La media superior y la Comisión para el DF

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Durante las décadas anteriores, las preocupaciones gubernamentales se dirigieron principalmente a los extremos del sistema educativo y en menor medida al segmento medio. Sin embargo, las últimas tres administraciones han mostrado un peculiar activismo que hoy tiene el reto de instaurar un verdadero subsistema de media superior y alcanzar su universalización para el ciclo 2021-2022.

La media superior fue objeto de múltiples iniciativas y cambios importantes a lo largo del siglo anterior. Pero fue en el programa sectorial de Vicente Fox donde se planteó la idea de crear una “Coordinación General de la Educación Media Superior”.

Hasta el 2005, a pesar de que estaba prevista su creación en el 2002, el gobierno de Fox publicó la reforma al reglamento interior de la SEP. Ahí apareció no una Coordinación sino una Subsecretaría de Educación Media Superior. Por cierto, también en ese ajuste la entonces Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal se convirtió en “Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal”. Un órgano “provisional” que desde entonces –-y de hecho desde 1993-- está a la espera de hacer efectiva la descentralización educativa en el DF.

En el gobierno de Calderón, ya con una estructura administrativa de mayor nivel, Miguel Székely impulsó lo que llamó Reforma Integral de la Educación Media Superior (Riems). Una iniciativa de cambio profundo que se planteó la elemental y compleja tarea de crear un Sistema Nacional de Bachillerato. Tal reforma era y es impulsada a través de cuatro ejes: un marco curricular común con base en competencias; la definición y regulación de las distintas modalidades del nivel; la instauración de mecanismos de gestión que definan estándares y procesos comunes; y un modelo de certificación nacional para el Sistema.

Tal parecía que la media superior se encaminaba a una profunda transformación. Sin embargo, en el último tercio del sexenio anterior, Felipe Calderón realizó un ajuste importante en su gobierno y cambió la titularidad de SEP y las subsecretarías. La reforma perdió dinamismo y visibilidad pública, aunque continuó su puesta en marcha. Todavía no es un hecho.

Paradójicamente, en el ámbito legislativo fue ganando adeptos la idea de convertir en obligatoria la media superior. Una propuesta que no gozaba de la simpatía del gobierno federal, particularmente de los subsecretarios de educación media, quienes manifestaron en diversas oportunidades el problema de los recursos financieros para hacerle frente al reto.

De cualquier forma avanzó la propuesta y  el 9 de febrero del 2012 se publicó el decreto de reforma a los  artículos 3ro y 31 constitucionales para convertir en obligatoria la educación media superior (DOF 09.02.2012). En artículo transitorio quedó especificada la obligación del Estado de “ofrecer un lugar a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación básica”, la cual se realizará de manera gradual hasta lograr la cobertura total en el ciclo escolar 2021-2022”.

Después, ya en esta administración, vino la firma del Pacto por México que incluyó como compromiso asegurar “los recursos presupuestales necesarios para incrementar la calidad y garantizar la cobertura en al menos al 80 por ciento en educación media superior y en al menos 40 por ciento en educación superior”. Porcentajes que fueron recuperados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Todavía no se publica el programa sectorial de este sexenio –lo cual debiera ocurrir en este mes--, pero el actual subsecretario de Media Superior, Rodolfo Tuirán, ha estado especialmente activo para poner en marcha diferentes programas, principalmente para ampliar la cobertura en el nivel, otorgar becas e incorporar la Formación Dual. 

Por su parte, el gobierno capitalino publicó recientemente el acuerdo de creación de la Comisión para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior en el Distrito Federal (GODF No. 1709). Una instancia para emitir opiniones y recomendaciones, presidida por el jefe de gobierno capitalino e integrada por siete titulares de su gabinete. Además, estarán como invitados permanentes, con voz y voto, los titulares de la decena de subsistemas locales y federales que operan en el DF. Por ejemplo, los sistemas de educación media de UNAM, IPN, Bachilleres o la dirección de bachillerato de SEP.

Actualmente, la cobertura nacional para el nivel es de 69 por ciento, pero los retos son muy diferentes en cada entidad. Tal vez comenzará un nuevo capítulo en el movimiento descentralizador-centralizador, ahora en la media superior.

