológica”.

En opinión del ahora titular de Conacyt, el tema de los recursos han sido una desventaja, pero no es el problema principal. El mayor problema, desde su perspectiva, es que los diferentes elementos del sistema científico y tecnológico no han sido integrados en una normatividad correcta y bajo una política clara y eficaz.

Entonces, tal parece que se trataría de modificar el marco institucional del sistema científico y tecnológico, superar su rigidez, desarticulación, burocratización y colocar los incentivos correctos. Pero, ¿hacía dónde debería orientarse? Nuevamente se presenta el dilema inveterado: concentrarse en el desarrollo tecnológico y particularmente en tratar de vincular la industria con la academia, o bien, enfatizar e impulsar la ciencia básica.

Cabrero se pronuncia por conciliar ambos esfuerzos, sin embargo, ha sido una ruta poco consistente, ensayada en múltiples ocasiones y cuyos resultados están a la vista. Además, sugiere transitar por una vía que ha sido poco experimentada “lo haremos, consolidando los espacios de interacción y tejiendo una red de política pública con acuerdos y compromisos visibles, verificables y medibles”.

La vía por explorar es parte de lo que el mismo Cabrero, Valadés y López identificaron hace más de seis años como uno de los problemas del sistema científico y tecnológico en México: la construcción de una verdadera red de política pública (El diseño institucional de la política de ciencia y tecnología en México. UNAM-CIDE).

Aparte de lo que el titular de Conacyt tiene identificado para proceder, también está lo que el ejecutivo federal le instruyó a realizar. En este último caso, le indicó que, junto con las secretarías de Hacienda y Economía, debe diseñar una hoja de ruta para que al término de esta administración se alcance el 1 por ciento del PIB de inversión en el sector y el 1.2 por ciento en una década.

También le solicitó políticas públicas diferenciadas para las regiones y estados conforme sus capacidades, lo mismo que fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores, la creación de un verdadero Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y fortalecer la vinculación entre el sector productivo y la academia.

Además, Enrique Peña Nieto (EPN), recordó que también está pendiente la creación de un organismo --mencionado en los tiempos de campaña y después recuperado en un documento de propuestas--, denominado Fundación para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, en cuyo funcionamiento participarán los particulares.

Es decir, tal parece que el acento estará puesto, una vez más, en la continuidad de ciertos programas y en la modificación del marco normativo, sea para integrar un verdadero sistema de ciencia y tecnología y/o para establecer los incentivos correctos.

La creación de una Secretaría de Ciencia y Tecnología ya está descartada, como lo dijo claramente el propio ejecutivo federal. Sin embargo, lo que no está claro es la función que cumplirá esa estructura referida por EPN que trabajará “desde el área de la Presidencia de la República”, para tener una mayor vinculación con Conacyt. Una estructura en la que participara Francisco Bolívar, el encargado del equipo de transición.

Apenas es el comienzo de la nueva administración, falta la integración del programa sectorial y el encuentro con los principales actores. Veremos qué tan clara es la hoja de ruta para una red de política pública.

(Publicado en Campus Milenio No. 491. Enero  10, 2013)

EL AUMENTO A CyT Y SUMA CERO

El compromiso número 46 del Pacto por México estableció que “se dará cumplimiento a la ley de ciencia y tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento. El incremento presupuestal iniciará en el presupuesto 2013”.

Efectivamente, en la propuesta de paquete económico para el año próximo que remitió el ejecutivo al Congreso el pasado 7 de diciembre, los números del presupuesto para el sector se incrementaron respecto de lo que había ocurrido en años anteriores.

Todavía faltan las modificaciones y aprobación del monto final del presupuesto por parte de los Diputados, para saber el volumen final del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2013.

