SNTE-CONACYT. Los convenios marco

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 729. Noviembre 2, 2017. Pág. 5)

El establecimiento de nuevas reglas de juego para ingresar y promoverse en el servicio docente, en la reforma educativa actual, fue uno de los aspectos que causó mayor desasosiego en el conjunto de profesores de educación básica y media superior. No era para menos. En 2013, el cambio en el artículo tercero constitucional instituyó que el ingreso a la docencia y la promoción de directivos sería mediante concursos de oposición.

Luego vino el marco normativo para delimitar las funciones y responsabilidades, las propuestas de perfiles, parámetros, indicadores y toda la logística asociada a la puesta en marcha de los nuevos lineamientos. También vinieron las inconformidades, los desencuentros, las fallas, las rectificaciones, la expansión e instauración de la evaluación docente.

Sin embargo, a la par, otro proceso se ha desatado, más lento y al mismo tiempo menos evidente, pero igualmente importante y tal vez de mayor alcance: la actualización y capacitación del magisterio para presentarse a las evaluaciones. Estamos hablando del componente en sus términos más generales y de una población potencial de grandes dimensiones.

No ha sido ni será una evaluación simultánea para todos los profesores. Sin embargo, secuencial o progresivamente, los números son grandes. En el caso de educación básica, el total suma más un millón 200 mil profesores, más unos 90 mil directivos frente a grupo y otra cantidad ligeramente superior de directivos sin grupo. Además, están los más de 400 mil profesores de media superior. Un gran volumen de profesores preocupados por sus conocimientos y su eventual desempeño.

La formación y actualización de los profesores de educación básica no es ninguna novedad. La ocasión más reciente fue espoleada desde el comienzo de los años noventa por el programa Carrera Magisterial y la búsqueda febril de certificados; un programa que ya no está vigente. No obstante, la escala que ahora podría adquirir la capacitación es mayor y, sobre todo, en tiempos relativamente acotados.

En estas circunstancias, no es fortuito lo que ha propuesto la dirigencia sindical. En abril de 2014, el presidente nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, puso en marcha lo que llamó el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente (SINADEP- SNTE), una plataforma virtual para la capacitación de los profesores como respaldo para los procesos de evaluación docente y que, además, les ofrecería “alternativas de superación profesional a través de especializaciones, maestrías y doctorados” (Comunicado 21-2014).

Al año siguiente, el mismo dirigente sindical dijo que el SINAPED se transformaba en la Fundación para el Desarrollo Educativo de la Investigación y Superación Profesional de los Maestros, A.C. y quedaba como titular el profesor Jorge Antonio Alfaro Rivera (Comunicado 34-2015). En ese entonces, el maestro Díaz precisó que se inscribieron 281 mil profesores a los cursos del SINAPED, el INEE sólo evaluaría a 150 mil y contando.

A partir de entonces, la Fundación SINAPED se ha expandido y celebrado convenios de colaboración con múltiples instituciones, como el IPN, la OEI, la ANUIES, las AAPAUNAM, Microsoft y el CONACYT.  En este último caso, lo que recientemente se dio a conocer fue un refrendo de la firma del convenio, porque quedó suscrito en 2016 y estará vigente hasta junio del año próximo.

Por lo pronto, la Fundación SINAPED ya está en la lista del registro de instituciones del CONACYT. Desde el año anterior, en las cláusulas del convenio estaba especificado que, como parte de los compromisos del Consejo hacia la Fundación, brindaría “asesoría para cursar estudios de posgrado” y diseñaría “una plataforma de ciencia, tecnología e innovación para el apoyo de los procesos de enseñaza – aprendizaje”.

En el acto de la semana anterior, el director de CONACYT, Enrique Cabrero, solamente entregó diversos materiales audiovisuales, cuadernos, experimentos y revistas, así como el acceso a la información que existe en el portal del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación y recordó que el compromiso es “brindar apoyo a los docentes a través de becas para posgrado, seminarios, conferencias y foros” (Comunicado 78/17).

En el marco de la misma ceremonia se presentó el programa Maestro del Siglo XXI, una exposición de plataformas que, presuntamente, serán útiles para la enseñanza del profesor en diferentes campos, como robótica, realidad aumentada, laboratorio digital y otros. Sin embargo, no está claro si esas plataformas son parte de la aportación de CONACYT o solamente son una referencia a contenidos que parecen cercanos a lo científico y tecnológico; tampoco se sabe el número de becas que otorgará, si fuera el caso.

