¿Error o regresión? Presupuesto e Instituto "desconcertado" en CDMX

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 786. Enero 17, 2019. Pág. 5)

Difícil que el presupuesto 2019 para la Ciudad de México (CDMX) cumpliera lo que le mandata su primera Constitución Política. También era poco probable que la principal norma de regulación de la administración local se planteara la posibilidad de establecer un Instituto desconcertado de una Secretaría. Así fue.

La Constitución Política de la CDMX apenas entró en vigor en septiembre del año pasado y, entre otros derechos y garantías, establece que toda la educación pública local “será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad”. En el mismo artículo 8, en diferente apartado, considera que habrá una partida para ciencia y tecnología que no puede ser inferior al dos por ciento del presupuesto de la Ciudad.

Por lo pronto, en 2019, el presupuesto para educación no registra variación respecto de los años previos (alrededor del 3.5 por ciento del presupuesto total de la Ciudad). Seguramente porque el apartado B de la Constitución local nada mencionó sobre descentralizar la educación y porque la prestación del servicio educativo (inicial, básica e indígena) sigue siendo una responsabilidad del gobierno federal. Así seguirá mientras no se acuerde lo que dice el artículo cuarto transitorio de la Ley general de educación (por cierto, un tránsito que lleva 25 años, y sumando).

El presupuesto para el sector de ciencia y tecnología tuvo una variación, pero no exactamente en el sentido marcado por la norma constitucional. En realidad es algo paradójico. El primer año que pudo llevarse a efecto o aproximarse a lo que dispone la Constitución en la materia, fue cuando dejó de existir la Secretaría que se encargaba del sector.

El dictamen de comisiones unidas de los diputados locales dice que la fusión de las dos secretarías en una sola (Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación), no solamente es un asunto de austeridad y racionalidad en el gasto público, se debe principalmente a la indisoluble relación entre ambas.

Además, dice el mismo dictamen, llegaron a la conclusión de que muchas de las actividades que realizaba la Secretaría de Ciencia, “las puede retomar la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, a través de una Subsecretaría” (Gaceta Parlamentaria. Año 1. No. 41. 13.12.2018). Puede ser, la existencia de una dependencia administrativa no garantiza, necesariamente, la efectividad y relevancia del sector que coordina, depende de sus capacidades y el programa de trabajo que desarrolle.

Sin embargo, en cualquiera de los casos, la fusión de secretarías no exime de cumplir lo que prevé la Constitución actual en materia de financiamiento: “En el presupuesto de la Ciudad de México, se considerará una partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del Presupuesto de la Ciudad” (numeral 6 del Apartado C del artículo 8 de la Constitución de la CDMX).

En el año 2015, el presupuesto para CDMX fue de 169 mil millones de pesos y al sector de ciencia y tecnología le asignaron 344 millones de pesos. En 2018 las cifras ya registraban un incremento (26 y 14 por ciento, respectivamente). En este año, el total de gasto para la Ciudad es de 234 mil millones de pesos y el destinado para ciencia y tecnología es de 359 millones de pesos.

Lo inquietante es que, en todos los años, la participación relativa del gasto para ciencia y tecnología, respecto del gasto total, viene disminuyendo: en 2015 representó el 0.20 por ciento; en 2018 el 0.18 por ciento; y en este año el 0.15 por ciento. El porcentaje, como es evidente, se ha deslizado hacia abajo y se aleja cada vez más de lo que le marca la Constitución.

El ajuste en la estructura de la administración pública local fue relativamente amplio y profundo (fusionó las secretarías de Educación y Ciencia; el Instituto de la Mujer se transformó en Secretaría; la Secretaría de Desarrollo Rural se transformó en la Secretaría de Pueblos Indígenas; la de Desarrollo Social cambió a Inclusión y Bienestar Social, por ejemplo).

Todos estos cambios quedaron registrados en la recientemente aprobada “Ley orgánica del poder ejecutivo y de la administración pública de la Ciudad de México”. Lo sorprendente es que un artículo transitorio de esa misma ley dice que el gobierno capitalino: “procurará una vez evaluados elementos de austeridad y eficiencia del gasto la creación de un Instituto que de manera desconcertada (sic) a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación realice de manera coordinada al (sic) programación, ejecución, evaluación y verificación de aquellas acciones, proyectos, programas y políticas públicas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación” (Gaceta oficial de CDMX. No. 471 Bis. 13.12.2018: 65)

¿Una coordinación desconcertada? Vaya, probablemente se trata de un error. Si no lo es, será un retorno a la génesis de lo que fue la hoy inexistente Secretaría.

Pie de página: Una década después, el reciente estudio de la OCDE vuelve a destacar: “A pesar de los aumentos reales, el gasto gubernamental por estudiante en IES públicas en México no ha seguido el ritmo del crecimiento de la matrícula en los últimos años. Si se pretende que las IES públicas sigan dependiendo de fondos públicos, se requeriría una inversión gubernamental adicional...” (OCDE. El futuro de la educación en México. Promoviendo equidad y calidad).

