Programas transexenales: “informarle en territorio”

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1053. Julio 18, 2024. Pág. 4)

 

No constituyen, en sentido estricto, una evaluación de los programas del gobierno federal, aunque así los autodenominan. Son parte de las giras e intervenciones conjuntas, en las entidades federativas, del presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

 

El ejercicio tampoco es una estimación precisa de los resultados de programas, pero sí expresa las líneas prioritarias del actual periodo de gobierno y lo que cabría esperar en el próximo sexenio. No obstante, para decidir cómo continuar, será necesario una mayor y mejor evaluación de programas.

 

A partir de este mes de julio, el presidente en funciones, la presidenta que lo sustituirá y funcionarios del gobierno federal, presentan algunos resultados de programas. El sábado 13 de julio en Tlaxcoapan, Hidalgo, fue la “Evaluación de proyectos prioritarios y de infraestructura, región Tula”.

 

También, el mismo sábado 13, fue la “Evaluación de Sembrando vida”, en San Salvador El Verde, en el estado de Puebla. A través de este programa de siembra de árboles, según se informó, se han plantado en estos seis años “más de mil 200 millones de árboles en un millón de hectáreas”.

 

Las cifras son grandes, su presupuesto también y los participantes en el encuentro de Puebla no escatimaron elogios. Sin embargo, también es cierto que distintas voces han señalado las grandes dificultades del programa. Por ejemplo, que no es visible su impacto en la reforestación del territorio nacional, la opacidad de sus datos, mínima supervivencia de plantas y, más grave, la deforestación de más de 70 mil hectáreas para cumplir con los requisitos del programa. Una evaluación tendría que ponderar los resultados del programa.

 

Al día siguiente, el domingo 13, tocó la “Evaluación de programas y proyectos de educación y deportes”. El encuentro fue en Yauhquemehcan, Tlaxcala. Al igual que en las dos entidades federativas anteriores, también participó la gobernadora del estado, Lorena Cuellar, así como López Obrador, Claudia Sheinbaum y Leticia Ramírez, esta última secretaria de Educación Pública.

 

Además, intervinieron: el profesor Fernando Magro Sotero, director general del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED); la arquitecta Pamela López, titular del programa “La escuela es nuestra”; Abraham Vázquez, el coordinador del programa Becas para el bienestar Benito Juárez; Marx Arriaga, el director de Materiales Educativos de la Sep; y Oscar Flores, el titular de la Unidad de administración y finanzas de la Sep.

 

A pesar de que fueron varios los funcionarios que intevinieron y el encuentro fue extenso, tampoco se puede decir que fue una evaluación de los sectores educativo y deportivo. La mención al deporte solamente se refirió al proyecto de bachillerato instaurado en 2021 que ahora cuenta con siete planteles y ofrece la opción de cuatro carreras técnicas (béisbol, box y atletismo de fondo y medio fondo). No es el sector deportivo.

 

Tampoco fue el caso con el conjunto de programas del sector educativo. Las referencias específicas solamente fueron para el programa “La escuela es nuestra”, las becas, los libros de texto gratuitos y las mejoras en el salario de los trabajadores de la educación. Lo notable fue que, a lo largo del sexenio, según lo dicho por los distintos funcionarios, los recursos financieros para estas iniciativas suman cerca de 800 mil millones de pesos.

 

No hubo representación para la educación superior. Pero la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, en su intervención sí mencionó la creación de más de 200 planteles de las Universidades Benito Juárez, las opciones profesionales en los institutos tecnológicos y el aumento de mujeres en la matrícula de educación superior.

 

Entonces, se entiende que la función de estos foros no es realizar una evaluación de programas. Buscan difundir logros en la plaza pública y marcar líneas transexenales. Tal vez, por la misma razón, la presidenta electa, en su turno a la palabra señaló que era histórico que el presidente en funciones acompañara a quien está por asumir el cargo, “a informarle en territorio de los avances que ha logrado”.

 

También es histórico, dijo la presidenta electa, porque “no es que se va un proyecto y entra otro, un nuevo proyecto; hay continuidad… y continuidad significa seguir con los programas que inició el presidente”.

 

Y sí, reiteró los programas reportados y otros más. De hecho, los primeros ya están marcados como prioritarios en los “Precriterios Generales de Política Económica 2025”. El documento entregado al Congreso el pasado 27 de marzo y con el que inicia la estimación del presupuesto para el año próximo.