La actualización de profesores y personal directivo es una responsabilidad compartida entre autoridades educativas y dirigencia sindical. El reto no es nada sencillo y es obvio que la formación deficiente o una capacitación simulada tendrá consecuencias irreversibles  en el desempeño y en la seguridad laboral de los profesores.

CdMx: La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 728. Octubre 26, 2017. Pág. 5)

Un nuevo titular está al frente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti) de la Ciudad de México: David García Junco Machado. No, no es un científico y su vínculo con el sector es apenas tangencial. Aunque es la parte final de la actual administración capitalina, no debiera soslayarse que se trata de un proyecto que está a prueba y que fueron muchas las expectativas que generó.

El nombramiento ocurrió la semana anterior y, según la información proporcionada por el gobierno de Ciudad de México, el nuevo secretario, antes de serlo, se desempeñaba como oficial mayor del Conacyt. De hecho, su carrera como funcionario público ha estado ligada al gobierno federal: director de comercialización de Diconsa, también lo fue de afiliación y operación de la Comisión de Protección Social en Salud y secretario técnico en la oficina de la presidencia de la República (Boletín No. 0933/17).

La experiencia del maestro García Junco, como ex oficial mayor de Conacyt, tal vez le sea de utilidad para la administración del presupuesto de la Seciti en este último año. Nada más. Después de todo, su quehacer principal en el organismo federal, como el de cualquier oficialía mayor, estaba dirigido fundamentalmente a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

Claro, el volumen de recursos que maneja la dependencia local, en comparación con la federal, es bastante menor. El presupuesto de la Seciti es de poco más de 350 millones de pesos, en cambio los recursos que ejerce centralmente Conacyt suman más de 30 mil millones de pesos. Así que no hay mucho qué comparar.

Quizás usted lo recuerde, en septiembre del año pasado, a propósito del recuento de logros del IV informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, un diputado local del PRI cuestionó la utilidad de la Seciti y argumentó que la Secretaría, junto con otros dos institutos, debían desaparecer. El entonces secretario, René Drucker, hoy fallecido, en conferencia de prensa, no solamente criticó al diputado, también pidió que se duplicara el presupuesto para la Seciti (Boletín Seciti 028. 22.09.2016).

La posición fue respaldada por Víctor Hugo Romo, legislador local por el PRD y presidente de la comisión de ciencia y tecnología de la Asamblea Legislativa. Incluso, el diputado Romo dijo que presentaría una iniciativa para reformar la ley.

En efecto, el asambleísta Romo presentó una iniciativa para adicionar un artículo 3 Bis a la ley local de ciencia y tecnología. La propuesta establecía que para garantizar las actividades científicas y tecnológicas, el “Presupuesto de Egresos de la Ciudad deberá de prever recursos que no podrán ser inferiores al uno por ciento del presupuesto total para la Ciudad” (Versión estenográfica. 22.09.2017)

Además, en artículo transitorio, la misma iniciativa, establecía que la Secretaría de Finanzas de la Ciudad proyectaría un incremento progresivo en los siguientes 10 ejercicios fiscales. Por supuesto, después de un año, la propuesta permanece en dictamen y los recursos financieros no han variado de forma significativa.

El presupuesto es un asunto de importancia para la Seciti y para toda la administración pública. Sin embargo, no es el único. El gobierno capitalino, a diferencia del gobierno federal, sí optó por la creación de una Secretaría para atender los asuntos relacionados del sector, bajo el supuesto de que una estructura administrativa de ese nivel permitiría proponer una auténtica política y, al mismo tiempo, daría lugar a una mayor capacidad de gestión.

La Seciti es una institución joven. Primero, desde junio de 2007, estuvo en funciones el Instituto de Ciencia y Tecnología, el cual fue sustituido en enero del 2013 por la actual Seciti. Ciertamente, el último tramo, puede ser muy poco tiempo para consolidar un proyecto institucional, pero parece un lapso suficiente para revelar las posibilidades y alcance de las propuestas en marcha.

En este caso, las más sobresalientes fueron la veintena de apoyos para proyectos de investigación que intentaban atender diferentes problemas relevantes en la Ciudad de México. También, el respaldo para un número limitado de estancias posdoctorales, tanto en Europa como en América, así como las becas para doctorado en instituciones del extranjero y en coordinación con Conacyt.

