En la presentación del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el pasado 20 de mayo, el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, señaló que los programas sectoriales y transversales estarán
listos en este año, mientras que los regionales y especiales lo harán a más
tardar antes del final del mes de abril del año próximo.
Entonces, si fuera el caso, el
Programa Nacional de Educación se presentará antes de que concluya este año y
el Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación en abril del año siguiente. Sin
embargo, es posible que no haya diferencia con los programas de las
administraciones anteriores.
Se supone que el PND, los
programas sectoriales, regionales y especiales, se enmarcan en una estrategia
de planeación nacional del desarrollo, la derivada de Sistema Nacional de Planeación
Democrática, aquella que es “conducida por el ejecutivo federal y con
participación democrática de los grupos sociales”.
Una idea de participación y gobierno
que se plasmó en la Ley de Planeación de 1983 y en la modificación del artículo
26 constitucional en el mismo año. Ahí se establecieron definiciones,
procedimientos, delimitación de responsabilidades y atribuciones que desde
entonces rige los tiempos y las formas de la planeación nacional. Aunque, como
sobran las evidencias, no garantiza resultados satisfactorios.
Los planes y programas que desde
fines de los años setenta se han elaborado, precisan grandes objetivos
nacionales de crecimiento económico y bienestar social, plantean estrategias,
prioridades, líneas de acción y cálculo de costos.
Sin embargo, invariablemente, al
término del periodo para el que fueron diseñados los programas, sobreviene la
frustración y el desencanto: los resultados quedan sumamente alejados de lo previsto.
Las explicaciones pueden aludir a las imponderables contingencias internas o
externas; el resultado es el mismo.
Tampoco han cambiado las formas para
la integración de planes y programas. La ley mandata convocar a foros de
consulta popular para la participación de los diversos grupos sociales
(artículo 20) y sí, previo a la elaboración del Plan, cada administración los
lleva a efecto. Nada más.
Las diferentes administraciones
anuncian los cientos de miles de propuestas que reciben en los foros. Vicente
Fox más de 150 mil, Felipe Calderón alrededor de 130 mil y el actual gobierno
casi 229 mil participaciones, “el mayor registro de participación
ciudadana en la historia de nuestro Sistema Nacional de Planeación
Democrática”, dijo en su momento el secretario de Hacienda.
Los fastuosos e inoperantes foros
de consulta, independientemente de su procesamiento y utilidad, constituyen el
momento culminante y prácticamente único de participación social, pese a que la
misma ley la prevé en la elaboración, actualización y ejecución de planes y
programas.
El asunto es que cada vez se
aprecia con mayor claridad que los planes y programas van por un lado y las principales
acciones por otro, aunque desde la administración de Vicente Fox se han
establecido indicadores para valorar el cumplimiento de los primeros.
La definición sobre las
principales iniciativas a llevarse a cabo en las diferentes áreas de la
administración pública se adelantan a la planeación prevista en la norma. Por
ejemplo, la propuesta de reforma de los artículos 3ro y 73 constitucionales
--la que podría ser el sello más sobresaliente de la actual administración--,
no esperó al PND o al programa sectorial.
Tampoco la iniciativa de escuelas
de tiempo completo, la idea de distribuir computadoras portátiles a los niños
de quinto y sexto grado, menos la de fijar los límites de crecimiento de la
cobertura para la educación media superior y superior (80 y 40 por ciento,
respectivamente) o la de alcanzar el uno por ciento del PIB en inversión
nacional en ciencia y tecnología.
Los programas sectoriales de las
dos administraciones anteriores se han demorado en presentarse públicamente sin
mayores consecuencias. En buena medida porque para la puesta en marcha de las
iniciativas, más que un programa, como ahora también ocurre, lo más importante son
los acuerdos, la interlocución con las principales fuerzas políticas, los
grupos de interés y/o el control de los mecanismos que permiten la conducción
del sistema.
(Publicado en Campus Milenio No. 522. Agosto 15, 2013: p. 4)
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