 

En la próxima entrega veremos el volumen de recursos financieros que implican, la presión sobre las finanzas públicas y las preocupantes estimaciones de crecimiento que ya tocan a la puerta.

 

Por ahora, es suficiente con indicar que vale la pena pensar dos veces en una verdadera evaluación del conjunto de programas y estimar las modificaciones correspondientes.

 

Pie de página: ¿Habrá foro para el sector científico y tecnológico? Ya veremos. // El gobierno federal anuncia la nueva contratación de casi tres mil médicos cubanos.

Los 40 años del SNI

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1052. Julio 11, 2024)

 

En este mes de julio se cumplen 40 años de la publicación del acuerdo de creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Un programa que, en aquel entonces, los duros años de la década perdida, parecía provisional, transitorio, dirigido a mejorar las percepciones económicas de los científicos.

 

El supuesto era que, sin aumentos generalizados de salario, la iniciativa permitiría retener al personal de alto nivel y evitar la fuga de cerebros. Sin embargo, el SNI no solamente permanece hasta el día de hoy, también quedó incorporado a las prácticas y vida rutinaria de la comunidad científica.

 

A pesar de que el programa se ha transformado a lo largo del tiempo, conserva el principio de evaluación del desempeño individual y otorga incentivos adicionales conforme cuatro diferentes categorías. Pero, ¿cuánto más se prolongará y cuánto más crecerá?

 

A la primera convocatoria del entonces nuevo programa se presentaron poco más tres mil investigadores y solamente fueron admitidos 1,650. Del total de aceptados: 25 por ciento en la categoría de candidatos; 53 por ciento como investigadores nivel 1; 14 por ciento en el nivel 2; y seis por ciento en el nivel 3. La base estaba en los investigadores nivel 1 y la cúspide en el nivel 3.

 

Por cierto, el programa, al inicio, solamente era para investigadores de tiempo completo y del sector público. Luego, en 1988, en la segunda reforma del SNI, el programa se abrió a los investigadores del sector privado, aunque la bolsa de recursos para esos investigadores provenía de las propias instituciones particulares. Algo similar a lo que ocurrió en el actual periodo de gobierno

 

En fin, en otra entrega abordaremos el tema público-privado de los programas en el sector, por ahora, retornemos a los números actuales del SNI. Los resultados de la convocatoria más reciente se dieron a conocer el pasado 5 de julio y no cabe duda de que el programa se ha expandido.

 

El volumen de rechazo de la convocatoria del 2024 del SNI no se conoce, apenas se publicaron los resultados la semana pasada y seguramente las cifras todavía no son definitivas. Sin embargo, cada año intentan ingresar alrededor de tres mil nuevas personas y otras diez mil buscan permanecer en el sistema. Un volumen que expresa las diferencias respecto de hace cuatro décadas.

 

Las cifras del programa para el año 2023 muestran que está integrado por 41 mil 330 personas. Es decir, entre los años 1984 y 2023, en promedio, se han sumado cada año poco más mil personas. Sin embargo, los promedios esconden las diferencias. Durante la primera década, el programa creció muy poco, se incorporaban entre 200 y 300 investigadores anualmente.

 

El crecimiento se aceleró a partir de los años 2000. Ahí comenzaron a añadirse alrededor de dos mil personas cada año y la cifra va en ascenso. La tendencia del programa en el actual periodo de gobierno ha sido más bien inestable y con altibajos. Por ejemplo, disminuyó entre el año 2020 y el 2021, pero al año siguiente se sumaron casi cinco mil personas más. Seguramente se debió a los reiterados y confusos cambios a la normatividad.

 

Lo sorprendente es que en estos 40 años, aunque el crecimiento de integrantes ha sido notable, las proporciones por categoría se han mantenido. Al igual que en 1984, poco más de la mitad del total de investigadores están en el nivel 1, alrededor de la cuarta parte son candidatos y un seis por ciento en el nivel 3.

 

Por cierto, al inicio del programa no había eméritos y ahora es una de las categorías que más ha crecido. Particularmente, en este periodo, algunas de las distinciones más altas recibidas por personajes públicos han sido sumamente polémicas. Recuérdese el caso del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, o el más reciente de Antonio Romero Tellaeche, el director del Cide.