Además, está el premio Heberto Castillo, un programa más conocido e instaurado desde que estaba en funciones el entonces instituto de ciencia y tecnología local. Una distinción para reconocer trayectorias y aportaciones de las personas en el campo de la ciencia y la tecnología. Por cierto, a raíz de lo acontecido con el sismo del mes anterior, el cierre para la recepción de propuestas se recorrió y finaliza este 27 de octubre.

En fin, en el marco del recuento de iniciativas, el año pasado, sonó fuerte la crítica del legislador local al desempeño de la Seciti. Actualmente, en el penúltimo informe de gobierno y tras el fallecimiento del doctor  René Drucker, el pasado 17 de septiembre, la Seciti se adentra al cierre de un primer ciclo y sus logros son inciertos. Al final: ¿qué cuentas entregará? Ya lo veremos y no será nada irrelevante.

¿Dar GNCTI por GIDE? ¿Cómo alcanzamos las metas?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

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(Publicado en Campus Milenio No. 727. Octubre 19, 2017. Pág. 5)

El director de análisis estadístico del Conacyt, el doctor Guajardo, como se puede advertir en la carta anexa, me envía una precisión a la posdata que anoté aquí mismo la semana pasada. Ahí ratifica la afirmación del titular del organismo y añade: “pero existe una confusión de conceptos en dicho apartado del citado artículo” y vuelve a insistir en que se llegará al uno por ciento del PIB.

Aclarar este punto es de suma relevancia. Involucra la meta principal de esta administración en el sector científico y tecnológico. No solamente. Además, fue un compromiso firmado por el presidente Enrique Peña, ese que el mismo director de Conacyt, el día de su toma de protesta le reconoció y valoró (Comunicado 03.01.2012); también es uno de los puntos del Pacto por México, suscrito por tres partidos políticos nacionales; y uno de los indicadores más sobresalientes de comparación internacional.

En primer lugar, la verdad, no sé de quién es la confusión de conceptos. En la posdata anotada, claramente se indica que es el “gasto nacional en CTI” (GNCTI). También es el mismo tipo de gasto que dijo el doctor Cabrero, el director del Conacyt, e incluso él añadió que llegar al 1 por ciento del PIB seria algo “inédito” y apalancado fundamentalmente en la inversión del gobierno federal (La Jornada 23.09.2017). No hay confusión posible: es el gasto nacional.

Mucho menos es una confusión elemental entre GNCTI y Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE). Una clara distinción la hicimos aquí hace más de una década (Campus Milenio No. 168) y la volvimos a repetir hace cuatro años (Campus Milenio No. 524). No tiene sentido insistir en que el primero incluye al segundo y que ambos consideran recursos públicos y privados.

Entonces, ¿cuál es el problema? Uno y muy importante: la ambigüedad y confusión que, ahora, la actual administración introduce acerca del indicador para medir su principal compromiso.

En el Pacto por México, quedó registrado: “se dará cumplimiento a la Ley de Ciencia y Tecnología con el objeto de incrementar el financiamiento para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a fin de alcanzar, de manera gradual, una inversión del uno por ciento del PIB” (compromiso 46). Nótese que no dice GNCTI ni GIDE.

A su vez, la citada ley, en su artículo 9 BIS, tampoco precisa que sea uno u otro tipo de gasto. No obstante, de ahí viene el precepto de que el monto destinado por el Estado deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al uno por ciento del PIB. Registremos que dice gasto nacional (público y privado).

En su momento, la publicación del Plan Nacional de Desarrollo de esta administración recuperó lo que decía la ley y el Pacto: “Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1 por ciento del PIB” (estrategia 3.5.1). Eso mismo, en términos idénticos, como debía ser, se replicó como primer objetivo y meta principal en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI).

En los dos documentos quedó como inversión nacional (pública y privada), sin especificar si era el GNCTI o GIDE. Sin embargo, en el PECITI sí hubo una diferencia fundamental: especificaba el indicador que permitiría valorar el objetivo, la meta y el tipo de inversión.

En la sección de indicadores del programa sectorial dice que es el GIDE y lo describe: “Es el porcentaje que representa el Gasto en Investigación y Desarrollo Tecnológico [público y privado] respecto al PIB a precios de mercado en un año dado. Este indicador permitirá dar seguimiento al monto de recursos monetarios públicos y privados que se destinan a actividades de IDE mediante el porcentaje que representan del PIB” (p. 76). Además, precisó que en 2013 ese indicador era de 0.45 por ciento del PIB y la meta para el 2018 sería del uno por ciento. Ninguna confusión, todo está más que claro.

