jueves, 8 de enero de 2026

La realidad aumentada de la doctrina Monroe

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

canalesa99@bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1121. Enero 8, 2026, pág. 4)

 

Después de dos siglos, una nueva versión de los principios de política exterior que formuló el entonces presidente estadounidense James Monroe en 1823 trastocará las relaciones entre naciones y el orden mundial.

 

El contexto de las primeras décadas del siglo XIX, cuando James Monroe buscaba afianzar la independencia de los Estados Unidos, estaba marcado por el anticolonialismo en este continente y el establecimiento de límites al intervencionismo europeo en América. Hoy, en el primer cuarto del siglo XXI el mundo es otro y otras son las implicaciones de las acciones en curso.

 

El 2 de diciembre de 1823, el presidente Monroe, en un largo discurso ante el Congreso (aquí se pueden ver los fragmentos: t.ly/rciFW), anotó el principio de no intervención: “En las guerras de las potencias europeas por asuntos de su incumbencia nunca hemos tomado parte, ni comporta a nuestra política el hacerlo. Solo cuando se invadan nuestros derechos o sean amenazados seriamente, responderemos a las injurias o prepararemos nuestra defensa”.

 

También previó la separación de hemisferios: “El sistema político de las potencias aliadas es esencialmente diferente en este respecto al de América […] Debemos, por consiguiente, al candor y a las amistosas relaciones existentes entre los Estados Unidos y esas potencias, declarar que consideraremos cualquier intento por su parte de extender su sistema a cualquier porción de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y seguridad”.

 

A la vez, advirtió sobre la independencia de las colonias: “Con las colonias o dependencias existentes de potencias europeas no hemos interferido y no interferiremos. Pero con los gobiernos que han declarado su independencia y la mantienen… no podríamos ver cualquier interposición para el propósito de oprimirlos o de controlar en cualquier otra manera sus destinos, por cualquier potencia europea, en ninguna otra luz que como una manifestación de una disposición no amistosa hacia los Estados Unidos”.

 

Desde entonces, los principios han sido reinterpretados y aplicados de forma distinta, según la época y las circunstancias, pero se conocen como la doctrina Monroe. En algunos casos se resumen con una frase: “América para los americanos”. Aunque algunos historiadores sostienen que el significado y los propósitos de la doctrina se elaboraron más bien a lo largo del siglo XIX.

 

La doctrina Monroe fue invocada de nueva cuenta, explícitamente, por el gobierno estadounidense el pasado mes de noviembre, en un documento de una treintena de páginas. El texto se titula National Security Strategy of the United States of America (Aquí se puede consultar: t.ly/NqnXo) y no pasó desapercibido para la mayoría de los observadores políticos.

 

Sin embargo, pocos anticiparon que sería la piedra de toque de la política exterior del país vecino y menos aún que en breve se pondría en marcha. Ahora, después de la insólita intervención estadounidense en Venezuela, la dimensión es otra.

 

En el documento, el presidente Trump anotó que se trata de una hoja de ruta y que su principal objetivo es la protección de los intereses nacionales fundamentales. Busca enmendar el camino seguido por las élites previas, porque: “Tomaron la decisión extremadamente errónea y destructiva de apostar por el globalismo y el llamado ‘libre comercio’, que han vaciado de contenido a la clase media y la base industrial en las que se sustenta la preeminencia económica y militar de Estados Unidos”.

 

Así, Estados Unidos renuncia a su liderazgo global y al libre comercio para volcarse sobre sí mismo, establecer una nueva separación hemisférica y un orden mundial distinto. Desde luego, busca el control estricto de sus fronteras, preservar su poderío militar y económico, incluyendo sus ventajas en materia científica, tecnológica y de innovación.

 

Lo notable es que su estrategia nacional descansa en su política exterior y anuncia de forma explícita lo que quiere en y del mundo: “En otras palabras, afirmaremos y aplicaremos un ‘corolario Trump’ a la doctrina Monroe”. Una estrategia que, apunta el documento, no está basada en una ideología política tradicional, más bien, impulsará lo que funcione y sea de interés nacional: “o, en dos palabras, Estados Unidos primero”.

