Ciencia y tecnología. Austeridad sin costo...

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 767. Agosto 23, 2018. Pág. 5)

El ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dos semanas después de su victoria, anunció medio centenar de lineamientos para lo que ha destacado como el centro de gravitación de su gobierno: “el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”. Una intención que hace sentido frente a la lista de agravios, ligereza y despilfarro que retrata a una parte importante de la clase política y de servidores públicos.

En los lineamientos quedaron anunciadas las modificaciones normativas para atemperar riquezas, costumbres y privilegios de los servidores públicos de alto y no tan alto nivel. No parece sencillo, nada sencillo, cambiar la regulación y las prácticas de esa extensa capa de funcionarios que ha crecido en el invernadero lujoso de la función pública. Pero sí, en algún momento debe comenzar y podría ser en el próximo periodo. No obstante, valdría la pena pensar si todas las medidas anunciadas se pueden y deben aplicarse sin más ni más.

El inventario de acciones incluye, entre otras: la reducción del sueldo del presidente de la República y de todos los altos funcionarios públicos que ganan más de un millón de pesos anuales; nada de bonos, vehículos nuevos, ni equipo informático; guardaespaldas solamente para encargados de seguridad; la eliminación de las pensiones para los expresidentes y los viajes al extranjero sin justificación. Un ajuste muy relevante a la estructura burocrática, si se llega a poner en marcha.

Pero también está la reducción, en un 70 por ciento, de toda la estructura de confianza y de su gasto de operación. Para este personal se propone que su jornada laboral sea de lunes a sábado y con al menos 8 horas diarias de trabajo. No es la primera vez que se propone recortar a este personal. Sin embargo, el asunto no solamente es si se puede prescindir de servicios especializados, la cosa es que muchos de esos servidores ahora forman parte del servicio profesional de carrera, lo que les otorga estabilidad y permanencia. Despedirlos es difícil y muy costoso, como también lo sería su descentralización. ¿Cueste lo que cueste se hará?

Todavía más, en el número 18, entre los muchos lineamientos también quedó incluido: “Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia”. Una medida necesaria para terminar con la opacidad en el ejercicio de un monto creciente de recursos públicos. No obstante, lo que a primera vista parece justificado, generalizarlo podría provocar la cancelación de múltiples programas de la administración pública. En el sector de ciencia y tecnología, por ejemplo, quedarían en vilo los fondos institucionales, sectoriales y mixtos.

Es comprensible la idea de cancelar los fideicomisos. Al comienzo de los años noventa, un fondo fue la figura emblemática que permitió la operación del controvertido rescate bancario, en lo que se conoció como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y que al final de esa década se convirtió en Ipab. Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente electo, documentó el caso (Fobaproa, expediente abierto, Grijalbo. 1999).

Los fideicomisos públicos siempre han estado moviéndose en el filo de la regulación y la opacidad. A partir de los años 2000, en la ley de ingresos, quedó establecida la obligatoriedad de informar sobre los fondos y fideicomisos federales (CEFP. Fideicomisos públicos. Normatividad relacionada y situación a marzo de 2005). No obstante, con frecuencia, se ha omitido la regulación y múltiples fondos han crecido al amparo de la discrecionalidad, con un volumen de recursos que se incrementa año con año.

El principio fiduciario establece un acuerdo para delegar poder o bienes a un tercero para que lo administre a favor de un beneficiario. Los fideicomisos son un contrato, un instrumento financiero, mediante el cual una persona física o moral (fideicomitente, en este caso la administración pública) delega o destina determinado patrimonio a una institución fiduciaria (banca pública o privada) para la realización de objetivos o fines lícitos muy precisos para beneficiar a una tercera persona (fideicomisario) o para sí misma.

En mayo de este año, la organización Fundar, presentó su reporte: “Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público”. Los datos que ahí se presentan muestran las dimensiones del problema. Por ejemplo, dice que los fideicomisos a nivel federal son 374 y suman recursos por más de 835 mil millones de pesos. Nada para subestimar.

Uno de los mayores problemas es que, dice la investigación de Fundar, la mayor parte de los fideicomisos (9 de cada 10) y, por tanto la parte proporcional de recursos, son concentrados en entidades no paraestatales, es decir, funcionan sin mecanismos de control interno. Esto ha provocado que, por ejemplo, en 2016 ejercieran el triple del monto que se les había autorizado.

