Patria en el invierno

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1065. Octubre 24, 2024. Pág. 4)

 

La vacuna Patria debería encabezar la actual campaña de vacunación nacional que tiene previsto aplicar alrededor de 23 millones de dosis contra Covid-19. Sin embargo, después de un retraso de tres años, apenas hay un lote de poco más de 200 mil unidades de este fármaco y no hay ninguna certeza de si en algún punto habrá la cantidad suficiente.

 

La anterior directora del Conahcyt, María Elena Álvarez Buylla, al iniciar el proceso de entrega-recepción expuso que la vacuna mexicana Patria, “se ha convertido en una plataforma tecnológica que nos ha permitido como país tomar nuestras propias decisiones y ser autosuficientes en la producción vacunal” y con ahorros de más del 50 por ciento en la adquisición de este tipo de biológicos (Comunicado 552/30.07.2024).

 

Todavía el pasado mes de junio, la misma doctora Álvarez Buylla, al obtener la autorización de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), anticipó que la producción de la vacuna sería a escala industrial y estaría a cargo del Laboratorio Avimex. Este último es un laboratorio nacional especializado en salud animal, establecido hace más de 70 años y con varios reconocimientos por sus productos veterinarios.

 

Según los cálculos de la doctora Álvarez, Avimex produciría 24 millones de dosis anuales de vacuna Patria, con potencial de crecimiento de hasta 40 millones y a un menor costo respecto de otras vacunas similares. Representaría, aventuró la exfuncionaria, un ahorro de 35 por ciento comparada con la vacuna Abdala “y más de 75 por ciento respecto a Pfizer” (Comunicado 535/06.06.2024).

 

La semana pasada, en una de sus conferencias de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum, a pregunta expresa, puntualizó que ya se tenían las vacunas para la actual temporada de invierno. Además, aclaró que serían “dos vacunas distintas, y una parte es la vacuna Patria en el caso de Covid-19” (PalacioNacional 15.10.2024).

 

Sin embargo, ese mismo día de la conferencia, horas más tarde, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, al inaugurar la campaña de vacunación, informó que se aplicarán 59 millones de vacunas contra la influenza y contra Covid-19. Pero no está incluida la vacuna Patria; serán la cubana Abdala y la rusa Sputnik, biológicos que ya tenía en existencia el gobierno mexicano.

 

Al parecer, según el director de Promoción de la Salud, Ruy López Ridaura, para esta temporada no estará lista Patria. A la fecha, declaró, solamente hay un lote de alrededor de 250 mil dosis de esta vacuna y tal vez podrían generar otras 500 mil más para diciembre, aunque falta la autorización de Cofepris para su liberación (Milenio Diario 15.10.2024).  Es decir, en el mejor de los casos podrían producir alrededor 750 mil unidades, muy pocas frente a las 23 millones de dosis que se requieren, y falta el visto bueno de la autoridad competente.

 

Tarde, cantidades muy inferiores y sin la debida autorización. Todo mal casi por donde se le vea. Lo hemos reiterado en este mismo Acelerador de Partículas: las dificultades en este terreno, al igual que en otras iniciativas emprendidas en el periodo anterior, exhiben el naufragio en la conducción del sector.

 

Lo sorprendente es que la anterior titular, todavía en el año 2021, en una de las conferencias de prensa del expresidente López Obrador, aventuró que la vacuna estaría lista para diciembre de aquel año. En la misma conferencia calculó que el costo de Patria sería “en promedio hasta 855 por ciento menor que la vacuna más cara en el mercado ahorita, esto les da una idea” (Conferencia 13.04.2021). No dio ninguna idea, el porcentaje no parecía aproximarse a un costo realista.

 

Por cierto, el presupuesto y los ensayos de las pruebas están clasificados como información reservada. Hoy, tres años después de la promesa, el biológico no está disponible. La ironía es que justo en el periodo anterior, en el contexto de la pandemia, en el mundo quedó de manifiesto la relevancia del saber experto, el conocimiento científico y la importancia de la colaboración entre especialistas. Estos eran los ingredientes indispensables para contender con un problema de escala mundial.

 

Sin embargo, a nivel nacional, más que coordinación, impulso y cooperación, el sector se convirtió en una arena de conflicto permanente entre la autoridad y miembros de la comunidad científica. La relación comenzó mal y concluyó peor.

