La semana
anterior comentamos que la reforma educativa en curso, en su fase de
implementación, debiera atender por principio de cuentas lo elemental que
indica la fracción primera de su artículo quinto transitorio: la creación de un
Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGE). Una base técnica que
permitiría tomar mejores decisiones.
Actualmente, como
componente principal del SIGE está la realización de un censo a cargo del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero vale la pena considerar
si es el paso correcto. Ciertamente, los datos desagregados sobre profesores y
alumnos son relativamente insuficientes y controvertidos; necesitamos tener
precisión elemental sobre su volumen y trayectoria. Sin embargo, un costoso recuento
cada tanto, puede no ser la mejor opcion si lo que se quiere es tener
información de acceso abierto, actualizada y continua sobre la operación del
sistema educativo.
Según
refiere el artículo transitorio, el censo de escuelas,
maestros y alumnos tendría como propósito principal que la autoridad educativa tuviera
todos los datos necesarios para la operación del sistema en una sola
plataforma. Es decir, un sistema en buena medida pensado y reservado solamente
al mando educativo.
Al parecer la
realización del censo ya está definida: se llevará a efecto entre septiembre y
noviembre de este año. SEP e INEGI han informado que quedó establecido el Comité Nacional de Colaboración al Censo de
Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Comunicado 058. 17/04/13). Debe notarse
que, a diferencia de la redacción del decreto de reforma, ahora se precisa que
el censo es para educación básica y especial, con lo cual se acota su universo.
Además, el comunicado también advierte que se
integrarán o ya se integraron Comités Estatales, estos últimos para facilitar
el ingreso del INEGI a los planteles escolares en las entidades federativas. Igualmente,
ya se prevé la metodología de los cuestionarios y la forma en que se podría
“recopilar información actualizada y completa de forma regular y periódica de
los niveles prescolar, primaria y secundaria”, para la creación del Sistema de
Información y Gestión Educativa.
La periodicidad de un censo depende de las
finalidades que se persigan. No obstante, parece más complicado realizar un
recuento cada tanto por una entidad como el INEGI, en lugar de un registro como
el que ya estaba en marcha y cuya responsabilidad correspondía a la propia SEP
(se trata del RENAME, al cual nos referimos la semana pasada). ¿No valdría la
pena aprovechar la experiencia?
La información sobre el sistema educativo es
de interés nacional, no sólo ni exclusivamente de la autoridad educativa. De
hecho, el mismo INEGI, en una tendencia acorde a las mejores prácticas,
recientemente inauguró lo que denominó Laboratorio de Análisis de Datos, un espacio de acceso y
servicio a usuarios especializados, en el que ofrecerá información con mayor
nivel de desagregación para una mejor valoración de la política pública y de la
investigación académica (Boletín
154/13). El registro o censo educativo también podría y debiera ser un
Laboratorio.
Actualmente, la tecnología disponible ofrece
diferentes opciones y herramientas para registrar, automatizar y acumular información.
Obviamente, se requiere un diseño conceptual, pero el sector educativo bien
podría utilizar los dispositivos tecnológicos. Por cierto, el INEGI, en la reforma a la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica del 2008, perdió la palabra
“Informática” de su denominación oficial, aunque sigue conservando las mismas
siglas.
La
experiencia internacional también es ilustrativa. Desde el 2002, UNESCO auspicia
el diseño de un Sistema de Información para la Gestión Educativa (EMIS, por sus
siglas en inglés), el cual registra, acumula y procesa información relevante
para la gestión, evaluación y formulación de políticas educativas.
(Publicado en Campus Milenio No. 507. Abril, 25, 2013, p. 9)
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