Sin embargo, tal vez, en lugar de prescindir el instrumento financiero, lo conveniente, sería someterlo a las mismas reglas de transparencia, publicidad y rendición de cuentas de todo recurso público. Actualmente, en el caso del sector científico y tecnológico, suman más de medio centenar de fondos (sectoriales y mixtos, principalmente) e involucran más de 26 mil millones de pesos. Es casi una tercera parte del gasto federal en el sector. ¿También debiera ser eliminado? Lo veremos en detalle en próxima entrega.

Conacyt. ¿mejor a Zapopan?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 766.  Agosto 16, 2018. Pág. 4)

En la primera hoja, en la esquina superior derecha, aparece la firma de recibido y la fecha del 7 de agosto de 2018. Se trata de un documento entregado por Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, Jalisco, en la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador; ahí propone trasladar a Conacyt a su municipio. Sí, lo entregó en esa casa de la colonia Roma que alguna vez fue el Centro de Teatro Infantil; hoy, en el mismo lugar, se hacen otras representaciones: cientos de personas de diferentes lugares de la República se forman diariamente en busca de una solución a sus dificultades o de exponer el problema que piensan resolver.

El alcalde de Zapopan, como cualquier otro ciudadano, se desplazó a la casa de transición y ahí, en media docena de cuartillas, le propone al gobierno federal electo el proyecto para el que tiene la solución: “convertir a la ex Villa Panamericana en la nueva sede nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y en un centro para el desarrollo de la tecnología y la innovación”.

Pablo Lemus, dice de él mismo, es el primer alcalde reelecto en el municipio y los ciudadanos le volvieron a otorgar su confianza para seguir gobernando. La reforma electoral del 2014 ahora permite la reelección de legisladores, así como de munícipes. El edil reelecto también añade que su gobierno está comprometido con la transparencia y ha ocupado el primer lugar en las evaluaciones nacionales que han realizado organismos como el Cide o los institutos Mexicano para la Competitividad (Imco) y Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Muy convincente.

Los argumentos de Lemus no solamente se refieren a sus logros. El lugar que está ofreciendo parece inmejorable: son las instalaciones de lo que fue la Villa Panamericana en 2011, pero que hoy están abandonadas y en franco deterioro (Milenio 17.06.2018). Las razones son una mala planeación, el uso de suelo que no se corresponde y organizaciones que han impugnado su utilización. El terreno suma en total 17 hectáreas: 160 mil 269 metros construidos; 644 departamentos (los que alguna vez alojaron a los atletas de los Juegos Panamericanos); cuatro edificios y 2 mil 500 cajones de estacionamiento. Espacio y construcción es lo que sobra.

Además, dice Lemus, si se compara Zapopan, Jalisco, con la Paz, Baja California Sur, el primero sale favorecido. Recordemos que en el extenso documento “Proyecto de Nación 2018-2024”, elaborado antes de las elecciones pero que es la base de las líneas de acción del gobierno federal electo, se propone de forma preliminar la descentralización de las secretarías y que cada entidad federativa contará con una dependencia federal (p. 277). Los ejemplos que ahí se anuncian suman 27, no 32; y para el caso de Conacyt, como para todos, no se dice porqué, pero se sugiere trasladarlo a La Paz, BCS.

Las ventajas que presenta el presidente municipal de Zapopan, parecen contundentes: si se estiman 90 mil metros cuadrados para una dependencia federal, la Villa Panamericana potencialmente tiene casi el doble ya construido, en La Paz, BCS, no se tiene nada; la oferta de vivienda también es favorable (11 mil 436 frente a 2 mil 673); y también triplica la oferta de instituciones de educación técnica y superior. (33 frente a 9).

Entonces ¿no habría mucho qué pensarle para comenzar el traslado a Zapopan? Tal vez sí o tal vez no. Por un lado, todavía estamos en el periodo de transición, y como para casi la totalidad de acciones y programas anunciados por el gobierno federal electo, no se sabe cómo quedará el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación y si alcanzará para todo lo que se está proponiendo. Tampoco están las definiciones, la jerarquía ni el detalle de cómo se pondrán en marcha las diferentes iniciativas. Por ahora todo es relativamente incierto.

