Menor respaldo para la actividad científica en 2015

 

Alejandro Canales 
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El gobierno federal ya entregó al Congreso su paquete económico para el año próximo. Los recursos para la actividad científica se incrementan pero, a diferencia de los dos años anteriores, el aumento es poco significativo y podría complicarse la meta comprometida de gasto para investigación y desarrollo experimental para el final del periodo.

Los cálculos de ingresos y egresos del gobierno federal están hechos sobre la base de una tasa de crecimiento de la economía de 3.7 por ciento para el año próximo, pero si las previsiones se reducen o el desarrollo se estanca, el equilibrio del paquete se podría alterar.

Si se conservan las previsiones, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) se considera un monto total para la actividad científica y tecnológica, en cifras redondas, incluyendo el gasto de Conacyt y de todas las secretarías que realizan tales actividades, de 88 mil 54 millones de pesos (mdp).

El anexo 12 del PPEF muestra la distribución del gasto del sector en las diferentes entidades. Conacyt, el organismo rector de las políticas del sector, es el que tiene la mayor participación relativa en el gasto: 37 mil 118 millones de pesos (incluyendo recursos propios). Un volumen que representa el 42 por ciento del gasto total del sector.

La participación de Conacyt en el total del gasto del sector se ha estabilizado alrededor de ese porcentaje (42 o 43 por ciento). No siempre fue así. Hace más de una década tenía poco menos de una tercera parte. A partir de los años 2000, con las modificaciones normativas que llevaron a la creación de un ramo de gasto propio para ciencia y tecnología (el ramo 38), obtuvo mayor capacidad y control del gasto.

Después de Conacyt, la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la que también tiene una participación importante en el gasto del sector: 20 mil millones de pesos. Una cantidad que representa alrededor del 23 por ciento del gasto total; una participación en el gasto que ha declinado conforme la de Conacyt aumentó.

Otras secretarías, como Energía, Salud y Sagarpa, le siguen con participaciones de alrededor del siete o nueve por ciento. Otras siete u ocho secretarías, como Gobernación, Marina, Transportes, también participan en el gasto del sector, pero con porcentajes relativamente modestos.

En términos corrientes, la diferencia en el volumen de gasto total del sector para el año próximo, respecto del actual, es de 6 mil 244 mdp. En términos reales, las cifras serían casi equivalentes. Vale la pena recordar que el incremento representa casi la mitad del observado entre 2013 y 2014. El ritmo de crecimiento perdió impulso.

El proyecto de presupuesto para Conacyt del año próximo, como ya indicamos, es de 37 mil 118 millones de pesos (incluyendo recursos propios). En términos corrientes serían 2 mil 150 millones más que los recibidos en este año. Sin embargo, el año pasado el aumento fue de casi el triple de esa cantidad (6 mil 654 mdp). Es decir, también es menor el respaldo al gasto ejercido centralmente.

El presupuesto todavía podría incrementarse ligeramente porque, como seguramente lo recuerda estimado lector, la normatividad establece que los recursos derivados de las sanciones a los partidos políticos deben canalizarse al ramo 38 y deberán destinarse a actividades sustantivas y proyectos científicos” (artículo 39).

Sin embargo, por lo pronto, algunas de las principales iniciativas que parecían de largo alcance y de grandes repercusiones, también perderán impulso. Por ejemplo, en este año se puso en marcha el programa de “Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores”, porque contaba con una previsión de más de 500 mdp.

Ahora, en la exposición de motivos del PPEF, se anota que se “prevén 247 millones de pesos para creación de plazas con el propósito de aumentar el número de investigadores y académicos bajo un esquema de contratación denominado Cátedras Conacyt’ (p.54). Es decir, los recursos previstos se redujeron a la mitad.

La discusión sobre el PPEF está por comenzar. El paquete económico está en el Congreso y serán los diputados quienes ratificarán o modificarán el proyecto. Sin embargo, el incremento disminuyó y la meta de gasto para el sector parece que ya no va por buen camino.

(Publicado en Campus Milenio No. 576. Septiembre 18, 2014, p.5)

Segundo informe: los convenios del SNI con las IES particulares
 

Alejandro Canales

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En el 2012, el último año de la administración anterior, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) contaba con 18 mil 555 integrantes. Las cifras del reciente segundo informe de gobierno señalan que este año son 21 mil 358. Es decir, en estos dos años se incorporaron 2 mil 803 nuevos investigadores.
 

