viernes, 21 de octubre de 2016

UNESCO Una frágil y breve representación

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 678. Octubre 20, 2016. p. 5)

Una sola prueba fue suficiente para mostrar las limitaciones de Andrés Roemer, el ahora exrepresentante de México, embajador extraordinario y plenipotenciario –así es el nombramiento oficial— ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura” (UNESCO). A las primeras interrogantes ofuscadas sobre el sentido del voto de México, en la reciente reunión del comité ejecutivo del organismo, Roemer rápidamente reaccionó en Twitter y dijo que el voto fue de México, no era un voto personal. También rápidamente se fue de las redes sociales y de la misión permanente.

Andrés Roemer, ante la presión creciente de las críticas por el voto a favor de México, especialmente de la comunidad judía, al día siguiente intentó apaciguarlas con un tuit en el que aclaraba que él abandonó la sesión al momento de la votación. Simplemente incomprensible. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tuvo que emitir un comunicado para precisar algunos puntos de la posición y, entre ellos, anotó que llamaría a “consultas a su embajador ante la UNESCO para que rinda un informe detallado sobre el voto de México” (No. 458. 14.10.2016).

Tres días después, la SRE emitió un nuevo comunicado para anunciar que cambiaba su voto y para dar por concluida la titularidad de Andrés Roemer (No. 461. 17.10.2016). Una rectificación inevitable. La posición de la cancillería mexicana ya había sido puesta en entredicho por los pares del gabinete hace poco más de un mes y volvía a esa posición incómoda, ahora por un subordinado. Era un exceso.

En el affaire de la fatídica visita de Donald Trump a México, al final de agosto, la última persona en enterarse fue precisamente la secretaria Claudia Ruiz Massieu, la persona que debió ser la primera en estar al tanto y conducir la reunión. Sin embargo, en la víspera del encuentro, la canciller estaba en Wisconsin, Estados Unidos, inaugurando un consulado. Al parecer, ni ella ni el embajador de México en Estados Unidos sabían de la visita del candidato republicano.

Los diplomáticos del servicio exterior son representantes del Estado mexicano y, como lo dice la Ley del Servicio Exterior Mexicano, son responsables de “ejecutar la política exterior de México”, conforme la Constitución, lo que disponga el ejecutivo federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde luego, deben informar a la Secretaría de todas las actividades que se desarrollen y “normarán su conducta por las instrucciones que reciban de la propia Secretaría” (segunda fracción del artículo 43).

Si la instrucción para Andrés Roemer fue votar a favor y él estaba en desacuerdo, fuera por lo que fuera, seguramente tuvo tiempo de sobra para argumentar y convencer a la cancillería de lo contrario. Las votaciones en los organismos internacionales no se improvisan. No pudo o ni siquiera lo intentó; mal lo primero y mucho peor lo segundo. Todavía le quedaba, por dignidad, congruencia o principios, negarse a la representación. Y, claro, renunciar al cargo, como en su momento lo han hecho tantos diplomáticos.

Pero no, Roemer optó por ausentarse de la sesión para no votar. Grave. Seguramente pensando que así no desobedecía la instrucción ni tampoco quedaba mal con sus correligionarios. Logró el efecto contrario. La SRE informó que entre las causales para dar por concluida la representación fueron: no informó diligente y detalladamente sobre el contexto de la votación; informó a otros representantes de gobierno el sentido de su voto; e hizo públicos documentos oficiales.

Así fue. No solamente dijo que abandonó la sesión en el momento de la votación, como prueba tuiteó indebidamente una carta de agradecimiento del embajador de Israel, Carmel Shama, fechada el 14 de octubre, en donde le reconoce haberse ausentado para evitar el voto en contra de su conciencia. Claro, dos días después, borró todos los tuits que había escrito. Demasiado tarde.

Andrés Roemer no es un diplomático de carrera. Sin embargo, ni para el consulado ni para la representación permanente, tampoco para el Senado, hubo mayores explicaciones ni requerimiento de méritos. El primer nombramiento de Roemer en el servicio exterior fue como cónsul en San Francisco en el 2013 y ocurrió cuando José Antonio Meade era secretario de Relaciones Exteriores. La propuesta para que ocupara la misión permanente de México en UNESCO sí fue realizada por la actual canciller Claudia Ruiz y apenas, al comienzo de agosto, el exrepresentante había presentado sus cartas credenciales en París. Una representación de poco más de dos meses.