Ciencia y Tecnología. El comienzo de los números finales

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 785. Enero 10, 2019. Pág. 5)

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019 quedó aprobado el pasado 24 de diciembre. Sí, en lo que concierne al gasto para ciencia y tecnología algo mejoró, respecto de la propuesta inicial, pero definitivamente la cifra no fue lo que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador López el 22 de agosto. En números redondos y corrientes, para este año, el sector tendrá 562 millones de pesos menos de los que recibió en 2018.

¿La reducción es importante? Tal vez, pensarán no pocos, ahorita el país está para las grandes cosas, no para andar preocupándose por esas naderías de ciencia que le interesan a unos cuantos y casi nadie sabe para qué sirve. Y así, como hace más de 30 años, se volverá diferir lo que podría ser el cimiento de una proyección nacional basada en el conocimiento y no solamente en la menguante fuerza de trabajo.

El 15 de diciembre, cuando el gobierno federal entregó el proyecto de PEF al Congreso, aquí mismo dijimos que no correspondía al compromiso que el propio presidente se autoimpuso ante algunos miembros de la comunidad científica cuatro meses antes. En ese encuentro dijo: que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto. (Palacio de Minería. 22.08.2018). 

Por la misma razón fue muy desconcertante que la propuesta inicial del gobierno de López Obrador restara 2 mil 600 millones de pesos al sector en términos corrientes, sobre lo que había recibido en 2018. Claro, en ese momento todavía faltaba lo que dijeran los diputados y, muy notoriamente, las muestras de inconformidad de las universidades.

Después de las reacciones vino la rectificación de AMLO. En Hidalgo, en la reapertura de la Escuela Normal Rural El Mexe aclaró: “Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde. Lo que acordamos, lo que dije en una reunión de la Anuies, dije que si no aumentaba el presupuesto iba a ser el mismo del 2018, más inflación. Ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir” (18.12.2018).

Y sí, en el Congreso, en el dictamen de las comisiones de diputados, a las universidades les resarcieron la disminución inicial (alrededor de 5 mil millones de pesos), así que en la aprobación final casi todas recibieron lo mismo que en 2018, aunque lo de la inflación quedó para después.

Sin embargo, a pesar de que el presidente había hecho el mismo compromiso con el sector científico y tecnológico, otro fue el criterio que prevaleció en la asignación. Sí hubo un resarcimiento, pero no llegó a igualar lo que recibió en 2018. En cifras redondas: en 2018 recibió 92 mil millones de pesos y para este año tiene considerado un total de 91 mil 400 millones de pesos. Ahora tendrá casi 600 millones de pesos menos y la disminución será mayor si consideramos el efecto de la inflación.

La forma de resarcir es todavía más sorprendente. El gasto total del sector se integra por lo que controla centralmente Conacyt (alrededor de una tercera parte del total) y por lo que gastan en ciencia tecnología una docena de secretarías del gobierno federal. La propuesta inicial que consideraba 2 mil 600 millones menos al presupuesto del sector, le había disminuido recursos de forma diferenciada a todas las dependencias (entre 27 y 2 por ciento menos de lo que recibieron en 2018), excepto para Relaciones Exteriores que conservaba el mismo monto y SEP que aumentaba 8 por ciento.

Después, cuando los diputados regresaron poco más de 2 mil millones de pesos al sector, no lo hicieron diferenciadamente. De la cantidad mencionada, una dependencia se llevó el 90 por ciento y dos más, cinco por ciento cada una. Esto es: a SEP le añadieron 1,823 millones de pesos; a Conacyt 100 millones de pesos; y a la Sagarpa 92 millones de pesos. Es decir, SEP que era la única secretaría que desde el comienzo tuvo mayor incremento, después tuvo todavía más.

En resumidas cuentas: el presupuesto para el sector en este año será menor que lo recibido en 2018; el Conacyt, el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, que al comienzo de la década actual llegó a controlar casi la mitad del total del gasto, ahora solamente controlará el 32 por ciento; y la SEP, con el 38 por ciento, tendrá la parte mayoritaria del gasto en ciencia y tecnología en 2019.

Algunas voces han dicho que la disminución de recursos para ciencia y tecnología fue precisamente para recortar programas dispendiosos (como el Programa de Innovación Tecnológica) que solamente beneficiaban a las grandes compañías. Independientemente de la veracidad o no de la afirmación, lo cierto es que bien se podrían canalizar esos mismos recursos a otros renglones. Ahora, Conacyt, la cabeza del sector, no solamente tiene menor control sobre el total del gasto, también se ve más difícil cumplir lo que dice la ley en materia de inversión. La línea base del presupuesto del sector retrocede en este nuevo periodo de gobierno.