 

La presión sobre los recursos financieros también ha sido creciente. Las reformas más recientes a la normatividad del programa, como la eliminación de incentivos a investigadores del sector privado, el alargamiento de los periodos de evaluación o la prelación para otorgar incentivos, están dirigidas a contener su crecimiento y ralentizar el ascenso en sus diferentes categorías (Campus No. 967).

 

Hasta el año 2021, el presupuesto del programa se había mantenido en alrededor de los cinco mil millones de pesos. Sin embargo, cada año los recursos financieros han ido al alza. Para el año 2022 el financiamiento del programa sumó 7 mil 278 millones de pesos, para el año siguiente fueron 8 mil 97 millones de pesos y para este año llegó a los 8 mil 488 millones de pesos. Esta última cifra es cerca de una tercera parte del presupuesto que ejerce centralmente el Conacyt.

 

En fin, el cuarentón SNI tuvo modificaciones importantes en el actual periodo de gobierno, la mayoría desafortunadas, pero el principio que lo motivó quedó de la misma forma. El asunto es si el próximo gobierno lo dejará como está, se propone un cambio sobre la base de lo que se hizo o propondrá algo nuevo.

 

En cualquier caso, no será sencillo, porque el programa es una pieza clave y sensible en el engranaje del mecanismo del sistema científico y tecnológico. Ya veremos.

 

Pie de página: No hubo alfombra roja en el nombramiento del próximo titular de la Secretaría de Educación Pública.

El maíz y el panel de controversias

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1050. Julio 4, 2024)

 

La instalación de un panel de controversias sobre medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado, en el marco del T-Mec, cumplirá un año el mes próximo. La solicitud fue realizada por Estados Unidos, Canadá se sumó al panel, México fue la parte demandada y es probable que la resolución final se lleve todavía otros meses más.

 

El maíz no es la piedra de toque en el comercio trilateral, tampoco será un componente clave en la renegociación del T-Mec prevista para el 2026, pero es un tema política y culturalmente muy sensible para México. La actual controversia se resolverá cuando otras autoridades federales, tanto de México como de Estados Unidos, ocupen las posiciones de responsabilidad. El tema también podría ser un punto de diferenciación en el cambio de administración en México.

 

La controversia se originó, como se recordará, cuando el presidente López Obrador, el primer día de su periodo de gobierno, se comprometió a no permitir el uso de semillas transgénicas y a proteger la diversidad biológica (Compromiso 74). El anuncio fue visto con relativo escepticismo, porque lo pronunciaba por vez primera y no había sido tema en su campaña electoral.

 

Sin embargo, las cosas fueron distintas cuando, en diciembre del 2020, López Obrador emitió un primer decreto para instruir a las dependencias federales para que se abstuvieran de adquirir, distribuir o importar glifosato o agroquímicos que lo contuvieran (DOF. 31.12.2020). En el mismo decreto, el artículo quinto transitorio, especificó que las secretarias de Medio Ambiente, Salud y Agricultura, así como el Conacyt, a más tardar el primer semestre del 2023, reformarían su normatividad para evitar el uso del glifosato y de maíz genéticamente modificado en México.

 

La medida dio lugar a diferencias al interior del gabinete, como lo comentamos en su oportunidad en este mismo espacio (Campus No. 880), pero fue acatada por toda la administración pública. Una vuelta de tuerca más fue el segundo decreto de López Obrador, publicado al inicio del año pasado, para prohibir expresamente la adquisición e importación maíz genéticamente modificado y del glifosato (DOF 13.02.2023). Ahí inició el diferendo con los Estados Unidos y su demanda de instalación de un panel de controversias.

 

El socio comercial del norte, un exportador de maíz genéticamente modificado hacia México, ha dicho que no hay razones válidas para el veto impuesto. Por un lado, porque no se han aportado pruebas científicas para sustentar el daño del maíz transgénico y, por otro lado, son irrelevantes las evidencias que se han presentado. La disputa continúa.

 

También hay que indicar que el decreto del gobierno mexicano de febrero del 2023, estableció que el entonces Conacyt coordinaría y apoyaría las investigaciones para proponer a las secretarías implicadas, “alternativas y prácticas agroecológicas y saludables que permitan prescindir del glifosato” (artículo quinto). Sin embargo, a la fecha, no se conocen los resultados.