En este año, la estimación oficial dice que el indicador es de 0.50, la mitad de lo que se prometía, así que para el año próximo, a menos que se produzca un milagro, será imposible que ocurra lo que no se registró gradualmente en los cinco años anteriores. No es ninguna sorpresa. El mismo director de Conacyt, en el 2015, en la víspera del aniversario del aniversario número 45 de Conacyt, ya aventuraba que al final de este sexenio “la inversión podría alcanzar el 0.8 del PIB” (La Jornada 11.12.2015). Ni de lejos alcanzaremos ese porcentaje y, por supuesto, se refería al GIDE.

No puede ser de otra forma. Si usted busca comparar el desempeño científico de diferentes países o de una región y otra, no estará disponible el indicador GNCTI; si lo está es relativamente inútil. Sin embargo, siempre encontrará el indicador GIDE porque es el que mide el trabajo creativo para incrementar el volumen de conocimientos.

Tal vez el GNCTI podría alcanzar el uno por ciento del PIB el año próximo y sólo es una posibilidad porque las estadísticas oficiales se quedaron en 2015, hasta nuevo aviso. Pero la meta, el compromiso y el que importa es el GIDE. Uno y otro no son lo mismo, ni siquiera parecidos a un gato y una liebre (ahorrémonos la referencia culinaria).

Educación: la discrecionalidad para el Tec on line

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 726. Octubre 12, 2017. Pág. 5)

La emblemática institución particular de élite fundada en los años cuarenta, el ITESM, mejor conocido como el Tec de Monterrey, después de 20 días, ante el aumento de expresiones de inconformidad y una creciente demanda de información sobre el derrumbe de sus instalaciones en la Ciudad de México, en desplegado público a plana completa, da las gracias a las instituciones que le han ofrecido respaldo e informa de la implementación de un modelo educativo híbrido. Nada. Nada más y nada menos.

Antes, diez días después del sismo y también ante la presión, la institución informó que fallecieron cinco estudiantes, cuarenta personas resultaron heridas, dos edificios tenían daño estructural y se colapsaron sus puentes. También dijo que, institucionalmente, había tomado la decisión de no informar sobre la empresa constructora y se encerró en sí misma. ¿Puede hacerlo? Lo hizo.

Independientemente de que la autoridad judicial debe ser informada cuando ocurre el fallecimiento de personas y esclarecer la situación, todas las instituciones particulares que imparten educación, al menos aquellas que cuentan  con reconocimiento de validez oficial (RVOE), se supone que están reguladas por la normatividad educativa. El servicio educativo que prestan es un servicio público, sujeto a la ley aplicable.

La facultad de otorgar o retirar el RVOE le corresponde a la autoridad educativa. Una atribución que la SEP no dudó en ejercer para revocar las autorizaciones de incorporación del Colegio Rébsamen para prestar los servicios de preescolar, primaria y secundaria (Comunicado No. 282. 01.10.2017).

A pesar de que todavía no se conoce el peritaje oficial y está en curso la investigación judicial, con la revocación ejercida por la SEP, el Colegio tiene prohibido seguir prestando servicios educativos en ese o en cualquier otro plantel. A su vez, la misma SEP ofreció a todos los padres afectados, las facilidades para que inscribieran a sus hijos en planteles públicos o privados, así como la agilización de todos los documentos necesarios. ¿Eso también podría ocurrir en el Tec?

No hay comparación posible entre el Colegio Rébsamen y el Tec de Monterrey, salvo que ambos son instituciones educativas particulares, sus planteles están en la Delegación Tlalpan y debieran estar regulados por una misma normatividad. Pero son muy diferentes. El primero es una institución relativamente reciente, un negocio particular e imparte educación básica a un segmento reducido y local de población. El segundo es una institución de estudios superiores, con presencia nacional e internacional, fundado en 1943, dirigido a las élites, orientado a la formación de cuadros industriales, aunque desde la década anterior se ha acercado más a la formación social y humanista.

