viernes, 23 de mayo de 2014


¿El SNI en la agenda?

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES

Después de tres décadas de funcionamiento y un primer congreso: ¿cuáles son los planes para el Sistema Nacional de Investigadores? Aparte de fortalecerlo y expandirlo un poco más, ninguno. Al menos, formalmente, no está a la vista un cambio profundo del programa, aunque modificaciones sistemáticas y relevantes se han registrado.

 El próximo mes de julio se cumplirán 30 años de que se estableció el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El 27 de julio de 1984 se publicó el acuerdo de creación, era el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado y la etapa sumamente crítica de la década perdida de los años ochenta.

 La instauración del SNI, como un programa especial que permitiera a las plantas académicas atemperar los efectos de la debacle económica de esos años, retenerlos en el país y, en lo posible, impulsar su trabajo.

 Sin embargo, lo que en ese entonces parecía un programa de emergencia, transitorio, se ha quedado instalado como uno de los principales instrumentos para distribuir recursos complementarios al salario base de los académicos. Una forma de diferenciar el trabajo académico y de asignar prestigios. Lo provisional, como suele ocurrir con frecuencia, se volvió permanente.

A lo largo de estos años el SNI ha crecido, pero no como cabría suponer; conserva la proporción de sus niveles y tal parece que está lejos su punto de inflexión. Inició con 1 mil 396 investigadores y la estimación para el año pasado era de 19 mil 747 investigadores.

 En sus tres décadas, una tasa de crecimiento anual promedio de alrededor del 11 por ciento; incluida su caída del inicio de los años noventa y la aceleración de la última década. Un ritmo de crecimiento y un volumen global relativamente modestos, particularmente si consideramos el tamaño total de la planta académica y las tasas de egreso del doctorado de la última década.

 A pesar del crecimiento, es notable la conservación de sus niveles; son prácticamente las mismas proporciones antes y ahora. En 1984: 15 por ciento candidatos a investigador; 57 por ciento los investigadores nivel uno; 19 por ciento los nivel dos; y 9 por ciento los nivel tres. En el 2012: 19, 54, 18 y 9 por ciento, respectivamente.

 Tal vez la estrechez en los dos extremos del SNI, los candidatos a investigador y en los de mayor nivel, expresa precisamente la necesidad de modificar el Sistema. Mayores y mejores oportunidades para el ingreso y ascenso para los jóvenes. Lo mismo que condiciones justas y decorosas para el retiro de los investigadores nivel 3. 

 Por otra parte, en este mes se cumplieron cuatro años del I Congreso de Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), realizado precisamente para celebrar los 25 años del programa, pero sobre todo para valorar su funcionamiento y sus efectos, lo mismo que para recoger las eventuales propuestas de cambio.

 Los organizadores del congreso habían dicho que tras las discusiones registradas en el foro y el análisis de los documentos, vendría una sistematización de los debates y una renovación a fondo del SNI. Pero no, pasaron los años y nada; no se dieron a conocer los resultados y menos los proyectos de transformación.

 Tampoco se sabe si esta administración considera un cambio importante, básicamente porque no se ha publicado el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018, aunque ya tendría que conocerse desde el último día del pasado mes de abril. Lo único que se conoce es el programa institucional de Conacyt para el período.

 Una de las estrategias del programa se refiere, precisamente, a fortalecer el SNI. Principalmente a través de un incremento de casi 7 puntos porcentuales de investigadores vigentes en el SNI, respecto de la población con estudios de doctorado ocupada en ciencia y tecnología (pasar de 38.5 a 45 por ciento en el periodo).

 El Acuerdo de creación del SNI ha permanecido incólume con su principio de evaluación del rendimiento individual y complemento del salario, pero sus reglamentos y normas de operación han registrado múltiples cambios: ampliación y pago total a investigadores de instituciones particulares; modificación de sus comisiones; procedimientos y periodos de evaluación para los investigadores de mayor edad; inclusión de órganos de revisión, etcétera.

 Tal vez, después de 30 años, ya es tiempo de que el SNI figure como punto principal en la agenda de discusión. Si los cambios siguen ingresando por las rendijas de la normatividad, escaparán por la puerta principal.