 

En fin, las causas del incumplimiento en la fabricación de un vacuna nacional pueden ser variadas, pero en primer plano aparece la conducción vertical del sector, así como la división y los desencuentros. Un esquema difícil de compaginar con el trabajo colectivo de atención eficaz a los problemas de interés público.

 

El invierno alcanzó a la vacuna Patria y tal vez no lo resistirá. La temporada apenas comienza, faltan los inocultables resultados de las iniciativas más sobresalientes del periodo anterior.

 

Pie de página: El diputado Eruviel Ávila, exmilitante del Revolucionario Institucional y ahora del Verde Ecologista, será el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara baja./  Todavía no se esclarece el asesinato de dos investigadores de la Universidad Autónoma de Morelos, aunque ya hay tres personas detenidas.

Ciencia y tecnología. Las prioridades y la estructura administrativa

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canales99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1064. Octubre 17, 2024)

 

La expectativa era que desde el primer día del nuevo periodo de gobierno habría una nueva secretaría para el sector científico y tecnológico. No ocurrió así. La condición contrasta con la rapidez que le imprimió el expresidente López Obrador a la modificación de la estructura administrativa. Algunos cambios los puso en marcha antes de comenzar su gestión.

 

El 30 de noviembre de 2018, es decir, el día previo a la toma de posesión del entonces candidato López Obrador, el todavía presidente Peña Nieto emitió dos decretos de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). ¿Usted los recuerda?

 

Uno de los decretos reformó el breve artículo 21 y le añadió unos párrafos para ampliar las atribuciones del ejecutivo federal para constituir comisiones. El artículo original solamente preveía la constitución de comisiones intersecretariales, la reforma amplió a dos tipos más de comisiones: las consultivas y las presidenciales (DOF. 30.11.2018).

 

Los tres tipos de comisión podían ser creados por decreto y presididas por el presidente o por la persona que él designara. Al parecer, estaba en el horizonte atender el grave problema de la seguridad pública, ajustando funciones relacionadas entre unas y otras secretarías de Estado.

 

En la misma víspera de la toma de posesión, el otro decreto incluyó numerosos cambios a la estructura de la administración pública. La figura de Consejero Jurídico de Gobierno que está prevista en la Constitución, quedó como Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, dependiente del presidente, tanto como su nombramiento y remoción (DOF. 30.11.2024).

 

El mismo ejecutivo federal, según el decreto, también contaría con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo Social en todas las entidades federativas, que después serían llamados los súper delegados. Igualmente, quedó constituida la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la anterior Secretaría de Desarrollo Social fue renombrada como Secretaría del Bienestar, entre otras modificaciones.

 

Los principales cambios en la Administración Pública Federal, como se podrá advertir, fueron diseñados en el periodo de transición y firmados por el gobierno que concluía sus funciones. Al parecer, lo primordial eran las prioridades del ejecutivo federal: el problema de la seguridad, el manejo político y el desarrollo social.

 

Tal vez ahora las prioridades sean otras, hubo reformas, grandes reformas, en el último mes del periodo de la transición, pero no sobre el sector científico y tecnológico, tampoco en materia de educación.

 

¿Importa la demora en la instauración de la nueva secretaría? No mucho, la verdad. Sin embargo, hay dos componentes que son clave: su nivel de financiamiento y su diseño institucional. En ambos casos las perspectivas no son muy prometedoras.

 

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció, en el periodo de transición, que elevaría el actual Conahcyt a rango de secretaría de Estado, también especificó que ese cambio no implicaría un monto mayor de financiamiento. El organismo logró poco con el nivel de financiamiento que tiene y así seguirá si opera con los mismos recursos.

 

Las limitaciones en la estructura administrativa y en los gastos de operación de las secretarías de Estado fueron reglamentados en el sexenio anterior y, de nueva cuenta, la presidenta también anticipó que se sostendrían de la misma forma. No se requiere una administración desbordada para dinamizar un sector, pero resulta difícil lograrlo con las restricciones que se han impuesto.

 

Seguramente la nueva secretaría de ciencia se definirá cuando se presente el paquete económico para el año próximo, porque ahí se detallan los ramos de gasto y la distribución de los recursos públicos. Quizás los recursos financieros que se destinen a los nuevos modelos universitarios que piensan implementar, nos mostrará la escala que adoptará la iniciativa.