En marzo de este año, cuando fue presentada la propuesta de Roemer en el Senado y el periódico San Francisco Chronicle decía que sus admiradores lo catalogaban como un “hombre del Renacimiento” (14.07.2014), aquí dijimos que no se necesitaba un renacentista, sino una verdadera representación de Estado, alguien que “atienda y entienda la misión de la oficina y su relevancia” (CampusMilenio No. 648). Claramente no la entendió. No era un hombre renacentista, en todo caso fue “un hombre breve”.

¿Necesitamos Laboratorios Nacionales? Un cambio oportuno en las formas de investigación

Alejandro Canales
UNAM-ISSUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 677. Octubre 13, 2016. p. 5)

La semana pasada, en el Instituto Nacional de Administración Pública (Inap), pero el español, no el mexicano, presentaron el Laboratorio de Gobierno para la Innovación Pública en Iberoamérica (NovaGob.Lab). Otro laboratorio de políticas públicas. Ahora como  iniciativa de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, la cual primero impulsó una red social (NovaGob).

El director de NovaGob.Lab, Juan Ignacio Criado, dijo que la intención es que el Laboratorio sea un espacio de convergencia entre el conocimiento en el terreno de la gestión pública y las políticas para “apoyar a las organizaciones públicas en la búsqueda de soluciones innovadoras mediante una metodología abierta y colaborativa”.  Es decir, buscar que la investigación, el desarrollo experimental y la innovación, mejoren las prácticas de la administración pública.

En el caso de México, al final de noviembre del año pasado, como aquí mismo quedó registrado (Campus Milenio No. 635), también se presentó el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP). Un proyecto similar, igualmente alentado por una institución educativa, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), desde los tiempos en que el actual director de Conacyt, Enrique Cabrero, ocupó la dirección de aquel.

El LNPP, respaldado por el Cide y hospedado en esa misma institución, contaría con infraestructura e instalaciones propias. Un resultado de las convocatorias de Conacyt para establecer o crear laboratorios nacionales. Ahí también tuvo cabida el financiamiento para el “Laboratorio Nacional de Ciencias de la Complejidad de la UNAM”. 

Claro, al comienzo de esta administración e incluso todavía en diciembre del año pasado, aunque ya se había realizado un primer recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2015 y se avizoraban otros por venir, aún parecía firme la intención de alcanzar el uno por ciento respeto al PIB en inversión sectorial y no se veía la gravedad del panorama fiscal que hoy se anuncia.

Desde que se presentó el LNPP se dijo que sería un espacio para simular intervenciones gubernamentales en la solución de problemas públicos. Un laboratorio nacional de las ciencias sociales con grandes bases de datos, el denominado Big Data, con información que permitiera mejorar, evaluar o incluso diseñar políticas públicas.

Es una intención relativamente similar a la de The GovLab de la Universidad de Nueva York, un proyecto que funciona desde el 2013 y se dedica a incrementar el uso y disponibilidad de datos abiertos (Open Data), con lo que busca fortalecer la capacidad de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de personas, para trabajar abierta y efectivamente en la toma de decisiones y en la solución de problemas públicos. El laboratorio español también tiene una finalidad parecida.

En América Latina, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, puso en marcha en 2015 lo que llamó “Laboratorio de Gobierno”. A diferencia de los casos anteriores, la iniciativa se localiza en la estructura gubernamental, integrado por personal de ministerios de su gobierno y algunos miembros de la sociedad civil, con la misión de “desarrollar, facilitar y promover procesos de innovación centrado en los usuarios dentro de las instituciones del Estado chileno” (lab.gob.cl).

Los laboratorios nacionales clásicos tienen una larga tradición en las ciencias biológicas, químicas, matemáticas, física e ingenierías. Asociados a la experimentación controlada y a la investigación especializada en uno o varios campos de conocimiento. Sin embargo, menos común ha sido la idea de laboratorio nacional (como espacio cerrado, bajo control y con dispositivos especiales para la experimentación de gran alcance) en las ciencias sociales y más concebido como cualquier espacio social en el que se produce conocimiento. Precisamente porque lo que está bajo estudio o comprensión trascurre en escenarios o laboratorios “naturales”.