El Tec, además, cuenta con RVOE en todo el país, avalado por un decreto presidencial del 24 de abril de 1952 y un acuerdo de SEP de 1974 (DOF. 05.03.1974: 6). Un decreto otorgado por el entonces presidente Miguel Alemán, que ampara completa libertad “respecto de todas las cuestiones administrativas concernientes al plantel” y libertad para elaborar sus planes de estudio, programas y métodos de enseñanza, pero que no “podrá ponerlos en vigor sin la previa autorización de la Secretaría de Educación Pública” (DOF. 12.09.1952: 5). ¿Entonces? Nada ha dicho la autoridad educativa.

Un dato adicional más es que el Tec, a diferencia de la mayor parte de instituciones particulares, incluso algunas de élite, como lo informa en su página, además de los procesos nacionales, también acredita sus programas ante la Southern Association of Colleges and Scholls (SACS)

Tal vez, en correspondencia con sus atribuciones y capacidades, el Tec, en su reciente desplegado indicó que: “Con el apoyo invaluable de todos, hemos podido adelantar la implementación de un modelo educativo híbrido, que combina el uso de tecnologías modernas de interacción a distancia con sesiones presenciales, el cual ha hecho posible que nuestros casi 8,000 alumnos hayan regresado a clases”. (Reforma 09.10.2017: 3).

No existe más información sobre el “modelo educativo híbrido”, pero por el volumen de estudiantes, las aulas prefabricadas y la dispersión de espacios disponibles, seguramente la parte medular descansa en la modalidad de educación en línea. Un tipo de educación que muchas instituciones han puesto en práctica para satisfacer una demanda educativa creciente de bajo costo. Un rasgo que ha incomodado a un sector de sus estudiantes y sus familias, ante lo cual la institución ha reaccionado indicando que reducirá o devolverá colegiaturas. Pero ¿los estudiantes podrán revalidar o mudarse de institución? Difícil.

Se entiende la tragedia, también que la situación del Tec es extraordinaria, tal vez pasajera y que por ello apela a un cierto sentido de comunidad (han tratado de viralizar la etiqueta #UnSoloTec sin mucho éxito). Lo que no se entiende es que, a pesar de que presta un servicio público, no informa, no rinde cuentas y se conduce con opacidad. Tampoco se entiende la omisión de la autoridad educativa.

Posdata: la novedad es que el director de Conacyt dice que siempre sí: “al finalizar el sexenio estaremos llegando al 1 por ciento del PIB” del gasto nacional en CTI. Increíble.

Las TIC en la escuela: se (des)@prende(n)

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 725. Octubre 5, 2017. pág. 5)

Al final del año pasado, cuando se anunció el “Programa @prende 2.0”, un intento más para llevar las tecnologías de la información y la comunicación (Tic) a la educación básica, aquí mismo dijimos que seguramente no sería nada sencillo ponerlo en marcha (CampusMilenio No. 685). Pues sí, la semana anterior el gobierno federal canceló el proceso de licitación y lo pospondrá hasta nuevo aviso (Reforma 29.10.2017).

En los últimos 20 años, se ha procedido por ensayo y error, pero parece que las lecciones no han sido acumulativas. Así fue con los programas: Red Escolar; Enciclomedia; Habilidades Digitales para Todos; el Programa de Inclusión y Alfabetizacion Digital (Piad) que luego dijeron que era “Mi Compu.mx”; y, el más reciente, Aula @prende 2.0. En todos los casos, por diferentes motivos y con justificaciones muy variadas, los programas no han sobrevivido el cambio de administración e incluso los cambios se han producido en un mismo periodo gubernamental.

Los dispositivos tecnológicos, como los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras, los proyectores, los programas de software y el Internet, se han vuelto parte importante de nuestra vida cotidiana. Los salones de clase no han escapado al ingreso de estos dispositivos.

Sin embargo, está claro que en un país tan desigual como México, el acceso a la tecnología de la información no está al alcance de todos. Los programas gubernamentales que han buscado llevar las Tic a la escuela, según justifican los documentos normativos, han intentado operar bajo un principio de equidad y utilizar los dispositivos tecnológicos con un propósito pedagógico.

Nada, nada fácil ha resultado cumplir con la declaración de intenciones. La dimensión del sistema educativo nacional (alrededor de 136 mil escuelas de primaria y secundaria con una matrícula de casi 21 millones de estudiantes), un elevadísimo costo de infraestructura, una disparidad regional y una geografía relativamente accidentada, han chocado de frente con la idea de extender las Tic en la escuela. Y si sumamos los errores deliberados en la planeación, la compra de equipo y la corrupción en diferente escala, podemos tener una aproximación al problema.  