 

Lo anotamos en este Acelerador de Partículas, la semana pasada, el paquete lo entregará el gobierno federal a más tardar el 15 de noviembre y luego el Congreso tomará su tiempo para aprobarlo. Así que posiblemente la nueva estructura administrativa sea una realidad hasta el final de este año o en el inicio del próximo.

 

Pie de página: La doctora Carmen Rodríguez Armenta, precisa la página electrónica de la SEP: “Actualmente continúa como Titular de la DGESUI y también se desempeña como la encargada del despacho de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP”.

CSP: los dineros y las prioridades

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1063. Octubre 10, 2024)

 

El próximo 15 de noviembre, según la norma constitucional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) deberá enviar al Congreso el paquete económico para el año próximo. Ahí se podrá calibrar cómo distribuirá el presupuesto y cuáles políticas públicas tendrán prioridad en su gobierno.

 

Los programas que se anticiparon como prioritarios desde el pasado mes de abril suman casi medio centenar y están distribuidos en una docena de secretarías. En el sector científico y tecnológico, los programas clave son las becas de posgrado y el Sistema Nacional de Investigadores; el presupuesto previsto para ambos es de poco más de 23 mil millones de pesos. En general, estos programas han representado alrededor de dos tercios del presupuesto del organismo rector de la política científica y tecnológica.

 

En el caso de educación son siete programas prioritarios, entre ellos las becas para educación básica y las becas universales para media superior, el programa Jóvenes escribiendo el Futuro o las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. La cantidad proyectada es de casi 144 mil millones de pesos.

 

Sin embargo, los programas prioritarios mencionados fueron planteados por la administración anterior, una previsión presupuestal que por ley debe enviar el gobierno federal al Congreso el primer día de abril de cada año, plazo que le correspondía a la gestión previa. La previsión se conoce como el documento de “Pre-criterios Generales de Política Económica” y destaca el posible escenario del marco macroeconómico y las finanzas públicas al cierre de ejercicio fiscal, así como el probable comportamiento para el año siguiente.

 

La presidenta ya ha anunciado la continuidad de varios programas que están en marcha, además de nuevas iniciativas. Por esa razón es importante conocer el volumen de recursos que ya están comprometidos y cómo piensa distribuir el resto de presupuesto para las nuevas propuestas.

 

Por ejemplo, aunque no es el único sector que cambiará de estatus, ya se ha anunciado que el actual Conahcyt será elevado al rango de secretaría. Sin embargo, normativamente, no se ha registrado la nueva dependencia gubernamental y, por lo tanto, el presupuesto con el que contará. Tampoco se ha detallado el tipo de vínculo que sostendrá la nueva secretaría con el proyecto de expansión de los dos modelos de universidad que actualmente operan en la Ciudad de México.

 

La presidenta CSP, en su discurso de toma de protesta, prometió que convertiría a México en “una potencia científica y de innovación” mediante el apoyo a “las ciencias básicas, naturales, sociales y las humanidades” y a través de la vinculación con áreas prioritarias para el desarrollo nacional (01.10.2024).

 

La promesa fue ratificada horas más tarde en el discurso de la mandataria en el Zócalo de la Ciudad de México y formó parte del centenar de compromisos anunciados. El Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), es uno de los indicadores más aceptado a nivel internacional para comparar los esfuerzos de las naciones en este terreno. Actualmente, en México, este indicador representa el 0.26 por ciento del PIB. En comparación, un país como Brasil destina una cantidad cuatro veces mayor (1.15 por ciento), sin ser considerado una potencia en ciencia y tecnología; el promedio de GIDE en América latina y el Caribe es de 0.56 por ciento.

 

El nivel de GIDE en México sugiere que no será tarea sencilla convertir a México en una potencia científica. La promesa de la presidenta no es nueva, ella se reconoce como científica y ya la había planteado previamente en su documento de campaña “100 pasos para la Transformación”. La diferencia es que ahora la pronunció como mandataria, no como académica ni como candidata.

 

Otro compromiso anunciado en el Congreso fue la presentación de un Plan Nacional de Energía, con nuevas inversiones en transmisión y generación, así como  un “programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero”.