 

La prioridad que encabeza la lista es el control migratorio y anuncia el final de la migración masiva. No es una novedad: desde los atentados terroristas de 2001 el tránsito internacional y los controles fronterizos se endurecieron. Pero Estados Unidos, desde el primer periodo del presidente Trump, vetó las visas de trabajo para algunos países y limitó el otorgamiento de visas de estudio. Ahora el control será más estricto.

 

Otra prioridad, entre otras, es la distribución y traslado de responsabilidades. Explícitamente, declara que “los días en que Estados Unidos sostenía por sí solo el orden mundial como Atlas han quedado atrás” (p.12). Tratará de que los aliados asuman sus respectivas responsabilidades en las regiones correspondientes, como el gasto en defensa de los países de la OTAN.

 

Por último, la estrategia precisa lo que espera de las regiones. La primera es el hemisferio occidental y, sin cortapisa, anuncia que “Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe con el fin de restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro acceso a zonas clave en toda la región” (p. 15-16). Otro tanto, señala para Asia, Europa, Oriente Medio y África, bajo el principio diplomático de “America First”.

 

En fin, estamos por presenciar el desenvolvimiento de la estrategia en marcha y cuánto de lo que se propone logrará. No es una realidad virtual que nos presenta otro mundo; es una  realidad aumentada que añade rasgos perturbadores al que ya tenemos. Lo evidente, como lo podemos atestiguar, es el interés político y económico, pero es indudable que tendrá amplias repercusiones en todos los órdenes, incluyendo la educación y la ciencia y la tecnología. En próxima entrega precisaremos estos componentes.

miércoles, 24 de diciembre de 2025

Ciencia y Tecnología: el encanto de la promesa y la desafiante realidad

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99@bsky.social

 

(Publicado en la versión digital de Campus Milenio No. 1120. Diciembre 18, 2025)

 

La actual administración ha reiterado su propósito de convertir a México en una potencia científica y tecnológica. Fue una de las banderas de la campaña electoral que llevó a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), a Palacio Nacional. Lo reafirmó al elevar a rango de secretaría a la entidad rectora de la política sectorial y quedó como línea de acción en su Plan Nacional de Desarrollo y en el correspondiente programa sectorial.

 

Pero, en realidad, ¿México podría ocupar una posición de liderazgo en el campo científico y tecnológico? Como intención suena bien, sobre todo tras el desencanto de la comunidad científica con la gestión del periodo inmediato anterior y el desastre sectorial que provocó su propensión ideológica y sus rencillas personales.

 

Si por un momento nos olvidamos de los indicadores internacionales en los que México siempre aparece en las posiciones más bajas –como los índices bibliométricos, las patentes, el nivel de inversión o los premios Nobel—, el objetivo tampoco es completamente irrealizable.

 

Tómese en cuenta el tamaño de la economía nacional. Según el Fondo Monetario Internacional, medida la economía por el tamaño del PIB a precios actuales, México ocupa la posición número 13 en el mundo; debajo de Brasil (11) y de España (12). (imf.org).

 

Sin embargo, la intención y una economía de tamaño respetable son insuficientes. Primero está el insumo básico: el nivel educativo de la población. Según el reciente informe de gobierno, la población mayor de 15 años tiene 10 grados de escolaridad en promedio, lo que equivale al primer año de bachillerato. No está mal, aunque algunas de las economías con las que México compite tienen de 12 a 14 grados.

 

Actualmente, la tasa neta de cobertura en media superior es de 62.7 por ciento para los jóvenes entre los 15 y 17 años de edad, y la meta es llegar a 66 por ciento al final del sexenio. A pesar de que, constitucionalmente, se suponía que alcanzaríamos la cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022, estamos lejos de lograrlo. Y omitamos el tema de la calidad, que es problema aparte.

 

El panorama en educación superior, el nivel con mayor salida directa a la actividad científica y tecnológica, es todavía más complicado. De acuerdo con el programa sectorial, la tasa neta de cobertura en el ciclo escolar 2023-2024 fue de 29.3 por ciento y se propuso como meta llegar a 33 por ciento para el ciclo 2030-2031. Es decir, en el mejor de los casos, al final de la década actual, apenas se alcanzará a una tercera parte del total de jóvenes del grupo de edad.