¿El incremento es mucho, poco o similar a los años anteriores? En las tres décadas de operación del SNI, con ciertos picos, el crecimiento anual promedio ha sido de alrededor del 11 por ciento. Aunque lo cierto es que el incremento más importante comenzó a partir de los años 2000.
 

En la última década los miembros del SNI se han duplicado: en 2004 sumaban 10 mil 189 investigadores y en este año, como indicamos, son 21 mil 358. Sin embargo, quizás el punto más importante, en lo que va de esta administración, son los convenios que firmó Conacyt con las instituciones de educación superior particulares (IES). Desafortunadamente los datos en el segundo informe son sumamente escuetos.
 

Quizás, estimado lector, recuerde que en enero de este año, Conacyt anunció que había tomado la decisión de firmar convenios con IES particulares para asumir el pago total de los investigadores miembros del SNI (Comunicado 02/14).
 

En ese entonces, se dijo que en el convenio, como contraprestación, las instituciones particulares adquirían el compromiso de canalizar el equivalente de los recursos que el SNI destinaría al pago de sus investigadores, al desarrollo de la investigación en sus instalaciones y al fomento de los posgrados de calidad.

 

A su vez, la razón que expresó el director de Conacyt sobre la decisión de asumir la responsabilidad del pago total a los investigadores de instituciones privadas es que: “permitirá dar pasos más firmes hacia la sociedad del conocimiento”.
 

Ahora, en el segundo informe de gobierno, se anota que: “El Conacyt, de septiembre a diciembre de 2013 promovió la colaboración con instituciones privadas mediante 41 nuevos convenios, y al mes de junio de 2014 operan 173 convenios” (p. 265).  

 

Por un lado, llama la atención que la fecha de firma de convenios fue previa a la comunicación pública de los mismos. Por otro lado, también es de notar el alto volumen en el número de convenios que están operando. ¿Quiere decir que son 173 instituciones particulares que tienen investigadores reconocidos en el SNI? Probablemente. Pero no hay ninguna certeza.

 

Los datos del informe de gobierno no presentan mayor explicación ni la información está desagregada. La publicación anual de Conacyt (“El informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación”), la que debiera detallar los datos, sigue sin publicarse. No el año anterior, menos en el actual.
 

El dato que sí aparece en el informe es el monto estimado para el programa del SNI en este año: 3 mil 722 millones de pesos. El presupuesto para el mismo programa en el 2012 fue de 2 mil 803 millones y para el 2013 de 3 mil 108 millones. Es decir, términos nominales, en el 2012, respecto al previo, se incrementó alrededor de 300 millones y otros 600 del año anterior al actual. En total: 900 millones de pesos corrientes más entre 2012 y 2014.

 

Es un incremento importante, mayor al observado en los años previos y mayor al crecimiento de investigadores. El volumen global de los 3 mil 722 millones de pesos es ligeramente inferior a la del Programa de Estímulos a la Innovación dirigida a las empresas (3 mil 930 millones). Cada una de estas cantidades representan alrededor del 4 por ciento del gasto federal para el sector y cerca del 12 por ciento del presupuesto federal que ejerce centralmente Conacyt.

 

Las últimas cifras oficiales indican que de lo más de 21 mil investigadores, alrededor de 800 están en instituciones particulares: 634 en universidades privadas y otros 160 laboran en empresas. El Tec de Monterrey, con 257 investigadores, es el que agrupa el mayor volumen.

 

Lo que convendría precisar es cuánto del incremento en el presupuesto de SNI se debe a nuevos investigadores y cuanto a la firma de convenios. No menos importante sería detallar la contraprestación de las IES particulares en el gasto en IDE. Pero no, los datos no están en el informe de gobierno

(Publicado en Campus Milenio No. 575. Septiembre 11, 2014, p.5)

C y T: el segundo informe

 

Alejandro Canales

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En esta semana se cumplió el plazo para la presentación del segundo informe de gobierno de esta administración. El balance, en el primer tercio de su periodo, muestra logros en materia normativa, aunque en materia de ciencia y tecnología, hasta ahora, las principales iniciativas han estado más bien fuera del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (Peciti).

Indiscutiblemente, los principales avances de esta gestión se han registrado en materia legislativa. La reforma energética, uno de los cambios estructurales más relevantes en el sector, es la que podría tener un vínculo más directo  con el campo de la ciencia y la tecnología. En este caso, como lo comentamos aquí hace un par de semanas (Campus Milenio No. 572), el propio presidente Enrique Peña Nieto, destacó que tal reforma llevaría a una mayor demanda de profesionales de las ingenierías y disciplinas afines.