 

Un plan energético es necesario y de gran importancia. La presidenta aclaró que no todo el financiamiento será público, ya que espera que la inversión privada cubra alrededor del 46 por ciento de la generación de energía. Aunque es probable que el proyecto no se materialice el año próximo, sin duda requerirá una cantidad signficativa de recursos fiscales.

 

En fin, llegó el momento de gobernar y está por comprobarse qué de lo que estaba en marcha continuará y qué no. Por ahora, solamente tenemos anuncios y planes; queda por ver si las intenciones se convierten en hechos. Una de las fechas clave será el mes próximo, cuando el gobierno federal entregue al Congreso su paquete económico. Pronto lo sabremos.

 

Pie de página: Siguen pendientes de resolución numerosos expedientes en la Suprema Corte de Justicia, entre ellos las acciones de inconstitucionalidad sobre la ley general de ciencia. Pero, seguramente, ese es el menor de los pendientes en la controvertida y polémica reforma al poder judicial que está en marcha.

La responsabilidad universitaria y la velocidad del cambio tecnológico

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1062. Octubre 3, 2024. Pág. 4)

 

Los avances tecnológicos nos sorprenden y nos inquietan cada vez más. La Inteligencia Artificial (IA) es la novedad más reciente, de forma especial cuando se abrió al público el famoso ChatGPT al final del 2022 y se convirtió en una herramienta que podía reemplazar el trabajo de los humanos. Pero no es la única y seguro no será la última.

 

El acelerado desarrollo tecnológico tiene sus apologistas que están pendientes de los desarrollos más recientes y piensan que nos conducen a un progreso sin retorno. También están los detractores, no son unos luditas del siglo XXI, pero sí tienen sus reservas sobre sus implicaciones y prefieren mantenerse relativamente al margen de estos dispositivos.

 

Sin duda la tecnología está cambiando nuestras vidas y no podemos sustraernos a sus efectos. Pero ¿la universidad tiene algo qué hacer o decir en esas circunstancias? El tema tiene múltiples aristas y todas ellas son relevantes. Tal vez la universidad podría plantearse dos grandes perspectivas sobre el tema. Una que enfatiza el tema desde el interior y para la propia institución, para orientar, adaptar, regular e innovar su desarrollo frente a los avances científicos y tecnológicos.

 

Aquí la universidad intenta responder qué herramientas tecnológicas son imprescindibles y cómo incluirlas en el desarrollo de sus actividades sustantivas para tener mejores resultados. O bien, qué innovaciones y cuáles contenidos tecnológicos no pueden estar ausentes en una formación profesional universitaria. Esta visión es necesaria, pero tal vez no es la que más le preocupa a la sociedad.

 

Otra perspectiva podría centrarse en las implicaciones que tiene el cambio tecnológico para la universidad, pero sobre todo para la sociedad en su conjunto. Una reflexión a este respecto es parte de la responsabilidad social que le corresponde a la universidad. Como lo indicó la Conferencia Mundial de Educación Superior en el 2009, la institución podría desempeñar un papel anticipatorio, “para prever y alertar a la sociedad sobre tendencias emergentes e, idealmente, ayudar a prevenir crisis importantes antes de que sucedan”.

 

La responsabilidad social universitaria no es una novedad, es consustancial a sus funciones, porque su principal actividad es razonar, pensar, criticar. Como decía Ortega y Gaset cuando planteó la misión de la universidad hace casi un siglo: “Necesita también contacto con la existencia pública, con la realidad histórica, con el presente, que es siempre un integrum”. O, como después se destacó: “la universidad como conciencia crítica de la sociedad”.

 

Sin embargo, con el desarrollo tecnológico ocurre algo contradictorio, sus cambios son cada vez más cortos y rápidos, y nosotros no vamos a la misma velocidad. Pero tal vez nosotros y la universidad no tendríamos ni deberíamos ir a la misma velocidad.

 

En el libro de Peter H. Diamandis y Steven Kotler “El futuro va más rápido de lo que crees”, explican por qué ahora el desarrollo tecnológico es más rápido y la aceleración es mayor. Los autores dicen que se debe a tres factores: 1) el crecimiento exponencial de la potencia de cálculo de las computadoras y de todas las tecnologías; 2) las tecnologías que se encuentran en plena aceleración y que convergen con otras tecnologías; y 3) una especie de amplificador de fuerzas (tiempo, capital, nuevos negocios, etc) que tiene un «efecto de segundo orden» para acelerar la innovación.

