Alejandro
Canales
UNAM-IISUE/SES
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canalesa99
(Publicado
en Campus Milenio No. 777. Noviembre 1, 2018. Pág. 5)
“Las evaluaciones de desempeño deben ser aplicadas a
servidores públicos, líderes sindicales, dirigentes de partidos, diputados,
senadores e incluso al presidente”. Eso fue lo que dijo el presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en el “Encuentro
internacional de educación inicial y preescolar”, realizado el pasado 19
de octubre. Las palabras pronunciadas fueron a propósito de su idea de cancelar
la reforma educativa y la evaluación de profesores; lo ha reiterado en múltiple
foros y entrevistas.
A
los pocos días del resultado de las elecciones, el mismo AMLO dio a conocer los
“50
lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una
política de austeridad republicana”. Un marco normativo preliminar que regulará
la actuación de los funcionarios de la próxima administración y la relación con
los ciudadanos.
Además,
el presidente electo, desde la campaña electoral y a quienes se sumaron a ella,
les dijo que se guiarían por tres principios: “no mentir, no robar y no
traicionar al pueblo de México”. Solicitó apego a los principios a quien
participara. Más aún, también lo ha dicho AMLO en diversas ocasiones, el
siguiente gobierno será un cambio de régimen, un nuevo modelo en el orden
político, económico, cultural y social; una separación de los poderes político
y económico. De ahí viene su idea de la cuarta transformación que experimentará
la nación bajo su periodo.
No
parece haber duda de que el nuevo gobierno será distinto; las cosas y la reglas
podrían ser diferentes. Pero ¿qué tanto se modificará o qué ocurrirá con el
intrincado y difícil entramado de normas que actualmente regula la vida gris de
la administración pública? La intensa y necesaria función pública suma miles de
leyes, normas y reglamentos, bajo las cuales regula un enorme volumen de planes,
programas y acciones; y distribuye cientos de miles de millones de pesos que siguen
rutas muy variadas.
Actualmente,
existe un marco jurídico y político que delimita atribuciones, marca
responsabilidades y establece obligaciones con implicaciones legales y
públicas. Las reformas constitucionales han establecido las bases para la
rendición de cuentas y los mecanismos de transparencia. Desde luego, como es
claro, eso ha sido insuficiente, porque no ha impedido los errores, la
ineficacia y el incumplimiento de los funcionarios públicos; tampoco los
insultantes casos de corrupción que han protagonizado los servidores públicos
de distintos niveles.
Sin
embargo, no podemos ignorar los avances normativos, ni prescindir de la
regulación. La pregunta es qué normas y procedimientos debiera seguirá la
próxima administración. No son solamente las que marca la Constitución, como la
separación de poderes, los informes de gobierno que anualmente debe rendir ante
el Congreso de la Unión o la vigilancia que debe ejercer la Auditoria Superior de la
Federación. También incluye los mecanismos más cotidianos que tienen lugar en las
estructuras de la administración pública, aquellos que conectan diferentes
dependencias y organismos, equilibran poderes e integran un laberinto de
transparencia y rendición de cuentas.
Pensemos en el conjunto
de valoraciones que deben observar los miles de programas de las distintas
secretarías y organismos descentralizados. En general, como el punto de
inflexión son los recursos públicos, ahí se establecen los candados para medir
el desempeño y justificar los recursos. La manija la tiene la Hacienda Pública
y la clave está en el Presupuesto de Egresos de la Federación (Pef). No
obstante, la cámara de diputados es la que aprueba anualmente el decreto del
Pef y ahí se anotan las evaluaciones que se deben llevar a efecto.
Por ejemplo, en el
Pef de este año se estipula que la evaluación de los programas de las
dependencias y entidades, “se sujetará a lo establecido en la
Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, a los lineamientos
emitidos por la Secretaría (Hacienda) y el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Conveal), y a las demás disposiciones
aplicables, y se llevará a cabo en los términos del Programa Anual de Evaluación,
que emitan, de manera conjunta, dichas instituciones” (artículo 25).
En cada
dependencia se han instaurado estructuras, tiempos y formas para cumplir con
esas y otras disposiciones. Organismos, personas y ciertas consultorías
realizan el trabajo de valorar el desempeño de los programas y, por extensión,
de los titulares de las dependencias. En la página electrónica del Coneval, por
ejemplo, se puede ver una larga lista de evaluaciones de programas. ¿Las
evaluaciones han tenido algún efecto para mejorar las acciones? Algunos, como
advertir el incumplimiento de metas, la coherencia de los programas, la
insuficiencia de logros, la eficacia de los recursos empleados, entre otros.
Sin embargo, las consecuencias han sido menos notables.
Sin duda, necesitamos
amplificar la transparencia del ejercicio gubernamental, pero a la par requerimos
mejorar los mecanismos de control y sanción de su actividad.
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