(Publicado en Campus Milenio No. 560. Mayo 22, 2014, p.4)

jueves, 15 de mayo de 2014

Una campaña para abatir el rezago educativo

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES

Las iniciativas que se pondrán en marcha para disminuir el rezago educativo ya forman parte del inventario de compromisos de este gobierno. Nada menos: propone reducir a casi la mitad el número de personas que no saben leer ni escribir y cinco por ciento el de las personas que no han concluido su educación primaria o secundaria.

Las metas que se habían anunciado hace un mes con las autoridades educativas estatales, con cierta generalidad e imprecisiones, ahora están explícitamente formuladas en el programa institucional “Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018”, publicado el pasado 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

Los programas institucionales, como al que ahora nos referimos, están previstos en la normatividad administrativa y constituyen la carta de navegación de las entidades para alcanzar sus objetivos. Aunque lo común ha sido su naufragio en la ambigüedad del lenguaje.

Sin embargo, a partir de los años 2000, la planeación y la elaboración de documentos programáticos han incorporado, correctamente, indicadores que permiten valorar su cumplimiento o no. La administración de Vicente Fox los incluyó, por primera vez, en los programas sectoriales y esta administración, también por primera vez, los incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Por cierto, en el PND 2013-2018, en materia educativa, uno de los dos indicadores seleccionados fue la prueba Enlace. La posterior controversia sobre Enlace parece que culminó en su abandono. Por lo menos los puntajes de la prueba Enlace no fueron recuperados en el programa sectorial, aunque no se ha hecho, como debiera, la rectificación al PND.

El diagnóstico del actual Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo recupera los conocidos datos de INEGI. Por ejemplo, señala que en México existen 5.4 millones de personas que no saben leer ni escribir, de las cuales poco más de un millón tienen limitantes físicas o mentales y otras 400 mil rebasan los 80 años de edad. Por tanto, dice el programa, “la población objeto del programa son 3.8 millones de personas entre los 15 y los 79 años”.

A su vez, de los 3.8 millones identificados como población objetivo, casi tres millones tienen entre 30 y 69 años; la porción restante se divide casi en partes iguales entre 15-29 años y entre 70-79 años. Es decir, la mayor proporción de personas que no saben leer y escribir tiene entre 30 y 69 años.

Del total de la población objetivo, el programa estima alfabetizar en el periodo de esta administración a 2.2 millones personas; pasar de un índice de analfabetismo de 6.9 a 3.4 por ciento. Es decir, poco más de la mitad de la población objetivo, pero menos de la mitad de la población analfabeta total.

La reducción que se propone es muy relevante. Tómese en cuenta que en los últimos 25 años, en números absolutos, el número de personas analfabetas apenas disminuyó en 1.3 millones. Esto es, en1990 el número de personas analfabetas sumaba 6.1 millones y la última cifra disponible indica que son 4.8 millones (aunque en términos relativos disminuyó a poco menos de la mitad, pasó 12.4 a 6.4 por ciento de la población mayor de 15 años).

Quizás por el volumen de las cifras, el director del INEA, Alfredo Llorente Martínez, señaló que la campaña de alfabetización que se pondrá en marcha, “es un esfuerzo sin paralelo en la historia reciente del país”, dado que en sexenios anteriores la cifra de alfabetizados ha sido, en promedio, de 110 mil por año (Comunicado No. 115)

Lo sorprendente es que el programa institucional, salvo la mención de que reducirá en 5 puntos porcentuales al rezago educativo, no establece metas específicas en lo que concierne al número de personas que deberán concluir su educación primaria y/o secundaria. Aunque el director del INEA ha señalado que serán alrededor de 5 millones de personas

En fin, como lo hemos dicho, si verdaderamente logramos reducir la actual cifra de 32 millones de personas en situación de rezago educativo, sean siete u ocho millones menos, avanzaremos de forma significativa. El rezago es uno de los rasgos más visibles de la desigualdad y la injusticia social en México; una piedra atada al desarrollo nacional. Así que debemos preocuparnos y ocuparnos por abatirlo a la brevedad.

Posdata: Señores diputados ¿cómo van los trabajos, después de un año de instalada, de la Comisión de Fortalecimiento a la Educación Superior y la Capacitación para Impulsar el Desarrollo y la Competitividad?