(Publicado en Campus Milenio No. 531. Octubre 17,  2013, p. 4

Foro bilateral: México-EUA

Alejandro Canales

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Hace cinco meses los presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto acordaron la creación de un Foro para coordinar la cooperación educativa en el nivel superior y plantear acciones al respecto. En aquel entonces, el panorama de los gobiernos estadounidense y mexicano era muy diferente de lo que hoy parece.

Todavía en mayo de este año, el sabor del triunfo electoral para los dos gobernantes era muy reciente y el horizonte de posibilidades de cambio durante su mandato se extendía promisorio. Actualmente, los afanes de reforma de Obama y Peña Nieto enfrentan serias dificultades.

Ahora, el presidente de los Estados Unidos sostiene un enfrentamiento con integrantes del Partido Republicano sobre su iniciativa ya aprobada de reforma a la salud pública que entraría en vigor plenamente el año próximo. El diferendo tiene detenida la autorización de deuda, el presupuesto y parcialmente el funcionamiento gubernamental.

En el caso de México, también está aprobada la reforma educativa pero enfrenta una seria oposición de profesores agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y no está a la vista el éxito de su implementación. El panorama todavía se complica más con las negociaciones en marcha sobre las reformas energética, hacendaria y política, así como los imperativos de atención pública derivados de las contingencias ambientales.

Sin embargo, algunos de los asuntos proyectados cuando el futuro parecía prometedor siguen su curso. Es el caso del Foro mencionado. En la visita de Barack Obama a México en mayo pasado, los titulares de las dos naciones acordaron, entre otras acciones, el establecimiento de un “Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación” (FOBESII) –por cierto, después se le denominó indistintamente como Foro Binacional o Bilateral.

En la misma declaración conjunta se acotaron tiempos y funciones para el Foro. Por ejemplo, se precisó que debía instalarse en este año a nivel de subsecretarios o funcionarios equivalentes y convocar a representantes del gobierno, el sector académico y la sociedad civil. El objetivo principal sería: “desarrollar una visión compartida sobre cooperación educativa y proponer iniciativas concretas de corto y mediano plazo”.

Uno de los aspectos sobresalientes es que el Foro le daría sentido a la iniciativa del gobierno estadounidense planteada desde el 2011: “La Fuerza de los 100 mil en las Américas”. Un programa anunciado por primera vez en Santiago de Chile por el presidente Obama en el 2011 y destinado a llevar 100 mil jóvenes latinoamericanos a formarse en Estados Unidos y, a su vez, intentar que igual cantidad de estadounidenses se prepare en países de América Latina.

El paso siguiente para dar continuidad a la idea del FOBESII, al menos en lo concerniente a la parte nacional, fue la instalación de un Grupo de Consulta Mexicano el 6 de junio de este año. Un grupo integrado por más de medio centenar de personas de 35 diferentes instituciones, una tercera parte de representantes de dependencias del gobierno federal, pero también de academias nacionales, institutos de investigación, universidades, asociaciones civiles y empresarios.

La tarea encomendada al Grupo de Consulta fue la de proponer la participación de actores relevantes, recomendar acciones estratégicas y evaluar el impacto de las acciones promovidas por el Foro. Una actividad que desarrolló en los meses anteriores y dio a conocer públicamente el mes pasado: (“Proyecta 100,000 Hacia una región del conocimiento. Propuesta del Grupo de Consulta Mexicano del FOBESII”, disponible en línea).

La propuesta central del Grupo es llevar las cifras actuales de 13 mil 893 estudiantes mexicanos en Estados Unidos (54 por ciento de licenciatura y 30 por ciento de posgrado) y los 4 mil 167 estudiantes estadounidenses en México a 100 mil y 50 mil, respectivamente. Una meta ambiciosa prevista para el 2018, precisamente cuando concluirá el periodo de Obama; sin embargo, parece poco factible de llevarse a efecto.