Entonces: ¿las actividades gubernamentales o los científicos sociales se quieren parecer a los científicos naturales? o ¿estamos ante un cambio profundo en las formas y ritmos de trabajo científico? Un poco lo primero, pero todo parece indicar que es fundamentalmente lo segundo. La acumulación de datos de muy diversa naturaleza, los dispositivos tecnológicos al alcance, los enfoques transdisciplinarios, las herramientas de procesamiento de información, los resultados bajo demanda, la rendición de cuentas y las presiones para la eficacia y la eficiencia del conocimiento producido, están cambiando la idea de laboratorio para las ciencias sociales.

Solamente piense en lo perturbador que resultó la revelación de que Facebook había manipulado el algoritmo de selección del tipo de noticias en las cuentas de sus usuarios para observar si había un “contagio emocional” y las reacciones que provocaba.

Sí, no hay duda, necesitamos laboratorios nacionales, pero el asunto tiene sus implicaciones. No es solamente cosa de un mayor número o de un cambio de términos. Volveremos al tema.

INEA ¿Un millón y medio de certificados?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 676. Octubre 6, 2016. p. 5)

La idea de erradicar el rezago educativo forma parte de las prioridades indelebles de cada administración gubernamental. Aunque, en las líneas de acción del actual programa sectorial y su anotación de “cruzada nacional”, no figuraron estrategias novedosas ni parecía estar claro cómo habría de conseguirse.

Apenas, hace poco más de un año, en mayo de 2015, se publicó el programa institucional del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA): “Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018”. Ahí se anotó que, en caso de no intervenir, un volumen importante de personas se sumaría a las cifras del rezago, por lo que se propuso, para el final de esta administración, reducir en 50 por ciento el índice de analfabetismo y en cinco puntos porcentuales el rezago educativo.

Las metas planteadas demandaban un esfuerzo importante, principalmente en materia de alfabetización. Los datos del censo del 2010, por primera vez en décadas y antes de cualquier programa de esta administración, mostraron una tendencia a la baja en la estimación del rezago. Es decir, tanto por la dinámica demográfica como por los programas instrumentados a lo largo del tiempo, el rezago parecía comenzar a ceder. Sin embargo, con todo, el volumen del rezago era y es muy relevante.

Según las cifras del censo de población del 2010, para ese año el número de personas que se encontraban en situación de rezago educativo sumaban 31.9 millones. De ese total, 5.4 millones no sabían leer ni escribir (mayormente mujeres e indígenas), 10 millones no habían concluido su educación primaria y otros 16.4 millones no terminaron la secundaria. En ese mismo año, en el sistema escolarizado, estaban matriculados 25.6 millones de niños y adolescentes en educación básica. Esto es, las personas analfabetas o que no concluyeron su educación básica eran más que el total de inscritos en el sistema escolar en ese nivel. Nada menos.

El Programa para abatir el rezago, para efectos prácticos, se proponía sacar del rezago a alrededor de cinco millones de personas en el transcurso de esta administración. Es decir, alfabetizar a 2.2 millones de personas (el índice de analfabetismo en los mayores de 15 años pasaría de 6 por ciento a 3.4 por ciento) y que otra cantidad relativamente similar concluyera su educación primaria o secundaria (el índice iría de 37.6 por ciento a 32.9 por ciento en el mismo grupo de edad).

Tómese en consideración que el INEA ha logrado que cada año, como promedio y desde su creación, casi 700 mil personas abandonen las filas del rezago educativo. La actual administración se proponía incrementar la cifra a alrededor de 900 mil o un millón.

El reto parecía mayor porque, a pesar de que el programa especial contenía un número importante de estrategias y líneas de acción para alcanzar su meta, en las que solicitaba apoyo de diferentes dependencias y el reforzamiento de distintos programas en marcha, no resaltaban formas novedosas de atención.

