LOS NOMBRAMIENTOS DEL CONACYT

La estructura directiva de Conacyt mostró una relativa inestabilidad prácticamente todo el periodo de la administración anterior. Inició un director general y al cuarto para las doce concluyó otro; casi el conjunto de direcciones adjuntas estuvieron en un permanente ajuste de cambio de titulares. Una dinámica que podría reflejar subestimación por las responsabilidades rutinarias, una fuerza centrífuga en las posiciones o tal vez la ausencia de una carta de navegación.

A partir de enero de este año, en la primera posición, fue designado Enrique Cabrero Mendoza como titular del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas. El pasado primero de abril, formalmente, tres meses después de la designación de aquel, está lista la segunda línea de mando del organismo: las direcciones adjuntas. De hecho, algunas direcciones ya estaban en operación meses atrás, pero ninguna había sido ratificada por la junta de gobierno.

Es muy pronto para anticipar definiciones de un horizonte para el sector. Todavía no aparece el Plan Nacional de Desarrollo de este periodo y menos el programa sectorial. Sin embargo, a juzgar por lo indicado en el discurso de toma de posesión del actual director, ya está identificado cuál es el principal problema y la solución para mejorar sustancialmente los indicadores de desarrollo científico y tecnológico y dar el “gran salto que otros países sí han logrado dar” en esta materia.

El problema, según Cabrero Mendoza, no solamente es de un mayor nivel de inversión. No, principalmente se tata de un marco normativo y de una política pública clara y eficaz. Esto es, un asunto de diseño institucional que genere la estructura de incentivos adecuada. Es un planteamiento, como ya lo hemos mencionado en este espacio, en correspondencia con lo que el propio Cabrero, Diego Valadés y López-Ayllón sostuvieron hace un sexenio (“El diseño insitucional de la política de ciencia y tecnología en México”. UNAM-CIDE), cuando parecía abrirse con relativa fuerza la idea de convertir a Conacyt en una secretaría de Estado.

Entonces, las dificultades de Conacyt y las fallas en la conducción de la política sectorial no se debe a las personas, si no a la insuficiencia de normas que regulen y orienten la gestión. Tal parece que los avances de la última década en el sistema científico y tecnológico, como  una nueva y reformada legislación, la creación de órganos de participación y dirección, la desectorización o el control centralizado de los recursos financieros con la instauración de un ramo de gasto propio (el ramo 38), no han resuelto el problema principal.

Si a lo anterior le añadimos una insuficiente estructura organizativa y administrativa de Conacyt, al igual que cierta inestabilidad y desaliento de los responsables de las diferentes posiciones en la estructura de mando, se puede ubicar uno de los puntos de debilidad del organismo rector.

Ahora, Conacyt ya cuenta con nuevos titulares de media docena de direcciones adjuntas clave. Uno de ellos es Elías Micha Zaga quien quedó en Desarrollo Regional, ya estaba en funciones desde febrero pasado, pero apenas fue ratificado por la junta de gobierno del organismo. El ahora directivo se desempeñó anteriormente como titular del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, precisamente en el periodo que Enrique Peña Nieto gobernó el Estado de México y que se suma a los funcionarios federales provenientes de esa entidad.

En la dirección adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación, una estructura dedicada al fomento, aplicación y explotación del conocimiento, fue designado Luis Gabriel Torreblanca Rivera. Este último ocupó la titularidad del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC). Otro director más, tanto de centros públicos como de casi todas las direcciones adjuntas del mismo Conacyt, Inocencio Higuera Ciapara, ahora estará en la dirección Centros de Investigación, la cual se encarga de coordinar a los 27 centros públicos de investigación, una posición que ya ocupó en el pasado.

La dirección de Desarrollo Científico la ocupará Julia Tagüeña Parga. Esta dirección es una de las posiciones más relevantes para promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y también una de las más disputadas entre la comunidad científica.

En fin, los nombramientos son muy variados y un reflejo de las presiones del propio diseño institucional, el asunto es si mostrarán el punto de debilidad del organismo o serán el acicate para establecer nuevas reglas de juego.

(Publicado en Campus Milenio. No. 504.  Abril 4, 2013. p. 9)

¿EL ASCENSO DEL SUR?

