Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 751.
Abril 26, 2018. Pág. 5)
Ningún
político, o casi ninguno, está dispuesto a la fiscalización de sus actividades y
todavía menos a auto aplicarse medidas al respecto. La transparencia y la
rendición de cuentas no son lo suyo. Si no hay más remedio, las aceptan a
regañadientes, pero siempre por conveniencia o buscando limarle los colmillos a
las medidas. Por la misma razón, resulta sorprendente que ahora los diputados
estén pensando en poner en marcha un sistema de evaluación de sus actividades.
Bueno, ni tanto, la posibilidad de reelección a partir de la próxima
legisaltura es un incentivo poderoso.
Una
iniciativa para reformar el reglamento de la cámara de diputados fue presentada
por el legislador priista Edgar Romo García, en la sesión del pasado 17 de
abril. La propuesta fue remitida a la comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias y, velozmente, ya tiene el dictamen correspondiente.
Asi que tal vez quedé aprobada en esta semana, en este mismo periodo. Aunque no
es seguro, porque con las prisas de siempre, se acumulan los proyectos, los
legisladores votan sin saber exactaemente qué.
La
mayoría de los políticos tienen una fama bien ganada, sin duda. Los motivos
están lejos de ser los mejores. Su imagen está asociada a la rapacidad, la corrupción,
la holgazanería, la mezquindad, el dispendio, la desconfianza y la mentira. La
promoción de su interés personal y la búsqueda de rentabilidad política es lo
que tienen en el horizonte. No, ni de lejos se ven como lo que debieran ser:
representantes de la Nación, como lo dice la Constitución.
Los
diputados llegan tarde, o quizás no llegarán, al furor de la evaluación. Al
comienzo de los años noventa, la evaluación ingesó en casi todos los ámbitos de
la vida pública. Fue una réplica de lo que en la década previa, en Europa, se
conoció como el Estado evaluador. Ahí comenzó la evaluación del desempeño
individual, de las instituciones y del sistema. Pero no, los legisladores, en
cuyas curules desfilaron buena parte de las normas a aplicar, quedaron más o
menos a salvo de la rendición de cuentas.
El
reglamento actual destaca 22 obligaciones de los diputados, pero con excepción
de un informe anual de desempeño que ellos mismos hacen o de la asistencia al
pleno, a reuniones o el trabajo en comisiones, el resto son inocuas. Incluso,
pueden pasar asistencia al inicio de la sesión o al momento de las votaciones, pero
ausentarse si les apetece o si tienen otros compromisos. Bueno, sí, también
deben alinearse y responder a los llamados del coordinador de su fracción
parlamentaria, pero no a sus representados.
Ahora, la
iniciativa del diputado Romo, propone instaurar un “Sistema de Evaluación de
Diputados”. Según su propuesta, habría que añadir cinco artículos Bis, al
actual atículo 284 del Reglamento de la Cámara de Diputados. El objeto de todo
el sistema sería: evaluar el desmpeño del trabajo legislativo del conjunto de
legisladores (Gaceta Parlamentaria.
No. 5006-IX. 17.04.2018-6185).
En
realidad es un conjunto de lineamientos. Por ejemplo, dice que el sistema se
deberá difundir de forma permanente en el sitio electrónico de la cámara, o
bien, que la evaluacion del desempeño se realizará considerando todas las
actividades y encomiendas que desarrollan. Y, claro, ponderando, lo que
corresponda.
El
proyecto también propone que las normas, la implementación y el funcionamiento del
sistema de evaluación esté a cargo de un Consejo Coordinador. El Consejo estaría
integrado por representantes de instituciones de educación superior, sociedad
civil y empresarios (tres por cada sector) y por miembros de la propia cámara.
Seguramente estos últimos sumarían mayoría, porque incluye: el presidente de la
mesa directiva (presidirá el Consejo); un representante de cada grupo
parlamentario (actualmente son ocho); el secretario general; el secretario de
servicios parlamentarios; y el titular de la Unidad de Transparencia.
El asunto es
trascendente porque la posibilidad de reelegirse como diputado estará en
operación a partir de la siguiente legislatura. Los resultados de la
evaluación, como lo propone elproyeto, serían uno de los insumos.
¿Recuerda la reforma constitucional
de febrero de 2014? Ahí se anotó que: “Las
Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los
diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos
consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad
de su mandato”. También incluye a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
Un artículo transitorio de esa misma reforma preciso que la
reforma no sería aplicable a los integrantes de la legislatura que estaba en
funciones cuando el decreto entró en vigor. Pero sí podrán optar por la
reelección los miembros de la próxima legislatura.