Pie de página: En el presupuesto de la Ciudad de México, se considerará una partida específica para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que no podrá ser inferior al dos por ciento del Presupuesto de la Ciudad. Sí, eso dice la Constitución local en el inciso correspondiente de su artículo 8. ¿Tampoco se cumplirá? Lo veremos.

Ciencia y Tecnología. En el peor de los casos

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 784. Diciembre 20, 2018. Pág. 5)

En realidad, las cifras del presupuesto público para el año próximo no son completamente inesperadas, pero nadie, o casi nadie, anticipaba la dramática reducción para educación superior, cultura y ciencia y tecnología. Ciertamente no había ninguna certeza de cómo cuadraría el gobierno federal la operación regular y las ilusiones derramadas en las plazas del territorio nacional; tampoco cuáles serían los números finales del paquete económico 2019. Sí, ese que el gobierno federal entregó al Congreso el pasado 15 de diciembre.

No obstante, las expectativas eran y siguen siendo muy altas, alimentadas por las promesas que expresó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ahora presidente de la República, durante su campaña electoral y más propiamente en el largo periodo de transición. ¿Usted lo recuerda? La tinta todavía está fresca.  

En el caso del sector científico y tecnológico, en la reunión en el Palacio de Minería del pasado 22 de agosto, cuando le entregaron el documento “Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación”,  el ahora presidente de la República dijo: En lo que corresponde a nosotros que vamos a tener la responsabilidad de encabezar el gobierno, vamos a garantizar que la aportación en el presupuesto para ciencia y tecnología aumente. En el peor de los casos, y ese es el compromiso que hago con ustedes, porque vamos a enfrentar una situación difícil, en el peor de los casos que no se reduzca, que, en términos reales se mantenga. Es decir que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto. Los aplausos no se hicieron esperar.

No obstante, pocos meses después de pronunciar aquellas palabras, el peor de los casos fue muy otro: el proyecto de presupuesto no se mantuvo en términos reales e incluso, en pesos corrientes, disminuye el gasto total para el sector. El Proyecto de Egresos de la Federación 2019 (PPEF 2019) propone para ciencia y tecnología (lo que ejerce centralmente Conacyt más lo que destinan para el mismo rubro las diferentes secretarías) un total de 89.4 mil millones de pesos y en este año le fueron aprobados 92 mil millones de pesos. Esto es, en términos corrientes, son 2 mil 600 millones de pesos menos. Una reducción que, en términos reales, alcanza el 12 por ciento.

La disminución en ciencia y tecnología que podrían experimentar las diferentes secretarías no tiene la misma proporción. De hecho, en el PPEF, no se sabe porqué, pero la única secretaría que presenta un ligero incremento es la SEP (pasa de 31.7 mil millones de pesos en 2018 a 34.3 mil millones de pesos en 2019). El resto de secretarías, incluido Conacyt –y con excepción de Relaciones Exteriores que conserva el mismo monto--, podrían ver reducida su partida presupuestal entre un 21 y un 3 por ciento.

Tal vez el caso de Conacyt es el más inexplicable, después de las palabras de respaldo que sonoramente había expresado el presidente de la República. El asunto es que el PPEF 2019 le recorta, en comparación con lo que recibió este año, 6.4 mil millones de pesos (pasaría de 31.1 mil millones de pesos a 24.7 mil millones de pesos).

Otro caso es el de educación superior. También en agosto pasado, en la 28 sesión extraordinaria de la asamblea general de ANUIES, aparecieron algunos ojipláticos ante las iniciativas de AMLO, pero todo parecía estar en el límite de lo posible: becas para los jóvenes de media superior para evitar el abandono escolar; creación de un centenar de universidades; becas para el nivel superior; y un ambicioso plan educativo denominado “Jóvenes construyendo el futuro”, para emplearlos en el sector público, privado y social, entre otras iniciativas

El presidente, al término del encuentro, expresó: fue una “muy buena plática en muy buenos términos” y se comprometió a ampliar el presupuesto e incrementar de manera paulatina la cobertura en este nivel educativo (La Jornada 15.08.2018). Claro, si se comenzaba a sumar lo que implicaría en términos de recursos financieros los programas propuestos, las cosas ya no parecían tan sencillas. Y esto solamente para la punta de la serie de programas anunciados, sin considerar el complicado tema de salud pública y desarrollo social.

Ahora, vuelta a la realidad de los números fríos, en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año próximo, el gobierno federal propone disminuir los recursos para educación superior. Según el desplegado público de ANUIES, en comparación con este año, los recursos para las instituciones federales disminuirán para 2019, en términos reales, 6.2 por ciento (17.12.2018). La situación no es mejor para las universidades estatales y las instituciones tecnológicas, en conjunto disminuyen 3.2 por ciento en términos reales.

Todavía no son los números finales. La inconformidad comienza a crecer, el debate y la negociación se traslada al Congreso. Al final de este mes veremos como queda.