Según las estimaciones del paquete económico, se prevé un crecimiento del PIB para el año próximo de 3.5 por ciento, una inflación de 3 por ciento y un precio promedio del precio de barril de petróleo de exportación de 84.9 dólares. Lo notable es que no plantea modificaciones al marco fiscal, tampoco nuevos impuestos, afirma que el presupuesto es de “déficit cero” y el incremento global del presupuesto de egresos, respecto del año anterior, es de 2.3 por ciento en términos reales.

Si el paquete económico no considera cambios recaudatorios, el incremento global de los egresos es relativamente modesto y, además, los compromisos del Pacto y del gobierno federal están asegurados presupuestalmente, entonces se trata de cambios de casi suma cero y de ajustes mayores al PEF.

En comparación con el incremento del presupuesto global, el incremento para ciencia y tecnología (ramo 38) fue importante. El primero, como ya lo anotamos, fue de 2.3 por ciento en términos reales, mientras que el segundo fue de casi 15 por ciento. No obstante, las cifras del aumento tienen algunas peculiaridades.

Este año, al sector científico y tecnológico se le destinaron 59 mil 324 millones y de ellos Conacyt recibió 25 mil millones de pesos. El proyecto que envió el ejecutivo federal para el año próximo, propone que el sector reciba 70 mil 395 millones y Conacyt 28 mil 313 millones de pesos.

Esto es, en términos nominales, el incremento para el sector sería ligeramente arriba de los 11 mil millones de pesos. Un crecimiento relativamente significativo, pero no mayúsculo. El incremento se distribuye diferenciadamente en las distintas secretarías que reciben recursos para actividades científicas y tecnológicas.

Por una parte, habría que considerar que en esta ocasión, el proyecto de PEF 2013 incorporó en el gasto por ramos, el rubro correspondiente a “previsiones salariales y económicas”, es el rubro que se refiere al incremento a salarios y creación de plazas de todas las dependencias. En años anteriores, ese incremento estaba considerado en un anexo aparte y no formaba parte del ramo.

En el caso del sector científico y tecnológico (ramo 38), el rubro de previsiones salariales y económicas es de un volumen importante:  4 mil 517 millones de pesos. Representa un 41 por ciento del total de aumento.

El proyecto propone para Conacyt un incremento de 3 mil 887 millones de pesos, respecto de lo que recibió en este año. Es un aumento al gasto ejercido centralmente y en el que seguramente están considerados los 2 mil 500 millones de pesos para el nuevo programa que anunció el Presidente, Enrique Peña Nieto, el pasado 13 de diciembre, en la ratificación de la directora del IPN.

Otras tres secretarías que canalizan recursos a actividades científicas y tecnológicas, para las que también se consideran incrementos, son las de Salud con 4 mil 313 millones de pesos (un incremento mayor que el de Conacyt), Educación Pública con 932 millones de pesos, y Energía con 198 millones de pesos de aumento.

Incrementos más bien modestos e insignificantes reciben Sagarpa, Marina, ISSSTE, Tursimo, la PGR y Comunicaciones y Transportes, con montos de incremento entre 2 y 20 millones de pesos. Por el contrario, a Gobernación, al IMSS y a Semarnat los recursos más bien se les disminuyeron (entre 16 y 67 millones de pesos).

En fin, como se podrá apreciar, sí existe un aumento para ciencia y tecnología, de alrededor de 7 mmp, pero no del orden del 15 por ciento en términos reales e incluso más bien modesto si se considera que falta la aprobación de los diputados y lo que establece el artículo 9 Bis de la ley del sector.

(Publicado en Campus Milenio No. 491. Diciembre 20, 2012)

¿NUEVA LEY Y/O SECRETARÍA DE CTI EN EL DF?

La relativa facilidad que se preveía para crear una secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en el DF, podría no ser tan sencilla ni tan rápida.  El tema tiene sus implicaciones técnicas y financieras.

El actual gobierno federal abandonó la idea de crear una nueva secretaría de ciencia y tecnología –incluyera o no a la educación superior. Al menos, como lo dijimos aquí hace dos semanas, no la consideró en su reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y seguramente no presentará otra reforma a la misma ley en el plazo corto.

