Alejandro Canales
UNAM-IISUE/PUEES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio. No. 814.
Agosto 29, 2019. Pág. 4)
El patrón de
conflicto, tensión e incertidumbre en el sector científico y tecnológico parece
repetirse de forma incesante y muy preocupante. Lo fue desde el periodo de
transición y lo sigue siendo ahora. Tal vez porque las prioridades de la agenda
de gobierno están en otra parte o simplemente porque todavía no se sabe bien a
bien cuál es la mejor ruta para encauzarlo.
La
incertidumbre persiste sobre los programas que permanecen, los que cambian y el
sentido de ese cambio, tanto como la expectativa sobre los resultados de iniciativas
que a ratos avanzan, en otros retroceden y luego se improvisan. El caso más
reciente es lo ocurrido con el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
--precisamente cuando cumple 35 años de existencia-- y después con la negativa
a extenderles por un año la beca a estudiantes en el extranjero.
Desde el
proyecto que presentó Elena Álvarez Buylla, actual titular del organismo rector
de las políticas científicas y tecnológica en junio de 2018, a los pocos días
de ser nombrada como posible directora del Conacyt y antes de las elecciones
presidenciales, generó expectativa sobre lo que podría ocurrir con el SNI.
En el documento
de referencia anotó: “Si bien el Sistema Nacional de Investigadores ha
contribuido a la credencialización de la investigación científica,
estabilizando laboralmente una comunidad importante de científicos, también ha
dado lugar a prácticas de simulación al privilegiar la cantidad sobre la
calidad en la producción de conocimiento científico” (Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al
Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024: 8).
Ahí estaba el
mismo principio que desde entonces se anunció como una propuesta novedosa: redefinir
los criterios de evaluación de toda la actividad científica y tecnológica. La
redefinición, en parte, no era otra cosa que sustituir los criterios
cuantitativos por los cualitativos. Además, también propuso una revisión de la
distribución de recursos financieros a las entidades privadas, tanto en lo
correspondiente al otorgamiento de becas como al SNI.
Los
planteamientos despertaron cierta sorpresa e inquietud, sobre todo el
tratamiento que proponía para las ciencias sociales y las humanidades en ese
documento, pero como las elecciones todavía no se realizaban y las propuestas
no eran hechos consumados, todo quedó en suspenso.
Después, una
vez declarado ganador de las elecciones López Obrador y ratificado el
nombramiento de Álvarez Buylla, vino el trabajo del equipo de transición. El
tema del SNI y la discusión sobre los criterios cualitativos no aparecieron. Sin
embargo, en junio de este año, cuando se instalaron las comisiones
dictaminadoras (206 preevaluadores y 127 evaluadores) para evaluar las casi 14
mil solicitudes, retornó la expectativa sobre los eventuales cambios.
Unas versiones
indicaban que la evaluación seguiría de la misma forma y otras que el cambio se
notaría en los resultados. De hecho, en un encuentro con miembros de la
comunidad académica, a propósito de los foros regionales para la elaboración de
las leyes secundarias, la directora de Conacyt tuvo que aclarar que el SNI no
solamente no desaparecería, sino que para 2020 habría un mayor presupuesto, se reconocerían
trayectorias y el trabajo de difusión, así como una revisión de los procesos y
criterios de evaluación cuantitativos y cualitativos (Comunicado 55/19).
Siguió la
evaluación y hasta ahí todo bien. Y cuando todo parecía indicar que el episodio
cerraría sin mayores tropiezos, vino un desencuentro en la sesión expresamente
dedicada a agradecer el trabajo de los miembros de las comisiones
dictaminadoras del SNI. Antonio Lazcano, un científico destacado y miembro de
comisiones, en carta pública dirigida al titular del SNI, Mario de Leo, le preguntó
si no había considerado la conveniencia de dejar el cargo de director y mejor concentrarse
en la difusión de la ciencia (23.08.2019).
El diferendo entre
ambos fue sobre lo que se considera apropiación social de la ciencia, pero en
la misiva, Lazcano, pública y directamente, señala que el titular del SNI es
precisamente alguien que tiene una experiencia limitada en investigación
científica, nunca dirigió tesis de posgrado, conoce superficialmente los
mecanismos de evaluación del trabajo académico y nunca ha sido miembro del SNI.
O sea, el director del sistema sin las calificaciones apropiadas para hacerlo.
Lo ocurrido en
el SNI no es un hecho aislado. Es una secuencia más en un patrón recurrente de
conflicto y desencuentro entre miembros de la comunidad científica y los
directivos del sector. Fueron las convocatorias, la reducción del presupuesto,
las cátedras Conacyt, el apoyo para las olimpiadas, los nombramientos, la
gestión, los órganos intermedios, los recursos para particulares, la extensión
de beca para estudiantes en el extranjero. Demasiados y diversos conflictos en
tan poco tiempo. ¿Por qué? Allá vamos.
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