El documento del Grupo de Consulta desagrega las acciones, programa incrementos anuales por nivel educativo, sugiere crear consorcios, centros de investigación y enumera algunas de las dificultades más visibles para el logro de la cooperación y las metas. Sin embargo, quizás el mayor problema está fuera de los que se detectan. En ambos países se localiza en el terreno de los recursos financieros y en la recepción de las políticas públicas. 

(Publicado en Campus Milenio No. 530. Octubre 10,  2013, p. 4)

¿Los muy lejanos 45 años?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Este miércoles se cumplieron 45 años de los trágicos acontecimientos del movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Los años transcurridos son muchos años en la biografía de una persona, pero ese lapso es relativo en la escala de la historia. También en el ámbito de la educación y en la ciencia y la tecnología.

A pesar de que las ultimas cuatro décadas han traído consigo múltiples y muy variados cambios, también queda la impresión de que en algunos aspectos la transformación ha sido vertiginosa y notable, mientras que en otros ha sido más bien gradual.

En la década de los sesenta alcanzamos las tasas anuales más altas de crecimiento de la población: un pico histórico de 3.4 por ciento. Al final de esa década, el total de habitantes en México sumaba poco más de 48 millones. En las décadas siguientes, por la aplicación de las políticas de control demográfico, las tasas de crecimiento disminuyeron a menos del 2 por ciento. De todas formas, respecto de esos años, hoy la población es más del doble.

El tema tiene importancia por el reto de la presión demográfica en el sistema educativo. Una presión que se ha trasladado de los niveles elementales a los superiores conforme el incremento de la escolaridad de la población y la edad promedio. En aquellos años solamente eran obligatorios los seis años de educación primaria.

Actualmente, ya son vigentes 15 años de escolaridad obligatoria: tres de preescolar, seis de primaria, tres de secundaria y tres de media superior. Un cambio notable: en las últimas dos décadas se duplicaron los años de escolaridad obligatoria. Aunque queda la incertidumbre sobre la obligatoriedad de los tres años de preescolar, así como los plazos que marca la ley para la media superior.

La educación superior también ha experimentado un crecimiento importante, pero todavía insuficiente. En 1970, la matrícula de la licenciatura universitaria y tecnológica sumaba 209 mil alumnos. La cobertura bruta para el grupo de edad era del 6.7 por ciento.

Las cifras para el ciclo escolar 2012-2013 muestran que en licenciatura universitaria y tecnológica están matriculados 2 millones 936 mil alumnos. La cobertura bruta para la población de jóvenes correspondiente fue de 28 por ciento. Es decir, respecto de 1970, la matrícula se multiplicó por un factor de 14, mientras que la cobertura solamente se cuadruplicó.

Además, vale la pena recordar que todavía en 1970 el Distrito Federal concentraba más de la mitad del total de matrícula nacional. Paulatinamente ha descendido la importancia y la participación relativa del DF hasta representar alrededor del 15 por ciento del total en la actualidad. Aunque la entidad todavía tiene un peso importante en la matrícula del posgrado, particularmente en la reconocida en el Padrón Nacional de Posgrados.

En lo que corresponde al ámbito de la ciencia y la tecnología, también se registra un notable proceso de institucionalización, crecimiento y descentralización --regional e institucional.

De hecho, al final de los años sesenta todavía no existía Conacyt, el órgano rector de las políticas científicas y tecnológicas. La responsabilidad de conducir la política científica durante los años cincuenta y sesenta fue del Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC). Un organismo creado en 1950, pero con una escasa capacidad de maniobra.

En diciembre de 1970 apareció el decreto de creación de Conacyt, con la idea de conjuntar esfuerzos y reunir en un solo organismo la responsabilidad de coordinar, fomentar y prestar apoyo a las actividades científicas y tecnológicas, pero sobre todo de formular y ejecutar una política sectorial.

En ese mismo año, se estimaba que el volumen de recursos humanos dedicados a la investigación ascendía a 3 mil 300 profesionales y de ellos solamente 635 (19 por ciento) contaba con estudios de posgrado. Actualmente el personal con nivel de posgrado son poco más de 48 mil en las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y las empresas; los miembros del Sistema Nacional de Investigadores suman 19 mil 747.