 

Incluso, en marzo de este año, un comunicado conjunto de las secretarías de Economía, Agricultura, Desarrollo Rural y de la Cofepris reconocieron que no había alternativas para sustiuir el Glifosato y prevalecería el “interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país” (Comunicado 26.03.2024) O sea, se continuaría utilizando glifosato.

 

El comunicado suscitó la reacción del Conahcyt y otra vez afloraron las diferencias en el gabinete. El organismo respondió que estaban en marcha alternativas para sustituir el glifosato y algunas de ellas ya estaban probadas. Sin embargo, como ha ocurrido con otros tantos avances, nada en concreto, todo quedó en una conferencia de prensa y el boletín correspondiente (Comunicado No. 503/2024).

 

Ahora, habrá que esperar la resolución del panel de controversias, pero en este periodo de transición en México, ya fue nombrado Julio Berdegué Sacristán como próximo titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la dependencia gubernamental que tiene el papel más relevante en las decisiones sobre la suficiencia alimentaria y los agroquímicos.

 

Las declaraciones más recientes de Berdegué a la agencia Reuters expresan que la decisión es “sostener la autosuficiencia en maíz blanco, el que se utiliza comúnmente en la tortilla, el alimento básico del país” (Reuters 01.07.2024). Es decir, es posible que el veto permanezca para ese tipo de maíz, pero no para el maíz amarillo. Pronto nos enteraremos.

 

La otra variable a considerar es cómo quedará la relación con Estados Unidos, porque este último tendrá elecciones el próximo mes de noviembre y si las tendencias actuales permanecen, es altamente probable el retorno de Donald Trump a la presidencia de ese país. Así que las relaciones podrían ser ríspidas y complejas.

 

México tiene derecho a buscar la autosuficiencia alimentaria, a la defensa de sus productos básicos y a hacer valer las reglas de comercio justo en el marco del T-Mec. Sin embargo, las cosas se han complicado de forma innecesaria en el caso del maíz, sea por motivos ideológicos o por subestimar el conocimiento científico. Una lección que convendría tener presente.

 

Pie de página: Todavía no hay mayores precisiones sobre el diseño institucional de la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). No obstante, como lo reportaron Nelly Toche y Ricardo Quiroga, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum ha dicho que no habrá más presupuesto: “Pero no es crear más burocracia, es solamente elevar a rango de secretaría porque, como científica, imaginarán que una de mis prioridades es el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país. Pero no habrá más gasto de operación” (El Economista 24.06.2024). Difícil, muy difícil hacer más con menos.

Diseño institucional: ¿ciencia y educación superior?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1050. Junio 27, 2024. Pág. 4)

 

El anuncio de la presidenta electa Claudia Sheinbaum fue sorpresivo. Nada parecía indicar que se proponía crear una nueva dependencia gubernamental: la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). Pero sí, lo anticipó la semana pasada como parte del primer paquete de nombramientos de su gabinete (Boletín 12/2024). ¿Es una buena propuesta?

 

La iniciativa no es novedosa, se planteó como posibilidad desde la reforma a la ley sectorial en el 2002. Sí es inesperada en el actual contexto. En primer lugar, no fue una promesa en la campaña electoral, tampoco formó parte de los 100 compromisos de la presidenta electa. Ni siquiera fue una demanda en las reuniones ni en los llamados diálogos por la transformación.

 

En segundo lugar, una nueva secretaría no parecía probable porque Claudia Sheinbaum ha reiterado que habrá continuidad con las políticas puestas en marcha en el periodo 2018-2024. Es decir, repetir las fuertes restricciones de operación a la administración pública. Por cierto, una austeridad que alcanzó al tuétano de la burocracia y afectó las capacidades del servicio público.

 

También conviene recordar que la administración de la Ciudad de México (Cdmx) contaba con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación desde el 2013. Pero una de las primeras medidas que tomó Sheinbaum Pardo, cuando asumió la jefatura de gobierno en el 2018, fue fusionar esa secretaría con la de educación. Actualmente se denomina “Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación”.

 

Entonces, ¿es positiva o no la creación de la nueva secretaría a nivel federal? En principio sí, sobre todo porque es un reconocimiento tácito de que las cosas en el sector científico y tecnológico no están bien y de que elevarlo a nivel de secretaría podría mejorarlo.