Tampoco ha sido fácil utilizar la Tic con propósitos pedagógicos. Está claro que el cúmulo de información y conocimiento se incrementa periódicamente y lo hace cada vez más rápido, también que tiene un impacto en la memoria, las formas de aprendizaje y las formas de expresión, entre otros aspectos. No obstante, sobre el uso de las Tic, las evidencias no son concluyentes sobre si los alumnos aprenden más y mejor con dispositivos tecnológicos o no. Tal vez tardarán todavía más.

En esta administración, desde la campaña electoral, pero también en el Pacto por México y en el programa sectorial quedó el compromiso de “dotar a todos los alumnos de escuelas públicas de una computadora o dispositivo portátil en o sexto grado de primaria”. Al final quedó como Piad y ahora dicen que es “Mi Compu.mx”. A través de este programa, el gobierno federal, hasta el ciclo escolar 2015-2016,  distribuyó poco más de 2 millones de laptops y tabletas en 15 entidades. Parecen muchas, pero consíderese el tamaño del sistema.

A la iniciativa anterior, le siguió en 2016 lo que llamaron el “Programa @prende 2.0” y que, como todos los previos, buscaría desarrollar habilidades digitales en todos los niños. Y, lo que resultó sorprendente, promovería “el pensamiento computacional de manera transversal al curriculum de acuerdo al contexto y nivel de desempeño”. Nada menos. A la par, crearon una coordinación general, como órgano desconcentrado de la Sep, para planear, porner en marcha y evaluar este programa.

La coordinación general de @prende.mx dijo que, además de elaboración de materiales, durante el ciclo escolar 2015-2016 había capacitado a 2 mil 695 formadores en los 15 estados participantes, quienes a su vez capacitaron a poco más de 60 mil docentes y otros 17 mil autoridades de planteles escolares.

En el más reciente informe de gobierno, se anunció que para el ciclo escolar 2017-2018, el “Aula @prende 2.0” se pondría en marcha como proyecto piloto. También se mencionó que durante junio y julio de este año ya se había realizado un proceso de licitación, en materia de equipamiento, para la implementación de 3 mil aulas digitales (p. 239). Seguramente las del proyecto piloto. Pero luego precisaron que solamente serían mil.

Sin embargo, como lo anotamos al inicio, ni pocas ni muchas, la coordinación de @prende 2.0 suspendió el proceso de licitación el pasado 25 de septiembre, el argumento fue que entre los mil planteles designados para licitación, “se han identificado escuelas que presentan daños graves”. No precisó cuántas.

Sí, el sismo afectó severamente varios inmuebles y seguramente trastocará el presupuesto de este año y el siguiente. Y también puede ser una causa justificada para no continuar con @prende 2.0, como también lo fueron, en su momento, las razones para no coninuar con programas anteriores. Entonces sí, las TIC se (des)prende(n) con mucha facilidad de los salones de clase.

CDMX. La división de responsabilidades y el recuento de daños

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 724. Septiembre 28, 2017. Pág. 5)

En Ciudad de México, poco a poco conocemos los estragos que causó el sismo del pasado 19 de septiembre. Lo más lamentable es el fallecimiento de casi dos centenares de personas, otro número indeterminado de desaparecidas y la cantidad de seres que están lastimados, física o emocionalmente. El caso emblemático de la tragedia es el colegio privado Enrique Rébsamen: la muerte de 32 niños y cinco adultos, la atención mediática que ha tenido y, lo más importante, las responsabilidades que están por determinarse.

Un tema muy conocido es que los desastres naturales, como los daños provocados por huracanes o sismos, no son tan naturales como a primera vista parecen. No lo son porque intervenimos para provocarlos o porque negamos sus evidentes consecuencias. La asociación entre el calentamiento global y la fabricación de huracanes devastadores es un ejemplo.

El caso de los sismos es otro ejemplo. A la fecha, todavía no se ha desarrollado una técnica que permita predecir cuando ocurrirá un sismo. Sin embargo, como ha dicho el Servicio Sismológico Nacional de México, lo que sabemos con certeza es que habitamos un país en el que los temblores son constantes, por lo que debemos estar preparados y la prevención “es lo único que nos puede ayudar”.