Sin embargo, en marzo de este año, como aquí mismo lo comentamos (CampusMilenio No. 649), se dio a conocer otra línea de acción: el Programa Especial de Certificación (PEC). Un programa dirigido a reconocer saberes en las personas mayores de 15 años que no habían concluido su educación básica y que, en su caso, podrían acreditar y certificar.

El dato sorprendente es que, la semana pasada, con motivo del aniversario del INEA, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación, en el Estado de México, encabezaron una ceremonia para celebrar la entrega del certificado “un millón y medio”. Es decir, pareciera que la cifra no solamente se incrementó, el promedio anual más que se duplicó. Incluso Peña Nieto dijo que la meta será entregar 6 millones de certificados. Pero ¿todos los certificados fueron o serán otorgados a través del PEC?

En sus discursos, ni el secretario ni el presidente especificaron la procedencia del certificado. De hecho, la información oficial de la presidencia es errónea, dice que “se estaría certificando, en esta administración, el 60 por ciento de lo que se certificó en 35 años de historia del INEA”. Incorrecto. A la fecha, el organismo ha certificado poco menos de 30 millones de personas y, de ellos, alfabetizó a poco más de 12 millones.

De cualquier forma, el incremento sí es importante. Los datos del más reciente informe de gobierno dicen que a través del PEC se lograron un total de “640 mil 473 conclusiones de nivel”. Además, añade que 1.5 millones de personas (en cifras redondas) “concluyeron satisfactoriamente un nivel educativo durante septiembre de 2015 y agosto de 2016” (p. 367).

En resumidas cuentas, los números sobre el rezago educativo se están moviendo muy velozmente en un periodo muy corto. Queda por ver si corresponden a una efectiva adquisición de competencias educativas y si las bases de cálculo son correctas. Lo veremos.

CdMx “Desaparezca esta Secretaría y a los Institutos de Juventud y Deporte”

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 675. Septiembre 29, 2016. p. 6)

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Seciti) es relativamente nueva en la estructura gubernamental capitalina. La ley que precisó sus funciones es del 29 de enero de 2013, más o menos lo que va de la actual administración de Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, pese al escaso tiempo de operación, las confrontaciones revelan sus fisuras.

En la reciente entrega del 4to informe de gobierno de la administración capitalina, ceremonia realizada el pasado 17 de septiembre en la Asamblea Legislativa y a la que sí acude el jefe de gobierno, representantes de las diferentes fracciones representadas en el recinto realizan lo que llaman fijar su posición frente al informe.

Uno de los posicionamientos le correspondió al diputado Israel Betanzos Cortés, es uno de los ocho diputados que tiene la fracción del PRI en la Asamblea (Morena cuenta con 20 diputados y es el grupo mayoritario). Primero, el diputado Betanzos resaltó logros, programas exitosos del gobierno capitalino, los acuerdos con el gobierno federal y algunas de las dependencias que, a su juicio, han realizado un buen trabajo, como la de Gobierno, Movilidad, Procuraduría y Salud, entre otras.

Luego, el diputado Betanzos enumeró las que han fallado, como la de Medio Ambiente, Sistema de Aguas, Economía y otras más. Y peor, las que de plano deben desaparecer. En este caso coloco a la Seciti, la cual, dijo, debió ser responsable del programa de fotomultas, pero ni siquiera se le consideró. Añadió, dirigiéndose al jefe de gobierno: “Desaparezca esta Secretaría y a los Institutos de Juventud y Deporte, que son actividades que merecen una mayor atención, intégrelos a otra Secretaría, así tendrá un ahorro aproximado de 1 mil 400 millones de pesos”.

El contexto de los informes de gobierno, sea a nivel local o federal, es particularmente propicio para que afloren las diferencias entre los grupos parlamentarios, para la confrontación ríspida, pero también para acuerdos relativos sobre el desempeño de las tareas de gobierno y la calificación de algunos programas. Los posicionamientos de los partidos pueden ser ocurrencias o no, pueden estar más o menos argumentados, pero sin duda representan la posición institucional de esa fracción y tienen la capacidad de actuar en consecuencia. No debe ser tomado a la ligera, menos cuando los recursos financieros son escasos.