También en el mismo año de fundación de Conacyt, la inversión en Investigación y Desarrollo Experimental se estimaba en 0.1 por ciento del PIB. Actualmente se sitúa en 0.43 por ciento y según las previsiones de la actual administración, al concluir este sexenio se alcanzará el uno por ciento del PIB.

Después de 45 años no es lo mismo, los cambios han sido evidentes, pero tal parece que no han sido suficientes para resolver y avanzar en los variados pendientes.

(Publicado en Campus Milenio No. 529. Octubre 3,  2013, p4)

¿Complementariedad del Registro, Padrón y Censo?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Al iniciar la actual administración, la realización de un Censo de escuelas, maestros y alumnos quedó establecido como el compromiso número siete del Pacto por México. La iniciativa se mantuvo y en esta misma semana se llevará a efecto, a pesar de que se hizo notar la duplicidad con otra medida que ya estaba en marcha de la administración previa.

La medida que ya estaba en operación se refiere al Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RENAME). El Registro comenzó como diseño en el 2009. Luego, en el 2010, se impulsó en el conjunto de entidades federativas, bajo el imperativo de que su participación era necesaria para obtener información detallada, consistente y confiable de alumnos, escuelas y maestros.

La idea del Registro, según quedó expresada en los talleres regionales, era construir “el gran banco de datos nacional, sustentado en una plataforma tecnológica e informática, al cual puedan recurrir todos los actores del sistema educativo”.

El mismo INEGI que hoy está involucrado en la realización del Censo, hace un año emitió un acuerdo para determinar como “Información de Interés Nacional al Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas en virtud que cumple con los cuatro criterios establecidos en el artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica” (Diario Oficial de la Federación 08.08.12).

Esto es, la información del Registro, para ser considerada de interés nacional, cumplía con las características de ser regular, periódica, elaborada con una metodología científica. Pero, sobre todo, que la información aportada sería necesaria para conocer la realidad del país, contribuir a la toma de decisiones y al diseño e implementación de políticas públicas.

En virtud de lo anterior, en el mismo acuerdo de referencia, el INEGI estableció que la información derivada del RENAME sería oficial y de uso obligatorio para la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para calcular los indicadores. Además, precisó que la SEP estaría a cargo de operar el Registro y de poner a disposición de los usuarios la información correspondiente.

De hecho, a partir del 2012, aunque con algunas fallas, la página electrónica del Registro ya estaba disponible. Incluso, algunos medios y organizaciones civiles comenzaron a explorar y cruzar información sobre plazas, personas y salarios. Sin embargo, precisamente al final del 2012, con el anunció del Pacto por México de realizar un Censo para establecer un Sistema de Información y Gestión Educativa, el flujo de información se detuvo.

El decreto de reforma constitucional de febrero de este año, en su artículo quinto transitorio, recuperó el compromiso de realizar el Censo, con la precisión de que se haría en este año. Lo notable es que la redacción ya era relativamente similar a la planteada por el Rename: un censo que “permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita la comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas”.

En el reciente primer Informe de Gobierno se precisa que “se trabaja en la regulación, coordinación y operación de un padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, a partir del RENAME; el RODAC (Registro Oficial de Documentos de Acreditación y Certificación); y del SNIE (Sistema Nacional de Información Educativa), elementos que articulados, permitirán construir un sistema único para el control escolar, que concentre la información nacional de control escolar” (p. 380-1, negritas en el original). Entonces, ¿ahora se tratará un Padrón?

A su vez, el mismo Informe, en el mismo apartado, anota como dato destacado que inició el Censo en este año y repite la redacción del quinto transitorio de reforma constitucional. Lo que todavía no está claro es si la información ya recabada por el RENAME no era confiable o por qué no se utilizó como base.

Otro asunto, dado que no se abandonará el RENAME, es cómo se complementarán las distintas fuentes de información: Registro, Censo, Padrón o Sistema, para un efectivo sistema de información. Según los planes anotados, los tabulados básicos del Censo estarán a mediados de diciembre y los resultados definitivos en el primer trimestre del año próximo.

Si anteriormente el problema era la ausencia de información estadística confiable, esperemos que hoy no sea el exceso de fuentes similares, duplicadas, o peor, contradictorias. 

