Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 816.
Septiembre 12, 2019. Pág. 5)
El primer
informe de gobierno de la actual administración sigue el esquema del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND). El apartado de ciencia y tecnología, a
pesar de su brevedad no es la excepción. Pero no es, en sentido estricto, un
informe de ejecución del plan ni solamente un recuento de acciones y logros en
el periodo, porque incluye fragmentos de diagnóstico de lo que hizo mal la
administración anterior y anticipa líneas que piensa llevar a cabo. Es un
informe peculiar.
El artículo 69
de la Constitución dice que el presidente de la República debe informar del
“estado que guarda la administración pública del país”. Por cierto, desde el
2008, a raíz de los crecientes desencuentros entre el expresidente Fox y legisladores,
el mismo artículo solamente anota que el presidente debe entregar el informe
por escrito, no lo obliga a asistir al Congreso y ya no va. Desde aquella fecha,
el voluminoso escrito ha perdido visibilidad pública, la ha ganado el mensaje
que pronuncia el presidente con el mismo motivo y también algunas
comparecencias de los secretarios.
El informe por
escrito es la referencia imprescindible, porque ahí deben estar las acciones y los
datos oficiales desagregados. Pero debe incluir no solamente lo realizado y ya,
también debe seguir lo que le marca la Ley de Planeación: “haciendo mención
expresa de las acciones y los resultados obtenidos relacionados con la ejecución
del Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Sectoriales y, en su caso, los
programas especiales” (artículo 6).
En las once
páginas del apartado de “ciencia y tecnología” del informe, ni expresa ni
implícitamente está mencionado el PND, menos todavía las estrategias o instrumentos
de ese Plan. Y no lo hace simplemente porque el PND no es propiamente un plan,
como lo dijo en su momento Carlos Urzúa, el extitular de Hacienda. Como lo
advertimos aquí mismo la semana pasada, el PND no incluye estrictamente un
apartado de ciencia y tecnología, solamente tiene un párrafo de tres líneas al
respecto, mismas que ahora sirvieron de base para subtitular y organizar lo
reportado en el informe.
La omisión o
vaguedad del PND en el informe probablemente no tiene ninguna trascendencia, se
podría pensar, si se están haciendo las cosas y ahora son diferentes. El
problema es que las acciones realizadas y las que están por hacerse, tendrían
que reflejar las prioridades marcadas en el Plan para esa área de la administración
pública. Si no las hay o no están claras eso explica porque ahora, el mismo
informe de gobierno, incluye partes de un diagnóstico y propósitos.
Por ejemplo, el informe dice: “Se
encontró, que de 2013 a 2018, el sector privado en México sólo aportó, en
promedio, el 19 por ciento del gasto en investigación científica y desarrollo
experimental, mientras que el resto de los recursos hacia estos rubros son
aportados por el sector público (77 por ciento) y otras fuentes (4 por ciento)
(pág, 300)”
El dato no es sorprendente ni desconocido, forma
parte de las estadísticas oficiales y ha sido identificado como la principal
causa de la baja inversión en la materia y una expresión del desinterés del
sector privado. Pero el informe sostiene que el dato tiene relevancia porque “entre
2013 y 2018 cerca del 50 por ciento de los recursos de los fideicomisos del Conacyt
(es decir, 35,175 millones de pesos) fueron transferidos al sector privado.
Adicionalmente, se detectaron transferencias indirectas a dicho sector por
3,620 millones de pesos”.
Seguramente usted lo recuerda, las
cifras anteriores las dio a conocer por primera vez Elena Álvarez Buylla, la
titular del Conacyt, en enero de este año, en el cambio de la coordinación del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En ese entonces la directora habló de
una transferencia al sector privado de 50 mil millones de pesos, pero dijo que
el dato no estaba firme, había un error de alrededor de 15 mil millones de
pesos. De cualquier forma, la cantidad era fuerte, suscitó dudas y Álvarez fue
cuestionada sobre si fue algo indebido y si habría consecuencias. No era asunto
de su competencia, dijo la directora en ese entonces y añadió que dio aviso a
la Secretaría de la Función Pública.
Ahora, sin embargo, cabría suponer
que la cifra ya está consolidada porque aparece en un documento oficial. Pero
lo más importante para la política científica y tecnológica es que el informe
sostiene que el periodo 2013 – 2018 se “caracterizó por un abandono de la
ciencia básica en favor transferencias privadas” y, en consecuencia, anticipa que
la actual administración “dará mayor sustento hacia la ciencia básica”.
El informe tiene otros datos (en
sentido literal) que valdrá la pena examinar en detalle, por ahora solamente
constatemos su singularidad derivada de la falta de lineamientos del PND. Tengamos
presente que la dificultad podría trasladarse a la elaboración del Programa
Especial de Ciencia y Tecnología (Peciti), porque éste debe estar alineado a lo
que marca el PND. Ya veremos.
Pie de página: La buena: el proyecto
de presupuesto de egresos de la federación viene con aumento para ciencia y
tecnología; la mala: no es para Conacyt, es para la Sep.
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