La Seciti –por cierto, en la ley sigue apareciendo que es del Distrito Federal, no de la Ciudad de México— sustituyó al anterior Instituto de Ciencia y Tecnología capitalino (creado en junio de  2007). La estructura de este último, se dijo en su momento, era incapaz de hacer frente a los retos de vinculación entre gobierno, sector académico y sociedad; tampoco, se agregó, estaba en condiciones de convertir a la ciencia y a la tecnología en el motor de la Ciudad.

Así que en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, quedó consignado que a la Seciti le correspondería “diseñar y normar las políticas inherentes al estudio y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la ciudad, así como impulsar, desarrollar y coordinar todo tipo actividades relacionadas con la ciencia. Las funciones y actividades de la Secretaría están orientadas a impulsar un mayor crecimiento económico y académico del Distrito Federal a través del estudio y desarrollo científico productivo” (artículo 7). Y esa encomienda principal fue desagregada en una treintena de funciones específicas.

¿Una misión fácil, compleja o difícil? La CdMx, después de todo, concentra las mayor oferta educativa, una gran actividad productiva y de las mejores capacidades científicas y tecnológicas de la nación. La entidad ocupa el primer lugar en promedio de escolaridad, también en cobertura en educación básica, media superior y superior; es la de mayor aportación al PIB nacional, concentra instituciones educativas de alto prestigio y alrededor de la mitad de los investigadores nacionales. Planear en estas circunstancias parece un día de campo.

Sin embargo, a los grandes y conocidos problemas de la metrópoli, sumémosle que, como lo hemos reiterado, el gobierno local no tiene bajo su responsabilidad los servicios de educación básica y normal, tampoco controla, ni normativa ni presupuestalmente, los planteles de media superior que no pertenecen al IEMS, ni a las instituciones federales o autónomas, ni a los investigadores nacionales y tampoco a los centros públicos de investigación. Así que el asunto ya no parece tan sencillo.

Entonces, ¿tiene razón o no el diputado Israel Betanzos Cortés? El titular de la Seciti, René Drucker, dijo: “No sabía que alguien había dicho algo así, pero es un ignorante, es una persona que no sabe lo que dice, son declaraciones bastante ignorantes" (Reforma 22.09.2016). En respuesta, el legislador pide hablar de resultados y se sostiene en su posición.  Todavía más, posteriormente el titular de la Seciti y el diputado Víctor Hugo Romo de la fracción del PRD, anunciaron que presentarán una propuesta de iniciativa de ley para que se destine al sector “por lo menos 1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la CdMx” (Boletín 028).

Aunque es muy breve el tiempo que lleva en operación, vale la pena examinar con mayor detalle las actividades realizadas por la Seciti. No obstante, es sumamente aventurado dejar el juicio a la dinámica de los juegos legislativos, con sus intrigas y negociaciones.

Ciudad del conocimiento. El artículo 13 de la Constitución de la CdMx

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 674. Septiembre 22, 2016. p. 5)

El documento base de lo que será la Constitución Política de la Ciudad de México ya es público. Todavía es un proyecto, presentado por el jefe de gobierno el pasado 15 de septiembre, pero será el que discuta la Asamblea Constituyente en los próximos cuatro meses y de ahí saldrá la redacción final. El asunto es qué de lo propuesto ya es letra impresa y cuál otra se modificará sustancialmente.

Por ahora, en el terreno educativo, el artículo 13, “Ciudad educadora y del conocimiento” del proyecto, es lo que hay y vale la pena tomarlo como referencia de lo que podría ser. Sobre todo por la redacción que sugiere para delimitar la responsabilidad del gobierno local en la prestación de los servicios educativos y la definición del sistema de evaluación que propone, entre otros aspectos.

La propuesta de Carta Magna para la ciudad tiene un total de 76 artículos y 21 transitorios. El documento está firmado por el grupo de trabajo, una treintena de personas, integrado por directivos de instituciones de educación superior, académicos, líderes políticos y sociales. También aparece el nombre de una veintena más de personalidades, igualmente diverso y plural, denominado Consejo Asesor Externo.

