¿Quién se responsabiliza de la Refinería Bicentenario?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

 

 

Hace cinco años, el entonces director de PEMEX, Jesús Reyes Heroles, dijo que la refinería Bicentenario era una de las obras más importante, necesaria y técnicamente fundada. Hoy, miles de millones de pesos después, múltiples esfuerzos y un tiempo perdido, el proyecto simplemente ya no existe.
 

En agosto de 2009, el titular de PEMEX, al anunciar públicamente a Hidalgo como sede de la nueva refinería, aseguró que: “En el proceso de elaboración del proyecto el gobierno federal ha puesto todo su empeño para asegurar que se tome la mejor decisión en términos de las consideraciones técnico-económicas que deben regir un proyecto de esta envergadura, así como de la certidumbre jurídica necesaria para su éxito” (versión estenográfica 12.08.2009).
 

Hoy suenan a ironía las palabras que pronunció Reyes Heroles: “La decisión de hoy es testimonio de la capacidad de los mexicanos y de su gobierno para avanzar en la construcción de una economía más moderna, para llevar a cabo proyectos complejos y de largo plazo, que redunden en beneficio de las condiciones de vida de los mexicanos”.

 

Por una u otra razón, lo que se ha mostrado más bien es una perenne incapacidad gubernamental para realizar proyectos, sean simples o complejos, de corto o largo plazo. Ni siquiera los ornamentales. Ni hablar de un desarrollo nacional sostenido o una economía sólida y pujante.
 

En el 2008, en el aniversario número 70 de la expropiación petrolera, cuando estaba el debate sobre la reforma energética de entonces y especialmente sobre la exploración de hidrocarburos en aguas profundas, también comenzó el estudio de factibilidad de construcción de una nueva refinería en territorio nacional.

  

Según reportó el director de PEMEX, la instrucción para realizar el estudio de factibilidad la dio el entonces presidente Felipe Calderón. Y, por supuesto, en el 2009 el estudio dio como resultado que la mejor medida para avanzar en el Sistema Nacional de Refinación era construir una nueva refinería, a pesar de que desde entonces estaba en marcha la reconfiguración en dos de las seis existentes.
 

También el estudio arrojó que Tula, Hidalgo, era el mejor lugar para instalar la nueva refinería. Por cierto, el actual secretario de Gobernación era el mandatario estatal en ese periodo. Tula era una mejor opción por su localización en la región centro, el lugar de mayor demanda, también por la certeza jurídica que ofrecía, así como por los costos de inversión y operación. Al inicio se calculaba que el costo total de la obra sería de alrededor de 10 mil  millones de dólares.

 

Sin embargo, casi un mes después de anunciada la obra, Reyes Heroles fue sustituido por Juan José Suárez Coppel. Los trámites siguieron su curso, las adjudicaciones, los planes, pero también comenzó a alargarse el proceso de construcción propiamente.
 

Después vinieron las elecciones, el cambio de gobierno y el ajuste en los equipos técnicos; el proyecto parecía sostenerse pero había perdido ímpetu. La decisión de detener la construcción de la nueva refinería Bicentenario de Tula no apareció explícitamente en el programa sectorial de energía de esta administración.

 

Sin embargo, el primer síntoma de que tal vez las prioridades o la viabilidad del proyecto ya no eran las mismas, apareció al final del 2013, cuando se presentó el “Plan de negocios de PEMEX y sus organismo subsidiarios 20014-2018”, el documento rector de las acciones a desarrollar por el organismo, y no estaba incluida la nueva refinería.
 

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ante las críticas de ese momento, dijo que la construcción de la nueva refinería dependería de la aprobación de la reforma energética. La reforma se aprobó, pero la refinería quedó en suspenso. Por lo menos la cancelación no se hizo explícita en los meses siguientes, tampoco en la comparecencia del secretario el pasado 19 de septiembre.
 

Fue precisamente en Guanajuato, en el Centro Fox, de manera improvisada, donde el secretario anunció que se cancelaba la obra. Ningún documento de por medio. Tal vez desde el comienzo fue un empecinamiento en una obra monumental de escasa pertinencia y probablemente sea más costosa edificarla que perder lo que ya se invirtió (alrededor de una tercera parte de su valor total)

 

Lo inquietante es la facilidad con la que se cambian las decisiones sin mayor explicación, el derroche de recursos y la ausencia de responsabilidad pública. Eso también es impunidad.

(Publicado en Campus Milenio No. 580. Octubre 16, 2014, p.5)