 

El problema es que, también dicen los autores, en términos históricos el cerebro humano evolucionó en un entorno local y lineal, pero ahora vivimos en un mundo global y esponencial. Son optimistas y sugieren anticiparnos a lo que viene, utilizar la convergencia de tecnologías en todos los ámbitos, sea el comercio, la publicidad, la educación, la medicina, etcétera. Incluso piensan que la aceleración tecnológica es como parte de un viaje continuo hacia la abundancia y será accesible para todos.

 

Sin embargo, lo cierto es que las cosas no son tan sencillas ni ocurre de la misma forma para todos, no solamente es progreso. La inescapable desigualdad está presente, la brecha digital entre los hiperconectados y los que no tienen acceso lejos de acortarse, cada vez se separa más. Pero no es lo único.

 

El desarrollo tecnológico también es un trastocamiento de nuestra vida cotidiana, los hábitos de consumo, de esparcimiento, laboral, de todo nuestro sistema de vida. Y aquí es donde las universidades pueden ser esa conciencia crítica de la sociedad, vigilante de los fenómenos emergentes y prever tendencias. Una labor que, sin embargo, debe realizarla en medio de varias tensiones, como la presión para que responda y cambie al mismo ritmo que la tecnología, o bien, la organización y el sistema en el que funciona la universidad. No es poco.

 

Pie de página: comienza el nuevo periodo de gobierno y la primera decisión es el nombre y la estructura administrativa de la nueva secretaría de ciencia. Atentos.

Nota:  

Final e inicio de ciclo gubernamental

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1061. Septiembre 26, 2024)

 

La próxima semana concluye el sexenio 2018-2024. El equipo gubernamental que se va y el que entrará en funciones coinciden en que habrá un segundo piso de lo que se ha hecho hasta ahora, en referencia al sexenio que concluye.

 

Los integrantes del nuevo gabinete también han anunciado que habrá cambio y continuidad. En el sector educativo y en el científico y tecnológico todavía no se sabe qué alcance tendrá el cambio ni qué se preservará realmente de lo que se hizo en el periodo que concluye. Sin embargo, las expectativas actuales son distintas a las que había hace seis años y también son muchos los pendientes, los agravios y los rezagos en estos sectores, aunque no encabezan la lista de pendientes en la agenda pública

 

En el 2018 la novedad relativa fue que López Obrador, el candidato de Morena, ganará las elecciones federales y lo hiciera con un amplio margen. Tal vez por la misma razón, en aquel entonces, recibió mucha atención pública todo lo que proponía, después de todo era la tercera vez que aspiraba a la presidencia y lo hacía por un partido político relativamente nuevo.

 

Ahora, no fue del todo sorpresivo que la misma fuerza política y su candidata, Claudia Sheinbaum (CSP), de nueva cuenta ganaran las elecciones. Lo notable fue que alcanzara un porcentaje de votación todavía más alto que el registrado en las elecciones previas. Sin embargo, las propuestas que ha formulado no han merecido mayor reconocimiento público, en parte porque no se alejan demasiado de las que están en marcha y en parte porque predomina la narrativa de continuidad.

 

El contraste entre el periodo de transición anterior y el actual también es inevitable. Una vez declarado presidente electo, AMLO no solamente anticipó algunas acciones de gobierno, como el medio centenar de lineamientos para el combate a la corrupción y de política de austeridad que después se converitrían en ley, también se reunió con los principales actores políticos.

 

Por ejemplo, en el sector educativo, el 24 de agosto del 2018, acudió con los rectores de las instituciones de educación superior, agrupados en la Anuies, donde le entregaron un documento con propuestas para el subsector: “Visión y acción 2030”. También se reunió con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). De hecho, en ese encuentro acordaron celebrar mesas de trabajo a lo largo del periodo de gobierno para el seguimiento de la agenda educativa, misma que incluía la cancelación de la reforma del 2013.