En el ocaso de la administración gubernamental anterior y las vísperas de la actual, un sorprendente artículo de la revista británica The Economist  (“The Rise of Mexico”. Noviembre 24, 2012) anunciaba que de persistir las condiciones de intercambio y las tendencias de crecimiento económico, la nación emergería como potencia y principal socio comercial de Estados Unidos al final de la década actual. El Made in China daría paso al Hecho en México, decía el reportaje. Una sorpresa porque lo usual de las notas sobre la nación era el tema de inseguridad.

Después, en los meses siguientes, vinieron otros artículos más en la prensa internacional, como los de Financial Times, The New York Times, el de Foreign Affairs o las opiniones del columnista Thomas L. Friedman, después de una visita a Monterrey al final del mes pasado, acerca de que México será la próxima potencia. Todos con vaticinios semejantes: la nueva China, el tigre azteca o el momento de México.

Las reacciones nacionales han sido muy variadas, desde una apología al futuro promisorio hasta el franco escepticismo que advierte las veleidades de la opiniones internacionales que se movilizan al compás de las agencias de cabildeo y promoción de imagen. Un recurso que no logra ocultar la realidad que muestran el espejo de los indicadores de atraso y grave desigualdad.

Ha sido notable que una parte de las opiniones favorables a México se han fundado en una visión comparativa: no tanto en un fulgurante desempeño nacional, como en las dificultades de algunas de las llamadas economías emergentes, como Brasil, Rusia, India y China; las prometedoras naciones agrupadas en el acrónimo BRIC.

El asunto es que una buena parte de las apreciaciones y proyecciones se basan en una escala macroeconómica, como la estabilidad financiera, la medición del PIB o las tasas de crecimiento económico. Una escala importante pero muy lejana al ciudadano común que no logra apreciar su dimensión y, todavía más relevante, no percibe con claridad los beneficios.

Una mejor aproximación es la idea de desarrollo humano, como la que promueve el reporte anual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es la promoción de un índice en el que importa no solamente el crecimiento económico, si no particularmente lo que ocurre con la equidad y el bienestar de las personas en los diferentes países.

Hace más de dos décadas el creador del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el economista pakistaní ya fallecido, Mahbub ul Haq destacó que el principal objetivo del desarrollo era “crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa”.

El IDH es una combinación de tres diferentes indicadores: salud, educación e ingresos. Incluye, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer, logros educativos (como alfabetización, años promedio de escolaridad, tasas brutas de escolaridad), PIB per cápita, estándares de vida. En conjunto, tratan de medir de la mejor forma el desarrollo humano y muestran una medida única (de 0 a 1) para el desarrollo social y el económico, lo que permite comparar los avances en los diferentes países.

En el primer Informe, publicado en 1990, México apareció en la posición número 90 de 130 países. El reporte clasificó de menor a mayor desarrollo humano a las diferentes naciones y las ubicó en tres niveles: bajo; medio; y alto. México quedó en el grupo de  “Alto nivel de desarrollo humano”.

La semana pasada se presentó el reporte de este año (El ascenso del Sur. Progreso humano en un mundo diverso) y México se ubica en la posición 61 de 186 países. No experimentó modificación respecto del año previo y sigue ubicado en el grupo de países de “Alto nivel de desarrollo humano” . No obstante, desde el 2010 el reporte ya incluye un cuarto grupo: “Muy alto nivel de desarrollo”. México presenta una mejor posición que Brasil en el mismo grupo (85). China y la India están en un grupo inferior, el de “Desarrollo humano medio”.

De acuerdo con el reporte de este año, la importancia económica de Brasil, China e India está fuera de duda. Según sus proyecciones, al término de esta década, superarán  la producción actual de seis de las principales economías del mundo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido) .

Lo más importante, sin embargo, es qué ha permitido lograr un mayor y mejor desarrollo humano. El reporte aventura tres componentes y algunas conclusiones. ¿Suficientes para cambiar la geografía del desarrollo? Ya veremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 503, p. 9)

LAS CONSULTAS DEL PND EN EL DIA 90

El último día de febrero el ejecutivo federal anunció, diez días antes del cumplimiento de los emblemáticos primeros 100 días de gobierno, el inicio del proceso de “Consultas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018” (PND).