 

También es una buena medida porque, como se ha podido apreciar en las primeras reacciones, el anuncio fue bien recibido. Llegado el momento podría establecer nuevas reglas de juego, tanto como disminuir la irritación hacia la autoridad y propiciar una interlocución que nunca logró la administración que está por concluir.

 

Además, instaurar una secretaría de ciencia y tecnología encaja bien con la narrativa y el perfil difundido de la presidenta electa. En México, a las figuras políticas destacadas y a los presidentes, a pesar de que tuvieran grados de maestría o doctorado, generalmente preferían que los llamaran licenciados o ingenieros. Ahora, por primera vez, a la presidenta electa la nombran por su grado de doctora y resaltan su cualidad de científica, aunque desde hace tiempo se ha desempeñado en la administración pública.   

 

¿La creación de la nueva secretaría dará buenos resultados? No necesariamente, su instauración no es suficiente. Por una parte, habrá que esperar el nombramiento altamente sensible de la persona titular de la Secretaría de Educación Pública. Una secretaría con la que comparte responsabilidades y deberá trabajar de forma conjunta. Algunas interpretaciones sostienen que Educación es intocable para la nueva administración, el nombramiento confirmará la colaboración y el margen de acción de ambas.

 

Por otra parte, la denominación de la nueva dependencia supone que solamente se concentrará en el ramo de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, no es definitivo, también podría incluir a la educación superior. La propuesta de una Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación tampoco es nueva, ya se ha hecho en el pasado.

 

Y sí, la propuesta ha sido mirada con reticencia por el sector científico, pero podría cobrar un sentido renovado. Rosaura Ruiz Gutiérrez, la persona designada como titular de la nueva secretaría ha dicho que es importante escalar a nivel nacional el modelo de las universidades Rosario Castellanos y de la Salud. Estas instituciones fueron su creación cuando se desempeñó como secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cdmx, precisamente cuando Sheinbaum Pardo fue jefa de gobierno. Hoy es la oportunidad.

 

Desde luego, la complejidad educativa a escala nacional es muy otra y es incomparable con el servicio educativo de la ciudad capital que ni siquiera está descentralizado. Sin embargo, estamos hablando solamente de añadir educación superior. Además, cuando se fusionó la secretaría de educación y la de ciencia en la Cdmx, se dijo entonces que existía una “indisoluble relación” entre ambas y no solamente era un asunto de racionalidad presupuestaria.

 

En fin, el cambio en una dependencia gubernamental no siempre resulta sencillo, tiene repercusiones en toda la estructura administrativa del gobierno, en la distribución del presupuesto y, más importante, en el nivel de satisfacción de los ciudadanos.

 

El anuncio está hecho y estos meses de transición podrían ser útiles para la elaboración del mejor diseño institucional. Uno en el que se podría calcular el volumen de recursos financieros, las reacciones de los involucrados y mostrar la conveniencia de conjuntar los esfuerzos de la educación superior y de la ciencia.

 

Pie de página: El sector de ciencia y tecnología pasará del gabinete ampliado al gabinete legal y este jueves 27 van los siguientes nombramientos. // También habrá una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

¿Giro en la actividad científica?

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1049. Junio 20, 2024)

 

Los compromisos preliminares del próximo gobierno para el sector científico y tecnológico son dos: incrementar gradualmente las becas de posgrado y hacer de México una potencia científica y de la innovación. Como se podrá advertir, uno es de limitado alcance y el otro, por el contrario, es desbordado en su aspiración.

 

No es suficiente para asegurar lo que ocurrirá en la nueva gestión, pero, hasta ahora, el par de compromisos son explícitos y se pueden ver en el documento “Claudia Sheinbaum Pardo. 100 pasos para la transformación” (págs. 17 y 20). No es todo. El mismo documento, a diferencia de lo planteado para los diferentes niveles educativos, no destaca logros del periodo actual en el sector y parece anunciar que no habrá continuidad en el sector científico y tecnológico.

 

El apartado correspondiente es breve, como también lo son otros apartados. Sin embargo, en éste, aunque se trata de ciencia y tecnología, reitera logros que se habían subrayado en el rubro de educación superior, más que los propios del sector.

 

Por ejemplo, nuevamente señala la reforma constitucional que llevó a la elaboración de leyes generales para Educación Superior y para Ciencia y Tecnología. Señala como logros la instauración del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces), su puesta en marcha y la reactivación de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior.