De hecho, más que crear nuevas secretarías, la propuesta de reforma administrativa del actual ejecutivo federal va más bien en el sentido de suprimir estructuras, centralizar y concentrar funciones.

En estas páginas sostuvimos que había una especie de paralelismo en los gobiernos federal y del DF, respecto a la iniciativa de crear una nueva estructura para la ciencia y tecnología. Aunque, en realidad, la situación local funcionó más bien como un acicate a la reticente actitud del gobierno federal en esta materia.

La disposición del hoy jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, al expresar como compromiso de campaña, el 7 de mayo de este año, la creación de una secretaría de ciencia, tecnología e innovación, ofrecía la posibilidad de que sus promesas se podrían convertir en hechos. Una vez ganadas las elecciones y asumido el puesto, la certeza fue mayor.

Los mismos diputados locales del partido en el gobierno, con mayoría en la Asamblea, como también lo señalamos en estas páginas, el pasado mes de octubre se aprestaron a formular un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del DF (LOAPDF) para dar lugar a la creación de una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Una iniciativa que, según el proyecto de reforma, solamente modificaba la LOAPDF e inicialmente se preveía que la nueva Secretaría no consumiría recursos adicionales a los destinados al Instituto de Ciencia y Tecnología del DF (ICyTDF). Sólo faltaba que transcurrieran los 30 días que prevé el reglamento para el dictamen en comisiones, la aprobación en el pleno y listo.

Sin embargo, en la sesión de la Asamblea Legislativa del pasado 27 de noviembre, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Edgar Borja Rangel, solicitó una prórroga para el dictamen y, a la vez, junto con el diputado Federico Döring, ambos del Partido Acción Nacional, presentaron otra iniciativa de nueva secretaría.

La propuesta de Borja y Döring también es una reforma a la LOAPDF, pero fundamentalmente se trata del proyecto de Ley de Ciencia y Tecnología del DF. Una iniciativa de mayor alcance y de mayor complejidad.

En la parte de justificación, dicen los diputados panistas, el ICyTDF tiene insuficientes alcances interinstitucionales y hacia el exterior. Mientras que una Secretaría de Ciencia y Tecnología, la cual absorbería al Instituto, “coadyuvaría directamente a establecer los mecanismos y canales necesarios para incrementar el desarrollo económico de nuestra Ciudad” (Gaceta Parlamentaria No. 025: 60).

La propuesta de ley sectorial para el DF, tanto por la definición de actividades, órganos y funciones, como por su estructura y capitulados, es relativamente similar a la norma federal. Obviamente, con las debidas referencias a lo local.  

Lo interesante es que, en tales circunstancias, también reproduce las funciones, formas de conducción del sistema y esquema de financiamiento que anota la ley federal. Por ejemplo, en el capítulo I del proyecto de ley, propone un Consejo de Desarrollo Científico y Tecnológico del Distrito Federal, presidido por el jefe de gobierno, cinco secretarios y siete consejeros designados por el mismo ejecutivo local. Las funciones, operación y atribuciones son más o menos equivalentes a las del Consejo de nivel federal.

Más relevante es que en el capítulo VII del citado proyecto, el referente al presupuesto, se anota que “El monto que se asignará a la Secretaría dentro del Presupuesto de Egresos para su respectivo ejercicio fiscal, deberá ser equivalente al 1 por ciento del presupuesto total del Distrito Federal” (Artículo 41). Lo cual significaría más que duplicar el actual presupuesto del ICyTDF.

Faltan los dictámenes y el debate en el pleno, pero como se puede anticipar, a pesar de la composición de la Asamblea, el dilema de optar por una ley sectorial o una estructura no se resolverá tan fácilmente.