(Publicado en Campus Milenio No. 559. Mayo 15, 2014, p.4)

jueves, 8 de mayo de 2014

Otra vez incumplimiento gubernamental: PECITI 2014-2018

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES

En el periodo anterior, la gestión se demoró más de medio año en publicar su correspondiente Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). La actual administración debió publicar su Programa la semana pasada; no lo hizo, a pesar de lo que dice la norma.

El incumplimiento seguramente será subsanado en el transcurso de algunas semanas o meses más. Sin embargo, ilustra claramente lo que parece ser la regla y no la excepción de la vida pública en el país: las normas van por un lado y los comportamientos y los hechos por otro.

En nuestro frágil marco institucional abundan los ejemplos. Desde las grandes porciones de territorio y población sustraídos al Estado de derecho, el incumplimiento reiterado de preceptos establecidos en la Constitución, hasta las frecuentes y variadas transgresiones del ciudadano en la vida cotidiana.

Sin embargo, cuando se trata de instituciones fundamentales para la sociedad, como lo es el gobierno federal, el incumplimiento de las normas adquiere mayor visibilidad y también es mayor su capacidad de influencia en el entorno, por lo que no son irrelevantes sus omisiones al respecto.

Los cambios a la ley de ciencia y tecnología del 2002, como lo hemos dicho una y otra vez en este espacio, le confirieron al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI), la máxima capacidad como órgano de política y coordinación del sector, pero una muy escasa funcionalidad.

El Consejo, cómo órgano cúspide del sistema de ciencia y tecnología, se diseñó siguiendo la idea de que las cosas solamente funcionan conforme más cerca estén de los tomadores de decisión de más alto rango.

Por supuesto, en el esquema centralista y altamente jerárquico, el Consejo tenía que ser presidido por el ejecutivo federal e integrar a secretarios de Estado –los nueve que tienen mayor relación con la ciencia y la tecnología—, diez representantes de diversas instituciones y sectores, además del director de Conacyt. Esto es, una veintena de altas autoridades.

La primera y principal función del Consejo es “Establecer en el Programa Especial las políticas nacionales para el avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el desarrollo nacional” (artículo 6).

A su vez, como segunda función, debe “Aprobar y actualizar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Es decir, el Consejo es el órgano facultado para autorizarlo o no; mientras no lo haga simplemente no hay tal programa, como sucedió en la administración anterior y como hoy ocurre.

El problema, y esto es casi desde que entró en vigor la ley de ciencia y tecnología en el 2002, es que muy pocas veces se reúne el pleno del Consejo. A pesar de que la misma ley establece que debe sesionar por lo menos dos veces al año de forma ordinaria, pocas, muy pocas veces se ha reunido desde que se instaló. En los casi 14 años de existencia no suman más de tres o cuatro ocasiones.

Los problemas de agenda del Presidente de la República, así como las múltiples y variadas actividades de los secretarios de Estado han dificultado la convergencia, funcionamiento y efectividad del Consejo. Entonces, parece que resultó contraproducente la idea y el diseño del órgano.

El Peciti, como programa especial, lo es porque se refiere a las prioridades del desarrollo integral del país fijados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) o “a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector” (artículo 26 de la ley de planeación).

En los lineamientos del PND quedaron establecidos nueve programas especiales:  Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Cambio Climático; Cultura y Arte; Cultura Física y Deporte; Ciencia, Tecnología e Innovación; de los Pueblos Indígenas; Migración; Producción y Consumo Sustentable; y para Democratizar la Productividad. También se fijó su publicación, a más tardar, para el último día del pasado mes de abril.

Pero no, de los nueve programas especiales considerados, solamente el Peciti no se publicó, ni en tiempo ni en forma. Todavía en julio del año pasado, en la reunión de la junta de gobierno de Conacyt, se especulaba que el Programa podría estar listo antes de la fecha límite.

Quizás como una forma de compensar la ausencia del Peciti, Conacyt publicó su Programa Institucional 2014 – 2018. Se parecen, pero no son lo mismo. Tal vez llegó la hora de valorar la conveniencia de preservar al CGICDTI tal y como está.

(Publicado en Campus Milenio No. 558. Mayo 8, 2014, p.4)

jueves, 1 de mayo de 2014

La regulación de la política: tecnologías y espacios para la participación

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES

El ingreso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la vida cotidiana y en la esfera pública ha sido vertiginoso en la última década. En México, entre el 2005 y el 2012, el PIB de telecomunicaciones creció cuatro veces más que el PIB total.