Además, anunció la creación de un “Programa estratégico para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos”, incluyendo las becas correspondientes para nivel posgrado y técnico. Posteriormente se anunció El Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la Industria Petrolera que se hará cargo de tal formación. Todavía no se atisban los alcances del programa y, al igual que la misma reforma energética, por ahora es un proyecto en ciernes.

Sin embargo, el programa estratégico de formación de recursos humanos para el sector energético no forma parte de las acciones claras y explícitas del Peciti. Este último, presentado tardíamente, establece la idea de continuar la formación de recursos humanos de alto nivel en temas prioritarios, pero no en hidrocarburos.

La omisión podría deberse a la propia incertidumbre que había sobre la aprobación de la entonces proyectada reforma energética. Sin embargo, el Peciti, como parte de sus objetivos generales y acciones estratégicas, incluyó el tema de la biotecnología. De hecho, tiene una meta específica sobre el número de investigadores involucrados en el desarrollo de la biotecnología (pasar de 3.8 a 4.5 por ciento en el periodo).

En lo que va del periodo, otra iniciativa que se puede destacar como un logro es la creación de oportunidades laborales para los jóvenes doctores. Como también lo hemos documentado en su oportunidad, se trata del programa “Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores”.

Es un número relativamente modesto de plazas laborales para jóvenes (son 574 espacios) en instituciones y centros públicos. Solamente consideremos que cada año se gradúan poco más de 2 mil 500 nuevos doctores. No obstante, la medida puede tener un efecto importante en el mercado y la profesión académica, dadas las características contractuales y condiciones laborales.

El mes anterior se integraron los jóvenes que fueron seleccionados en el programa de cátedras. Sin embargo, es incierto si el programa continuará para el año próximo y en tal caso si conservará o modificará algunas de sus principales características. Lo que es un hecho es que no se ha informado públicamente de la implementación del programa: cuántos jóvenes se presentaron, qué instituciones se beneficiaron, qué temas y retos recibieron más solicitudes, etcétera.

El programa de cátedras tampoco apareció en el Peciti. En la parte diagnóstica se reconoce que “Actualmente las estrategias para la absorción de capital humano de investigación son poco claras” (p.24). Y se planteó como objetivo “Apoyar a las investigadoras e investigadores recién doctorados para que logren su inserción laboral en las instituciones generadoras de conocimiento del país” (p.66).

 

El programa de inserción laboral de jóvenes, como tal vez será el de formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos, es de un volumen relativamente discreto. Pero ambos podrían tener un efecto amplio y profundo en el sector.

Un tema más que se puede añadir en el balance del periodo es el de los indicadores. Tema sobre el que volveremos la semana próxima. Por ahora, constatemos que las principales iniciativas, incluido el incremento presupuestal, se han definido en la arena de la política, no en el Peciti.

(Publicado en Campus Milenio No. 574. Septiembre 4, 2014, p.5)

 

Los jóvenes

Alejandro Canales

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Es el grupo de edad que está entre los 15 y los 29 años e incluye desde la educación básica hasta el posgrado. No solamente en materia educativa, tampoco se trata nada más de los jóvenes y no es únicamente cosa de cifras. Pero ahí se localizan principalmente los grandes retos de este periodo y de esta administración.

El primer desafío ya comenzó con la reciente “Campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo”. Actualmente, son poco más de 5 millones los jóvenes que no iniciaron o no han concluido su educación elemental; una cifra abultada, aunque no representa la parte mayoritaria de los 32 millones del volumen global de rezago educativo.

En términos relativos, los jóvenes en situación de rezago educativo suman entre 15 y 20 por ciento del total. El punto de quiebre para la mayoría de esos jóvenes ha sido la secundaria. Ahí, en alguno de los tres años del nivel, se truncó su trayectoria escolar y no concluyeron sus estudios.

Ninguna persona debiera carecer de los conocimientos elementales de la enseñanza básica. Todavía menos aquellas que están en la etapa más productiva o que tienen un horizonte de más largo plazo. Las mismas autoridades han reconocido las dificultades de atender el rezago educativo en las personas de edad avanzada y en las zonas más dispersas.

Así que, seguramente, la mayor cuota del combate al rezago, las mayores probabilidades, y especialmente del último tramo de la educación básica, vendrán de la población más joven. Sin embargo, demandará estrategias especiales de captación y atención educativa. El asunto es: ¿están previstas? No lo parece.