Por otro lado, María Elena Álvarez-Buylla, la persona nombrada por AMLO como la próxima directora de Conacyt, no ha dicho públicamente si le parece buena o mala idea el desplazamiento geográfico del Consejo o cómo ocurrirá. En contraste, Esteban Moctezuma Barragán, el siguiente secretario de Educación Pública, rápidamente dijo que, personalmente, se trasladará a Puebla para analizar y planificar el cambio desde esa entidad. Claro, en el caso de Educación, ninguna otra entidad o municipio, públicamente, ha levantado la mano para hacer otra propuesta de traslado.

El escollo mayor para optar por Zapopan, sin embargo, podría no ser el dinero, los detalles de la iniciativa o la disposición personal. El problema es que la Villa Panamericana está asegurada por la autoridad ministerial, tiene juicios en curso y, según el presidente de Conciencia Cívica, Salvador Cosío, el inmueble tiene complicados problemas legales por resolver (https://goo.gl/9DiYWd).

En definitiva, una descentralización no se puede improvisar ni producirse en el corto plazo, salvo que no esté pensada para llevarse realmente a efecto o en la escala prevista. Tal vez sería tiempo de plantearse hasta dónde deben llevarse las expectativas, planear mejor y, sobre todo, qué vale la pena cambiar y qué importa conservar.

Sistema de Innovación Mexiquense. ¿Iniciativas estables?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 765. Agosto 9, 2018. Pág. 5)

En agosto de 2010, hace casi una década, a través de la aprobación de un fondo multilateral de inversión, con aportación parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) buscaba incrementar la inversión en innovación por parte de las Pymes de la entidad “y fortalecer los vínculos colaborativos con centros tecnológicos, universidades y entidades públicas locales que conforman el sistema estatal de innovación (SEI)” (M1059). Ahí comenzaba la idea consolidar los sistemas regionales y especialmente aumentar la capacidad de innovación y competitividad empresarial en el Estado de México (Edo. Méx.).

El diagnóstico, similar para la mayor parte del país, era que las pequeñas y medianas empresas tenían, y siguen teniendo, dificultades para ingresar a los beneficios derivados de los programas de apoyo a la innovación. Por el contrario, para las grandes empresas, las estrategias de acercamiento a centros de investigación han sido relativamente exitosas. Así que el proyecto se proponía aproximar las Pymes a los agentes de innovación. El volumen de recursos para impulsar el proyecto fue de casi dos millones de dólares (47 por ciento BID; 46 por ciento Comecyt; y 7 por ciento Conacyt).

Los logros del proyecto fueron básicamente la realización de encuentros, foros, cursos de capacitación, diseño de materiales y, sobre todo, la elaboración de agendas sectoriales. El último reporte del proyecto, de junio de 2014, dice que los resultados alcanzados son satisfactorios. La evaluación parcial sostiene que se identificaron las necesidades y la problemática de sectores económicos específicos de la entidad, lo que ha permitido realizar una agenda estatal de innovación y también por sector. Además, añadió la evaluación, los concursos para identificar proyectos innovadores de Pymes se han financiado con recursos totalmente estatales y han generado un fuerte interés.

Ahora, el actual gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo, recientemente anunció la puesta en marcha del Sistema Mexiquense de Innovación. Según indica el boletín correspondiente, el objetivo se vuelve a reiterar: integrantes de los sectores económico, académico y gubernamental, a partir de una Agenda Estatal de Innovación, “fortalecerán la colaboración y la vinculación intersectorial para ofrecer más oportunidades de negocios, mediante la promoción de inversión extranjera directa.” (01112/2018).

Tal parece que se trata de un segundo momento en la instauración del SEI en la entidad. Aunque, en sentido estricto, más allá de mencionar un vínculo, buscar una mayor inversión o enunciar algunos sectores (agroalimentario, automotriz, plástico, químico y salud) no aparece por ningún lado cuáles son los puntos de esa agenda estatal.