 

En cambio, solamente hay una mención marginal a la Agenda Nacional, el Sistema Nacional de Posgrados y el apoyo a la ciencia básica. Sí son cambios en el sector que han tenido implicaciones para la organización y funcionamiento del sistema, pero no son los más sobresalientes ni los más polémicos.

 

La integración de la Agenda Nacional, como lo establece la ley general, es el instrumento del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas para puntualizar las líneas estratégicas, las prioridades para el desarrollo del país y los temas de interés público (artículo 12 y ss). Sin embargo, es un instrumento del organismo rector, la transformación que lo instaura es el polémico cambio en el esquema de gobernanza del sector.

 

Otro tanto ocurre con la sustitución del anterior Padrón Nacional de Posgrados de Calidad por el Sistema Nacional de Posgrados y el apoyo a la ciencia básica. Lo notable es el tema del financiamiento porque el número de becas ha disminuido y el número de proyectos con respaldo también.

 

El asunto es más crítico si se considera la proporción del gasto en investigación y desarrollo experimental como proporción del PIB. El indicador para el 2022, el más reciente disponible, es de 0.28 por ciento; en el 2017 era de 0.49 por ciento.

 

No es fortuito que las primeras propuestas del próximo gobierno sean promover el desarrollo del sector, aumentar el presupuesto, crear un programa de apoyo y transferencia de conocimiento a nivel nacional o renovar los programas de becas de posgrado para fortalecer las capacidades del sistema.

 

Un dato adicional sobre la posibilidad de un cambio en los programas y acciones que caracterizaron el periodo actual, en lugar de la continuidad, es lo que anticipó Rosaura Ruiz, coordinadora de educación y ciencia del equipo de transición, en una entrevista a Isaac Torres (Crónica 07.06.2024).

 

Según lo que dijo Ruiz, el próximo gobierno no solamente tomará en cuenta el conocimiento científico y humanista para la toma de decisiones, también impulsará una red de cooperación y participación institucional de los sectores público y privado, con una visión internacional y de respuesta rápida a emergencias. Una intención que contrasta con los lineamientos seguidos en el periodo vigente.

 

Todavía más, sobre el pendiente y controvertido tema de la acción de inconstitucionalidad que enfrenta la ley general de ciencia, planteó esperar la resolución y añadió: “conozco las críticas y me parece importante tenerlas en cuenta, pero hay que ver también la parte legal”.

 

Esta semana se conocerá quienes formarán parte del gabinete del siguiente periodo y las perspectivas pueden cambiar. Aunque seguramente sólo se anunciará el gabinete legal, la primera línea de la gestión. Todavía no se sabrá el nombre de la persona titular del organismo rector de la política científica, porque ese nombramiento corresponde al gabinete ampliado.

 

Por lo pronto, las primeras manifestaciones explícitas, sugieren que más que continuidad, podría registrarse un giro en el sector. Sin embargo, ninguna certeza habrá hasta que no se conozca a la persona que asumirá la responsabilidad del organismo y no tomen forma las primeras acciones.

 

Pie de página: “…de ninguna manera representa un posicionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México ni el sentir de su comunidad”. Eso anotó el comunicado de la UNAM para deslindarse del reciente libro publicado por académicos de su Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre las 20 iniciativas de reforma del presidente López Obrador. Sí, de su propio Instituto. Simplemente sorprendente. Queda para el registro

Fondo de gratuidad: cumplir y diferenciar

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado den Campus Milenio. No. 1048. Junio 13, 2024. Pág. 4) 

 

Un programa preliminar de gobierno para el próximo sexenio está en el documento “Claudia Sheinbaum Pardo. 100 pasos para la transformación”. Ahí están descritos a grandes trazos un centenar de compromisos y también, para cada ámbito de la administración pública, un brevísimo diagnóstico, los avances y las acciones que propone.

 

El documento, lo dijimos aquí la semana pasada, junto con el corte de caja del periodo que está por concluir, anuncia qué podría ocurrir en materia educativa y científica en el nuevo gobierno. Para la educación básica y media superior, lo anticipamos en la entrega anterior, se advierte una línea de continuidad con lo que está en marcha. ¿Ocurre lo mismo para educación superior y para ciencia y tecnología? Más o menos, pero podrían registrarse diferencias.