 

El último dato disponible sobre las personas que cuentan con educación superior y trabajan en ciencia y tecnología indica que suman 8.2 millones (IGECTI, 2021: 33). La cifra corresponde a 2021 y tómese en cuenta que, para ese año, representó el 14.5 por ciento de la población económicamente activa y ocupada. Un porcentaje relativamente modesto.

 

La misma fuente muestra que la licenciatura es el nivel con mayor participación relativa en el total de personas con educación superior ocupadas en actividades científicas y tecnológicas: 81 por ciento, de las cuales la mitad se concentra en el área de las ciencias sociales. Le sigue el posgrado, con 12 por ciento, y una proporción de ciencias sociales de 70 por ciento. Finalmente, la educación técnica, con 7 por ciento.

 

Desafortunadamente, aunque estaba obligada por ley, la administración anterior se marchó sin publicar los informes anuales del sector de los últimos cuatro años; las autoridades actuales tampoco se han ocupado de hacerlo. Tal vez los números se han incrementado y las proporciones se han modificado en fechas recientes, pero no lo suficiente para despuntar en el campo científico.

 

El otro componente imprescindible para imaginar un lugar sobresaliente es el nivel de inversión. El indicador utilizado a escala mundial es el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE); el dato permite valorar el esfuerzo nacional en la materia. El informe de gobierno más reciente muestra que México destina el equivalente a 0.27 por ciento de su PIB. Imposible descollar con esa proporción de gasto.

 

Tómese como referencia que el GIDE promedio de América Latina es de 0.60 por ciento y el de Brasil es de 1.2 por ciento. Es decir, invertimos menos de la mitad del promedio de la región y una cuarta parte de lo que destina el país latinoamericano con mayor inversión. Ni hablar del promedio de los países de la OCDE (2.7 por ciento) o de las naciones reconocidas como verdaderas potencias.

 

¿Qué se ha hecho? En el primer año del sexenio, los esfuerzos gubernamentales se dirigieron, por una parte, a ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes. En este terreno, lo novedoso ha sido la puesta en marcha de las microcredenciales como política nacional (véase Campus Milenio, núm. 1116).

 

Las estadísticas seguramente registrarán el incremento de certificados al final del año próximo y será coincidente con la promesa de convertirnos en una potencia. Sin embargo, la formación altamente especializada, indispensable para despuntar en la competencia internacional, es una inversión de largo plazo: no se puede improvisar ni tampoco sustituir con cursos de 40 horas.

 

Por otra parte, el gobierno federal ha puesto en marcha proyectos deslumbrantes de corte tecnológico, como el diseño y la manufactura nacional del mini vehículo eléctrico Olinia, el centro de diseño de semiconductores o el Clúster Nacional de Supercómputo, entre otros.

 

Todavía falta que se muestren los resultados, pero son eso: iniciativas tecnológicas dispersas que, en el mejor de los casos, contribuyen a sostener el encanto de la narrativa, pero cuyos efectos prácticos serán limitados. ¿No sería mejor declarar explícitamente la inclinación tecnológica y seleccionar un sector prioritario? Sin duda.

 

La promesa de convertir a México en una potencia científica y tecnológica se diferirá al futuro, frente a la realidad de una baja escolaridad, una formación especializada que descansará en microcredenciales y una inversión que va a contrapelo de la intención manifiesta.

jueves, 11 de diciembre de 2025

La versión 2.0 del Sistema y del Registro

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/PUEES

@canalesa99.bsky.social

 

(Publicado en Campus Milenio No. 1119. Diciembre 11, 2025, pág. 4)

 

La secretaría de ciencia (Secihti) publicó el acuerdo para instaurar el Registro Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Renacihti). Un asunto administrativo que no tendría mayor relevancia, si no fuera porque cambia de nombre lo que se ensayó anteriormente y nos recuerda la reforma pendiente del marco normativo del sector.