El curso que ha seguido la intención de poner en marcha un SEI no es reciente, como se puede advertir. Al menos, están involucradas las últimas tres administraciones en la entidad. Inició con el préstamo del BID, cuando el ejecutivo estatal era Peña Nieto, actual presidente de la República; el proyecto continuó y concluyó en la administración de Eruviel Ávila; y, al parecer, una nueva fase comienza en el periodo del actual gobernador. Los tres gobernantes del mismo partido político

Lo sorprendente es que ni en las ofertas políticas para las competencias electorales y casi que ni en los informes de gobierno quedó mencionada la idea de instauración o continuidad del SEI. En el 2011, Eruviel Ávila, como candidato, propuso incrementar becas y multiplicar por un factor de cinco el presupuesto para ciencia y tecnología, así como crear universidades digitales. Nada sobre el SEI. Talvez no era relevante para fines electorales, se dirá. No obstante, el heredado proyecto del BID sí tuvo continuidad. Sin embargo, en el 2017, los resultados no fueron registrados en el último informe de gobierno de Ávila. Ahí nada más se mencionó los más de 1 mil 400 millones de pesos de recursos federales entregados para 315 proyectos de empresas en la entidad (p. 180). Y no, al término del periodo, la inversión en el sector no se quintuplicó.

Por su parte, la coalición ganadora de las elecciones del año pasado en la entidad, en su plataforma electoral, sí recuperó la idea de innovación en sus propuestas. (Por cierto, se recordará que ahí el PRI fue en coalición con el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social). Luego, en este año, ya como gobernante, Del Mazo, en su Plan de Desarrollo 2017-2023, volvió a plantear la necesidad de realizar un diagnóstico para definir la agenda de innovación e implementar el Sistema Mexiquense de Innovación (p. 136).

En fin, todavía es incierto qué resultará de los propósitos anunciados, pero el caso muestra la dificultad de sostener las iniciativas a lo largo del tiempo, incluso cuando se trata de una secuencia de gobernantes del mismo partido –ya no digamos de partidos opositores-- y la importancia de establecer acuerdos intertemporales si se trata de resolver verdaderos problemas de interés público. Si ahora consideramos la escala nacional y el cúmulo de sectores e iniciativas en curso, tendremos una idea de la complejidad a la que estamos ingresando con el cambio de gobierno.

Cuarta transformación. ¿Dónde quedará la tercera función universitaria?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

En la región, la docencia, la investigación y la extensión han sido consideradas las funciones sustantivas de la universidad. Sin embargo, en las décadas recientes, la discusión pública y la formulación de propuestas se ha concentrado más bien en las dos primeras, soslayando o subestimando la tercera función. No siempre fue así y tal vez va siendo hora de volver a discutir el papel de la extensión.

Ciertamente, buena parte del interés público sobre la educación superior, en México y en América Latina, se dirige a tratar de buscar y ofrecer alternativas a los problemas de cobertura y calidad en este nivel. Y sí, no hay duda, ampliar las oportunidades educativas de calidad para un mayor número de jóvenes sigue siendo un asunto elemental. En la región, el promedio de cobertura para el grupo de edad es de alrededor del 45 por ciento. No obstante, hay varios países que están abajo de ese promedio (México, por ejemplo, tiene menos del 40 por ciento) y otros que lo superan claramente (Brasil o Argentina).

Otra parte del debate intenta dirimir cuál podría ser el modelo universitario a seguir: uno, centrado fundamentalmente en la educación profesionalizante; otro, orientado a la producción de conocimiento; o bien, otro que equilibre los dos anteriores, aunque sin mucha fortuna. Las opciones han dependido de la estructura de incentivos puestos por la política pública. Sin embargo, ha sido relativamente claro que solamente una parte muy reducida de instituciones pueden optar por un modelo orientado por la investigación.

En las propuestas que se formulan, sea para expandir la cobertura o para decidir sobre el modelo de referencia, pocas veces, muy pocas veces, figura la tercera función universitaria. Generalmente asociada a la extensión o difusión de la cultura, entendida como llevar el conocimiento o las actividades culturales a una población más amplia, particularmente la que no ha tenido oportunidad de ingresar a la educación superior. Pero, si es el caso, generalmente se reserva para unas cuantas instituciones, las más consolidadas del conjunto del sistema.