Otro gran reto es el de ampliar las oportunidades educativas en el grupo de jóvenes de los 15 a los 17 años, la edad correspondiente a la media superior. La Constitución ya establece la obligatoriedad de este nivel, la cual deberá alcanzarse plenamente en el ciclo escolar 2012-2022.

La actual administración, en su programa sectorial, se ha propuesto llegar a una tasa bruta de 80 por ciento (de los cuales 79 por ciento de hombres y 81.1 por ciento de mujeres) para el ciclo 2018-2019. En el ciclo escolar del año pasado, la matrícula llegó a los 4.5 millones y la tasa de cobertura se estimaba en alrededor del 66 por ciento.

Es decir, en este periodo se propone incrementar alrededor de 14 puntos porcentuales la tasa de cobertura. Al siguiente, nada menos, le corresponderá alcanzar los 20 puntos restantes para lograr la universalización. Una proyección de crecimiento muy rápido en muy poco tiempo: más de tres puntos porcentuales cada año hasta el 2022. Difícil.

Además, el incremento de matrícula debe producirse en el contexto del ajuste estructural que está en marcha con la reforma del nivel. Pero todavía no logra establecer el sistema nacional de bachillerato (solamente incluye a alrededor del 5 por ciento del total de planteles de media superior) ni contener el grave problema de abandono escolar que es recurrente.

Un desafío más es el de las metas de cobertura educativa para los jóvenes entre los 18 y 22 años, el grupo de edad de la educación superior. En el programa sectorial quedó como meta incrementar ocho puntos la tasa bruta de escolarización: pasar de 32 a 40 por ciento entre el 2012-2013 y 2018-2019. Una meta que tampoco está a la vista que se pueda alcanzar fácilmente, como en estas mismas páginas Roberto Rodríguez lo ha examinado (CampusMilenio No. 522).

Ciertamente, la campaña nacional de alfabetización o el “Programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior”, así como los programas de becas y diferentes iniciativas institucionales para tratar de ofrecer respaldo a los jóvenes, han buscado remediar los problemas.

Sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes en los asuntos más elementales; ni hablar del tema del empleo. Los jóvenes representan una tercera parte de la población en México, pero la tasa anual de su crecimiento perdió impulso desde los años ochenta. Las oportunidades más bien se les han ido estrechando.

(Publicado en Campus Milenio No. 573. Agosto 28, 2014, p.5)

¿Formación de recursos humanos para la reforma energética?

Alejandro Canales

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 Las posiciones sobre la reforma energética son encontradas y controvertidas. También son muchos y muy variados los argumentos que se han expresado para oponerse y para respaldarla. Entre estos últimos, el ejecutivo federal ha destacado los incalculables beneficios que traerá para el desarrollo nacional, tanto como su vínculo con la formación y oportunidades laborales para los jóvenes.

La reforma no es un cambio menor. Es, auténticamente, una reforma en sentido estricto. Una modificación estructural, un cambio en las reglas del juego en materia energética y especialmente en el manejo de los hidrocarburos. Este último, un sector que parecía intocable apenas el día de ayer.
 

En lo que va de esta gestión, poco antes de su segundo informe de gobierno, los acuerdos, el diseño y el marco normativo de la reforma energética –en paralelo con otras reformas estructurales— quedaron listos para su puesta en marcha. Sin duda una expresión de eficacia y eficiencia política de la actual administración.

Sin embargo, apenas se ha cumplido la primera fase de la reforma energética, la del diseño y la aprobación en el Congreso. Un paso difícil, de múltiples negociaciones, acuerdos, de persuasión y convencimiento de los interlocutores. Pero es el primer peldaño, no el único y quizás tampoco el principal.

Ahora vendrá el complicado paso de la puesta en marcha, el contacto con la realidad energética, sus escollos, sus estructuras y sus agentes. Todavía más importante, estará presente la presión por los resultados y la vigilancia de las promesas que se enunciaron al calor de la persuasión y las negociaciones.
 

Las expectativas que se han generado son muy altas. La estrategia de comunicación de la reforma y de sus agentes han enfatizado una y otra vez los múltiples beneficios que traerá el nuevo esquema energético. No solamente se ha argumentado sobre los menores costos por servicios del sector que pagarán los hogares mexicanos.

El día que se emitieron las leyes secundarias, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto (EPN), sintetizó varios de los beneficios que traerá la reforma: generación de más empleos; mayores inversiones nacionales y extranjeras; mejora en los ingresos de las familias del campo; nuevos puestos de trabajo en el sector energético; protección del patrimonio de las familias ante crisis económicas externas porque se creará el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, entre otros (Comunicado 11.08.2014).