(Publicado en Campus Milenio No. 490. Diciembre 6, 2012 p. 9)

TUIT PRESIDENCIAL: NUEVA COORDINACIÓN DE CyT

El sector científico y tecnológico no tiene el sentido de urgencia que caracteriza al campo educativo en este inicio de gobierno. Tampoco se advierte el activismo de otras esferas. Incluso la reciente iniciativa del ejecutivo federal de crear una nueva coordinación para el área, escrita a través de su cuenta de tuiter personal, tiene cierta virtualidad que bien a bien no se sabe si terminará por convertirse en realidad.

La propuesta de crear una nueva secretaría de ciencia y tecnología o de educación superior, ciencia y tecnología, lo hemos reiterado en diversas oportunidades en este espacio, no era una idea que compartiera ni convenciera al entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto (EPN). Lo expresó claramente en su encuentro con rectores en Anuies en mayo de este año.

Posteriormente, una vez obtenido el triunfo en las elecciones y durante el periodo de transición, la negativa de EPN ya no fue rotunda. Parecía haber sido persuadido de que no era una mala opción crear una nueva estructura para la ciencia y la tecnología. Pero no fue el caso.

En los días previos a la toma de posesión, cuando envió al Congreso, a través de su partido, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, era la ocasión para proponer la nueva estructura del sector. Sin embargo, tenía otras finalidades y la nueva secretaría no figuró.

Después, en el primer día del actual periodo gubernamental, en el mensaje a la nación del ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto (EPN), mencionó los ejes de lo que será su gobierno y lo que llamó decisiones presidenciales. Sin embargo, no apareció el tema de la actividad científica y el desarrollo tecnológico.

Lo sobresaliente fue que en el denominado “Pacto por México” el tema sí ocupó un lugar. En el documento, firmado por el ejecutivo federal y los representantes de las tres principales fuerzas políticas, al igual que ocurrió con casi todos los temas de interés público, quedó incorporado el compromiso de promover el desarrollo a través de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Como parte de los “acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad”, se planteó que se sentarían las bases para convertir a México en una “economía del conocimiento” y se anotaron tres grandes objetivos: inversión del 1 por ciento del PIB en ciencia y tecnología; establecer prioridades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología; e incrementar el número de investigadores, centros de investigación y patentes.

Además, se comprometieron en cada caso. Por ejemplo, en materia de inversión, se destaca que se alcanzará de manera gradual la inversión prevista en la ley y el incremento iniciará en el presupuesto 2013 (compromiso 46). Las prioridades estructurarán un programa de largo plazo en todo el país (compromiso 47). Y de forma más bien ambigua e imprecisa se dice que se incrementarán los investigadores, centros y patentes (compromiso 48).

Hasta ahí, parecía confirmarse, nuevamente, que se continuaría con la tendencia inercial de apoyos para el sector y que no habría la estructura administrativa como se había supuesto. Incluso los cambios de SEP en una de sus subsecretarías --el cual se resolverá con una modificación de reglamento interno--, corroboró la negativa a cambios mayores.

No obstante, durante la primera gira del ejecutivo federal a Nuevo León, el pasado 6 de diciembre, para la inauguración de centros de investigación en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), anunció el Proyecto de Monterrey VI para garantizar abasta de agua a esa zona metropolitana y el de la línea 3 del metro.

Lo notable es que ese mismo día, en su cuenta personal de tuiter (@EPN) escribió: “También inauguré centros de investigación y anuncié la creación de la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Presidencia”. ¿O sea, un organismo similar al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia que creó el expresidente Salinas de Gortari? Esperemos que no.

Más sorprendente es que en la versión estenográfica del largo discurso que pronunció EPN en Nuevo León, no hay ninguna referencia a tal anunció o mención alguna a tal posibilidad. La instrucción tampoco fue recogida por las dependencias gubernamentales. Pero de que apareció, apareció en tuiter.

En breve sabremos si forma parte del plan para el sector o no, de ser el caso las características precisas y también cómo se distribuirán los recursos, cuyo incremento no es del volumen que parece.

(Publicado en Campus Milenio No. 491. Diciembre 13, p. 6)