El origen de la extensión universitaria en la región, como lo dice Carlos Tunnermann, puede situarse en el movimiento reformista de Córdoba en 1918 –ese que en este año cumple un siglo--, porque ahí se realizó el primer cuestionamiento serio a la universidad latinoamericana tradicional y comenzó la preocupación por extender la acción universitaria más allá de los marcos institucionales (El nuevo concepto de extensión universitaria y difusión cultural y su relación con las políticas de desarrollo cultural en América Latina).

En el famoso y multicitado Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de junio de 1918 quedó anotado: “Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y -lo que es peor aún- el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil”.

No solamente las universidades buscaron salir de sus umbrales institucionales. El origen del Colegio Nacional en México, al comienzo de los años cuarenta, también tuvo un propósito fundamentalmente de divulgación. Según su decreto de creación, personalidades de la filosofía, las ciencias y las artes debían estar en contacto con “aquellos hombres que en virtud de las actividades a que fundamentalmente dedican su existencia,

quedan impedidos de concurrir a los centros escolares en que normalmente se imparten estas enseñanzas, o bien con quienes, ya iniciados en ciertas disciplinas buscan su perfeccionamiento” (Diario Oficial de la Federación  13.05.1943: 7).

El tiempo ha pasado desde el movimiento reformista de Córdoba y la creación del Colegio Nacional. Entre otros muchos cambios: las instituciones educativas se han multiplicado, pero han perdido su lugar privilegiado como fuente de conocimiento; la cobertura de la educación superior se ha ampliado, aunque de forma desigual; la formación definitiva ha dado paso a la educación a lo largo de la vida; la estructura de incentivos para las instituciones se ha modificado; la información y el conocimiento se han acumulado exponencialmente; y una revolución informática y dispositivos tecnológicos también han ingresado en las aulas. ¿La extensión universitaria tendría que volver a replantearse? Probablemente.

La Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria, en febrero de este año y en anticipación a la conmemoración del movimiento reformista de Córdoba, declaró que: “Es la hora de seguir consolidando la Extensión como una forma de aprender, enseñar, investigar y producir conocimiento. Es la hora de vincular profundamente a estudiantes y docentes y a nuestras universidades como un todo, con los procesos de transformación democrática y solidaria de nuestras sociedades latinoamericanas” (uleu.org).

Si en México habrá una cuarta transformación, esa tercera función de la universidad también debiera discutirse.

SECITI. El legado de Mancera que no fue

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 763. Julio26, 2018. Pág. 5)

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, tal y como ahora funciona, no lo será más a partir de diciembre próximo. No duró ni un sexenio. Esa instancia, según lo anunció recientemente Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno electa, se fusionará con Educación y se convertirá en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. La titular de la nueva entidad será Rosaura Ruiz Gutiérrez, integrante de la junta de gobierno de la UNAM y también profesora de la Facultad de Ciencias de la misma universidad.

El cambio todavía no queda establecido en la normatividad local, tampoco en el organigrama y los nombramientos aún no son efectivos. De hecho, por ahora, la nueva secretaria, así como todos los funcionarios designados, integran un gabinete virtual; todos los titulares asumirán funciones hasta el 5 de diciembre. En todo caso, por lo pronto, se ocuparán de atender los asuntos de la transición correspondiente.

Sin embargo, parece indudable que, llegado el momento, los nombramientos y cambios organizativos se realizarán sin mayores complicaciones. En la primera legislatura de Ciudad de México, los escaños que logró la coalición que postuló a la jefa de gobierno electa suman 42 de 66 posibles (Morena se adjudicó 38, el PT tres y uno el PES).

¿Cuál podría ser la razón para fusionar dos secretarías en una? Claudia Sheinbaum dijo que era “no sólo por un asunto de austeridad si no principalmente porque consideramos que la educación no puede estar separada de la ciencia y la tecnología” (Reforma 23.072018: 18). El cambio parecería doblemente razonable: ahorrar en estructura burocrática sin perder eficiencia y reunir administrativamente dos sectores que bien podrían trabajar de forma conjunta.