 

Otra reunión más del entonces presidente electo fue con los integrantes de la comunidad académica y científica. La misma se verificó en el Palacio de Mineria y la ocasión fue la entrega del documento “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024”

 

En aquella reunión AMLO expresó que el sector privado también debería realizar aportaciones al gasto nacional en ciencia y tecnología. Además, señaló que buscaría incrementar el presupuesto para el sector, pero si la situación económica se ponía complicada, se comprometía a garantizar que ese presupuesto no estaría por abajo de la inflación. Y sí, la promesa desencadenó aplausos de los asistentes.

 

Sin embargo, la promesa de los recursos se incumplió a lo largo del periodo de gobierno; no se sostuvo para el ramo 38, el gasto que ejerce centralmente el organismo rector de la política científica y tecnológica. La relación con las organizaciones intermedias sectoriales cambió completamente, en su mayoría fueron anuladas; el ejecutivo centralizó las decisiones y declaró su preferencia por la distribución directa de los recursos públicos.

 

En el periodo de transición actual, como lo hemos anotado en este Acelerador de Partículas, la presidenta electa solamente ha realizado giras conjuntas de fin de semana a las entidades federativas con el presidente en funciones. No se ha reunido con representantes del sector, al menos no hay registro público de tales acontecimientos.

 

Los documentos con propuestas sí se han elaborado, pero han recibido un tratamiento distinto. La Anuies, como ha ocurrido en cada cambio de gobierno, preparó su documento de propuestas, en esta ocasión se titula “Compromiso común por el futuro de la educación superior mexicana”. La Asociación, probablemente, acercó el documento al nuevo equipo de gobierno. Sin embargo, no hubo ninguna asamblea extraordinaria con la presidenta electa; ni una entrega formal, pública.

 

Tampoco hubo ningún foro público de la presidenta electa con la comunidad académica y científica. La expectativa era que la próxima mandataria, dado que se desempeño laboralmente en un instituto de la UNAM y se reconoce como científica, se reuniera con con estos sectores. No fue así.

 

La excepción fue con representantes de la CNTE, el encuentro se realizó en este mes, aunque se trató de una reunión conjunta con AMLO, la actual secretaría de Educación y el siguiente titular de la misma dependencia. Los profesores señalaron que se trató de una mesa de negociación para revisar demandas pendientes y “la próxima mandataria se comprometió a darle continuidad al diálogo con la CNTE” (11.09.2024).

 

Las diferencias entre la víspera del inicio del sexenio anterior y el actual son evidentes. El previo parecía anticipar una dirección y tomó otra; en el segundo ha predominado la narrativa de continuidad, pero todavía no se anticipa cuáles serán sus dimensiones fundamentales. Uno de los componentes que permitirá valorar el próximo ejercicio de gobierno es el punto de partida que asumirá de forma explícita. Allá vamos.

 

Pie de página: Sinaloa vive una violencia permanente e incontrolable y las autoridades locales le añaden un factor más. El Congreso local modificó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, contraviniendo lo que estipula el artículo 3º constitucional acerca de la participación de la comunidad universitaria en los procesos de reforma. La inconformidad va en ascenso.

Agenda: género y recursos financieros

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1060. Septiembre 19, 2024. Pág. 4)

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó la semana pasada su informe anual sobre los principales indicadores educativos de los países miembros de esa organización. El reporte, denominado Education at a Glance 2024, es un panorama de indicadores armonizados internacionalmente que permite valorar el funcionamiento y desempeño de los sistemas educativos.

 

En cada informe anual se presenta un componente central, el correspondiente al año pasado fue la formación y educación vocacional, el de éste es sobre equidad en todos los niveles educativos y el mercado laboral. No obstante, todos los reportes incluyen distintas secciones con datos relevantes sobre los resultados de las instituciones educativas y el impacto del aprendizaje, así como sobre los recursos financieros que se invierten, las condiciones de los docentes y la organización de las escuelas.

 

Los datos que incluye el reporte son múltiples y variados, pero vale la pena destacar los que se refieren a las mujeres y a los recursos financieros. Por ejemplo, muestran lo que la literatura de la investigación educativa ha documentado desde hace décadas: las mujeres (niñas, adoscentes o adultas) obtienen mejores resultados educativos que los hombres y la brecha cada vez se ensancha más.

 

No obstante, el panorama de la OCDE le pone números a las diferencias de desempeño. Por ejemplo, anota que las mujeres obtienen puntajes más altos en las evaluaciones estandarizadas y, en comparación con los hombres, “tienen un 28 por ciento menos de probabilidades de repetir un curso en la primaria y secundaria” (p. 19).