A pesar de que hemos experimentado el peligro de habitar una zona sísmica, insistimos en ignorar las lecciones. Sí, especialmente a partir de 1985, cuando se contaron por miles los muertos y desaparecidos, comenzamos a tomar un poco más en serio los temblores y hasta diseñamos una alarma sísmica (NYT. Mexico Has Some Earthquake Lessons for the United States. 09.22.2017)

Por cierto, no deja de ser una inquietante ironía que el mismo día, 19 de septiembre, 32 años después y casi enseguida de un simulacro, volviéramos a experimentar la réplica de un sismo de grandes proporciones. Una lección de vida para aquellos que no han tomado con seriedad el protocolo de evacuación.

En estas últimas tres décadas, como lo indica la edificación del colegio Rébsamen y otros inmuebles seminuevos, lo más difícil ha sido cumplir con las normas de construcción que se emitieron a partir del sismo de 1985. Y para aquellos inmuebles anteriores a esa fecha, lo complicado ha sido reforzarlos de conformidad con esa regulación. Las causas pueden ser muy variadas, aunque, generalmente, a la base se encuentra, inevitablemente, corrupción, voracidad, indolencia y un laberinto normativo entre los diferentes niveles de gobierno.

Al comienzo de esta semana, el gobierno capitalino dijo que, según el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, se habían revisado casi 11 mil inmuebles. De ese total, más de 9 mil son seguros y 500 “son de alto riesgo”. Por lo que se deduce que, los restantes, deben tener algún daño estructural y estos últimos suman más de un millar.

Las autoridades, ni locales ni federales, han dado a conocer cuántas instituciones escolares tienen daño estructural. Sin embargo, ha sido ilustrativo lo que ha ocurrido con los planteles de básica y media superior. En el inicio de esta semana, cuando se reanudaron las actividades escolares, solamente lo hicieron 82 escuelas de educación básica (56 públicas y 26 privadas) y 21 escuelas públicas de media superior. Poco más de un centenar; muy pocos. Al día siguiente se sumaron otros 573 planteles y el volumen fue incrementándose al paso de los días.

En la Ciudad de México, para darnos una idea, existen poco más de 8 mil escuelas de educación básica (su matrícula es de más de 1.7 millones) y casi 700 escuelas de media superior (cerca de medio millón de alumnos). Es cierto que, de conformidad con el gobierno local, no se reiniciaron clases en media docena de delegaciones políticas porque ahí seguían trabajando las brigadas de ayuda.

Y de las delegaciones que sí reiniciaron, ¿por qué no abrieron todas las escuelas? El secretario Aurelio Nuño dijo, correctamente, que era porque debían recibir un dictamen especializado de que no tenían daño estructural. Pero lo que llama la atención es la división de responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno (delegacional, local y federal) en materia educativa.

La Ciudad de México, como se sabe, es la única entidad en la que no se han descentralizado los servicios educativos, así que la provisión del servicio está bajo la responsabilidad del gobierno federal y, por tanto, también decidió, después de un peritaje, qué escuelas sí serían abiertas.

El problema, como lo muestra el Colegio Rébsamen y otras muchas escuelas, es que se reconocen como autoridades en materia de infraestructura educativa, tanto para planteles públicos como privados con autorización, el gobierno de la delegación, el titular capitalino y el gobierno federal (artículo 5 de la Ley general de la infraestructura física educativa). Una peculiaridad normativa de la Ciudad de México.

Entonces, es un sismo que deja al descubierto los escombros de viejos y nuevos problemas. Y lo importante será precisar quién es responsable de qué.

Ciencia y tecnología. Proyecto de gasto para cerrar la administración

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio edición digital No. 723. Septiembre 21, 2017. Pág. 5)

Una vez más, como ha ocurrido sistemáticamente desde el año 2004, queda registrado el incumplimiento de las últimas tres administraciones gubernamentales: no se hará lo que dice la ley en materia de financiamiento a la investigación científica y desarrollo tecnológico (artículo 9 Bis de la ley de ciencia y tecnología). No obstante, sí se modifica la participación relativa de Conacyt y de SEP en ese gasto.

En este periodo, desde el año 2015, cuando perdió impulso el incremento en el Presupuesto de egresos de la federación (Pef) y comenzaron los recortes, ya sabíamos que la actual administración, seguramente volvería a incumplir no solamente lo que marca la ley, sino también lo que suscribió en el Pacto por México y en su programa sectorial: alcanzar una inversión del uno por ciento respecto al PIB en investigación y desarrollo experimental (GIDE) para el año 2018.