No obstante, por una parte, vale la pena recordar que Andrés Manuel López Obrador, el ahora presidente electo, en el tercer y último debate presidencial, ante la pregunta explícita de la moderadora de si crearía una Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación Superior. Él respondió: “no, no, vamos a fortalecer al Conacyt” (12.06.2018) Y en ese momento reiteró que nombraría a María Elena Álvarez Buylla como titular del organismo. Así que a nivel federal, a diferencia del local, la educación (superior) si puede estar separada de la ciencia y la tecnología.

Por otra parte, como seguramente se tiene presente, el gobierno de Ciudad de México no tiene bajo su responsabilidad los servicios de educación básica y normal, mientras que el resto de entidades federativas sí los tienen. El gobierno local solamente controla el sistema de planteles dependientes del Instituto de Educación Media Superior. En el nivel superior está la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), pero es una institución autónoma.

Pero también están los cinco planteles de educación superior que impulsó precisamente Morena hace dos años, ubicados en las delegaciones políticas que gobernaba y de los que poco se sabe. Además, también está la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, gobierno federal electo, de crear un centenar de universidades públicas en el país durante su sexenio. Todavía no hay demasiadas precisiones sobre ese proyecto ni tampoco se conoce, si es que efectivamente se lleva a cabo, cuántas de esas instituciones se ubicarían en Ciudad de México. Visto así, el número de instituciones de educación superior que habría en la ciudad capital no sería irrelevante, por lo mismo tendría otro carácter y otra dimensión fusionar las dos secretarías que ahora se proyecta.

En este asunto tampoco se debe soslayar el desempeño de la efímera Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad (Seciti). La secretaría apenas se creó en enero de 2013, en su momento de instauración, el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que había sido compromiso de campaña y se dispuso a cumplirlo. Además, argumentó que la nueva estructura administrativa no requeriría financiamiento adicional porque funcionaría sobre las bases del Instituto de Ciencia y Tecnología (entidad a la que sustituyó). Poco duró.

Sin embargo, apenas habían transcurrido escasos tres años de operación de la Seciti cuando comenzó a recibir críticas. En este mismo espacio, en su oportunidad, dimos cuenta de la posición del diputado Israel Betanzos que frente a Miguel Ángel Mancera, en ocasión de su cuarto informe de gobierno, le espetó que por inutilidad debía desaparecer esa secretaría, así como los institutos de Juventud y Deporte, con lo que se ahorraría aproximadamente 1 mil 400 millones de pesos (Campus Milenio No. 675). Una posición que se hará realidad.

Por cierto, el diputado Betanzos se refería especialmente a que la Seciti no había participado en el diseño y planeación del programa de las Fotomultas, uno de los programas que fue y sigue siendo controvertido. Pero la Seciti, con un presupuesto relativamente reducido, el menor entre el conjunto de secretarías, fundamentalmente entrega apoyo para proyectos de investigación, becas para estudios de posgrado (doctorados y posdoctorados) y entrega el premio Heberto Castillo, entre otras iniciativas.

Esperemos a conocer la estructura de la nueva secretaría y, sobre todo, el plan que tiene para fusionar los dos sectores. Por ahora, todo se localiza en el marco de los anuncios.

Descentralización de secretarias. ¿Conacyt se va al... norte?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 762. Julio 12, 2018. Pág. 5)

La primera vez que apareció el “Programa de descentralización de las dependencias federales” solamente logró levantar algunas cejas y mirarlo con cierto desdén. El programa formaba parte del apartado de infraestructura de ese voluminoso, apresurado y relativamente desordenado Proyecto de Nación 2018 -2024 de Morena. Era noviembre de 2017 y todavía quedaban muy lejanos los resultados de las elecciones federales.

Incluso, al inicio de junio de este año, cuando ya se había realizado el tercer debate presidencial y ahí mismo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer el nombre de la persona que tenía pensada para ocupar la titularidad de Conacyt --María Elena Álvarez-Buylla--, tampoco se le veía con seriedad. Un eventual gabinete tomaba forma, las tendencias en las preferencias electorales se sostenían, pero las propuestas y los votos en las urnas aún tenían esa dosis de incertidumbre e irrealidad.

En el cierre de campaña de AMLO, en el norte de la República, hacia el final de junio, le dijo a la audiencia reunida para escucharlo: “Ya tomé la decisión de que aquí en La Paz va a estar el Conacyt. En la descentralización (que hará de las instituciones públicas), el Consejo para la Ciencia y la Tecnología va a tener como sede La Paz, Baja California Sur” (El Financiero 19.06.2018). Ya no parecía tomársele a la ligera.