Pie de página: En Conacyt y en los Centros Públicos de Investigación, como en toda la APF, está por resolverse la interpretación y aplicación de la Ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. Pendientes.

Congreso. Marea de austeridad

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 783. Diciembre 13, 2018. Pág. 4)

La Mesa de la Cámara aprobó para el año próximo un monto de 200 mil euros para una oficina de ciencia y tecnología en el parlamento. Esto ocurrió la semana pasada: “los principales grupos políticos de la cámara alcanzaron un raro consenso para crear esta oficina, cuyo presupuesto aparece en el capítulo de gastos de personal” (El País. 10.12.2018).

Una oficina que ofrecerá información no partidista a los diputados, siempre sobre la base de evidencias científicas, con el fin de enriquecer el debate político y ofrecer elementos para la toma de decisión. Pero no, no se trata del Congreso mexicano, es el caso de España y es la mesa que preside Ana Pastor.

Lo sorprendente es que, en el caso de México, la discusión sobre la instauración de una instancia con esas características se dio desde el 2015 en el Senado, a propuesta de José Franco, el coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). A partir de esa fecha acordaron su creación y la denominaron Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU).

En el país europeo la creación de la oficina todavía no es un hecho, porque todo el presupuesto del Estado español está en negociación, será cosa de cuadrar cifras y ver si se sostiene el respaldo a la iniciativa. Sin embargo, los legisladores, espoleados por la campaña de un grupo de científicos (“Ciencia en el Parlamento”), reconocieron que España era una de las pocas naciones que no contaba con un organismo de ese tipo y ya era momento de rectificar.

En México, de acuerdo con el sitio electrónico de INCyTU, la oficina es operada por el FCCyT y, bien a bien, comenzó a funcionar el año pasado. Tomó como modelo la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido (Parlamentary Office of Science and Technology, POST). Un organismo creado para asesorar y prestar diferentes servicios a los legisladores (Lores y Comunes). A la fecha, la información y documentos de esa oficina son altamente valorados.

En estricto sentido, la oficina mexicana no siguió el mismo modelo de la nación europea, tanto por la estructura administrativa como por la disposición de servicios, aunque sí comparte el mismo fin de acercar a los legisladores información relevante, basada en investigación científica para la elaboración de políticas públicas. La misma Oficina declara que sus tareas principales son: proporcionar información, análisis y asesoría en diferentes áreas de especialidad, así como interpretar y analizar temas de interés legislativo y difundir el conocimiento científico y tecnológico.

En realidad, la actividad pública de INCyTU se ha limitado a una veintena de notas informativas breves sobre variados temas. La primer nota fue elaborada en agosto de 2016 y fue sobre el interés público de los macrodatos (Big Data). La idea de las notas es presentar información dura sobre un tema-problema y las posiciones de distintos actores. Tal vez el trabajo de INCyTU ha sido relevante para algunos legisladores, pero no ha trascendido públicamente.

Quizás la mayor exposición pública del trabajo de INCyTU fue a propósito de la reciente controversia suscitada por la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México y la consulta ciudadana que se llevó a efecto. En vísperas de la consulta, la Oficina difundió un documento de 16 páginas --más extenso que las 5 o 6 páginas de las notas anteriores-- en el que sintetizó los reportes que existían sobre la obra que estaba en marcha en Texcoco y sobre la opción de Santa Lucía, los principales puntos a considerar y unas ilustrativas tablas de comparación.

En fin, el asunto vuelve a cobrar relevancia porque este sábado 15 de diciembre, a más tardar, el gobierno federal deberá presentar ante el Congreso el paquete económico para 2019 y ahí quedará trazado qué hará y qué no el nuevo gobierno. Todo, o casi todo, lo que se ha especulado quedará finalmente despejado. El dinero, como siempre, es la pista infalible.

Ahora, sin embargo, una marea de austeridad se viene sobre la función pública y tal parece que de la voracidad, el dispendio y el lujo, pasaremos a la restricción sin medida, el ahorro asfixiante y la escasez de lo básico. El desenfreno en el gasto de los recursos públicos era insultante, pero en el servicio público, no podemos prescindir de los avances en materia de conocimiento técnico para la toma redecisiones, menos de lo elemental para un trabajo altamente profesionalizado.

Está en ciernes la aprobación de normas de austeridad para el gasto público y serán de observancia para los poderes de la Unión y para todos los órganos constitucionales autónomos. Nada que reprochar a un principio de racionalidad en el gasto. Sin embargo, algunos de los avances en la creación de órganos de trabajo especializado (como INCyTU y otras muchas actividades) hoy comienzan a percibirse como superfluos e innecesarios. Sería una verdadera lástima caer en la improvisación, los hechos alternativos como justificación y desdeñar el conocimiento técnico.

Ordenar el servicio público no está nada mal, aunque si nos vamos al extremo opuesto, seguramente la marea de la austeridad arrasará con todo, tanto lo bueno como lo malo. Ojalá no.