(Publicado en Campus Milenio No. 528. Septiembre 26,  2013, p4)

El Consejo General de Investigación Científica y el presupuesto consolidado

Alejandro Canales

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El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI) ya cumplió una década desde que se instauró como tal, pero no funciona como debiera y difícilmente alcanzará un nivel óptimo de ejecución. Es más una falla de diseño institucional y un reflejo de los estilos y actores de la política mexicana.

La reforma del año 2002 a la normatividad científica y tecnológica fue un vuelco paradójico e importante en el diseño institucional del sector. Los cambios fueron un movimiento doble: buscar la descentralización y, al mismo tiempo, centralizar la toma de decisiones y controlar la palanca de los recursos financieros.

Las estructuras que apuntaron fundamentalmente en la dirección de una descentralización fueron: el ajuste a lo que en la ley de 1999 se llamaba Foro Permanente y luego se llamó Foro Consultivo, una instancia de expresión de la comunidad científica y también de consulta de órganos directivos; la creación de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnológica para coordinar e impulsar las actividades entre Conacyt y las entidades federativas –la cual, por cierto, poco se ha visto--; el establecimiento de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación; y el incremento de capacidades a los Centros Públicos de Investigación.

En cambio, las modificaciones que se dirigieron a una mayor centralización fueron: la creación de un ramo de gasto propio de Conacyt (lo que después sería el ramo 38 en el Presupuesto de Egresos), la famosa desectorización del organismo para elevar su capacidad de maniobra e independencia; mayor control del mismo organismo sobre los entonces relativamente novedosos fondos sectoriales y mixtos; y la creación del CGICDTI, lo que parecía uno de los mayores logros de la reforma del 2002. Pero no, no lo fue.

El Consejo, se estableció como el máximo órgano de política y coordinación sectorial, presidido por el ejecutivo federal. Además, se previó que estaría integrado por: nueve secretarios de Estado; el titular de Conacyt; el coordinador del Foro Consultivo; el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; un representante de la Conferencia Nacional; tres representantes del sector productivo;  dos representantes del sector científico y tecnológico, invitados por el presidente de la República; un representante de los Centros Públicos de Investigación; y otro más de ANUIES.

En total, el Consejo se integra por una veintena de personajes de alto nivel, convergen representantes de todos los sectores y, lo que todavía se piensa más importante, está comandado por el titular del poder ejecutivo federal. Una impronta vigente que busca acercar los asuntos al Presidente para garantizar su prioridad y el cumplimiento de las decisiones.

Las facultades reservadas al CGICDTI son de máxima importancia. Por ejemplo, es responsable de establecer las políticas nacionales y de aprobar y actualizar el programa sectorial (el Peciti). También tiene como funciones el establecimiento de criterios y prioridades para la asignación del gasto federal, lo mismo que la definición de lineamientos programáticos y presupuestales a los que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Sin embargo, el CGICDTI, pese a sus altas responsabilidades y al mandato que tiene de sesionar dos veces por año de forma ordinaria, lo cierto es que en la década previa ha funcionado de forma accidentada y con suma irregularidad. Suficiente recordar la demora para aprobar el programa sectorial en la administración anterior o la ausencia para entregar los premios de la Academia Mexicana de Ciencias.

¿Actualmente la situación será diferente? Seguramente no. Otra de las responsabilidades del CGICDTI es aprobar el “proyecto de presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e innovación que será incluido, en los términos de las disposiciones aplicables, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación” (fracción V del artículo 6 y artículo 9 de la LCTI).

El asunto es que, como seguramente lo recordará estimado lector, el Paquete Económico para 2014 fue remitido al Congreso el 8 de septiembre y la sesión de instalación del Consejo en donde debió ser aprobado el proyecto que se envió fue al día siguiente en Los Pinos. ¿Es grave la irregularidad? No. Solamente exhibe la utilidad de los cambios normativos, tanto como las formas y estilos del Consejo. Nada más.