 

La ley general de ciencia, vigente a partir de mayo de 2023, dispuso la creación de un Sistema Nacional de Información. El sistema, indicó la misma ley, debía ser administrado y operado por el entonces Conahcyt, y se entiende que ahora la responsabilidad recae en la secretaría de ciencia.

 

El sistema tiene la encomienda de permitir el acceso abierto a todos los resultados de investigación de instituciones que reciban apoyo público, así como a los trabajos que realizan las personas becarias (DOF, 19.11.2025). Según lo previsto, el sistema debe posibilitar la valoración del impacto de las políticas y los programas del sector, para lo cual debe diferenciar la información por género, origen étnico, edad, clase y sector social.

 

Además, un artículo transitorio de la misma ley general indicó que el Sistema Nacional de Información solamente reconocería, a partir de mayo del 2024, a las instituciones que se dieron de alta. Es decir, a partir de esa fecha ya estaría en operación y ya no tendría validez el registro anterior

 

La puesta en marcha del sistema todavía le correspondía al anterior Conahcyt, a la administración de Álvarez Buylla. Sin embargo, lo cierto es que, ni entonces ni ahora, entró en funciones ese sistema. Tal vez en el periodo anterior la demora se debió a las fuertes disputas que protagonizó la titular del organismo con diferentes sectores de la comunidad; en el periodo actual, el retraso posiblemente se debió a la reforma pendiente de la ley general.

 

El reciente acuerdo de creación del Renacihti es el primer paso para implementar el sistema. Aunque, en realidad, tanto uno como otro, son otra versión de lo que la ley de ciencia del 2002 dispuso con propósitos similares.

 

Una de las diferencias es que antes uno se denominaba Sistema Integrado de Información y, el otro era el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt). Otra diferencia es que el actual registro será un repositorio del Sistema Nacional de Información y estará alojado en la plataforma Rizoma.

 

La finalidad principal del registro será: “Registrar, reconocer, organizar, actualizar y sistematizar la información de personas morales, sociedades o asociaciones de carácter civil sin fines de lucro, así como Centros Públicos de Investigación sectorizados a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación que realicen preponderantemente actividades en materia de ciencia, humanidades, tecnología o innovación en el país, autorizadas para recibir donativos”.

 

La operación del registro no será inmediata. Todavía hay un plazo de cuatro meses para que la Secihti defina qué normas regularán su organización y funcionamiento, así como las características de las constancias que otorgará.

 

En fin, el Sistema Nacional de Información y el Renacihti pronto estarán disponibles. Lo notable es que ésta y otras iniciativas corresponden a una ley general que ha sido impugnada prácticamente desde que entró en vigor. Pero ni se ha resuelto la controversia constitucional que enfrenta la norma, ni tampoco se han hecho las adecuaciones necesarias para referir a la Secihti como la entidad rectora de la política científica y tecnológica.

 

Al parecer, dado que la reforma a la ley de ciencia no es una prioridad, ni el Congreso la tiene agendada, las autoridades del sector ya se resignaron a trabajar con la norma que hay y a cumplir con lo que establece.

 

Pie de página: En la conferencia de prensa del pasado 2 de diciembre, el reportero Jorge Chaparro de Meganoticias, le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum: “hay preocupación de estudiantes de las Universidades del Bienestar ‘Benito Juárez’, porque desde hace un año, año y medio, 2 años y en algunos casos hasta 3 años, no les han entregado la documentación que acredita que concluyeron sus estudios en estas Universidades. La respuesta que han obtenido a través de… o de parte de la maestra Raquel Sosa, pues es simplemente ignorar sus peticiones y dejar que el tiempo pase”.

El reportero refiere que las dificultades son en la Ciudad de México, en las carreras de Derecho y Medicina.

La presidenta responde: “Sí, son dos de la Ciudad de México que tienen algunos problemas desde hace tiempo, pero son 200 Universidades que no han tenido problemas. Y ahí en donde hay problemas, pues hay que atenderlos”.

Después de 3 años, lo que cabría notar es que esos problemas más bien no han sido atendidos. Y si eso ocurre en instituciones localizadas en la ciudad capital, ya nos podremos imaginar lo que tal vez ocurre en las entidades y municipios más apartados.