En el año 2000 las suscripciones a banda ancha alcanzaban el 0.1 por ciento de la población nacional; la densidad de la telefonía móvil el 14 por ciento; y el número de usuarios de Internet se calculaba en 5 millones de personas. Las estimaciones para el 2013, sitúan los mismos indicadores en: 24.3 por ciento; 89 por ciento; y 51 millones personas, respectivamente. Aunque persiste su distribución conforme nivel de ingreso y es amplia la brecha digital. 
  
Tal vez porque las TIC nos han tomado por sorpresa relativa, pero también con mucha esperanza, hemos depositado grandes expectativas acerca de sus posibilidades, seguramente porque intuimos su capacidad y la inmediatez de sus efectos. Sin embargo, parece que no logramos advertir las dimensiones que podrían alcanzar y menos el tema de su regulación.

A pesar de que en el mundo contemporáneo se han producido las más variadas reflexiones sobre las sociedades de la información y el conocimiento, persiste el debate sobre su regulación, derrotero y utilidad que podrían tener.

Quizás la polémica sigue porque los usos de las TIC se modifican a la par de su expansión y la aparición de nuevos dispositivos. Compite el lado útil, eficiente, didáctico, divertido e imprescindible de Internet y de las redes sociales, con su lado imprevisto, irreverente, perturbador y agitado que no admite una sobrerregulación. Salvador Medina, en estas mismas páginas y en múltiples ocasiones, nos ha alertado al respecto.

Reparamos en Internet, las redes sociales o los dispositivos informáticos, cuando no tenemos acceso a ellos o sus efectos son inocultables. La cara más inquietante ha sido cuando se les atribuye un papel decisivo en la articulación de movimientos políticos a gran escala: la exhibición viral de un funcionario público que culmina con su destitución, las elecciones, los desocupados, la interpelación pública que se convierte en consenso en las redes sociales y otros tantas expresiones.

Sin embargo, a la par de los grandes efectos, las TIC poco a poco se han instaurado como un mecanismo más de interacción o participación política. Las votaciones electrónicas para elegir representantes, como aquí mismo lo hemos comentado, son lo más evidente, pero no es lo único.

Por la parte gubernamental, la integración del Plan Nacional de Desarrollo, prácticamente a partir de la administración de Ernesto Zedillo en 1995, así como los respectivos programas sectoriales, han recurrido creciente y ampliamente a las páginas web y el correo electrónico, como una forma de recuperar la opinión ciudadana. Por cierto, no ha sido el mismo caso con los programas especiales (como el PECITI).

Los funcionarios también han realizado otro tipo de consulta sobre algún tema de interés público. Por ejemplo, el actual titular de la SEP, indicó que consultó vía correo electrónico a centenares de investigadores educativos, los cuales enlistaron a 10 mil candidatos a integrar la junta de gobierno del INEE, de ahí surgieron las cinco ternas y finalmente los 5 miembros que eligió el Senado.

Un mecanismo más ha sido el sostenimiento de portales de información, transmisión en tiempo real y cuentas en redes sociales (hoy prácticamente todos los funcionarios públicos tienen cuenta en Tuiter) en los que informan o responden a reiteradas interpelaciones públicas.

Por la parte no gubernamental, organizaciones civiles utilizan con resultados desiguales los mismos mecanismos y formas de participación. En el ámbito educativo, tanto como en el científico y tecnológico, se advierten crecientes intentos de influir en la formación de la agenda pública y en el establecimiento de prioridades.

No es irrelevante la regulación de Internet, de sus contenidos y de los proveedores, porque están en juego los derechos y responsabilidades de unos y otros, como lo mostró recientemente la discusión del proyecto de ley de telecomunicaciones en México y como desde hace algunos años se discute en el mundo.

Quizás, como resolvió el Senado brasileño la semana pasada sobre su Marco Civil de Internet, ante todo se debe garantizar la neutralidad, la privacidad y la libertad de expresión de la red. Seguramente en el corto plazo será una de las principales tecnologías y foros de participación.


(Publicado en Campus Milenio No. 557. Abril 30, 2014, p.4)

jueves, 24 de abril de 2014


Estudiantes mexicanos en Estados Unidos

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES

En mayo del año pasado estuvo en México el presidente estadounidense Barack Obama. Uno de los acuerdos de cooperación con su homologo mexicano, Enrique Peña Nieto, fue incrementar el número de estudiantes mexicanos en Estados Unidos. A la fecha, el avance es muy modesto y el propósito parece inalcanzable; quizás ni siquiera se logre llegar a la mitad de lo previsto.