(Publicado en Campus Milenio No. 527. Septiembre 19,  2013, p4)

CyT: La propuesta de PEF para el 2014

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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La propuesta de gasto del gobierno federal para el año próximo, en lo concerniente a la actividad científica y tecnológica, considera un aumento de recursos financieros. Lo más sobresaliente no es el volumen del incremento, sino el vínculo con la reforma Hacendaria, los rubros a los que se canalizarán los recursos y lo que será una reorganización del gasto para lograr el uno por ciento del PIB en Investigación y Desarrollo Experimental (IDE).

El 8 de septiembre, al usual paquete económico que anualmente entrega el ejecutivo federal al Congreso, ahora le sumó diferentes iniciativas de reforma Social y Hacendaria. El tema tiene importancia porque los ingresos y los egresos, según se anota en los Criterios Generales de Política Ecónomica 2014, fueron elaborados sobre la base de las reformas.

Los Criterios precisan: “en ausencia de reformas, y de acuerdo al marco legal en vigor se tendría un escenario inercial de ‘finanzas públicas’ con significativamente menores ingresos”. En tal caso, en el escenario inercial, la disminución sería de un 10 por ciento; alrededor de unos 354 mil millones de pesos menos. Esto es, practicamente sería inexistente el incremento de gasto para el 2014 respecto del actual.

Los ramos de gasto más afectados serían: Transporte (-42 por ciento); Protección ambiental (-28 por ciento); Cultura (-19 por ciento); Orden Público y Seguridad Interior (-16 por ciento) o Ciencia, Tecnología e Innovación (-13.6 por ciento). En otras palabras: si no hay reforma no hay incremento.

¿Cuál es incremento que propone el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014 para ciencia y tecnología? Si consideramos el gasto de todas las dependencias gubernamentales el volumen es de 81 mil 810 millones de pesos (mdp, en cifras redondas). En términos corrientes, un aumento de poco más de 11 mil mdp respecto del presupuesto actual. Y prácticamente idéntico al que tuvo entre el 2012 y el 2013.

Si solamente tomamos en cuenta el gasto centralizado de Conacyt (ramo 38) el presupuesto que propone el gobierno federal es de 32 mil mdp. Una cifra que en términos nominales supera por poco más de 6 mil mdp a la del año actual (19 por ciento superior). Nótese que son solamente cinco puntos porcentuales de diferencia respecto de la disminución que sufriría en un escenario inercial.

En la exposición de motivos del PEF 2014, se destaca que los mayores incrementos serán para los Centros Públicos de Investigación y los programas de Becas de Posgrado, Sistema Nacional de Investigadores, Consolidación Institucional, Fomento Regional e Infraestructura, entre otros. Añade que Conacyt “contará con una asignación extraordinaria de 550 mdp para la creación de plazas (p. 47)

A su vez, en el propio PEF 2014, en el capítulo II, referente a las disposiciones de austeridad, particularmente el artículo 16 que establece la limitación para la creación de plazas, en su segundo párrafo señala que: “Para el caso de las plazas de investigadores y personal técnico de investigación que se creen a partir de los recursos que tenga aprobados el Ramo 38 para este fin, éstas se concursarán bajo los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” (p.17).

Lo sorprendente es que en la estrategia programática del PEF 2014, en donde se desagregan las acciones a poner en marcha, no aparece el asunto de las plazas ni el monto previsto. Incluso, en el anexo 11 del PEF, el ramo referente a las Provisiones Salariales y Económicas (ramo 23) es menor para el año próximo en comparación con el actual.

El otro aspecto notable es que, en la misma estrategia programática, en la primera posición aparece el tema que hemos estado abordando en las tres semanas anteriores: el indicador internacional de  Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE). Clara y rotundamente la primera estrategia se refiere a ese indicador y reconoce que en México actualmente es de 0.46 del PIB y la meta es llegar al 1 por ciento para el 2018.

Todavía más importante es que el mismo documento señala que Conacyt “está reorganizando su gasto para aumentar el apoyo a las acciones y proyectos que impactan en este indicador: 70 por ciento del gasto del ramo se destinará a programas que incidan en el GIDE”.

En resumidas cuentas: si se aprueba la reforma Hacendaria habrá un incremento para el sector relativamente similar al que se otorgó en este año. Pero lo fundamental será la reorganización de los rubros de gasto para la meta del 1 por ciento del PIB en GIDE. Veremos.