Pie de página: El nombre de Conacyt en el edificio de insurgentes sur sigue igual, todavía no aparece la “h”. Tal vez es muy temprano.

Primeros encuentros. Jorge

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 782. Diciembre 6, 2018. Pág. 5)

En ese entonces no lo conocía personalmente, solamente tenía registrado que tiempo atrás Jorge Medina Viedas se había desempeñado como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, había sido un militante destacado en la arena política local y nacional y era un personaje de los medios. Eso fue lo que recordé cuando me encontré en la cafetería de la Hemeroteca Nacional a Gilberto Guevara Niebla y me dijo: “te anda buscando Jorge Medina”.

Sin saber bien a bien para qué o porqué me quería localizar Jorge Medina y tal vez porque fue inocultable mi extrañeza, Guevara añadió: “sí, te está buscando a ti y a los del Seminario de Educación Superior, porque está con lo de un suplemento de educación superior”. Eso fue hace 16 años y eran los inicios de Campus.

En esa época el Seminario de Educación Superior de la UNAM tenía poco tiempo de sesionar periódicamente, yo colaboraba mensualmente en la revista Educación 2001 que dirigía Gilberto Guevara y también en el Observatorio Ciudadano de la Educación que publicaba sus comunicados en La Jornada. Desde luego, la creación de un suplemento especializado en educación superior resultaba sumamente oportuno e imprescindible, a la vista de la expansión del sistema, las novedades que había traído consigo el cambio de siglo, la alternancia que estaba en marcha –el autodenominado gobierno del cambio-- y el interés público que tenia el nivel superior por sus problemas de calidad. El suplemento fue una iniciativa que solamente pudo pensar y llevar a cabo Jorge Medina.

Después de todo, en el comienzo del siglo se estaba poniendo en marcha diferentes políticas y creando nuevas instituciones. Fue una sorpresa la creación de la Universidad de la Ciudad de México –actualmente autónoma--, aprobada por decreto en enero del 2001 por el entonces jefe de gobierno y ahora presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Una cierta premura animó la idea de que comenzara a funcionar en el ciclo escolar de ese año, aunque el proyecto no estuviera concluido ni se conocieran los detalles, más o menos como ahora ocurre con la iniciativa de crear 100 universidades. De hecho, también comparten el mismo diagnóstico grueso: los jóvenes no son aceptados en las instituciones existentes y éstas no se localizan en donde más se les necesita.

Igualmente, en el 2001 se puso en marcha la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, la primera universidad de su tipo que incluía algunos rasgos novedosos: una planta de personal académico de tiempo completo, profesores con estudios de posgrado y un modelo educativo centrado en el aprendizaje. A esa universidad le siguió, un año después, la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) y luego otras más, hasta integrar casi una veintena en lo que ahora se conoce como el subsistema de universidades politécnicas.

Otro subsistema educativo que inició casi con el nacimiento de Campus fue el de las universidades públicas interculturales. Un modelo de menor tamaño, en comparación con el de las politécnicas y tecnológicas, que hizo eco a las preocupaciones mundiales sobre la interculturalidad, debate instalado en Europa desde los años ochenta, en América del Norte desde los setenta y en México al final de los años noventa, espoleado por la rebelión zapatista. Las universidades interculturales se presentaron como una opción educativa instaurada en regiones con un alto volumen de población indígena, aunque captaron fundamentalmente estudiantes indígenas y parecieron reproducir el principio de multiculturalidad, más que la interculturalidad.

En fin, en el primer encuentro que tuve con Jorge Medina me sorprendió su conocimiento del sistema de educación superior, los detalles históricos que tenía sobre el desenvolvimiento de la universidad pública y su preocupación por los problemas universitarios. No era fortuito. Él venía de esas luchas, de los movimientos estudiantiles comunistas de los años sesenta y setenta, conocía de primera mano los conflictos de las universidades de Puebla, Guerrero y, por supuesto, de Sinaloa. De ahí datan sus primeros libros: “Universidad, política y sociedad” y “La universidad amenazada”, a los que siguieron muchos más.

Jorge tenía las frases y los autores marcados con tinta indeleble en el vasto almacén de su memoria. En las reuniones periódicas que sostuvimos los integrantes de Campus, fueran de trabajo o esparcimiento, y llegaban a confundirse, él podía evocar casi exactamente lo que estaba escrito en tal o cual libro o lo que había dicho determinado personaje, fuera un clásico, contemporáneo o una auténtica novedad, proveniente de la historia, la política, la filosofía, la literatura o la economía. Seguramente por eso su pluma era ágil, certera, punzante y amena, lo fue tanto en el periodismo como en la educación. Y sí, los medios y la educación fueron parte medular de sus actividades profesionales y políticas de los últimos treinta años, como él mismo lo dijo en su libro más reciente (Pasión crítica por la universidad. La autonomía y otras luchas).