 En su momento, la iniciativa quedó instaurada como Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII). Un espacio para proponer estrategias de corto y mediano plazo para incrementar la movilidad estudiantil y los procesos de formación de jóvenes entre ambos países.

 El Foro, según lo previsto, contaría con la participación de representantes de los sectores gubernamental, académico y sociedad civil. La idea era darle forma a la propuesta: “La Fuerza de los 100 mil en las Américas”. Un programa anunciado en el 2011 por Obama y cuya meta es llevar a 100 mil jóvenes latinoamericanos a formarse en Estados Unidos e intentar que un número similar de estadounidenses vaya a países de América Latina.

 Sin embargo, al parecer, en el caso de México se busca que cubra por sí mismo la meta regional de los 100 mil. Esto tal vez debido a la entonces favorable coyuntura, la formalidad del acto de cooperación o porque el gobierno brasileño también había anunciado que otorgaría 100 mil becas (Ciencia sin frontera) para que sus estudiantes salieran al extranjero --aunque hoy parece que tampoco se sostiene.

 El asunto es que, como parte del FOBESII, se creó el “Grupo de Consulta Mexicano”. Una agrupación de 62 personas de 35 instituciones nacionales: académicas, públicas, privadas, sociales y empresariales. A su vez, el grupo integró ocho subgrupos de trabajo: pertinencia; movilidad en licenciatura; posgrado; investigación e intercambio académico; innovación y desarrollo tecnológico; prácticas profesionales; idiomas; y promoción.

 En septiembre del año pasado, el Grupo de Consulta Mexicano, propuso la “Estrategia 100+50: 100 mil estudiantes mexicanos en EUA y 50 mil estudiantes de EUA en México para 2018”. Sugirió que tal estrategia se denominara “Proyecta 100 mil”, misma que implicaría pasar de 14 mil estudiantes mexicanos en Estados Unidos en el 2012 a 100 mil para el 2018 y que los estadounidenses pasaran de 4 mil a 50 mil en el mismo lapso.

 La idea de la agrupación es incrementar no solamente las tradicionales becas de posgrado sino principalmente las estancias cortas de tres y seis meses (de licenciatura y posgrado), así como las prácticas profesionales y los cursos cortos. Según las proyecciones que trazaron, los 13 mil 893 jóvenes matriculados en Estados Unidos en el 2012, casi tendrían que duplicarse a partir de este año y más o menos conservar esa tendencia hasta el 2018.

 No obstante, en el primer año, las cifras no se acercan a lo deseado: solamente se añadieron tres centenares de estudiantes mexicanos. Pasaron de 13 mil 893 a 14 mil 199 entre el 2012 y 2013; un incremento 2.2 por ciento (Open Doors 2013. Report on International Educational Exchange).

 Probablemente, dado que la estrategia de movilidad estudiantil es una iniciativa en marcha, el reporte del año próximo reflejará con mayor precisión el impacto de un cambio, pero seguramente no duplicará la proporción actual y tampoco mostrará un incremento abrupto o significativo.

 Por ejemplo, como parte del FOBESII, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer la semana pasada que se otorgarán 2 mil 330 nuevas becas: 2 mil becas Comexus-SEP para veranos de investigación en Estados Unidos; 280 becas Fulbright-García Robles; y un programa piloto, organizado Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), para becar a 50 jóvenes por 10 semanas en la Universidad de Texas, para que se capaciten en electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información.

 Si al número anterior le sumamos las aproximadamente 800 nuevas becas anuales que otorga Conacyt para estudiar en Estados Unidos y tal vez una cantidad igual o superior de jóvenes que se van con recursos propios, advertiremos que los números no se están moviendo muy rápido que digamos. Por tanto, difícilmente llegaremos a los 100 mil para el 2018.

 Posdata: ¿El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 se publicará al cuarto para las doce? Todo parece indicar que así será.

 
(Publicado en Campus Milenio No. 556. Abril 24, 2014, p.4)

jueves, 10 de abril de 2014


¿Las metas sobre rezago educativo son un compromiso?