(Publicado en Campus Milenio No. 526. Septiembre 12,  2013, p4)

Informe: abandonar el indicador de IDE

 

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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Las variaciones discursivas han sido ligeras pero muy importantes: poco a poco han moderado las expectativas y la fuente de inversión para las actividades científicas y tecnológicas.  No será de gasto público y tampoco tomará como referente el indicador internacional de gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (IDE). Las palabras del ejecutivo federal, en su reciente mensaje con motivo de su primer informe de gobierno, lo confirman.

En el debate por la presidencia de la República, en mayo del año pasado, el actual titular del ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, ante la pregunta sobre las características que tendría su política de ciencia y tecnología, afirmó: “incrementar al menos tres veces más la inversión que hoy se hace en ciencia y tecnología”.

Es decir, si el entonces candidato se refería al gasto nacional (público y privado) de todas las actividades científicas y tecnológicas habría implicado llevar el gasto de 111 mil millones a más de 300 mil millones de pesos. O bien, de 0.77 a 2.31 por ciento del PIB (son cifras del 2011, las más recientes publicadas por Conacyt). Entonces, la participación relativa del sector privado era de 43 por ciento.

Pero si se refería al gasto en IDE, cuya metodología internacional, precisión y características las hemos mencionado en las dos semanas anteriores, entonces las cifras debían ser otras. Pasar de 67 mil millones de pesos en el 2012 a poco más de 200 mil millones de pesos. O bien, del 0.43 a 1.23 del PIB. Y en este caso, la participación relativa del sector privado se sitúa alrededor del 40 por ciento.

Sin embargo, se entiende que los tiempos de campaña ya pasaron, como también las propuestas formuladas frente a la expectativa de los eventuales electores. Hoy, frente a al principio de realidad, difícilmente se podría triplicar la inversión en el sector.

Un nuevo cambio en el discurso del ejecutivo federal sobrevino al tomar posesión y establecer el Pacto por México con las tres principales fuerzas políticas en el país. El compromiso número 46 estableció que: “Se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento del PIB. El incremento presupuestal iniciará en el presupuesto 2013. Complementariamente, se incentivará la participación intensa de los sectores productivos en la investigación científica”.

Ya no se habló de triplicar el gasto, el compromiso se circunscribió a lo que dice la ley. Y la norma, ya lo hemos dicho, en su artículo 9Bis se refiere al uno por ciento del PIB de gasto nacional para “actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico”. La formulación puede interpretarse que se refiere a IDE, pero también habrá quien señale que se refiere a todas las actividades científicas y tecnológicas.

 

Una ligera variación se registró al publicarse el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el documento que marca el horizonte de planeación y puntos de llegada de la actual administración. Ahí, como parte de la estrategia 3.5.1, se dijo que habría de “Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB”.

Lo indicado en el plan conservó la redacción de lo que establece la ley y como líneas de acción se mencionaron los esfuerzos de articulación de los sectores público, privado y social, así como un incremento del gasto público de forma sostenida, pero el asunto ya no se concentró en cumplir lo que dice la ley, si no en “contribuir”.

Ahora, en el mensaje de su primer informe de gobierno y después de nueve meses de gestión, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que para desplegar el talento mexicano también se ha invertido en ciencia, tecnología, cultura y deporte. Y agregó: “Como parte de este compromiso, en 2013 hemos incrementado los recursos para ciencia y tecnología. Estamos en la ruta para que la inversión pública-privada en 2018 alcance la meta de 1 por ciento del Producto Interno Bruto destinado a esta signatura” (sic).

Entonces, el incremento de recursos no será sólo (o principalmente) de recursos públicos. De hecho, la ley se refiere a gasto nacional, el problema es que el sector privado no ha sido proclive a invertir y el público tiene recursos escasos. Sin embargo, lo más grave sería abandonar el indicador fino de inversión en IDE y sustituirlo por el agregado de CTI. Y esa parece la ruta.

 

(Publicado en Campus Milenio No. 525. Septiembre 5,  2013, p4)