Ahora, una vez conocido el desenlace de la contienda electoral y cuando la transición ya está en marcha, una buena parte de las propuestas de entonces serán parte de las acciones del futuro gobierno a partir del próximo primero de diciembre. Seguramente la descentralización de las dependencias federales formarán parte de la estrategia.

En realidad, en sentido estricto, no sería una descentralización, en todo caso, si se llevara cabo, sería una “desconcentración”, porque se transferirían dependencias o funciones administrativas hacia otras entidades, pero el ejecutivo federal seguiría manteniendo el control y sus capacidades de decisión. ¿No? Por el contrario, una descentralización significaría delegar funciones, recursos y capacidades a otros niveles.

De cualquier forma, la desconcentración es una medida audaz, compleja, lenta y riesgosa. Aunque, sin duda, vale la pena intentarla. Sí, México no se termina en el periférico de la Ciudad de México (Cdmx), como frecuentemente espetan los habitantes de otras entidades federativas, ante la soberbia, los privilegios o la miopía de los habitantes de la Ciudad capital.

Lo que contiene el documento del Proyecto de Nación 2018-2024 sobre la descentralización de las dependencias federales es apenas un esbozo. En cuatro páginas está el diagnóstico, objetivo, metas, acciones y costos. Por ejemplo, destaca el exacerbado centralismo de México: “El gran generador de ésta histórica concentración ha sido el sistema político mexicano, que desde hace siglos ha hecho que la mayoría de las decisiones del poder graviten en torno al centro político de la nación...” (p. 276). También menciona cifras: alrededor del 80 por ciento de los casi tres millones de personas que trabajan para el gobierno federal (en 18 secretarías y 299 entidades de gobierno) se concentran en la Ciudad de México.

En consecuencia, el objetivo es descentralizar el gobierno para empezar el “proceso de desconcentración de la megalópolis mexicana de forma planificada”. Un proceso que, se plantea, contribuiría a la reactivación económica, la generación de empleo, bienestar de las comunidades y eficiencia en los trámites administrativos. Por lo pronto, de forma preliminar ahí se anotaron casi una treintena de dependencias de la administración pública que se trasladarían a otras entidades federativas. No, no están las secretarías de mayores capacidades políticas: Gobernación; Hacienda; Defensa Nacional; Marina; o Relaciones Exteriores. Sí están las otras 13 secretarías y organismos como Conacyt.

No obstante, las líneas de acción consideran la realización de estudios para decidir el destino de las reubicaciones, el traslado parcial o total de las dependencias, así como la conciliación sindical y la problemática social y política asociada al traslado laboral. Tal vez la movilidad de los trabajadores sea uno de los puntos más sensibles y complejos para llevar a cabo la desconcentración de la administración pública. No es menor, nada menor, aunque seguramente dependerá de la estructura de incentivos que se diseñe.

Tampoco lo son los recursos financieros que estarían implicados y ese puede ser otro punto de naufragio para las buenas intenciones. Sobre todo si le sumamos la gran cantidad de iniciativas que están comprometidas. En las previsiones presupuestarias, en el Proyecto de Nación, se considera que la inversión anual para la desconcentración sería de alrededor de 21 mil millones de pesos, el total sumaría aproximadamente 125 mil millones de pesos durante el sexenio y solamente el primer año sería de presupuesto público, el resto sería por otros instrumentos de financiamiento. Nada sencillo de resolver.

En fin, por ahora sigue la idea de trasladar a Conacyt para el norte de la República. Después de todo, no será la primera vez, casi medio siglo después de instaurado, el Consejo sigue sin tener un edificio propio y sería una mudanza más en su larga lista. Esperemos los planes.

La cuarta transformación. ¿Y qué para educación y ciencia?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 761. Julio 5, 2018. Pág. 5)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el virtual presidente electo, en su primer discurso, el mismo día de su victoria, ha dicho que una mayoría importante de ciudadanos “ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México” y que “erradicar la corrupción y la impunidad será la misión del nuevo gobierno”. También ha mencionado a las personas que integrarán un equipo de transición para este periodo. Y no, ni en una ni en otro aparecen los temas educativos; tampoco los científicos y tecnológicos.