 

A su vez, en el bachillerato y educación superior, las probabilidades de que las mujeres completen sus estudios supera a menudo por 10 puntos porcentuales las probabilidades de los hombres. Además, es mayor la proporción de los jóvenes que no están en el bachillerato respecto de las jóvenes; una diferencia que en México es de alrededor del 5 por ciento.

 

En general, en los países de la OCDE, las mujeres tienen mayores probabilidades de ingresar a la educación superior y la proporción de mujeres entre 25 y 34 años con estudios superiores supera por 13 puntos porcentuales a los hombres (54 por ciento y 41 por ciento, respectivamente). Sin embargo, en el caso de México, la participación relativa es significativamente menor: 28 por ciento para ambos sexos.

 

El problema es que las ventajas comparativas de las mujeres en su desempeño educativo no se corresponden con su inserción en el mercado laboral. Por ejemplo, en México, en promedio, únicamente el 47 por ciento de las mujeres jóvenes con grado inferior al bachillerato están empleadas, mientras que la proporción de sus pares hombres con el mismo nivel educativo es de 91 por ciento.

 

La situación del empleo se repite en los estudios superiores, aunque la diferencia es menor: 78 por ciento de mujeres con ese nivel educativo están empleadas; los hombres el 89 por ciento. Otro tanto ocurre con el salario, porque las mujeres ganan 81 por ciento del salario que obtienen los hombres con el mismo nivel superior.

 

Los recursos financieros es otro indicador relevante. Los datos del reporte muestran que el gasto anual promedio por alumno en los países de la OCDE, incluyendo todos los niveles educativos, es de 12 mil 812 dólares. Para el caso de México el mismo indicador muestra que es de 3 mil 349 dólares. Esto es, alrededor de una cuarta parte.

 

Podría pensarse que la comparación con países de mayores recursos financieros siempre resultará desfavorable (p. 267). Sin embargo, el gasto anual promedio por alumno de un país como Chile es de 7 mil 421 dólares, o sea, más del doble de lo que destina México. El de Turquía es de 4 mil 806 dólares. Una desagregación de los datos mostraría que el gasto se incrementa conforme más alto es el nivel educativo, pero el promedio ilustra la notable diferencia.

 

Tal vez lo más grave es que en México el gasto educativo como proporción del PIB ha descendido. Según los datos reportados, durante el periodo 2015 a 2021, ese indicador pasó de 5.1 a 4.2 por ciento (p. 275). Por el contrario, en el mismo periodo, en Chile aumentó de 5.2 a 5.9 por ciento. El promedio de la OCDE es de 4.9 por ciento.

 

Seguramente, los recursos financieros encabezan la larga lista de pendientes para el próximo gobierno. Además, los cálculos sobre el crecimiento económico de México para los próximos dos años no son promisorios, las presiones sobre el gasto social irán en aumento y el contexto político está crispado con la reforma del poder judicial.

 

No será sencillo decidir qué prioridades atenderá el próximo gobierno. Sin embargo, la educación y los temas de género serán insoslayables. La primera por el nivel de inversión y los resultados que se han obtenido hasta ahora. Los segundos no solamente porque siguen latentes en cualquier programa de gobierno, también porque el país, una docena de estados de la república, la mitad del Congreso y muchas otras posiciones en la administración pública estarán encabezadas por mujeres.

 

Pie de página: El equipo de transición para la próxima secretaría de ciencia va en aumento y también los perfiles para las posiciones.

Sexto Informe: la horadación en el presupuesto

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1059. Septiembre 12, 2024)

Tal vez el asunto de los fideicomisos y los recursos financieros son de las pocas novedades sobre el sector científico y tecnológico en el sexto y último informe de gobierno. El balance del pasado 1 de septiembre, como se sabe, cierra el ciclo gubernamental 2018-2024 y, muy importante, traza la línea base para el próximo sexenio.

 

Sobre el periodo, vale la pena resaltar que solo los primeros dos informes incluyeron los recursos financieros como parte de su reporte de logros. Los cuatro informes restantes ya no mencionaron el nivel de gasto federal, su proporción sobre el gasto programable o el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE). Todos ellos básicos para valorar los esfuerzos en la materia.