Según la Ley de Planeación, le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la coordinación y elaboración del Plan. El plazo que fija son seis meses contados a partir de la toma de posesión del presidente de la República. Lo relativamente sorprendente es que, independientemente de lo que pudiera presentarse como Plan, las definiciones están avanzadas y en marcha, lo mismo por los compromisos de campaña que por el Pacto por México y los primeros 100 días de gobierno.

La urgencia de algunos problemas ameritan iniciativas de inmediato. No se puede ser muy paciente con problemas como la pobreza, la inseguridad, el crecimiento económico o los estragos de los monopolios. Sin embargo, tampoco se puede ni debe soslayarse el meditado proceso de planeación en la tarea de gobierno. Algunas acciones podrán ser espectaculares y producir grandes efectos mediáticos, pero si no se cuenta con una hoja de ruta, el balance final mostrará los errores, como lo muestra la experiencia.

No solamente es un asunto de planeación centralizada, porque seguramente la actual administración, como es obvio, tiene sus ideas. El caso es que, desde hace más de tres décadas y como la misma norma lo tiene previsto, en la tarea deben participar y ser consultados los diferentes grupos sociales en el llamado Sistema Nacional de Planeación Democrática.

Según la ley, prácticamente todos los grupos deben ser consultados: organizaciones obreras, campesinas, populares, empresariales; instituciones académicas, profesionales y de investigación; los legisladores, por ejemplo. (artículo 20 de la Ley de Planeación).

Aunque, como también es claro, la experiencia ha mostrado que tanto los procesos de consulta como los planes han sido de mucha parafernalia y poca utilidad. Se han quedado en eso: actos protocolarios de participación ciudadana y gruesos volúmenes de documentos que guardan poca relación con las acciones de gobierno y todavía menos con los resultados al final de la administración.

Lo deseable sería una combinación de capacidad en la toma de decisiones y de proceso mesurado y efectivo de planeación. Es ese caso, es casi inevitable recordar que en la administración de Vicente Fox, después de la época priista, la elaboración del PND volvió a suscitar cierta expectativa porque convocó al ciudadano para la elaboración del Plan.

De hecho, Vicente Fox inició la consulta para la elaboración del Plan de su administración un mes antes, respecto a la fecha en la que Enrique Peña Nieto (EPN) lo hace ahora. También Fox inició con una integración temática diferente del Plan y con la modalidad de consultar por diferentes medios la opinión ciudadana, además de los convencionales, utilizó por primera vez  los medios electrónicos y las entonces nuevas tecnologías.

Sin embargo, como es bien conocido, las expectativas rebasaron por mucho a la administración de fox. El resultado no fue diferente a lo ocurrido con los gobiernos priistas que lo antecedieron. Las cosas tampoco fueron diferentes con Felipe Calderón.

Ahora, una vez más, las consultas están en marcha para la integración del PND. Por lo pronto, las coordenadas sobre las que se movilizará están marcadas por las cinco metas que ha reiterado Peña Nieto, en ese orden, desde el inicio de su gobierno: lograr un México en paz, referido principalmente al estado de derecho y los problemas de seguridad; un México incluyente; un México con educación de calidad para todos; un México próspero, basado en el crecimiento económico; y hacer de México un actor con responsabilidad global, principalmente con asuntos de integración regional y comercio exterior.

La página web habilitada para recibir las opiniones de un sector de los ciudadanos también sigue el mismo formato de las metas anteriores, con el fin de establecer prioridades o componentes en cada caso, pero conservando propuestas y compromisos anunciados.

En la apertura de la consultas EPN dijo que el Plan sería “un documento breve, consistente y claro” y que incluiría tres estrategias transversales, así como los correspondientes indicadores para “medir la efectividad del Gobierno.”

En este mes y el próximo se realizarán las consultas, lo más interesante será la armonía entre la opinión de los ciudadanos y la elaboración del Plan. ¿Nueva o vieja historia?

