Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 817.
Septiembre 19, 2019. Pág. 5)
Los Centros
Públicos de Investigación (CPI) tienen un lugar en los medios desde hace meses,
aunque no siempre por los mejores motivos. La controversia más reciente fue a
propósito de la separación del titular de uno de los centros y tal vez podría ser
la oportunidad para discutir la figura jurídica que regula a estas
instituciones y, principalmente, sus perspectivas de desarrollo.
El episodio
reciente apareció en las redes sociales. El 14 de septiembre, vía Twitter, Leopoldo Altamirano, ahora
exdirector del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE),
anunció que “a petición de la doctora Elena Álvarez Buylla”, había presentado
su renuncia como titular del instituto.
A la vez, el
mismo día y por la misma vía, desde su cuenta personal, Elena Álvarez,
directora del Conacyt, expresó: “El Dr. Altamirano, que acaba de renunciar al
INAOE afirmando que le pedí su renuncia, tiene fincadas 5 denuncias en la SFP,
que van desde acoso laboral hasta la asignación de recursos públicos a empresas
y personas sin los controles requeridos”.
La polémica
electrizante siguió y sigue en las redes sociales; partidarios de una y otra
posición expresaron sus opiniones al respecto. No está nada mal hacer públicos
los motivos de separación de las posiciones de responsabilidad. De hecho, es lo
deseable frente a los crípticos mensajes que esconden el polvo bajo la alfombra
y siempre mencionan a la salud del implicado como la principal razón.
El INAOE es
uno de los CPI más sobresaliente, fue de las primeras instituciones que
iniciaron el proceso de descentralización de la investigación científica y
tecnológica. Enclavado en Tonanzintla, Puebla, tiene múltiples proyectos en las
materias de su especialidad y encabeza, por la parte nacional, el proyecto del
Gran Telescopio Milimétrico. Este último colabora con el Telescopio de
Horizonte de Eventos (EHT, por sus siglas en inglés) y todo el equipo ganó recientemente
el premio Breakthrough 2020 para
física fundamental por la imagen del primer agujero negro.
Sin embargo,
lo inquietante del caso es la inestabilidad del instituto y del sector. Una vez
más, otro conflicto estalla, se discute y tal vez se diluirá en los medios, no
en las instancias correspondientes. No es la primera vez.
Las
interrogantes que se abren son muy variadas, pero si existe algo indebido ¿por
qué se dirime el mecanismo de la cadena de mando en los medios? ¿no debiera
sancionarse administrativamente de inmediato, fincarse responsabilidades y ser
un argumento contundente para separar a alguien de cualquier cargo? Si no
existe nada irregular ¿por qué alterar el funcionamiento rutinario? ¿cómo se
restituye el daño a la reputación de las personas afectadas?
El otro
aspecto que también resalta es la acumulación de expedientes en la Secretaría
de la Función Pública (SFP). Esta secretaría se encarga, entre otras funciones,
de vigilar que los servidores públicos se conduzcan con estricto apego a las
normas que regulan el ejercicio de sus actividades y en este periodo ha sido
recurrente la información oficial del Conacyt que apela a esas directrices para
tomar decisiones.
Al parecer, la
aprobación de la Función Pública fue el componente principal para decidir sobre
la emisión o no de las convocatorias del Conacyt, nombramientos en el
organismo, estructura organizativa, prestaciones para sus trabajadores o si
debían o no solicitar permiso los investigadores para viajar al extranjero.
También lo es o lo será para determinar si las transferencias hacia el sector
privado de la administración anterior fueron o no indebidas. El volumen de
solicitudes ha sido creciente y convendría su disponibilidad pública.
A raíz del
memorando presidencial del pasado 3 de mayo, en el que se instruyó a los
servidores públicos a poner en marcha medidas adicionales de austeridad, más de
tres mil integrantes de los CPI le enviaron una carta pública al presidente
López Obrador para expresarle su preocupación por los recortes al presupuesto (Campus Milenio No. 806).
Además, en la
misma carta le solicitaron al ejecutivo federal “definir una normativa que
establezca el marco jurídico propicio para desarrollar nuestras actividades”. Actualmente
los CPI están definidos como entidades paraestatales, lo cual significa que
cumplen una función estratégica, pero les aplican las mismas normas que rigen a
la burocracia.
Los 27 CPI
representan un núcleo vital de investigación y la segunda agrupación de
personal de alto nivel más numerosa a nivel nacional. En la administración
anterior fueron reagrupados y algunos integraron lo que llamaron consorcios de
investigación. Sin duda, lo mejor sería mayor certeza con la redefinición de su
marco normativo y decidir qué camino seguirán.
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