Sin duda, la corrupción y la impunidad son, ante la opinión de una buena parte de los ciudadanos, una dupla que sintetiza uno de los principales problemas de México. También es uno de los motivos del hartazgo de los gobernados y seguramente uno de los factores que pueden explicar la violencia, la desigualdad social y económica, tanto como el comportamiento e inclinación de los votantes.

Sin embargo, los problemas y los desafíos de gobierno requerirán de un plan integral; una jerarquización de estrategias y acciones bien definidas. Es comprensible que no todos los problemas públicos, ni todos los sectores de la administración pública, ocupen un lugar destacado en las menciones que realiza el próximo gobernante o en su declaración de intenciones.

AMLO, en su primer discurso puso énfasis en que “los cambios serán profundos, pero se darán con estricto apego al orden legal establecido”. ¿La educación o las actividades científicas y tecnológicas podrían estar ausentes? No. Por lo menos no debieran. Atrás quedó el tiempo de campaña, las promesas, la retórica encendida, las disputas y las frases que capturaron la atención mediática. Toca la hora de pisar el inescrutable y resbaladizo terreno de las prioridades en las tareas de gobierno.

La mayoría de los gobernantes han seleccionado esa frase sonora con la que quieren sintetizar el propósito de su periodo y rezumar las acciones estratégicas que piensan poner en marcha. El inventario de frases de los sexenios más recientes ha sido elocuente: “renovación moral”; “modernización de México”; “bienestar para tu familia”; “gobierno del cambio”; “el presidente del empleo”; o “mover a México”. No obstante, al final del periodo, las palabras quedan flotando para el registro histórico y las acciones siguen un curso que poco tiene que ver con el propósito anunciado.

En el primer discurso de AMLO ha quedado claro que tiene identificada a la corrupción como el problema a erradicar; también la inseguridad y la violencia. De hecho, sobre esto último, como lo reiteró a lo largo de su campaña dijo: “Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige, necesariamente, del combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.

Efectivamente, el otro grave problema que tenemos como país es el de la desigualdad y en este terreno enfrentamos los mayores obstáculos. Acaso la desigualdad en el ingreso sea la más inocultable, pero junto a ella están las de origen étnico, las de residencia, las de género, las de acceso al conocimiento y desde luego las educativas, entre otras.

La política social es uno de los instrumentos que los gobiernos utilizan para propiciar el desarrollo y el bien común. No solamente es la provisión de servicios como la educación, la salud o la seguridad social para la población gobernada y especialmente para la que enfrenta condiciones más adversas. También son decisiones sobre justicia social, respaldo ciudadano, cohesión social, estabilidad política y desarrollo económico.

Así que las iniciativas en materia educativa, tanto como las del sector científico y tecnológico, no son ni serán irrelevantes. A este respecto, la coalición ganadora, “Juntos haremos historia” y particularmente AMLO, presentó, desde noviembre del año anterior, su “Proyecto de Nación 2018-2024”. Un documento de más de 400 páginas en el que se incluyen los proyectos que tiene previstos en materia política, económica y social.

Sin embargo, seguramente, ese Proyecto de Nación que ya conocemos es apenas una versión adelantada, preliminar, de lo que podría ser su programa de gobierno. Era otro momento y otras las condiciones. Aquí mismo, en su oportunidad, comentamos la extraño de que su proyecto de educación iniciara, precisamente, con una amplia justificación de los beneficios que habría si se otorga autonomía a las instituciones de educación superior particulares. También de que la ciencia solamente se mencionara en el subtítulo del apartado, pero no hubiera tratamiento ninguno.

En fin, a pesar de que en el discurso de AMLO del domingo pasado, en el zócalo capitalino, no incluyó al sector educativo ni al científico y tecnológico, se entiende que existen responsables que se encargarán de la transición en estas áreas (Esteban Moctezuma Barragán y María Elena Álvarez-Buylla). Así que están por delante escasos cuatro meses para una mejor definición de las líneas del programa del nuevo gobierno y una base razonable en esas áreas que permita pensar en una verdadera cuarta transformación.