Alejandro Canales
UNAM-IISUE

Desde los años noventa, y principalmente en los 2000, la mayor atención gubernamental y ciudadana se concentró en los niveles medio superior, superior y posgrado. Una cierta idea de que el reto de ofrecer educación primaria para todos –previsto desde 1917— ya no era un problema y todavía menos lo era el analfabetismo, llevó a subestimar las cifras del rezago educativo.

La extensión de la obligatoriedad a la educación secundaria, luego al preescolar y más recientemente a la media superior, mostraron que las preocupaciones estaban en otro lado, pero no en las personas mayores de 15 años analfabetas o que no habían concluido su educación básica.

 Tampoco es que se ignorara completamente el rezago educativo, imposible hacerlo con sus abultadas cifras a lo largo del siglo XX. De hecho, al inicio de los años ochenta se creó el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea), como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, precisamente para atender la creciente población en rezago.

 Sin embargo, en el año 2000 sumaban 32.5 millones de personas mayores de 15 años en situación de rezago, en cifras redondas: seis millones de analfabetas; 12 millones sin la primaria concluida y 15 millones sin secundaria terminada. Esto es, representaban poco más de la mitad del total de la población mayor de 15 años, un tercio de la población total y un volumen similar a la población que estaba en el sistema escolar. Nada menos.

 El programa educativo del periodo de Vicente Fox reconoció la urgencia del problema y planteó como deseable la creación de una sola institución se encargara de la educación de adultos: el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (Conevyt).

 Un Conevyt que aglutinaría a Inea, Conafe, Conalep, Cecatis y a todas las instituciones que ofrecían opciones educativas para adultos. Una sus prioridades sería atender el rezago educativo, aunque el programa educativo no planteó metas específicas en este terreno.

 El organismo se creó en 2002 pero, como tantas otras iniciativas del periodo, se extravió en el tránsito de las declaraciones a los resultados. Al terminar el sexenio de Fox, las cifras absolutas y relativas del rezago educativo disminuyeron solo ligeramente (analfabetismo un punto porcentual).

 En el programa educativo de Felipe Calderón, aunque se anotó el problema de los poco más de treinta millones de personas sin primaria y secundaria terminadas, no se planteó ninguna meta al respecto y ni siquiera quedó mencionado el analfabetismo.

La actual administración, en su Programa Sectorial de Educación, nuevamente advirtió que siguen existiendo 32.3 millones de personas en situación de rezago educativo: cinco millones de analfabetas; 10 millones sin primaria terminada; y 17 millones sin secundaria terminada (p. 31). Respecto al 2000, menos personas analfabetas y también menos sin primaria, pero más sin secundaría terminada.

 Al igual que administraciones anterior, y a diferencia de otros niveles y rubros considerados como una prioridad, el programa educativo de este periodo tampoco se planteó metas específicas para disminuir el rezago educativo, solamente habló de “impulsar una cruzada nacional” (p. 59).

En estos términos, resultó sorprendente que en la reunión de la semana anterior, en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, dijera que en este año iniciará una gran campaña de alfabetización y precisara metas.

Por ejemplo, el titular de educación dijo que la meta es “disminuir de 6.9 a 3.4 por ciento, el analfabetismo en los menores de 15 años (sic); que más dos millones de adultos concluyan la primaria y otros 3.1 millones terminen la secundaria” (Comunicado 081). Quizás es un equívoco del titular o del comunicado de SEP anotar que es “en los menores de 15 años”, porque el rezago se refiere precisamente a los de 15 años y más.

 Lo cierto es que las cifras oficiales más recientes dicen que existen 5.1 millones de personas analfabetas (6.1 por ciento de 15 y más años), así que tales tendrían que disminuir en poco más de 2 millones y también habría que restar los 5 millones de primaria y secundaria. En total, de cumplirse las metas, disminuiría en 7 millones la cifra del rezago actual; aproximadamente quedaría en 25 millones.

La cifra sigue siendo abultada, pero las metas no son nada modestas y además se debe asegurar que en este periodo los niños y adolescentes no abandonen la escuela para que no se sumen como nuevo rezago. Considérese que en la última década la disminución del rezago fue de menos de un millón. Entonces, sí, debieramos tomar las recientes metas anunciadas como un compromiso y una urgencia.

