La
regulación de la política: tecnologías y espacios para la participación
Alejandro
Canales
UNAM-IISUE/SES
canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99
El
ingreso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la vida
cotidiana y en la esfera pública ha sido vertiginoso en la última década. En
México, entre el 2005 y el 2012, el PIB de telecomunicaciones creció cuatro
veces más que el PIB total.
En
el año 2000 las suscripciones a banda ancha alcanzaban el 0.1 por ciento de la
población nacional; la densidad de la telefonía móvil el 14 por ciento; y el
número de usuarios de Internet se calculaba en 5 millones de personas. Las
estimaciones para el 2013, sitúan los mismos indicadores en: 24.3 por ciento;
89 por ciento; y 51 millones personas, respectivamente. Aunque persiste su
distribución conforme nivel de ingreso y es amplia la brecha digital.
Tal
vez porque las TIC nos han tomado por sorpresa relativa, pero también con mucha
esperanza, hemos depositado grandes expectativas acerca de sus posibilidades,
seguramente porque intuimos su capacidad y la inmediatez de sus efectos. Sin
embargo, parece que no logramos advertir las dimensiones que podrían alcanzar y
menos el tema de su regulación.
A
pesar de que en el mundo contemporáneo se han producido las más variadas
reflexiones sobre las sociedades de la información y el conocimiento, persiste
el debate sobre su regulación, derrotero y utilidad que podrían tener.
Quizás
la polémica sigue porque los usos de las TIC se modifican a la par de su
expansión y la aparición de nuevos dispositivos. Compite el lado útil,
eficiente, didáctico, divertido e imprescindible de Internet y de las redes
sociales, con su lado imprevisto, irreverente, perturbador y agitado que no
admite una sobrerregulación. Salvador Medina, en estas mismas páginas y en
múltiples ocasiones, nos ha alertado al respecto.
Reparamos
en Internet, las redes sociales o los dispositivos informáticos, cuando no
tenemos acceso a ellos o sus efectos son inocultables. La cara más inquietante
ha sido cuando se les atribuye un papel decisivo en la articulación de
movimientos políticos a gran escala: la exhibición viral de un funcionario
público que culmina con su destitución, las elecciones, los desocupados, la
interpelación pública que se convierte en consenso en las redes sociales y
otros tantas expresiones.
Sin
embargo, a la par de los grandes efectos, las TIC poco a poco se han instaurado
como un mecanismo más de interacción o participación política. Las votaciones
electrónicas para elegir representantes, como aquí mismo lo hemos comentado,
son lo más evidente, pero no es lo único.
Por
la parte gubernamental, la integración del Plan Nacional de Desarrollo, prácticamente
a partir de la administración de Ernesto Zedillo en 1995, así como los
respectivos programas sectoriales, han recurrido creciente y ampliamente a las
páginas web y el correo electrónico, como una forma de recuperar la opinión
ciudadana. Por cierto, no ha sido el mismo caso con los programas especiales
(como el PECITI).
Los
funcionarios también han realizado otro tipo de consulta sobre algún tema de
interés público. Por ejemplo, el actual titular de la SEP, indicó que consultó
vía correo electrónico a centenares de investigadores educativos, los cuales
enlistaron a 10 mil candidatos a integrar la junta de gobierno del INEE, de ahí
surgieron las cinco ternas y finalmente los 5 miembros que eligió el Senado.
Un
mecanismo más ha sido el sostenimiento de portales de información, transmisión
en tiempo real y cuentas en redes sociales (hoy prácticamente todos los
funcionarios públicos tienen cuenta en Tuiter) en los que informan o responden
a reiteradas interpelaciones públicas.
Por
la parte no gubernamental, organizaciones civiles utilizan con resultados
desiguales los mismos mecanismos y formas de participación. En el ámbito
educativo, tanto como en el científico y tecnológico, se advierten crecientes
intentos de influir en la formación de la agenda pública y en el
establecimiento de prioridades.
No
es irrelevante la regulación de Internet, de sus contenidos y de los
proveedores, porque están en juego los derechos y responsabilidades de unos y
otros, como lo mostró recientemente la discusión del proyecto de ley de
telecomunicaciones en México y como desde hace algunos años se discute en el
mundo.
Quizás,
como resolvió el Senado brasileño la semana pasada sobre su Marco Civil de
Internet, ante todo se debe garantizar la neutralidad, la privacidad y la
libertad de expresión de la red. Seguramente en el corto plazo será una de las principales
tecnologías y foros de participación.
(Publicado
en Campus Milenio No. 557. Abril 30, 2014, p.4)