La generosidad de Jorge Medina era admirable, también su sagacidad política y sentido del humor que podía reírse hasta de sí mismo. Un verdadero gusto las reuniones con el director y amigo. La verdad es que sí lo extrañaré, y mucho.

Pie de página: Un abrazo fuerte para toda la familia, muy fuerte.

Ciencia y tecnología. ¿Un viraje en las políticas?

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio. No. 781. Noviembre 29, 2018. Pág. 18)

Campus Milenio cumple un aniversario más, también es el término de una administración y el comienzo de un nuevo periodo de gobierno. Este año se realizaron elecciones federales y fue la última ocasión de un largo periodo de transición. El sexenio 2018-2024 será del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024; las siguientes elecciones serán el primer domingo de junio, así que la próxima transición se recortará un poco. El asunto es relevante porque el lapso que transcurrió del inicio de julio al final de este mes, ha sido, sobre todo, paradójico.

Una buena cantidad de las personas que ocuparán los cargos de mayor nivel, en la administración 2018-2024, fueron nombradas desde antes de las elecciones. Incluso en diferentes dependencias conocimos los nombres de los titulares de las subsecretarías.

Si bien algunos se rezagaron en el trayecto de la transición y otros cambiaron de posición, la mayoría quedó en la estructura para la que fue propuesto. Es el caso de la doctora María Elena Álvarez Buylla, designada para encabezar el Conacyt.

Además, desde el periodo de campaña y luego con la publicación del documento “Proyecto de nación 2018-2024”, en noviembre de 2017, el nuevo equipo gobernante ha reiterado los programas que pondrá en marcha desde los primeros días. Eso no era lo usual. En transiciones anteriores, ocurría que el equipo ganador de las elecciones, en el compás de espera para asumir el cargo, se dedicaba a diseñar un plan para los primeros días y a decidir a quién invitaría a las tareas de gobierno. La expectativa era adivinar los nombramientos del equipo y cuáles serían las primeras acciones. En este periodo no ocurrió así, desde hace meses conocemos nombres y programas.

No obstante, lo paradójico es que no se disipó la incertidumbre e incluso pareció acrecentarse. El efecto fue doble. Por un lado, detractores y apologistas estrecharon la zona de deliberación e interlocución para examinar el conjunto de iniciativas que se propone el próximo gobierno. El espacio para las observaciones matizadas o los comentarios ponderados fue sumamente limitado y automáticamente recibían descalificaciones por un extremo o el otro. Por otro lado, el énfasis y la atención se colocó en lo que haría el nuevo gobierno, no en lo que hizo o dejó de hacer el gobierno saliente (René Delgado. “Debatir, no polarizar”. 24.11.2018). El escrutinio se diluyó y las cuentas quedaron pendientes.

En el terreno de la actividad científica y tecnológica, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el mayor incumplimiento fue en materia de inversión. Nuevamente, al igual que en administraciones anteriores, la meta de alcanzar el 1 por ciento de inversión respecto al PIB quedó diferida para mejor ocasión. Otros pendientes están en la lista, ahora que estén listas los informes institucionales del año anterior y del actual, tendremos mayores evidencias. Por lo pronto, vale la pena destacar algunas iniciativas del nuevo gobierno que parecen estar más claras.

La reestructuración de Conacyt.

En realidad, el documento elaborado para tal propósito (“Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, presentado por MORENA”. 40 pp.) fue dado a conocer en junio de este año --antes de que se conociera el resultado de las elecciones-- y en su momento fue recibido con dureza, tanto por economistas como por humanistas. Incluso, la misma Álvarez Buylla, solicitó no considerarlo como el documento definitivo de lo que ocurrirá en la nueva administración. Entonces, en su lugar, tomemos lo que parece estar más claro en las declaraciones realizadas en el periodo de transición y algunas de las acciones derivadas de las normas planteadas por AMLO. Estas últimas son las que dio a conocer en julio pasado, cuando quedó claro el resultado de las elecciones (“50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, 15 de julio de 2018”).

En primer lugar tenemos la descentralización del Conacyt. Una medida propuesta para la mayoría de las secretarías de Estado, anunciada en el extenso documento de noviembre del 2017 y reiterada a lo largo de la transición. En el proyecto se sugiere llevar al Conacyt a La Paz, BCS y no se dio a conocer por qué razón se piensa que ese es el mejor sitio. Simplemente, como a otras 27 secretarías, se propone un traslado a lugares específicos. Y sí, hemos dicho que, de realizarse, no sería una descentralización, más bien sería una “desconcentración”. Principalmente porque no se delegarán funciones, facultades ni recursos, el ejecutivo federal seguiría manteniendo el control y sus capacidades de decisión. Aunque sí, la desconcentración es una medida audaz, costosa, con muchos riesgos y difícil de llevarla a la práctica. Pero sí, vale la pena intentarla y asegurarle recursos financieros a largo plazo. No obstante, es posible que en una primera etapa, la iniciativa culmine con dos estructuras: una oficina en La Paz, BCS, con bajo presupuesto y capacidades muy limitadas; otra en la Ciudad de México, como cabeza del sector y concentradora del presupuesto. De hecho, la próxima titular del sector, Álvarez Buylla, ha dicho que constituirán dos polos de desarrollo.