Además, planteó lo que podría tener mayores implicaciones para el sector educativo y particularmente para la educación tecnológica y la formación de los jóvenes. El supuesto es que se crearán nuevos puestos de trabajo en el sector energético y los jóvenes tendrían que considerarlo en su elección de carrera. De hecho, EPN añadió: “Sin duda, las ingenierías y las disciplinas afines a este sector tendrán una gran demanda en los siguientes años”.

No solamente fue un asunto retórico. En las acciones que se pondrán en marcha, el presidente dijo que en el mes próximo se presentará un “Programa Estratégico para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos, que incluirá becas a nivel posgrado y técnico”.

Es decir, probablemente, en los años próximos, no solamente se insistirá en el asunto de incrementar la matrícula de técnicos superiores e ingenieros, como se viene haciendo desde hace 25 años. Ahora, además, se focalizará en una especialización que parece atada al contenido de la reforma: hidrocarburos.

Obviamente, todavía no se presenta el plan estratégico y no se conocen las características y alcance del programa de formación de recursos humanos que se propone. Pero vale la pena recordar que no sería la primera vez que se plantea una formación a gran escala sobre pedido y los resultados han sido poco alentadores. La semana próxima veremos los números.

Otro asunto que también vale la pena notar es que los programas sectoriales o especiales han dejado de ser la guía o anticipación del programa de gobierno. Es la hora de la política y tal parece que las expectativas están sobrecargadas.

(Publicado en Campus Milenio No. 572. Agosto 21, 2014, p.5)

Foro Consultivo: el equilibrio de la siguiente etapa

Alejandro Canales

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En términos jerárquicos y organizativos, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) no es el órgano más importante del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Tampoco es el órgano que toma las decisiones clave del sector, ni concentra las mayores capacidades ni recursos.

Sin embargo, el Foro cumple una función muy importante: es la bisagra que une al Conacyt y a representantes de la comunidad científica y tecnológica. Un eje que tiene de un lado a la principal entidad rectora de la política científica y tecnológica y, por el otro, a los principales destinatarios de las iniciativas en la materia.

El FCCyT es un órgano relativamente reciente, inicialmente denominado como Foro Permanente en la reforma a la ley del sector en 1999. Luego, en el 2002, cuando llegó la siguiente modificación al marco normativo del sector, el Foro cambió a su nombre actual. Aunque conservó la idea de ser un órgano autónomo de consulta, amplió esa función al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico –el máximo órgano de política que se creó en aquella reforma— y a la Junta de Gobierno del Conacyt.

La ley le asigna como primera función: “promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación” (Artículo 36, fracción I).

Es una función de equilibrio y transmisión entre dos actores relevantes del sistema. Y, desde luego, pierde eficacia y capacidad si la balanza se inclina mayormente a uno u otro de los extremos. También si la información corre en una sola dirección.

La misma ley establece que su integración será plural y representativa de diversas áreas y especialidades. Prevé una estructura organizativa basada en comités de trabajo y una mesa directiva compuesta por veinte integrantes.

Del total de integrantes: 17 son representantes permanentes de diferentes organizaciones: unas académicas, como UNAM, Cinvestav, Anuies, o las academias de Ciencias, Ingeniería, Medicina, de la Lengua, Historia o el Comecso; otras tecnológicas e industriales, como Adiat, Concamin, Coparmex, Canaintra y Nacional Agropecuario; y otras del mismo sector, como la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología y del Sistema de Centros Públicos de Investigación.

Los tres miembros faltantes de la mesa directiva son investigadores designados, representantes de las áreas de las ciencias exactas o naturales, de las ciencias sociales o humanidades y de las ingenierías o tecnología. La representación de estos investigadores, la misma ley lo establece, dura tres años y son seleccionados por los integrantes del propio SNI a convocatoria expresa de Conacyt y el FCCyT.

Una composición de la mesa directiva relativamente heterogénea y ciertamente plural. Además, según lo establece la normatividad, los mismos integrantes son quienes eligen quién ocupará la coordinación y tal persona puede o no pertenecer a la mesa directiva. La coordinación es por un periodo de dos años y puede extenderse por un periodo más.

En este mes concluye el primer periodo de Gabriela Dutrénit, la actual coordinadora del Foro y, según expresó en su informe de la semana anterior, se había dado una excelente interlocución y deseaba continuar por un segundo periodo. Pero no, su equilibrio no convenció y no alcanzó los votos suficientes de los integrantes de la mesa directiva.

