¿Y los diputados de la Comisión Especial de Fortalecimiento a la Educación Superior?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

canalesa@unam.mx Twitter: @canalesa99

 “Derogación de los planes de estudio que tecnifiquen la educación superior”, demandaron como segundo punto los estudiantes del politécnico. El secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por escrito les respondió: “Respecto el número 2, no puede ni debe tecnificarse la educación superior, reduciendo con esto la excelencia educativa de las escuelas de nivel medio superior y superior, por lo que la SEP anuncia que se cancelan los planes y programas que han solicitado en su pliego”.

Todavía no sabemos si la “tecnificación” de planes y programas de estudio realmente estará a debate y qué curso de acción podría tomar en el actual movimiento estudiantil. Por lo pronto, el tema quedó planteado, un tanto de forma ambigua, como que los jóvenes se resisten a recibir una formación de nivel técnico.

El asunto tiene que ver con la orientación que debieran seguir los subsistemas de educación superior, las preferencias vocacionales de los jóvenes y su vínculo con la sociedad. Es decir, el punto no solamente le atañe al IPN, como una de las principales instituciones de educación tecnológica desde hace casi ochenta años, ni únicamente al conjunto de entidades de formación tecnológica o al subsistema de universidades. Es el sistema en su conjunto.

Los diputados, por cierto, se anticiparon con singular oportunidad sobre el tema en cuestión. En abril del 2013, cuando todavía sonaban las inconformidades por la integración y asignación de responsabilidades en comisiones en la cámara de diputados, la junta de coordinación política propuso la integración de una comisión especial.

Fue nombrada como “Comisión Especial de Fortalecimiento a la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la Competitividad”. En estas mismas páginas Carlos Reyes dio cuenta de la integración, responsables y funciones que se le atribuyeron (Campus Milenio No. 514).

Según el punto de acuerdo que argumentó la necesidad  de crear la comisión especial, elaborado por la diputada Laura Ximena Martel Cantú del Partido Verde (PVEM), era “menester impulsar la estrategia pública que permita vincular a las instituciones de educación superior con las necesidades del mercado laboral, así como la instrumentación de programas de capacitación permanente en las diferentes esferas directivas y para los diferentes escalafones laborales”.

La cámara de diputados cuenta con 52 comisiones ordinarias, 35 especiales y otras más; la norma le permite crear tantas como requiera o estime necesario. El número de comisiones se ha incrementado notablemente en cada legislatura, por la distribución de equilibrios entre las fuerzas parlamentarias y por los privilegios que tiene presidirlas, aunque el número de diputados por comisión se ha reducido.

La comisión especial que estamos comentando la preside la diputada Martel, la que elaboró el punto de acuerdo, tiene 14 integrantes y su objeto es el fortalecimiento de la educación superior. Tal actividad la realizará, se fijó, adecuando el marco jurídico, con las gestiones pertinentes en su ámbito de su competencia, así como con la vigilancia en la aplicación de recursos públicos e impulso de las “políticas públicas que garanticen el fortalecimiento de la educación superior y la capacitación para su debida vinculación con el aparato productivo y otorgar impulso a la competitividad”. Nada mejor para el tema vigente.

La comisión celebró dos reuniones ordinarias el año pasado, en la segunda de ellas, el pasado 18 de septiembre, los integrantes quedaron distribuidos en cinco grupos de trabajo: capacitación; competitividad; giras, foros y eventos relevantes; comunicación social y divulgación; y asuntos editoriales. Cada uno encargado de los temas de referencia y con resultados esperados.

Lo inquietante es que la comisión no se ha pronunciado públicamente sobre las iniciativas más importantes al respecto. Por ejemplo, el decreto de creación del Tecnológico Nacional de México, la iniciativa de formación de recursos en materia de hidrocarburos y, desde luego, el debate planteado por los estudiantes del IPN.

La comisión tiene vigencia hasta el 31 de agosto del 2015. ¿Esperamos resultados?

(Publicado en Campus Milenio No. 579. Octubre 9, 2014, p.5)