Otro asunto es el cambio de nombre de Conacyt. También es una medida que, derivada del tratamiento que se le dio a las humanidades y a las ciencias sociales en el documento de junio de 2017, ahora se propone destacar su relevancia. En el plan de reestructuración se había referido que: “la contribución de las ciencias sociales y las humanidades será proveer fuentes de reflexión, interrogación y diálogo crítico desde el punto de vista ético, estético y epistémico ante el desarrollo de las ciencias básicas y las tecnologías” (pág. 5). Una visión inaceptable, dijeron filósofos, historiadores y sociólogos. Actuaron en consecuencia, elaboraron una proclama en favor de las humanidades y todo indica que la convergencia de posiciones animó el cambio de nombre: ahora será el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías  (Conahcyt, en lugar de Conacyt). El cambio es una buena idea (aunque algunos sostienen que la “h” es muda y no se escuchará), si es que la conducción de la política científica y tecnológica implicará una mayor relevancia de las humanidades y las ciencias sociales. Queda en suspenso si también cambiará la regulación normativa del Consejo, qué tipo de coexistencia se prevé de las áreas de conocimiento y de los sistemas de reconocimiento.

Otro factor más es el posible cambio en el sistema de evaluación. Al respecto, Álvarez Buylla, en su plan de reestructuración, en declaraciones y en encuentros que ha sostenido con integrantes de diversas instituciones, ha expresado su idea de modificar el esquema de evaluación presente. En general, propone la utilización de indicadores más cualitativos para la asignación y seguimiento de recursos financieros, en lugar de concentrarse solamente en las bases cuantitativas para la medición del desempeño y el tipo de entregables. Tampoco es una medida errónea, sería un cambio profundo en el mecanismo de valoración, en las reglas del juego y en su asociación con los recursos financieros. No obstante, hace falta precisar las características que tendría un sistema de ese tipo y como se articularía con otros subsistemas de evaluación que operan en el mismo sector académico. Después de todo, el ejemplo de evaluación del rendimiento individual comenzó en el mismo Conacyt hace más de tres décadas y luego se expandió a todo el sistema educativo.

Por último, pero no menos importante, está el equipo de gobierno en el periodo 2018-2024. La doctora Álvarez Buylla conducirá el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, es una académica reconocida, distinguida con el premio nacional de ciencias 2017 e identificada por su defensa del maíz y su oposición al uso de los transgénicos. Sin embargo, no todos en el gabinete comparten la misma posición. Si fuera un debate en el terreno académico, las discrepancias ahí quedarían acotadas. El asunto es que se trata de posiciones opuestas en un mismo gobierno. Por ejemplo, otra es la que sostiene Víctor Villalobos, la persona designada por AMLO para responsabilizarse de la Sagarpa (la cual ya no se llamará así) o por la que se inclina Alfonso Romo Garza, el coordinador de su Proyecto de Nación 2018-2024 y futuro jefe de la oficina de la presidencia. El primero ha promovido el desarrollo de la biotecnología agrícola y el segundo es fundador e inversionista de un par de compañías que se dedican a la aplicación de tecnologías para el mejoramiento genético (Synthetic Genomics y Nature Source Improved Plants). Claramente son visiones del desarrollo diferentes y no es nada irrelevante preguntar cómo se conciliarán o cuál prevalecerá

En fin, está por resolverse si habrá un viraje profundo en la conducción del sector científico y tecnológico en este nuevo periodo de gobierno, o bien, como ha ocurrido desde fines de los años noventa, el sistema y su comunidad persistirá en el mismo esquema normativo y serán refractarios a las propuestas de modificación. El primer indicador vendrá en el diseño del presupuesto de egresos para 2019 y le podría seguir una propuesta de cambio de normas.

Pie de página: Ahora, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico estará encabezado por la doctora Julia Tagüeña Parga durante el periodo 2019-2021.

Nueva administración. Los programas prioritarios y los jóvenes

Alejandro Canales

UNAM-IISUE/SES

Twitter: @canalesa99

(Publicado en Campus Milenio No. 780. Noviembre 22, 2018. Pág. 5)

El largo periodo de transición está por concluir y en una semana más asumirá funciones la próxima administración gubernamental. A diferencia de lo ocurrido en periodos anteriores, en los cuales se desconocía quiénes integrarían el gabinete y cuáles serían sus primeras acciones, ahora conocimos los perfiles de los funcionarios de primer nivel desde antes de realizarse las elecciones, después vinieron los nombres de los subsecretarios y responsables de programas.