Ahora, cuando el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, entregó al Congreso el paquete económico para el año próximo, también sabemos que el sector científico y tecnológico cerrará el ejercicio con una proporción de inversión, respecto al PIB, casi idéntica o inferior a la del inicio del periodo: en 2012 tenía 0.49 por ciento, en este año es de 0.50 y la cifra se repetirá para el año próximo o tal vez sea menor. Falta lo que digan los legisladores y lo más seguro es que no dirán nada.

No es fácil alcanzar lo que establece la ley en materia de financiamiento respecto al PIB; no lo es para alcanzar el uno por ciento para ciencia y tecnología. En el 2004, cuando se modificó la ley de ciencia, era el penúltimo año de Vicente Fox y el indicador pasó de 0.40 a 0.38 por ciento. En el sexenio de Felipe Calderón inició con 0.39 por ciento y al finalizar era de 0.49 por ciento. Y en el actual periodo, ya lo sabemos, no rebasaremos el 0.50 por ciento.

En cifras redondas, el presupuesto que plantea el gobierno federal para el año próximo en el sector científico y tecnológico es de 91 mil millones de pesos. Un incremento de apenas 5 por ciento de la cantidad aprobada para este año (86.4 mil millones de pesos). Sin embargo, si consideramos que el mismo gobierno federal, en sus criterios generales de política económica, calcula de forma optimista que la inflación para el año próximo será del 3 por ciento, resulta un incremento sumamente modesto.

Por otra parte, no olvidemos que el punto de quiebre fue en este año, cuando el gobierno federal redujo el presupuesto para ciencia y tecnología respecto del aprobado en el 2016. Un recorte de poco más de 7 mil millones de pesos en el presupuesto ejercido centralmente por Conacyt, lo que significó una disminución de 23 por ciento. Y sí, los diputados nada o casi nada dijeron.

Aquí nos ocupamos del asunto, en marzo pasado, cuando hizo crisis el tema de las becas para estudiantes de posgrado porque los apoyos no alcanzaban para todos los solicitantes. Después de las muestras de inconformidad de los jóvenes y de una protesta creciente, el organismo rector de las políticas científicas y tecnológica dio marcha atrás y autorizó becas para todos los solicitantes.

En realidad, si uno considera la distribución del presupuesto para ciencia y tecnología en el periodo de esa administración no deja de ser paradójico lo que ha ocurrido. Por una parte, recordemos que la creación del ramo 38, el dedicado al sector, se creó en el 2004 para darle mayor autonomía y capacidad presupuestal a Conacyt, respecto de otras secretarías que también gastan en actividades científicas y tecnológicas. Así que el presupuesto tendió a ampliarse y concentrarse en el organismo.

Por otra parte, si uno calcula la participación relativa de Conacyt en el total del gasto científico y tecnológico al comienzo de esta administración y la que tendrá para el final del periodo, resulta que más bien ha disminuido su participación. Así es, en el 2012 ejercía el 43.3 por ciento del total del gasto y para el 2018 ejercerá un 33.9 por ciento. Una disminución de casi 10 puntos porcentuales. Curioso, por decir lo menos.

Si Conacyt disminuyó su participacion relativa ¿quién la incrementó? El organismo concentra una tercera parte del total del gasto sectorial, pero otra tercera parte es de la Secretaría de Educación Pública (35 por ciento) y la parte restante se distribuye en una docena de secretarías. En proporciones menores Sagarpa (9.4 por ciento), Salud (7.4 por ciento), Energía, Economía y otras más.

Al comienzo del periodo, la participación relativa de SEP en el total de gasto científico y tecnológico era de 29.9 por ciento  y para el 2018 será de 34.7 por ciento. De hecho, esa proporción será ligeramente mayor que la controlada por Conacyt (33.9 por ciento). Una situacion inversa a la del inicio del sexenio. Y pues sí, es una paradoja: Conacyt se desectorizó de SEP para tener mayor autonomía y contar con un ramo de gasto propio, pero ahora resulta que ejerce un monto menor.

Claro, resta por conocer cómo fue que se produjeron estos cambios, de qué forma distribuye la SEP el presupuesto para actividades científicas y tecnológicas y cuáles rubros tuvieron el mayor incremento en este periodo.