 

En general, lo común era que el tema de los recursos financieros encabezará el recuento de avances en la sección de ciencia y tecnología. No fue así a partir del informe del 2021. Las cifras desagregadas del presupuesto en los anexos estadísticos, donde se valora el avance de los objetivos prioritarios del programa sectorial, tampoco las incluyen. Los números en las casillas correspondientes llegan hasta el 2017, hacia adelante están marcadas como “no disponible” (p. 486 y ss. de los Anexos).

 

Los cuatro últimos informes, en lugar de exponer los indicadores de financiamiento, dieron cuenta del proceso seguido por los polémicos fideicomisos del sector. Primero destacó el decreto del ejecutivo federal del 2020 que ordenó su extinción. Después vinieron las cifras sobre los fideicomisos eliminados.

 

No se conocía con certeza cuántos fideicomisos estaban implicados. En los informes, unas veces se indicó que se detuvieron 91 fideicomisos y otras veces que 63. Algo similar ocurría con el monto de los recursos que estaban involucrados y la cantidad que se había reintegrado a la Tesorería de la Federación.

 

Por eso importan los datos del reciente informe de gobierno. Se supone que son cifras consolidadas y son las cuentas que entregará a la próxima administración. En el informe se anota: “el 30 de septiembre de 2023 se concluyó con la suscripción de los 65 Convenios de Extinción y Contratos de Sesión de Derechos a Título Gratuito referentes a cinco Fondos Institucionales, 25 Fondos Sectoriales y 35 Fondos Mixtos” (p. 512).

 

Ahí mismo se destaca que, con posterioridad al decreto de extinción, “los recursos de los 26 fideicomisos de los Centros Públicos se concentraron en sus tesorerías”. Al parecer, en este caso, ya no se utilizan los fideicomisos, pero los Centros conservaron los recursos. Si es el caso, no está nada mal, porque buena parte de la operación de estas instituciones dependía de los recursos autogenerados. El problema es qué ocurrirá cuando se agoten esos fondos.

El informe también precisa el monto de recursos devueltos: “al 30 de junio de 2024 los recursos que fueron dispersados a la Tesorería de la Federación ascienden a 21,977.8 millones de pesos, que corresponden al patrimonio de 65 Fondos Extintos”.

 

Seguramente los casi 22 mil millones de pesos que el Conahcyt devolvió a la Tesorería es una cantidad acumulada; no corresponden a este último año. Lo notable es que ese volumen de recursos probablemente no pintó mucho en el total de lo recaudado por la Tesorería, pero sí fue y es altamente signficativo en el presupuesto central del Conahcyt.

 

El presupuesto del Conahcyt en este año es de poco más de 33 mil millones de pesos. Esto es, lo que devolvió el organismo a la Tesorería representa alrededor de dos tercios de su presupuesto. Una horadación de ese tamaño es inocultable en el desarrollo de las actividades del sector. A precios constantes del 2024, al inicio del periodo tenía un presupuesto de casi 36 mil millones. Todavía no alcanza lo que antes tenía.

 

Más aún, la estimación de la proporción del GIDE sobre el PIB era de 0.47 por ciento al iniciar el sexenio (EPN, 2018, Sexto informe, p. 391). El cálculo de ese mismo indicador para el año 2022 es de 0.26 por ciento (AMLO, 2024, Sexto infomre, p. 850). La disminución es notable y tal vez para este año sea mayor. Es cierto que las autoridades actuales cambiaron la forma de cálculo y la última encuesta para estimarlo fue realizada en 2017. Sin embargo, la caída es insoslayable.

 

No obstante, el presidente López Obrador, en el mensaje con motivo de su último informe dijo de forma escueta: “Se aumentó el presupuesto de Conahcyt, el número de becas de posgrado y de investigadores pasó de 113 mil 366 en 2018 a 139 mil 84 a la fecha” (01.09.2024).

 

Y el informe escrito, sin más, afirma que se logró lo que ahora dice la ley: “el Conahcyt ha contribuido a que toda persona tenga derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, derivados del apoyo a la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, garantizando el acceso abierto a la información que derive de ella” (p.512).

 

La distancia entre los números y el balance es notable. El próximo periodo de gobierno precisa de una nueva línea base.

 

Pie de página: Sí, el Congreso es el teatro de nuestra República y las actuaciones dejan mucho que desear.