En su lugar, la mesa directiva eligió a José Franco López, ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y actual director de divulgación de la UNAM, como coordinador para el periodo 2014-2016. El Foro ha contado con cuatro coordinaciones, solamente la primera y la más reciente han durado dos años.

El nuevo periodo está por comenzar y el coordinador designado ha dicho que se propone modificar la estructura directiva del Foro e incorporar la “innovación social” como eje de su agenda. Ya veremos. Por lo pronto, la regla del equilibrio del Foro sigue vigente.

(Publicado en Campus Milenio No. 571. Agosto 14, 2014, p.5)

¿Un órgano administrativo desconcentrado de educación tecnológica?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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El recientemente creado Tecnológico Nacional de México no es una nueva institución de educación superior, es una figura administrativa para la regulación del complejo e intrincado mundo de la educación tecnológica y particularmente de los institutos tecnológicos.

En el decreto dice que “se crea el Tecnológico Nacional de México, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica, académica y de gestión” (DOF. 23.07.2014).

Además, precisa que “tendrá adscritos a los institutos tecnológicos, unidades y centros de investigación, docencia y desarrollo de educación superior tecnológica con los que la Secretaría de Educación Pública, ha venido impartiendo la educación superior y la investigación científica y tecnológica” (artículo 1).

En la administración pública, las secretarías de Estado, para la atención de los asuntos de su competencia, cuentan con unidades administrativas (como subsecretarías, direcciones generales y coordinaciones) y también con órganos desconcentrados. La SEP tiene casi medio centenar de unidades administrativas y alrededor de una docena de órganos desconcentrados.

Los órganos desconcentrados están previstos en la Ley orgánica de la administración pública federal y se supone que permiten una atención más eficiente y más eficaz en la materia. Tales órganos, desde principios de los años ochenta, surgieron como una forma más expedita de organización y de prestación del servicio público.

De hecho, los organismos desconcentrados están jerárquicamente subordinados y tienen responsabilidades específicas, pero dependen directamente del titular de la entidad central, no del conjunto de órganos y unidades administrativas.

El nuevo Tecnológico Nacional de México (Tenam) se sumará como otro órgano dependiente de la SEP, como la Universidad Pedagógica Nacional, o los institutos Politécnico Nacional y Nacional de Bellas Artes o incluso como el de la Universidad Abierta y a Distancia de México, pero no como un nuevo plantel de educación superior pública, sino como un órgano regulador.

Según se indica en el decreto de creación, el Tenam tendrá bajo su responsabilidad prácticamente todo lo que tenga que ver con la educación tecnológica. Esto es, tanto la prestación como la coordinación y la orientación de ese servicio educativo; en la modalidad escolarizada, no escolarizada a distancia y mixta; sea a nivel de técnico superior universitario, licenciatura o posgrado, lo mismo en docencia que en investigación o divulgación.

Igualmente, tendrá atribuciones para las definiciones pedagógicas que regularán la impartición de la educación tecnológica, así como los contenidos, métodos, materiales, planes y programas de estudio. Incluso, también podrá diseñar y establecer programas para el nuevo modelo de formación dual (esa nueva modalidad que incluye una estancia en la empresas).

En lo que concierne a la organización del Tenam, en el decreto se establece algo que resulta relativamente novedoso: un Consejo Académico. Esto es, tendrá un director general, al igual que el Politécnico o el Inba, nombrado por el ejecutivo federal a propuesta del secretario de Educación Pública, pero también un consejo de ocho integrantes.

El consejo lo formarán: el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá; el subsecretario de Educación Superior; un representante del subsecretario de Planeación y Políticas Educativas; dos directores de institutos tecnológicos; un representante de las cámaras industriales; otro del Colegio de Ingenieros; y uno más del Conacyt.

Las atribuciones y responsabilidades del nuevo órgano administrativo no son menores, prácticamente equivalen a las de una subsecretaría. Pero, en tal caso, quedan por lo menos dos interrogantes por aclarar: a) ¿por qué separarlo de la administración central y al mismo tiempo presidirlo? y b) ¿la nueva regulación del sector incluirá a toda la estructura de educación tecnológica, lo que incluye a las universidades tecnológicas y politécnicas, o solamente a los institutos tecnológicos? El ajuste apenas comienza.

(Publicado en Campus Milenio No. 570. Agosto 7, 2014, p.5)