La sencillez del documento base es relativa. Si bien los 76 artículos aparentemente son un número reducido, lo cierto es que se despliegan en más de un centenar de páginas, divididos en siete títulos, varios capítulos e innumerables incisos y párrafos. La dificultad principal, sin embargo, no es el volumen.

Jorge Alcocer ha indicado que  “una lectura detallada del anteproyecto da cuenta que muchos párrafos carecen del rigor jurídico, y la buena gramática, que requiere una Constitución” (Reforma  13.09.2016). Seguramente la redacción del documento es un reflejo del número de personas que han intervenido, así que la homogeneidad y rigor podría ser uno de los primeros asuntos a resolver.

Independientemente de la expresión jurídica y cualidad formal del proyecto a discusión --aspectos sobre los que no podría emitir una opinión calificada--, el apartado sobre educación muestra lo que el gobierno local se propone como marco de regulación para el servicio.

El artículo 13, “Ciudad educadora y del conocimiento”, forma parte del título “Carta de derechos”. Lo relevante es que, como se indica en la exposición de motivos, se tata de un proyecto garantista porque incluye “una amplia carta de derechos –incluido el derecho a la educación-- que trasciende su carácter meramente declarativo y materializa su exigibilidad y justiciabilidad, a través de medios de defensa como la acción de protección efectiva de derechos y el juicio de restitución obligatoria de los mismos” (p. 7).

Es decir, los derechos constitucionales no serán una idea o una aspiración, se podrán exigir judicialmente a la autoridad y ésta deberá cumplirlos. En el proyecto presentado, en el artículo 13, inciso “A”, segunda fracción, se establece que “Se garantizará el derecho universal a la educación” y en la siguiente fracción se añadió: “Toda la educación pública será gratuita, laica, liberadora, integral, inclusiva, intercultural y de calidad”. Así que cualquier ciudadano, vulnerado en su derecho universal a la educación o que, incluso ejerciéndolo, la educación que recibe no cumple con alguna de las características anotadas, puede exigir su cumplimiento.

No obstante, en ninguna de las 16 fracciones que integran el artículo 13 se indica que el gobierno local será el responsable de la prestación del servicio educativo en la Ciudad, como sí lo está en el área de la salud o en otras constituciones estatales. Hasta ahora, como lo hemos reiterado en este espacio, la Ciudad de México es la única entidad que no controla la educación básica y normal.

Ahora, tal vez a la espera de una negociación previa, en el proyecto de Constitución, en la segunda fracción del artículo 13, se dice que la educación es “corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades...”, en otra fracción se anota que “La ciudad organizará un sistema educativo local integral” y en una más que “Los servicios educativos del sistema local serán prestados por las autoridades públicas y por particulares e instituciones de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin fines de lucro”. Pero en ninguno se precisa el ámbito de responsabilidad

En cambio, sí se “reconoce la función primordial de la actividad docente en el sistema educativo local” y se precisa que garantizará su capacitación, estabilidad laboral y dignificación (fracción 12). Además, se define que la evaluación en el sistema educativo local tendrá “por objeto la mejora continua de la educación, pública y privada, en todos los niveles; tendrá un carácter diagnóstico, diversificado y no punitivo”. Aspectos sensibles y demandados en el actual proceso de reforma educativa.

En fin, seguramente, cada uno de los artículos y sus diferentes fracciones motivarán intensos debates. Ojalá, al final, podamos contar con una Constitución verdaderamente ejemplar, equilibrada y viable.

Ciencia y Tecnología. Van los incentivos fiscales para el 2017

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 673. Septiembre 15, 2016. p. 5)

El año próximo no solamente habrá una disminución en el presupuesto para la actividad científica y tecnológica, también se eliminan los programas de inversión en el sector. La disminución no es generalizada, se localiza especialmente en algunos centros y líneas de acción. Pero, eso sí, dicen que no todo son malas noticias. Bueno, no para todos, porque se pondrá en marcha un nuevo programa de incentivos fiscales para incrementar la inversión de las empresas.

Probablemente, estimado lector, recordará que al final del pasado mes de mayo, en la entrega del Premio México de Ciencia y Tecnología, el presidente Enrique Peña Nieto, anunció que había instruido a los titulares de Conacyt, Hacienda y Economía para crear un programa de estímulos fiscales. Una iniciativa que contaría con la aquiescencia del Consejo Coordinador Empresarial.