Además, Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, y los miembros del próximo gabinete, han reiterado los programas que se pondrán en marcha desde los primeros días. La costumbre era que el ganador de las elecciones ocupaba el periodo de transición para confeccionar las invitaciones a las tareas de gobierno y diseñar un plan para los primeros días. Ahora no, desde hace meses conocemos nombres y programas. Sin embargo, paradójicamente, la incertidumbre no se ha disipado. Detractores y apologistas han estrechado la zona de deliberación e interlocución para examinar el conjunto de iniciativas que se propone el nuevo gobierno.

Según la información del próximo gobierno (transicion.mx), habrá 25 proyectos estratégicos y prioritarios para “impulsar el desarrollo y lograr el renacimiento de México”. En cierta medida son los que habían quedado esbozados, con menos orden y claridad, en el documento “Proyecto de nación 2018 -2024”, presentado en noviembre de 2017. Aunque, en realidad, la veintena de programas se refieren solamente al desarrollo social y económico, no figura, por ejemplo, su reciente y controvertido Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – 2024.

Seguramente, una vez iniciado el sexenio, aplicará la normatividad de planeación nacional que regula los tiempos y procesos para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. Por lo pronto, las estrategias y programas anunciados serán las boyas en el mar de iniciativas que seguramente se plasmarán en documentos. ¿Un gobierno por programas? Suman 29 y están agrupados en seis áreas: bienestar; campo; economía; educación y salud; energía; y transportes y redes.

A la cabeza de los proyectos está “Jóvenes construyendo el futuro” y le siguen otros ocho programas más que demandarán el mayor volumen de recursos financieros; estos primeros nueve son esencialmente políticas distributivas. Aquí se localizan las becas para jóvenes, las pensiones para adultos mayores y personas discapacitadas, o bien, créditos y microcréditos para incentivar la producción. De hecho, el próximo gobierno ha dicho que la información recopilada por el ejército de “servidores de la nación”, en ese censo de “casa por casa”, será la base para identificar a los posibles beneficiarios.

Nada mal que un programa dirigido a los jóvenes ocupe el primer lugar en la serie de prioridades del nuevo gobierno. Los jóvenes, sin duda, esperan mayores oportunidades para cursar estudios superiores y opciones laborales. La cobertura educativa en México en el nivel superior no solamente es baja (tres de cada diez del grupo de edad), en términos comparativos con América Latina, es grave e insultante para los jóvenes de los deciles de ingreso más bajo. Ni se diga de la precariedad de las posiciones de trabajo en el segmento de los jóvenes y de la incertidumbre laboral que los acompaña al egresar de la universidad.

Entonces, sí, muy importante el programa Jóvenes construyendo el futuro y es uno de los más acabados en el plan de gobierno, pero debiéramos asegurarnos que su puesta en marcha se dirige a la población correcta. La información del equipo de transición indica que el objetivo son los jóvenes entre los 18 y 29 que no estudian ni trabajan; según sus cálculos, sumarían 2.6 millones de jóvenes.

También explican que el programa tiene dos vertientes. Una de ellas estará coordinada por el SEP y entregará becas de 2,400 pesos mensuales a 300 mil jóvenes de bajos recursos, egresados de bachillerato y que buscan cursar estudios superiores. El monto de la beca es considerablemente mayor al apoyo para media superior que actualmente se otorga (635 a 700 pesos mensuales) y también a las de nivel superior, aunque el volumen de población es más reducido.

La otra vertiente, más novedosa, es la de “capacitación para el trabajo”. Estará coordinada por la Secretaría del trabajo y Previsión Social (STyPS) y concentrará la base principal del programa: 2.3 millones de jóvenes que recibirán una beca de 3,600 pesos mensuales durante un año. Jóvenes que tampoco estudian ni trabajan. La idea es que en ese tiempo los jóvenes se vinculen con centros de trabajo para recibir capacitación y tutoría (70 por ciento en el sector privado; 20 por ciento en el público y 10 por ciento en el social).

En fin, el vínculo del programa con los sectores amerita un examen aparte y también el grupo de jóvenes a los que se dirige, lo cual haremos en otra entrega. Ahora, en primer lugar, lo que se advierte es la importancia de focalizar y localizar correctamente a la población objetivo. Así que una explicación del censo realizado y la disposición pública de sus bases de información son cruciales para tener certeza.

Pie de página: Sí, como aquí dijimos la semana pasada, desde el 2012 está la idea de reforma a la Constitución sobre el tema de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, olvidé mencionar que en el mes de marzo de este año, el entonces senador Juan Carlos Romero Hicks, y hoy diputado, presentó una iniciativa de ley para reformar los artículos 3º y 73 de la Constitución para dar certeza jurídica al tema de la ciencia y la tecnología (Gaceta LXIII/3SPO-95). Quedó en comisiones.