 

Los compromisos puntuales son cuatro: duplicar de forma progresiva el número de becas para estudiantes universitarios hasta alcanzar un millón, se entiende que la línea base es el número de apoyos que hoy se entregan; b) también duplicar paulatinamente los apoyos para estudiantes de posgrado; c) gratuidad en todos los sistemas públicos de educación superior; y d) hacer de México una potencia científica y de la innovación (págs. 17-20).

 

No suenan nada mal, al contrario. Pero cabe recordar que esos compromisos fueron anunciados en el tiempo de las promesas, al inicio de la campaña electoral. Ahora que ya se saben los resultados, ¿la situación será otra? Podría ser el caso.

 

El principio de realidad es ineludible: la presión sobre los recursos públicos es mucha y las promesas son mayores. No hace falta demasiado cálculo para anticipar que el presupuesto debe ir en correspondencia con la gratuidad de la educación superior y el doble de becas que hoy se otorgan.

 

La administración que está por concluir no quiso o no pudo destinar los recursos suficientes para instaurar el fondo especial de gratuidad para la educación superior. La propia autoridad educativa estimaba que necesitaba poco más de 9 mil millones de pesos para el fondo. Sin embargo, la bolsa entregada no llegó ni a la décima parte de esa cantidad, en consecuencia, no se logró incorporar a cerca de 300 mil jóvenes anualmente y tampoco se alcanzó la meta de cobertura prevista.

 

Actualmente, las perspectivas fiscales no son las mejores, el déficit público para este año casi alcanzará los 6 puntos porcentuales respecto del PIB, el mayor en décadas, y los ingresos petroleros para el año próximo serán menores El gobierno prevé que en 2025 disminuya el déficit a la mitad, cuando las obras emblemáticas de la actual administración estén concluidas.

 

Sin embargo, como hemos visto después de las elecciones, los mercados financieros son altamente sensibles a la posibilidad del cambio de reglas y la incertidumbre permanece latente. A la próxima administración le toca diseñar el presupuesto para el 2025, ahí se verá su capacidad de maniobra y cuáles son sus prioridades.

 

No todo depende de los recursos federales. El documento de los “100 pasos para la transformación” plantea la colaboración de los distintos niveles de gobierno y las instituciones de educación superior para ampliar la cobertura, la instauración del sistema nacional de becas, la gratuidad y la instauración de nuevas universidades públicas (pág. 354).

 

Por cierto, en el documento se registra como avance la “creación de la Comisión Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (Conaces). Sí es un avance y, a pesar de su voluminoso número de integrantes, la instancia opera. Pero no es una comisión, su denominación correcta es “Consejo”. Una error menor, salvo porque se trata del principal órgano de consulta y consenso para el desarrollo de la educación superior.

 

Entonces, ¿habrá continuidad o no en educación superior? Las líneas de gratuidad, cobertura y becas se mantienen, incluido el controvertido programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Lo que podría marcar una diferencia es el principal instrumento para hacerlas efectivas: el Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad, un fondo previsto en la Ley General de Educación Superior (artículo 64).

 

Las metas para el año 2030 que están anotadas en el documento son: alcanzar una cobertura bruta de al menos el 55 por ciento y una cobertura neta de 40 por ciento del grupo de edad; ninguna entidad federativa por debajo del 35 por ciento de cobertura neta; y pasar de 51 a 75 por ciento en la tasa de absorción de egresados de media superior (pág. 354).

 

El Fondo Federal Especial no solamente sería la palanca clave para alcanzar las metas, también para cumplir lo que dice la ley. Los distintos órdenes de gobierno y las instituciones educativas pueden sumar esfuerzos, pero sin recursos financieros será imposible lograrlo.

(Quedan por ver las diferencias en el terreno científico y tecnológico, aquí las anotaremos en la próxima entrega)

 

Pie de página: Siintracátedras, el sindicato del exprograma Cátedras Conacyt (ahora Investigadoras e Investigadores por México), denuncia despidos injustificados de algunos participantes en el programa (Aquí se puede enterar: t.ly/2yGQ4)

Transición corta y promesas largas

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1047. Junio 06, 2024)

 

La reforma del artículo 83 constitucional del 2014 acortó el periodo de transición gubernamental. Ahora, a diferencia de sexenios anteriores, el lapso es de poco menos de cuatro meses.