(Publicado en Campus Milenio No. 502. Marzo 14, 2013 p. 9)

LA SUPLENCIA EN EL CONSEJO GENERAL

Más o menos una década para admitir que colocar al ejecutivo federal al frente de un órgano para dirigir el sistema científico y tecnológico no fue buena idea. No funcionó, aunque la ley decía otra cosa. Otro año, o un poco más, para cambiar la norma y encontrarle suplentes a la situación.

La reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) del 2002 creó diferentes órganos para darle mayor capacidad de maniobra y relevancia al sector científico y tecnológico. Uno de ellos, y acaso el de mayor orgullo para los reformadores de entonces, fue el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (CGICyDT).

El Consejo, se dijo, sería el órgano de decisiones clave para conducir el sistema, lo mismo que para coordinar los esfuerzos de los diferentes sectores de la administración pública que de una u otra forma tenía que ver con las actividades científicas y tecnológicas.

No solamente importaba que las decisiones del Consejo fueran estratégicas, sino también que se tomaran al más alto nivel para asegurar su cumplimiento. Quién más que el ejecutivo federal para tal posición. El régimen todavía fuertemente presidencialista, no se resignaba a perder la esperanza en el poder del caudillo.

La ley estableció que el CGICyDT debía ser presidido por el ejecutivo federal y como otros integrantes: nueve secretarios de Estado; tres empresarios; el director de Conacyt; el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; el coordinador del Foro Consultivo; el secretario general de Anuies; y un representante de la Conferencia Nacional, otro de los Centros Públicos y dos de los investigadores. En total: 21 miembros.

Al Consejo se le reservaron una decena de atribuciones clave para dirigir el sistema científico. Por ejemplo, entre otras funciones, quedó bajo su responsabilidad la aprobación del programa sectorial, definir las prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en la materia, lo mismo que el proyecto de presupuesto sectorial.

En la ley también quedó establecido que el CGICyDT debía sesionar por lo menos dos veces al año de forma ordinaria y de forma extraordinaria tantas veces como lo decidiera su presidente.

Sin embargo, pese a lo que marca la ley, el CGICyDT simplemente no logró convocar a sus integrantes de alto nivel y no se ha reunido más allá de tres o cuatro veces en una década.

La situación fue más grave en la administración de Felipe Calderón: el programa sectorial no se presentó en los plazos normativos porque el presidente no lograba hacerse un espacio para convocar al Consejo y aprobar el programa. De hecho, los premios de la Academia Mexicana de Ciencias, los Premios Nacionales y el Premio México, tuvieron graves retrasos.

Cada vez fue más evidente que el CGICyDT no se podía sostener en los mismos términos. En febrero del 2012, la diputada de Nueva Alianza (Panal), Cora Cecilia Pinedo Alonso, presentó una iniciativa para modificar la LCyT.

La modificación consistía en añadir un párrafo al artículo 5 para precisar que: “Tratándose del presidente de la República y de los titulares de las secretarías mencionadas en la fracción II, podrán designar a un suplente, quien deberá tener al menos el nivel de subsecretario o equivalente”.

En las consideraciones de la iniciativa se justificó que se trata de una “suplencia por ausencia” y no una “delegación de funciones”. En la primera, el suplente actúa en representación de aquel; en la segunda, lo hace en nombre propio y toma sus propias decisiones. En el caso del CGICyDT, parece que sigue vigente la confianza en la omnipresencia del más  alto nivel.

Los diputados aprobaron la propuesta el pasado 19 de febrero. En el pleno, todos se pronunciaron a favor, ninguno en contra. Ahora la iniciativa está en la Cámara de Senadores; seguramente se llevará un par de meses, o más, para entrar en vigor, pero estará lista antes del plazo para presentar el programa sectorial.

En fin, lo que llama la atención es la persistente confianza en la jerarquía de alto nivel para resolver los problemas (la figura de suplencia, en lugar de la delegación u otro esquema), lo mismo que la década empleada para realizar una modificación relativamente menor a la ley. No menos importante es constatar, una vez más, que la ley establece una cosa, pero en los hechos sucede una muy distinta. Formas, tiempos y detalles que debieran ser una lección mínima en tiempos de reforma constitucional.

(Publicado en Campus Milenio No. 501. Marzo 7, 2013)