(Publicado en Campus Milenio No. 555. Abril 10, 2014, p.4)

jueves, 3 de abril de 2014

Los recursos humanos de alto nivel y las patentes

Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SE

En todas las naciones se ha colocado un énfasis en el tema de la formación de recursos humanos, tanto en destrezas profesionales como en la formación de alto nivel, espoleado por lo que se quedó instalado como la inexorable aparición de sociedades o economías basadas en el conocimiento y la búsqueda de innovación.

La presión de los reflectores sobre los estudios de nivel licenciatura y posgrado, principalmente en las áreas naturales y exactas, tanto como en las ingenierías y tecnologías, han llevado a un incremento relevante de la matrícula. A su vez, en la mayoría de países ha sido notable el incremento de los estudios de doctorado, aunque con sistemas educativos muy diferentes, variadas estrategias y resultados muy desiguales.

Tómese en consideración que en la primera década de los años 2000, el número de nuevos graduados de doctorado, en los países de la OCDE, se incrementó alrededor del 40 por ciento. México, para el mismo periodo, pasó de un mil 75 a 2 mil 939 graduados; una línea base muy modesta, pero casi triplicó su volumen (Brasil, en el 2012, graduó poco más de 13 mil doctores).

Al comienzo de los años 2000, de los un mil 75 graduados de doctorado en México, la mayor participación relativa era de las ciencias naturales y exactas (33 por ciento), seguida de las ciencias sociales y administrativas (21 por ciento), ingenierías y tecnologías (15 por ciento), educación y humanidades (13 por ciento), salud (10 por ciento) y al final las ciencias agropecuarias (8 por ciento).

En el 2010, como casi se triplicaron los graduados de doctorado, todas las áreas de conocimiento se incrementaron en términos absolutos y más o menos conservaron su participación relativa (salvo las ciencias sociales y administrativas que ocuparon la primera posición con un 25 por ciento).

Sin embargo, el crecimiento más acelerado en el periodo fue para las ingenierías y tecnologías: pasaron de 159 a 560 graduados (se multiplicaron por un factor de 3.5). Después los de ciencias de la salud, ciencias sociales y administrativas y educación y humanidades más o menos se triplicaron; los de ciencias agropecuarias y naturales y exactas casi se duplicaron.

Las cifras de egresados de doctorado en México son relativamente modestas –incluso los datos de matrícula del mismo nivel—, pero como en otras naciones se han movido muy rápido en muy poco tiempo. Un panorama muy cambiante en las diferentes naciones y todavía más si se toma en cuenta el tema de las patentes, uno de los indicadores de mayor impacto para medir la innovación.

Hace menos de una década Japón ocupaba la primera posición en el número de patentes, seguido de Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania y una pujante China. Actualmente persiste la concentración, pero la situación se ha modificado notablemente.

La semana anterior la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo perteneciente a Naciones Unidas, cuya misión es conducir un sistema internacional de propiedad intelectual, dio a conocer su reporte más reciente.

Según los datos de la OMPI, se han superado por primera vez la cifra de 200 mil solicitudes internacionales de patente presentadas en un mismo año. Ahora, la lista la encabeza Estados Unidos con 57 mil 239 solicitudes, le sigue Japón con 43 mil 918, China con 21 mil 516, Alemania con 17 mil 927 y República de Corea con 12 mil 386.

Todavía el año pasado Alemania ocupaba el segundo lugar y China muy cerca en tercer lugar. Pero de todos los países, China tuvo el mayor crecimiento relativo entre el 2012 y 2013 (una tasa de 16 por ciento), seguido Estados Unidos que se ha despegado considerablemente de Japón.

En América Latina, con números muy diferentes, Brasil con 661 solicitudes encabeza la lista, seguido por México con 233, Chile 144, Colombia 82 y una distante Argentina con 26 (una menos que el año pasado).

En cuanto a solicitudes de patentes por empresas, el primer lugar lo ocupa la japonesa Panosonic (2 mil 881), seguida de dos empresas Chinas y dos estadounidenses. Las solicitudes por universidad, el primer lugar es para la Universidad de California y las otras nueve también son estadounidenses (con excepción del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea que aparece en la séptima posición).

En el caso de México parece necesario explorar más detenidamente el sistema educativo y el complicado tema de la inserción laboral de los jóvenes doctores. 



(Publicado en Campus Milenio No. 554. Abril 3, 2014, p.4)