Todavía eran los días de Luis Videgaray, el ahora ex secretario de Hacienda, así que desde esa fecha se comenzó a diseñar el programa de incentivos. El asunto no era tan sencillo como aparentaba. Seguramente, la prioridad debió ser,  usted también lo debe recodar, evitar los errores que provocó la reactivación de incentivos fiscales en las gestiones de Vicente Fox y parcialmente en la de Felipe Calderón (2000-2008).

En ese entonces, las críticas más fuertes a la aplicación de incentivos fiscales fue una ausencia de resultados claros y  una excesiva focalización en unas cuantas empresas, principalmente transnacionales y especialmente del sector automotriz. Felipe Calderón lo suspendió y, a partir del 2009, optó por otorgar incentivos directos a pequeñas y grandes empresas (Programa de Estímulos a la Investigación, les llamó), pero tampoco fue suficiente.

Recientemente, Luis Videgaray se marchó precisamente el día previo a la fecha límite para la entrega del paquete económico 2017, pero lo dejó listo. El paquete, como se sabe, son las normas que prevén y regulan los ingresos y egresos de la nación para cada ejercicio fiscal; el ejecutivo federal envía su propuesta al Congreso, a través de la Secretaría de Hacienda, y los legisladores la dictaminan. La documentación se compone por unos Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y otras disposiciones fiscales.

La propuesta de gasto para la actividad científica y tecnológica para el 2017 considera un total de 83 mil 381 millones de pesos. Este año contó con 88 mil 582 millones de pesos. Es decir, en términos nominales, sin considerar la inflación, tuvo una disminución de 5 mil 200 millones de pesos. Sin embargo, de las 15 dependencias que realizan actividades científicas y tecnológicas la disminución se concentró principalmente en Conacyt, la cabeza del sector.

El organismo no tendrá programas de inversión en infraestructura y le restaron 7 mil 277 millones de pesos de su ramo de gasto (este año, en cifras redondas, tuvo 38 mil millones y se propone que para el próximo se reduzca a poco menos de 31 mil millones). De la cantidad descontada, casi 6 mil millones son del presupuesto que ejerce centralmente el propio Conacyt, así que seguramente habrá más retrasos en las convocatorias, menor presupuesto para fondos competitivos y eliminación de programas, como el de Cátedras Conacyt, entre otros ajustes.

La disminución restante (1 mil 300 millones) será aplicada en el presupuesto de los Centros Públicos de Investigación (CPI). Todos tendrán menos recursos para el año próximo, quizás como acicate para la búsqueda de recursos propios. Tal vez el caso del Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora” sea la reducción relativa más drástica: pasó de tener 301 millones este año a contar solamente con 178 millones el año próximo. Una disminución de más del 40 por ciento.

Por su parte, la modificación a la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISR), incluye un capítulo IX, denominado “Del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología”, en cuyo artículo 202, se establece que se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes que efectúen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, el cual será equivalente al 30 por ciento de los gastos e inversión realizada.

También se especifica que el estímulo fiscal será otorgado por un comité interinstitucional, integrado por representantes de Conacyt, Economía, la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Presidencia –esa misma que hace una semana, en estas páginas, dijimos que parecía inexistente--, el Sat y Hacienda. Esta última lo presidirá y el primero fungirá como secretaría técnica.

La norma establece que el monto de incentivos fiscales a distribuir no será mayor a un mil quinientos millones de pesos ni podrá ser superior a 50 millones por contribuyente. Las cifras, como se puede notar, son relativamente modestas. Sin embargo, se supone que su mérito principal es que constituyen un detonante de la inversión privada en el sector. Ya lo veremos. Por lo pronto, parece que ya está aquí el tiempo de las restricciones presupuestales.

Cuarto informe de gobierno. Novedades: la Oficina y el Repositorio Nacional

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 672. Septiembre 8, 2016. p. 5)

En las más de 700 páginas del 4to informe de gobierno y en las otras 800 páginas de anexos estadísticos no apareció nada. Poco más de un mil quinientas páginas y ninguna referencia. Ni siquiera una mención a esa oficina que desde el primer año de la actual gestión forma parte de la estructura administrativa de la presidencia de la República.