 

Los resultados de las recientes elecciones fueron ampliamente favorables para Claudia Sheinbaum Pardo y le corresponderá, por primera vez, un periodo de transición corto. Pero es un lapso razonable para que la administración saliente rinda cuentas y la nueva decida cómo iniciará su gobierno.

 

Si ambas pertenecen al mismo partido político, como ocurre en esta ocasión, el proceso puede ser más sencillo. Porque, cabría suponer, existe una línea de afinidad política entre una y otra. Sin embargo, la transición siempre es algo más complicado que presentar los libros blancos o amoldarse a lo que hay.

 

Los conflictos o las diferencias pueden no trascender públicamente, pero las huellas serán inocultables. Al final, una vez hechas las sumas y restas, la nueva administración tiene en la mesa los pendientes, tanto como decidir qué conservar y qué no de lo realizado.

 

La semana pasada, en este mismo lugar, en la víspera de las elecciones y ante el inminente cierre del periodo de gobierno, dijimos que había que prestar atención a los datos y las fuentes para un eventual balance de la administración. Además, será ineludible establecer la línea base de arranque del periodo y asignar las responsabilidades que corresponden. Los balances ya están sobre la mesa, pero no es suficiente.

 

Falta lo que piensa poner en marcha el nuevo gobierno. Llegará el momento para que presente su Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales. Por lo pronto, para vislumbrar el primer semestre de gobierno, está la declaración de intenciones.

 

El documento más estructurado y que mejor refleja lo que cabría esperar de la próxima administración es el titulado “Claudia Shaeinbaum.100 pasos para la transformación”. Una propuesta difundida al final del mes de febrero de este año y que condensa sus compromisos en las diferentes áreas de la administración pública.

 

La educación y la ciencia forman parte de esos compromisos. Quizás, en este momento, no son las áreas de mayor preocupación, estando como están las cosas con las agencias calificadoras y las especulaciones en los mercados financieros. Pero tampoco pueden ser ignoradas en el periodo de transición ni en la actuación gubernamental.

 

Según el documento citado, el “segundo piso de la transformación” para la educación básica concretará el marco operativo y curricular del nuevo sistema educativo nacional y desarrollará diferentes proyectos de innovación como se indican en la propuesta curricular de la “Nueva Escuela Mexicana” (p. 346).

 

Las acciones son múltiples y muy variadas, entre otras, incluyen infraestructura y equipamiento de escuelas, planteles con horarios extendido y becas. Aunque como única meta cuantitativa para el año 2030 --le denominan métrica-- plantea alcanzar una cobertura universal de becas para educación básica. Sí, el énfasis está en alargar lo ya realizado.

 

Otro tanto ocurre con la educación media superior. Por ejemplo, en materia curricular, plantea fortalecer el Marco Curricular Común, así como impulsar equivalencias y esquemas de portabilidad para el nivel. Pero en este nivel propone dos metas: alcanzar el 85 por ciento de la cobertura bruta y lograr una eficiencia terminal del 73 por ciento, ambas para el final del periodo.

 

Vale la pena indicar que la tasa bruta de cobertura en la educación media ha experimentado una disminución en los últimos seis años. En el 2017 era de 84.8 por ciento, para el 2019 disminuyó a 83.2 por ciento y en el 2022, último dato disponible, fue de 80.8 por ciento. No está fácil añadirle alrededor de un punto porcentual por año a la cobertura; tampoco es imposible. Pero si se cumpliera la meta que promete la nueva administración, la eficiencia sería equiparable a la del 2017.

 

A su vez, la eficiencia terminal en el ciclo 2018-2019 fue de 63.9 por ciento y para el ciclo escolar 2021-2022 llegó 70.2. Es decir, el reto sería incrementar la eficiencia terminal en 3 puntos porcentuales. Tampoco es sencillo, aunque sí está más al alcance.

 

También hay metas comprometidas para educación superior y para ciencia y tecnología. Las examinaremos la próxima semana. Por lo pronto anotemos que para el nivel superior promete alcanzar una tasa bruta de cobertura de al menos 55 por ciento. Pero conviene recordar que la presente administración prometió el 50 por ciento y no, no lo alcanzará. Ya lo veremos.

 

Pie de página: Muchas encuestas y especulaciones sobre el comportamiento de los votantes en las recientes elecciones federales. Pronto estarán los datos duros y podremos tener un mejor conocimiento. // Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, será el coordinador del equipo de transición de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa.