Alejandro Canales
UNAM-IISUE/SES
Twitter: @canalesa99
(Publicado en Campus Milenio No. 775.
Octubre 18, 2018. Pág. 5)
Un incremento
en los recursos que reciben las dependencias gubernamentales o una mejora
repentina de su infraestructura son siempre festejados. Sin embargo, no deja de
ser perturbador e inquietante que la prosperidad provenga de lo ilícito. No es
un asunto excepcional ni reciente. La creciente cantidad de bienes incautados o
las sanciones impuestas van en aumento y lo estremecedor es que nos permiten
asomarnos a esa ventana de la degradación social y tener un panorama que no
queremos ver. Una dimensión de la corrupción, la impunidad y las graves fallas
institucionales.
A nivel
nacional, la primera vez que escuchamos hablar de “El Faunito” fue en 2016, a
propósito de los escándalos de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Así se
llama un fastuoso e impresionante rancho de alrededor de seis hectáreas,
localizado en la carretera Fortín-Orizaba y sitio preferido de descanso de
Duarte. El exmandatario, ahora preso, tuvo que abandonar el lujo y el confort
para darse a la fuga. Después nos enteraríamos que tenía (¿o tiene?) cientos o
miles de bienes dispersos en el territorio nacional y en el extranjero.
Ahora, de
nueva cuenta, El Faunito vuelve a ser motivo de atención pública. El gobernador
actual de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, entregó en comodato esas instalaciones
al Instituto Nacional de Ecología y al Conacyt para consagrarlo a “la ciencia,
la cultura y el arte”. Así lo dijo el mandatario veracruzano y sí, seguramente
será todo un privilegio contar con esa propiedad.
Seguramente, usted,
estimado lector, debe recordar una situación relativamente parecida a la del
rancho veracruzano. Fue en el sur de la Ciudad de México y ocurrió casi lo
mismo con las instalaciones que actualmente ocupa la Academia Mexicana de
Ciencias. La propiedad, conocida como “El Partenón” y también de más de seis
hectáreas, perteneció a Arturo Durazo Moreno, exjefe de policía capitalino en
el periodo de José López Portillo y acusado de graves y documentados casos de
corrupción. Era el comienzo de los años ochenta y la “renovación moral” estaba
en marcha. Pero no, nunca llegó.
Al paso del
tiempo, tal vez los funcionarios públicos habrán refinado sus gustos, porque la
mayoría coincide que El Faunito, a diferencia de “El Partenón”, por su diseño
arquitectónico, decoración, instalaciones y obras de arte que contenía, es
“elegante” y “distinguido”. Sin embargo, lo cierto es que ambos son uno de los
productos más acabados de la insultante corrupción, el saqueo público, la desmesura
y la ostentación.
En una escala
menor, también están las sanciones que el Instituto Nacional Electoral le
impone a los partidos políticos. Desde el 2005, en el Presupuesto de Egresos de
la Federación queda establecido que el dinero recaudado por concepto de multas
o sanciones a las fuerzas políticas sea canalizado directamente al Conacyt. La
entrega sigue un procedimiento relativamente dilatado e incierto, tanto por la
intervención de Tesorería de la Federación como por los recursos de
inconformidad que interponen los partidos y cuya resolución puede demorar; no
obstante, los recursos han sido crecientes y variados.
Por ejemplo,
uno de los informes del Instituto Nacional Electoral, muestra que en 2014 el
monto de las cantidades retenidas a los partidos fue de poco más de 9.5
millones de pesos. Sin embargo, para 2015 y 2016 se incrementó a 286 y 228 millones de pesos,
respectivamente. En ese periodo, sumaron un total de 523.6 millones de pesos,
mientras que al comienzo no sobrepasaban las decenas de millones pesos.
En estas
circunstancias, a algunas autoridades del sector científico y tecnológico, no
les parece nada mal que los partidos cometan infracciones, porque, después de
todo, se transmutarán en recursos canalizados directamente. A su vez, el
cálculo de los partidos políticos es que las sanciones, en comparación con lo
que obtienen, valen la pena y, además, tienen el recurso de la impugnación. Un
juego en el que aparentemente todos ganan, hundiendo la vida institucional.
Desde luego,
ante una realidad que se impone, es preferible que los bienes incautados o el
monto de las sanciones sean destinados al desarrollo de actividades de
verdadero interés público. Sin embargo, eso no cambia que se trata de hechos
que no debieron ocurrir. No es de ahora ni es de ayer. En los tiempos
recientes, tenemos casi cuarenta años tratando contener la corrupción y la
impunidad.
Al comienzo,
los bienes decomisados se canalizaban a las mismas instituciones encargadas de
la procuración de justicia o la investigación policiaca. Sin embargo, el
volumen de propiedades y recursos es tan creciente que se necesitó una
paraestatal para administrar y liquidar los bienes (Servicio de Administración
y Enajenación de Bienes). Decenas o cientos de bodegas para almacenar los
bienes en un laberinto de oficinas y burocracia.
En fin, no hay
duda de que se requiere un incremento en el presupuesto e infraestructura para ciencia y tecnología, como para
cualquier dependencia, pero llevarlo a efecto no debiera ser por los peores
motivos.
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