Así es. Ninguna información pública sobre la actividad de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación (CCTI), esa  instancia dependiente del ejecutivo federal, creada en sustitución de una secretaría para el sector y para apaciguar el ánimo centrípeto de una parte de la comunidad científica.

Tal vez el encuentro de Enrique Peña Nieto con jóvenes talentosos –ese que sustituyó la ceremonia de mensaje a la nación con motivo del informe de gobierno— era el momento más adecuado para destacar la influencia y logros de esa peculiar oficina de la presidencia. Claro, si es que había algo de qué presumir. No es el caso.

La CCTI quedó instalada en abril de 2013, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la oficina de la presidencia de la República. El primer titular fue Francisco Bolívar Zapata y ocupó el cargo hasta septiembre de 2015. Los siguientes seis meses la coordinación estuvo vacante y nadie pareció extrañarla. Después, en abril de este año, fue nombrado Elías Micha.

Sin embargo, solamente en el año de creación de la Coordinación, el hecho fue mencionado en el primer informe de gobierno: “En este sentido, destaca la reciente creación de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República para apoyar, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a la Presidencia de la República en estos temas” (p. 355). Pero ese apoyo no se lee ni se publica.

¿Qué funciones tiene la CCTI? El reglamento correspondiente le adjudica una decena de funciones, unas son de colaboración con otras instancias para la elaboración de diagnósticos, informes o recomendaciones para el sector. En esa condición, las acciones bien pueden aparecer o estar reportadas en las actividades que realizan otros organismos.

Sin embargo, otras funciones están claramente bajo la exclusiva responsabilidad de la CCTI. Por ejemplo, “impulsar acciones para que la ciencia, la tecnología e innovación se conviertan en palanca real de desarrollo”. O bien, propiciar la vinculación del ejecutivo federal con instancias públicas y privadas de desarrollo tecnológico, lo mismo que formular recomendaciones para la realización de estudios especializados.

Hasta ahora no se sabe, por lo menos públicamente, si la CCTI ha ejercido algunas de sus funciones y cuáles han sido sus resultados. Lo único que se informó el año pasado es que en lugar de estar adscrita directamente a la jefatura de la oficina de la presidencia de la República, como estaba originalmente, desde el 2005 depende de otra coordinación de esa misma oficina.

Es decir, las modificaciones a la estructura administrativa de apoyo a las actividades de la presidencia solamente han sido nominales; se crearon unas instancias, se renombraron otras y se fusionaron unas más. Pero, como lo hemos constatado, la capacidad técnica o ejecutiva no mejoró.

Ni antes ni después de las modificaciones quedó claro el papel de la CCTI y qué tan necesaria ha sido en estos años de operación. Mucha rendición de cuentas no parece haber. A juzgar por los cambios de adscripción y la ausencia de información, su creación ha sido francamente irrelevante para el sector.

Otra novedad del 4to informe de gobierno, una auténtica novedad, es que dice que desde mayo de este año se puede consultar el Repositorio Nacional. Sí, esa plataforma digital que debe dar acceso a la información científica y tecnológica generada con recursos públicos o que haya utilizado infraestructura pública en su realización.

Los plazos normativos indicaban que el Repositorio Nacional debía estar en operación a partir del pasado mes de mayo. Pero no lo estuvo. Solamente fue puesto un vínculo en la página web de Conacyt en el que poco a poco aparecieron repositorios institucionales con cierta heterogeneidad. Probablemente el asunto de la interoperabilidad resultó más complejo de lo que se tenía previsto.

Ahora, el informe de gobierno reporta que: “Hasta junio de 2016, se apoyó a 35 instituciones para el desarrollo de sus repositorios y se construyeron 27 repositorios institucionales de los 26 Centros Públicos de Investigación del CONACYT y el de la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales” (p. 422).

De modo que, según el mismo informe de gobierno, ya se pueden consultar 62 repositorios institucionales en una misma plataforma digital. Bueno, suerte, inténtelo y luego me cuenta. Esta es la dirección: www.repositorionacionalcti.mx